181 resultados para Sociedad por Acciones Simplificada


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Análisis bajo teorías de las RRII y diferentes autores, de cómo las acciones políticas bilaterales afectaron el sector comercial en especial el textil y de confección. Estudio en el cual se tratan las acciones políticas y sus consecuencias.

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A lo largo de la historia, diversos actores interactúan y participan en la consolidación y configuración de una sociedad. Dentro de estos actores están los medios de comunicación como mediadores e informadores de lo que sucede en determinados momentos considerados importantes para la comunidad. Asimismo, el gobierno es otro actor fundamental con el que se forja una relación y se configura un contexto determinado influenciado también por el resto de la sociedad. Es así como muchas veces los medios pueden trabajar desde diversas aristas, desarrollando un rol significativo frente a las decisiones o acciones que tome un gobierno y los grupos o movimientos que se creen y manifiesten en un ambiente específico. Los países latinoamericanos no son ajenos a esta dinámica y es así como en este caso se hablará del papel de ciertos medios de comunicación televisivos como lo son CNN Chile y Chilevisión TV y de las redes sociales Facebook y Twitter frente al proceso reivindicatorio de estudiantes, indígenas y grupos ambientales con relación al Gobierno Piñera de marzo a diciembre del 2010.

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La presente investigación tiene por objetivo analizar el proceso de construcción de paz de la Asociación de Campesinos del Valle del Río de Cimitarra (ACVC) en el marco del Programa Regional de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio teniendo en cuenta una serie de elementos teóricos y prácticos (lecciones aprendidas)

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La presente investigación tiene por objetivo presentar un análisis teórico y práctico sobre una experiencia de construcción de identidad ciudadana como ejercicio político de algunos sectores de la sociedad civil, promovido por la organización no gubernamental, Corporación Viva la ciudadanía. Este trabajo buscó demostrar la hipótesis de que una organización social como Viva La Ciudadanía, ha logrado incidir en el establecimiento la cultura política deliberativa y participativa, a partir de los procesos que ha venido realizando en cuanto al seguimiento a políticas públicas, la formación de líderes,la producción y difusión de múltiples materiales pedagógicos, y en general, el desarrollo de toda su agenda programática.

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La investigación tiene por objetivo en primer lugar hacer una revisión teórica del concepto de sociedad civil a fin de entablar una reflexión del papel de actores sociales en procesos de reclamación de derechos humanos, consolidación y recuperación de la democracia, emancipación de la ciudadanía y construcción de mecanismos para lograr la paz. En segundo lugar, el texto presenta un diagnóstico de la participación de la sociedad civil en el proceso de paz que se llevó a cabo entre las Farc- Ep y el gobierno nacional bajo el mandato de Andrés Pastrana (1998-2002), para así, plantear un esbozo de alternativas para afrontar el conflicto desde la solución política negociada.

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Se calcula que cerca de 800 mil puestos de trabajo desaparecen anualmente en el mundo industrializado, cifra que entregó la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Francia en un simposio acerca de las tendencias en la internacionalización del empleo, realizado en el 2005. En Colombia, en la última década, se suprimieron 40 mil empleos en los procesos de reestructuración del sector público y, durante la crisis cafetera (1996-2000), la Federación Nacional de Cafeteros anunció la eliminación de aproximadamente 150 mil empleos. Sin embargo, la fuerza laboral sigue creciendo, situación que plantea interrogantes a la sociedad(...). En efecto, de acuerdo con la OIT, entre 1990 y 1994, el 80% de los nuevos empleos de América Latina se generó en el sector informal. Esta misma organización presentó en el 2006 un informe que muestra las tendencias del empleo en Latinoamérica y el Caribe, el cuál especifica que el número de desempleados aumentó en 1,3 millones aproximadamente; es decir, que la tasa de desempleo pasó de 7,6% en 1995 al 7,7% en 2005(....). El vínculo entre estos dos fenómenos, supresión e informalidad del empleo, evidencia el impacto del trabajo en la sociedad contemporánea, a tal punto que las preocupaciones políticas locales y regionales giran alrededor del tema, bien sea buscando estrategias de organización para ser más competitivos o con el desarrollo de estrategias de cooperación e intercambio comercial. Gracias a la Ley 789 de 2002, Colombia cuenta con uno de los regímenes laborales más flexibles de América Latina, cuyo objetivo principal es la generación de empleo(...). Sin embargo, estas estrategias de flexibilización implican horarios más extensos, mayores responsabilidades y menos tiempo disponible, así como contratos de corta duración, trabajos por horas, pérdida de prestaciones laborales y bajos salarios. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Continua de Hogares del Dane de 2005, cerca del 60% de la población colombiana, laboralmente activa, se encontraba inmersa en la informalidad, como único recurso para garantizar sus ingresos. Las consecuencias de estas transformaciones laborales se reflejan en la salud de los trabajadores y evidencian cómo el trabajo pasó de ser un recurso renovable y disponible a encaminarse hacia un escenario donde el acceso se hace más difícil, donde la temporalidad y la inestabilidad son la regla. Este escenario es analizado por el Grupo de Investigación en Salud y Trabajo (GiSYT), de la Facultad de Rehabilitación y Desarrollo Humano de la Universidad del Rosario, a través de un estudio que comprende los efectos de las nuevas formas de organización del trabajo en la salud de los trabajadores e identifica vías de solución a los problemas que de ahí emergen.

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A lo largo de las dos últimas décadas el seguimiento del tema de la seguridad, tanto en su dimensión internacional como al interior de uno u otro país, se ha vuelto más complejo en cuanto nuevas amenazas, reales o aparentes, nacionales o internacionales, que afectan no sólo a los Estados sino también a los grupos culturales, las comunidades locales y los individuos(...). Al mismo tiempo se ha entendido que esas amenazas provienen de distintas fuentes, no tan claramente definidas como lo eran en la época de la Guerra Fría. Las hipótesis de conflicto y de choques militares frontales entre Estados son hoy apenas parte de las preocupaciones de estudiosos y gobernantes, al tiempo que se identifican nuevos riesgos y vulnerabilidades de naturaleza política, económica, cultural y medioambiental, lo que da pie a una discusión renovada sobre la idoneidad de los esquemas de seguridad tradicionales(...). El debate, altamente necesario, se lleva a cabo ya en el ámbito global. En el contexto continental americano algunos Estados y organizaciones intergubernamentales han empezado a abordar el estudio de la materia de manera ampliada, al menos en los términos formales de las declaraciones de principios, para indicar que convendría ir más allá de los términos tradicionales de defensa sobre la base de la capacidad de las fuerzas armadas. Los investigadores del Centro de Estudios Políticos e Internacionales (CEPI), de las Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, consideran que hay todavía un largo camino por recorrer en el análisis de los perfiles de seguridad de los Estados de las Américas, y que muy pocos países han integrado realmente esta visión multidimensional de la seguridad en el desarrollo diario de sus políticas y de sus estrategias de seguridad nacional, que permanecen todavía demasiado marcadas por los factores militares. Según los investigadores, el hecho de que la mayoría de los Estados americanos no haya hecho aún tránsito efectivo del modelo tradicional de seguridad militarizada a uno de seguridad ampliada, se debe fundamentalmente a la falta de conocimiento, por parte de los tomadores de decisiones, de los contenidos y los alcances de las nuevas dimensiones del concepto(...). El saber identificar correctamente esas caras diversas de la seguridad en el contexto específico de una u otra nación, permitirá luchar mejor en contra de nuevas amenazas y responder con mayor idoneidad a las necesidades de protección de la sociedad a través de políticas públicas adecuadas y de estrategias y acciones pertinentes, que no olviden ningún sector. También los ciudadanos de las Américas, cuando el tema se incorpore a la discusión política, tendrán la capacidad de controlar mejor a sus propios gobiernos y de solicitar democráticamente cambios en las políticas y estrategias de seguridad. El CEPI considera que el nuevo conjunto de amenazas, por su naturaleza multidimensional y transnacional, no puede ser combatido únicamente en la escala de un país determinado o mediante el uso exclusivo de la fuerza armada. Esto obliga a repensar, en el ámbito americano, los esquemas de seguridad desde las perspectivas humana, política, económica, societal y ambiental, entre otras, y a diseñar estrategias regionales colaborativas que conducirán a la necesaria ampliación de las agendas nacionales en la materia.

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Durante los últimos 35 años las drogas ilegales han constituido un factor significativo en el drama social colombiano. Hoy día es común atribuir a éstas la causalidad de muchos problemas del país y se han elaborado algunas explicaciones del desarrollo de dicha "industria" en Colombia, de las cuales se derivan recomendaciones de política, tanto las implementadas por los gobiernos como las recomendadas por los críticos. El Centro de Estudios y Observatorio de Drogas y Delito (Ceodd),(...) de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, ha encontrado que las explicaciones más comunes pueden clasificarse en tres grupos. El primero, incluye afirmaciones simples que atribuyen el desarrollo de las drogas ilegales a la pobreza, a la desigualdad, a las crisis económicas, a la corrupción o a la localización de Colombia a mitad de camino entre las plantaciones de coca de Bolivia y Perú con Estados Unidos. (...) En segundo lugar, se encuentran las razones basadas en modelos de criminalidad común, también llamados policivos, en los cuales las leyes surgen de procesos legitimados por la sociedad y quienes las violan son considerados personas con comportamientos desviados, que deben corregirse por medio de sanciones o restricciones. Siguiendo este enfoque, las políticas hacia las drogas tienen que ser represivas. En tercer lugar, están las respuestas basadas en la elevada rentabilidad de las drogas, generada por su ilegalidad, y por la existencia de una gran demanda internacional: por ejemplo, un kilo de cocaína en Colombia puede costar unos US$1.500 y cuando llega a los Estados Unidos se paga entre US$15.000 y US$18.000. Según estimaciones de las Naciones Unidas, en los últimos años la demanda mundial de cocaína ha estado alrededor de 800 toneladas. Este enfoque justifica la producción ilegal y quienes lo apoyan creen que el país produce drogas como resultado de un ‘choque externo’. Los que comulgan con esta posición consideran que Colombia, en los años sesenta, era una nación típica en términos de criminalidad, afectada por el surgimiento de una gran demanda externa de drogas que estimuló la producción de éstas. Este desarrollo constituye la causa principal de los graves problemas que enfrenta actualmente el país. Según esta explicación, la razón por la cual el país produce drogas radica en el exterior y la única solución es la legalización para acabar el ‘choque externo’. Desafortunadamente, quienes apoyan este modelo no explican por qué ese ‘choque externo’ afectó de manera tan grave a Colombia y no a otros países como Ecuador, Perú y Bolivia, donde no se desarrollaron grandes carteles de traficantes, o en Malasia, Indonesia y Taiwán, que en el pasado fueron grandes exportadores de coca. Sin embargo, la evidencia empírica encontrada por el Ceodd contradice los argumentos anteriores, pues ninguno explica por qué la producción y el tráfico de drogas ilegales están concentrados en pocos países. En el caso de la teoría policiva, la concentración se explicaría solamente si por razones genéticas una población fuera más proclive al crimen. Respecto a la producción justificada por la rentabilidad, ésta se explicaría si todos los países que pudieran producir coca, amapola, cocaína y heroína lo estuvieran haciendo. La coca puede crecer en unos 30 países, la amapola en 120 y la cocaína y la heroína se pueden refinar en cualquier parte del mundo. Por consiguiente, si la rentabilidad determinara la producción, Colombia sería sólo uno entre los muchos productores. De la misma forma, otras explicaciones como la pobreza, las crisis, la desigualdad y la corrupción fallan porque dichos problemas son endémicos en muchas sociedades que no producen o trafican drogas. La localización geográfica del país, por su parte, no explica por qué en Colombia surgieron las grandes organizaciones criminales. Además, cuando la diferencia entre los precios de exportación e importación es tan grande, como en el caso de la cocaína y de la heroína, los costos de transporte y la distancia son problemas menores. En ese caso lo que importa es reducir el riesgo y no la distancia. Ahora bien, si no hubiera demanda de drogas tampoco habría oferta y sin oferta no habría demanda. La teoría económica enseña que la demanda y la oferta son como las dos hojas de una tijera: ambas son necesarias para que haya un mercado. Para el Ceodd, estas afirmaciones son ciertas pero triviales e incompletas. La rentabilidad de las drogas es una condición necesaria, pero no suficiente para que en un país se cultive coca y se refine cocaína. Entonces, lo que se debe averiguar es por qué una condición necesaria, en el caso colombiano, se vuelve suficiente. Es claro que la gran demanda internacional es ilegal y que cuando un producto fácil de fabricar, que no requiere grandes destrezas o capital -como la cocaína o la heroína- es declarado ilegal a nivel mundial, su producción y tráfico tenderá a concentrarse en los países donde el imperio de la ley sea más débil y la sociedad más laxa frente a la ilegalidad. Es cierto que si la cocaína no fuera rentable no se produciría, pero Colombia no concentra la producción de cocaína porque sea rentable sino porque es ilegal, advierte el director del Ceodd, Francisco E. Thoumi.

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“...es necesario distinguir los dos momentos de la responsabilidad: un momento a posteriori, que se ciñe únicamente a las posibles imputaciones por aquello ya hecho; y un momento a priori, que analiza las responsabilidades por lo que está por venir.” Desde su creación, en 1653, la Universidad del Rosario ha encaminado su labor a las acciones propias de la academia como son la educación y la investigación. No obstante, y tal como quedó establecido en su Plan Integral de Desarrollo 2004 – 2019, además, se plantea como una Universidad en permanente interacción con el medio, con capacidad de anticipar e identificar las necesidades y problemas prioritarios del entorno en sus campos de acción, que propone y desarrolla proyectos para aportar a su comprensión y solución. Lo anterior configura la tercera función sustantiva de la universidad: la extensión. Tal función, materializada en una labor de tipo asistencial hacia la sociedad, se ha articulado, por ejemplo, en la apertura de consultorios jurídicos y fundaciones, que permiten al Rosario una mayor participación y compromiso con la sociedad y su desarrollo. Para la Universidad del Rosario se entiende la extensión, desde sus mismos fundamentos, como la manera responsable a partir de la cual la institución se articula con la sociedad y el entorno en la consolidación de la relación Universidad-Empresa-Estado. Esto se logra cuando se lleva a la práctica el conocimiento de la docencia y la investigación desarrolladas por la universidad, para generar así un impacto social de mayor alcance. En esta perspectiva, enmarcan la gestión de extensión los siguientes objetivos: Innovación en el desarrollo de productos y servicios, de acuerdo con las necesidades de la comunidad. Sostenibilidad económica y social que garanticen la suficiencia económica y el impacto social, como una correlación inquebrantable en el tiempo. Impacto social establecido como meta en la coordinación y ejecución de programas y proyectos de desarrollo comunitario que vinculen la academia con el sector social, con la Empresa y el Estado, y que dinamicen las funciones propias de la docencia y la investigación en el Rosario. De esta forma, los servicios que se generan de la interacción entre la docencia, la investigación y la extensión en el entorno universitario están encaminados a las actividades de: Asesorías y consultorías Prestación de servicios Observatorios Espacios de debates públicos Actividades de comunicación Proyectos con impacto comunitario Proyectos estudiantiles de extensión Servicios a egresados; apoyos institucionales Participación en redes, programas o proyectos interinstitucionales en estos ámbitos Publicaciones relacionadas con experiencias significativas en extensión.

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Una radiografía especializada del escenario internacional mostraría ya la existencia de una red compleja de múltiples y sorprendentes interconexiones entre territorios, distritos y provincias de los más insospechados lugares del mundo, que sostienen contactos de naturaleza comercial o cultural, por decir lo menos, y que van conformando nuevas asociaciones que modifican el mapa de las relaciones internacionales y las hacen más dinámicas y cercanas a la ciudadanía. En el seno de la Unión Europea, lo mismo que en países como Chile, Brasil, Canadá, México y Argentina, se pueden hallar vínculos directos entre regiones que intercambian no sólo bienes, sino que comparten experiencias y conocimientos, al tiempo que fortalecen buenas prácticas de beneficio recíproco con ánimo de sostenibilidad en el largo plazo. En Colombia, el desarrollo de actividades de carácter internacional por parte de las entidades territoriales está adquiriendo fuerza y dinámica propia. Progresivamente, los Departamentos y sus principales ciudades se suman a la tendencia de concebir una política que les permita proyectar una imagen internacional claramente definida acerca de las oportunidades de inversión, comercio y apertura de mercados que ofrecen tanto su territorio como su sociedad y su comunidad empresarial. Sin embargo, ante las proporciones y posibilidades del fenómeno, los gobiernos y demás protagonistas de la vida local y regional enfrentan todavía múltiples desafíos en su propósito de internacionalización.Si bien se destinan presupuesto y recursos humanos para avanzar en el tema, falta mucho por hacer en la concepción y desarrollo de estrategias refinadas que permitan visualizar propósitos y posibles resultados de las acciones emprendidas. Y sin perjuicio de que en ciertos casos se avizoren perspectivas de éxito, en otros, como es apenas natural en los momentos iniciales de procesos de esta naturaleza, un cierto grado de desorientación llega a nublar un panorama que de todas maneras se puede despejar si se trabaja con profesionalismo y conocimiento. Un estudio desarrollado por el Observatorio de Política Exterior Colombiana (OPEC) de la Universidad del Rosario, sobre las iniciativas regionales y/o locales en materia de inserción internacional, comprueba que aunque los Gobiernos municipales o departamentales están incorporando en sus planes y programas cierto tipo de actividades de esta naturaleza, es necesario profundizar en los procesos de planeación con alto contenido estratégico y prospectivo, ya que sólo así podrán capitalizar su enorme potencial y las oportunidades que el entorno les ofrece. Lo mismo que es imprescindible conocer y utilizar adecuadamente los instrumentos de implementación que requiere una estrategia de internacionalización. Este fascículo ofrece una serie de reflexiones acerca del proceso de inserción internacional de algunas de nuestras ciudades y regiones, sus oportunidades, y algunas herramientas que podrían permitir a los gestores de política pública, asesores y actores involucrados, avanzar hacia una estrategia de inserción internacional efectiva y pertinente a las necesidades de sus entidades territoriales.

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En la última década muchas organizaciones cuyo core business ha sido la prestación de servicios se han preocupado acerca de su posición y proyección estratégica en el mercado y continuamente crean y diseñan encajes estratégicos, algunos exitosos y otros con miras a ser reevaluados. Muchas de estas tácticas para mejorar se han basado en temas de ventas, alianzas, integraciones, mercadeo, nuevos nichos, etc., obviando una de las secciones fundamentales en el desarrollo de la cadena de valor: la ejecución de la operación. Como un músculo que genera sinergia en la cadena, las operaciones logísticas que inciden en la prestación del servicio surgen como instrumentos que balancean el mercado administrado por la organización, de tal forma que se convierten en un acogedor o un eliminador de la demanda; esto es, un excelente nivel de servicio en la prestación genera recordación y recompra, y de forma opuesta, un regular servicio genera eliminación de la recompra. En este sentido, la operación se torna relevante al ser tan sensible en el sector hotelero. De acuerdo con lo argumentado, la evaluación a través del modelamiento desvela prácticas ocultas no deseadas, las cuales son fuentes clave en el desarrollo de tácticas y estrategias acordes con la misión y visión de la organización.

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Los avances en las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), así como la biotecnología y los nuevos materiales, han modificado los sistemas de producción de los países, haciendo crecer las brechas tecnológicas entre las naciones en vías de desarrollo y el mundo industrializado. En este sentido, surgen cuatro puntos que se deben distinguir y examinar para enfrentar los nuevos desafíos de la llamada economía del conocimiento. Hay que definir cuáles son las mejores prácticas para la conformación de ciudades del conocimiento, los esquemas para la creación de empresas del conocimiento, la modernización del aparato productivo y el financiamiento de iniciativas de valor agregado. Asimismo, es preciso analizar las competencias laborales en la economía del conocimiento y el futuro de las empresas, como también la situación y proyección de las empresas del futuro frente a los retos de este tipo de economía.

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El propósito central, se basa en el análisis de factibilidad de la implantación de un clúster de papa, a razón de los estudios realizados que indican la importancia del producto para la región al constituirse como el principal cultivo dentro del sector agrícola. No obstante, la participación del producto se sitúa en las últimas posiciones dentro de la Provincia de Almeidas, reflejando la débil gestión de los recursos necesarios para el cultivo. Finalmente, se propone la aplicación de la Metodología del Marco Lógico para esquematizar de manera precisa las acciones que podrían estimular la importancia de este proyecto, en aras de un desarrollo sistémico regional.

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Resumen Objetivo. Presentar la gestión social como una estrategia facilitadora de la inclusión de las mujeres en situación de discapacidad. Metodología. Se plantea un estudio descriptivo-exploratorio. Se realizó una revisión de artículos y textos encontrados en diferentes fuentes, incluyendo, entre otros, cuatro revistas seleccionadas, ubicadas en tres bases de datos; todos los documentos fueron analizados científicamente. Discusión. La problemática social que viven las mujeres con discapacidad, dada por su doble condición de exclusión, hace necesario el uso de herramientas tales como la gestión social, la cuales ayuden a cambiar su situación frente a la sociedad; sin embargo, existe poca literatura que sustente las acciones que puede ejercer dicha herramienta dentro de la problemática. Conclusión. A pesar de que en la literatura está poco descrita, la gestión social como estrategia de inclusión para mujeres con discapacidad, queda abierta la posibilidad para los profesionales de la salud de explorar este campo para el abordaje de esta problemática que concierne al Estado y a la sociedad en conjunto.

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El Pacífico al que nos referimos en este documento corresponde a una región colombiana que ocupa la tercera parte de la totalidad de las costas del país y el 6% del territorio nacional. Se extiende desde la Cordillera Occidental hasta el mar, en una extensión de cerca de 71 000 kilómetros cuadrados, que comprende parte de los departamentos de Cauca, Nariño y Chocó, un municipio del Valle del Cauca y una franja de superficie marina de 400 000 kilómetros cuadrados. En razón a su historia y su geografía, esta región ha permanecido desarticulada del modelo de desarrollo prevaleciente en el resto del país. Este factor, aunado al entorno ecológico y poblacional, le da al territorio características especiales que sugieren pensar en alternativas distintas al desarrollismo para su intervención. Es una región desintegrada y deprimida, con bajos niveles de cobertura en los servicios básicos y con indicadores de pobreza por encima del promedio nacional. En contraste, cuenta con un gran potencial ambiental y cultural y con una localización estratégica para el futuro desarrollo nacional, en el contexto internacional hacia la Cuenca Pacífica del mundo. En las últimas dos décadas esta región ha estado sometida a un intenso proceso de colonización, que irrumpe conflictivamente en la zona y que empieza a arrasar no solamente con sus recursos naturales en general, sino con el legado cultural. Este fenómeno va acompañado de una creciente violencia político-social, provocada por la presencia de grupos de guerrilla y paramilitares, quienes, en los últimos años, han generado frecuentes violaciones a los derechos humanos y desplazamientos masivos de población. A lo anterior se suma la fuerte presión que ejercen empresarios palmeros sobre las tierras, las cuales fueron tituladas colectivamente a las comunidades negras, en cumplimiento de la Ley 70. Dichas tierras, al ser sustraídas de la esfera comercial, quedaron excluidas de la libre compra y venta, razón por la cual varios empresarios han intervenido en la región, a través de mecanismos de presión, acompañados de medios violentos de expropiación del territorio, desplazamiento forzado y apropiación indebida de vastas zonas. Por su parte, la clase dirigente del Pacífico ha carecido de una visión global de la región, sus problemas y potencialidades. Su gestión ha estado marcada por los patrones tradicionales, apegados al clientelismo, con alcaldes elegidos popularmente, pero ausentes y desentendidos de sus municipios, al igual que los demás representantes políticos. Las comunidades, si bien con un gran legado de acción cooperativa y colectiva, no han logrado articular formas de organización efectivas, que les permita el despliegue de acciones que sirvan de puente para articular los intereses de los individuos y de las comunidades, con el Estado y el resto de la sociedad civil. De esta forma, los escasos recursos de inversión que se canalizan hacia la zona, además de insuficientes frente a las necesidades históricas acumuladas, terminan concentrándose en una élite local y regional, insensible frente a la pobreza y la marginalidad, que le da prioridad a los intereses particulares o de orden político externo a la región. La incredulidad, apatía y deslegitimación de la acción estatal es común en el Pacífico colombiano. Romper este círculo vicioso requiere de trabajo continuo con nuevas instituciones, que respondan efectivamente, y no coyunturalmente, al reto que se les plantea. En cuanto a su potencial, la región cuenta con un envidiable contexto étnico cultural, basado en la prevalencia de las comunidades negras e indígenas que, por tradición, historia y cultura, han logrado desarrollar formas de cooperación basadas en el concepto de familia extensa y en la relación cultura-territorio, aspectos importantes para una gestión conducente a nuevos esquemas de desarrollo, que combinen lo endógeno con el desarrollo humano sostenible. Los anteriores aspectos se constituyen en los referentes clave de la caracterización de la región, los cuales se retomarán al final del presente documento con el fin de analizar los posibles cambios producidos por la aplicación de las políticas gubernamentales. Con este propósito, a continuación se analizan los Planes de Desarrollo Nacionales planteados en los períodos de gobierno que van desde la presidencia de Virgilio Barco Vargas, hasta el segundo mandato del presidente Álvaro Uribe Vélez.