349 resultados para Conflicto armado - Colombia


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How the degree of publicness of goods affect violent conflict? Based on the theoretical model in Esteban and Ray (2001) we find that the effect of the degree of publicness depends on the group size. When the group is small (large), the degree of publicness increases (decreases) the likelihood of conflict. This opens an empirical question that we tackle using microdata from the Colombian conflict at the municipality level. We use three goods with different publicness degree to identify the sign of the effect of publicness on conflict. These goods are coca crops (private good), road density (public good subject to congestion) and average education quality (a purer public good). After dealing with endogeneity issues using an IV approach, we find that the degree of publicness reduces the likelihood of both paramilitary and guerrilla attacks. Moreover, coca production exacerbates conflict and the provision of both public goods mitigates conflict. These results are robust to size, geographical, and welfare controls. Policies that improve public goods provision will help to fight the onset of conflict.

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This paper studies the effect of strengthening democracy, as captured by an increase in voting rights, on the incidence of violent civil conflict in nineteenth-century Colombia. Empirically studying the relationship between democracy and conflict is challenging, not only because of conceptual problems in defining and measuring democracy, but also because political institutions and violence are jointly determined. We take advantage of an experiment of history to examine the impact of one simple, measurable dimension of democracy (the size of the franchise) on con- flict, while at the same time attempting to overcome the identification problem. In 1853, Colombia established universal male suffrage. Using a simple difference-indifferences specification at the municipal level, we find that municipalities where more voters were enfranchised relative to their population experienced fewer violent political battles while the reform was in effect. The results are robust to including a number of additional controls. Moreover, we investigate the potential mechanisms driving the results. In particular, we look at which components of the proportion of new voters in 1853 explain the results, and we examine if results are stronger in places with more political competition and state capacity. We interpret our findings as suggesting that violence in nineteenth-century Colombia was a technology for political elites to compete for the rents from power, and that democracy constituted an alternative way to compete which substituted violence.

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Este trabajo examina la teoría sobre guerras civiles y resolución de conflictos con el fin de contestar la pregunta: ¿por qué fracasan o progresan los procesos de paz? Se miraron los procesos de paz en Colombia en los últimos cinco años cuando comenzó y fracasó el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC y comenzaron con las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. La teoría revela la relevancia de factores económicos, políticos, participación externa y militares para explicar por que fallan o prosperan los procesos de paz. Por su parte, el fracaso de las negociaciones con las FARC puede explicarse por razones de estrategia militar, el rol de la violencia durante la negociación y la falta de participación internacional. De otro lado, evitando todos los puntos sensibles de la negociación inicial, las AUC ganaron apoyo de la opinión publica y la confianza del gobierno para iniciar los diálogos. De esta forma, tenemos dos procesos recientes en Colombia para analizar: uno que fallo y el otro que esta progresando. El análisis de estos procesos puede ayudarnos a contestar la pregunta inicial de este trabajo.

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a ciencia que estudia los cambios de estado de los sistemas o de los fenómenos es la termodinámica. Este texto hace hincapié en la segunda ley de la termodinámica, que expresa la entropía o el grado de desorden de un sistema. La importancia de esta ley radica en que evidencia la irreversibilidad de los cambios de estado y la naturaleza unidireccional de los procesos termodinámicos, al establecer una línea del tiempo. Este paradigma del conocimiento representa para las ciencias sociales y los estudios políticos un reto en cuanto a la interpretación de fenómenos sociales de alta complejidad, como lo puede ser el desplazamiento forzado y su política pública de atención, pues revela un diálogo entre el paradigma clásico de la ciencia y el paradigma de las ciencias de la complejidad creciente.

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El objetivo principal de esta monografía es comprender los procesos de securitización en Colombia en el periodo 2006-2010. Se analizarán los discursos securitizadores del segundo gobierno del presidente Uribe y del primer gobierno del presidente Santos y las percepciones en el hemisferio hacia estos discursos. Estas percepciones no permitieron que el proceso de securitización de Uribe considerando a las FARC como una amenaza terrorista fuera aceptado en su totalidad por el hemisferio, mientras que el proceso de securitización de Santos considerando a las FARC como grupos al margen de la ley si lo fue. Este análisis se realizará con el apoyo de la teoría de securitización desarrollada en 1998 por los autores Barry Buzan, Waever y de Wilde.

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El interés de esta monografía es evaluar la influencia del conflicto armado nepalí sobre las relaciones de Nepal con India y China. Se analiza y se explica como un conflicto armado interno puede influir desde sus causas, desarrollo y desenlace en las relaciones regionales y bilaterales de un país con sus vecinos. El presente texto pretende probar que la guerra civil de Nepal influyo positivamente en sus relaciones con India y China, planteando al país nepalí como un escenario en disputa entre estas dos potencias emergentes. Mediante el Realismo Estructural de Keneth Watlz se evaluaran las lógicas y los patrones de cambio que puedan modificar el sistema conformado por Nepal, China e India, para posteriormente examinar los cambios reales o parciales que sufrieron las relaciones de estos países al termino del conflicto armado.

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A lo largo de este trabajo se analizó la cooperación internacional brindada por los Estados Unidos a Colombia en el marco de la estrategia denominada Plan Colombia, que se esperaba fuera una herramienta para que el Estado colombiano pudiera contener el narcotráfico y sus efectos nocivos sobre la sociedad y así reactivar la economía nacional por medio del desarrollo de mercados lícitos. Para ello fue necesario referirse a cómo se desarrolló la cooperación entre los dos países desde sus inicios. Posteriormente se explica la iniciativa que tenía como objetivo primordial la lucha antidrogas e igualmente tenía un carácter anti-subversivo. Finalmente, el trabajo culmina con la evaluación de las políticas implementadas desde el 2000 hasta el 2008.

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Históricamente se ha reconocido que los conflictos internos afectan de manera directa variables a nivel individual como la salud de las personas, los niveles de escolaridad y el desplazamiento forzoso de los afectados. Sin embargo, solo hasta la última década las investigaciones académicas se han inclinado en documentar y cuantificar rigurosamente los efectos colaterales de la violencia sobre las condiciones de vida de los individuos. La presente investigación estudia cómo la exposición al conflicto en Colombia ha afectado las decisiones en términos de mercado laboral de las personas. La estrategia de identificación internaliza los reconocidos problemas de endogeneidad del conflicto con variables de actividad y desarrollo económico y presenta resultados robustos a fenómenos de migración interna y desplazamiento. En términos de participación laboral y desempleo, se encuentran efectos heterogéneos a nivel de género como respuestas a la violencia experimentada. En particular, la probabilidad de participación laboral de las mujeres se incremente como consecuencia de la exposición al conflicto, mientras que la de desempleo disminuye. Para los hombres, los resultados muestran una menor probabilidad de participación, efecto contrario al de las mujeres, y un efecto análogo en términos de desempleo. La investigación no encuentra efectos diferenciales en términos de informalidad laboral.

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Este texto busca analizar de manera comparada la memoria pública que producen, exhiben y administran el Centro Nacional de Memoria Histórica y el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación sobre el conflicto colombiano a través de sus artefactos de memoria. El ejercicio de memoria que llevan a cabo ambos centros evidencia que a la vez que recuerdan el pasado reciente también lo representan a través de unas maneras particulares de entender el conflicto colombiano y sus actores, visibilizando ciertas tensiones y pugnas por las temporalidades que se le dan al conflicto, las violencias que se incluyen y los efectos que ha generado. Del análisis de los trabajos de memoria de estos centros es posible hacer un mapeo de hacia dónde está apuntando la políticas sobre la memoria y el pasado en el país.

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En este segundo documento de trabajo elaborado por el Semillero de Políticas Públicas se ha desarrollado un ejercicio de investigación formativa que tuvo dos propósitos fundamentales: a) entender el asunto de la reconciliación en Colombia como un fenómeno complejo que puede y debe ser abordado desde distintos frentes de política pública, y b) reconocer el esfuerzo que están haciendo algunos municipios en Colombia para lograr resultados concretos de reconciliación. En esta medida, hemos basado nuestro análisis en el trabajo previo de la Comisión de Conciliación Nacional, que elaboró en el año 2010 un Acuerdo Nacional para la Reconciliación y la Paz en Colombia. Según la entidad, “a través de conversatorios, foros públicos regionales, divulgación en medios y foros virtuales, se construyó de manera consensuada un Acuerdo de Mínimos por la Paz y la Reconciliación, que cuenta con la participación de prácticamente, todos los sectores de la sociedad, del ámbito público y privado; de la sociedad civil, la academia y el gobierno; de organizaciones de origen nacional como internacional” (Comisión de Conciliación Nacional, 2016, Consulta electrónica).

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"El conflicto es una expresión de la heterogeneidad de las colectividades humanas. En tanto que manifestación natural de las comunidades, debe ser entendido como una de las formas que asume la diversidad y complejidad de una sociedad con múltiples intereses, expectativas, demandas y problemas de los distintos grupos que la conforman.1 Siguiendo a Bajoit, podemos afirmar que “el conflicto evidencia la desigualdad de que son víctimas ciertos miembros de la sociedad, y que resultan de sus intercambios con otra categoría social, definida como adversaria. Esta evidencia de la desigualdad no lleva, sin embargo, a excluir al adversario ni a suprimir la relación: ella apunta por el contrario a mejorarla, a hacerla más soportable, a redefinirla sobre nuevas bases. Recíprocamente, la categoría social adversaria, que se beneficia de la desigualdad, no puede o no desea optar por una estrategia de exclusión y se ve obligada a entrar en un intercambio conflictual.”"

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La protección general atribuida en los conflictos armados no internacionales por el artículo 3 común a la población civil, de la que las niñas menores de 15 años forman parte, no depende de su filiación con alguna de las partes en el conflicto, y se extiende, en principio, a todos los actos de violencia, entre los que se encuentran los de naturaleza sexual cometidos por cualquiera de las mismas, incluyendo aquellos cometidos por los miembros de la parte en el conflicto con la que se encuentren afiliadas. Los casos contra Thomas Lubanga y Bosco Ntaganda muestran que, como regla general, las niñas menores de 15 años no desarrollan de manera prolongada actividades de participación directa en las hostilidades, por lo que, a pesar de acompañar permanente al grupo y de ser “esposas” o “compañeras” de sus comandantes, no asumen una función continua de combate y no pueden ser consideradas como miembros del mismo. Además, los actos de naturaleza sexual coercitivamente desarrollados por las niñas menores de 15 años reclutadas por las FPLC en favor de los comandantes y miembros del grupo con las que se encuentran esposadas, no cumple ninguno de los tres requisitos exigidos por el concepto de participación directa en las hostilidades porque: (a) no son idóneos para causar directamente por sí mismos el umbral de daño requerido; (b) no forman parte integral de ninguna operación militar que pudiera generar dicho umbral de daño; y (c) no poseen el nexo beligerante requerido, puesto que no están específicamente diseñados para causar un menoscabo a la parte adversa de las FLPC. Tampoco las demás actividades desarrolladas por las niñas menores de 15 años alistadas o reclutadas por las FLPC, incluyendo trabajo doméstico (donde principalmente desempeñaron tareas culinarias), transporte de comida a bases aéreas y acompañamiento a las esposas de los comandantes, cumplen, según la Sala de Primera Instancia I en el caso Lubanga, con los tres requisitos necesarios para su consideración como participación directa en las hostilidades. De ahí, que las niñas no hayan perdido en ningún momento su protección general. A todo lo anterior hay que añadir que los niños y niñas menores de 15 años, al ser una población particularmente vulnerable, gozan de una especial protección durante los conflictos armados (con independencia de su naturaleza), tal y como se manifiesta en la Convención de los Derechos del Niño de 1989, los Convenios de Ginebra de 1949 y de sus Protocolos adicionales de 1977, el Estatuto de la Corte Penal Internacional de 1998 y las Resoluciones 1882 de 2009, 1960 de 2010 y 2106 de 2013 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esta protección especial se extiende a los actos de violencia sexual cometidos por los miembros de las fuerzas armadas nacionales o grupos armados organizados que los alistan o reclutan. En consecuencia, la protección general y especial a que son acreedoras las niñas menores de 15 años, no se limita a las agresiones provenientes de las partes adversas en el conflicto, sino que se extiende también a la violencia sexual ejercida contra ellas por los miembros del propio grupo que las alistó o reclutó, incluso en el caso de que ésta sea ejercida por los comandantes que las tomaron como esposas o compañeras. Las niñas menores de 15 años alistadas o reclutadas entre 2002 y 2003 por las FPLC de Thomas Lubanga y Bosco Ntaganda eran sin duda acreedoras de dicha protección.

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La Agencia Española de Cooperación Internacional para el desarrollo (AECID) es un agente estatal que se encarga de desarrollar estrategias, comprendidas en sectores de cooperación como: la construcción de paz, crecimiento económico, desarrollo de género y gobernabilidad, con el objetivo de restablecer los derechos humanos en comunidades vulnerables víctimas del conflicto armado. En el caso de Colombia, este tipo de cooperación se da en el departamento del Chocó, a través de estrategias que emplean la ayuda humanitaria en busca de restablecer los derechos fundamentales de las comunidades tras el conflicto armado interno establecido en esta parte del país. En tal contexto, este estudio de caso pretende determinar si la AECID, a través de diferentes proyectos, logra restablecer los derechos humanos de los individuos del Chocó, además de analizar cómo la función de este agente estatal presenta un acercamiento entre el Estado colombiano y la población, teniendo en cuenta que la función de este ha sido casi nula.

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¿Cuáles son los efectos de la guerra sobre el comportamiento político? Colombia es un caso interesante en el que el conflicto y las elecciones coexisten y los grupos armados ilegales intencionalmente afectan los resultados electorales. Sin embargo, los grupos usan diferentes estrategias para alterar estos resultados. Este artículo argumenta que los efectos diferenciales de la violencia sobre los resultados electorales son el resultado de estrategias deliberadas de los grupos ilegales, que a su turno, son consecuencia de las condiciones militares que difieren entre ellos. Usando datos panel de las elecciones al Senado de 1994 a 2006 y una aproximación por variables instrumentales para resolver posibles problemas de endogenidad, este artículo muestra que la violencia guerrillera disminuye la participación electoral, mientras que la violencia paramilitar no tiene ningún efecto sobre la participación pero reduce la competencia electoral y beneficia a nuevos partidos no-tradicionales. Esto es consistente con la hipótesis de que la estrategia de la guerrilla es sabotear las elecciones, mientras que los paramiltares establecen alianzas con ciertos candidatos.

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El presente estudio de caso tiene como objetivo analizar los procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración para las mujeres excombatientes en Sierra leona, desarrollados por los mecanismos internacionales, tales como la ONU y su misión en este país UNAMSIL, teniendo en cuenta que la Reintegración es el momento más importante para lograr el mantenimiento de la paz que se firmo en el Acuerdo de Lomé. Este trabajo muestra la importancia de una intervención apropiada de acuerdo a las necesidades de cada Estado y teniendo en cuenta las características del conflicto y sus minorías participativas.