Procesos de reestructuración del estado en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. El caso Telecom

Durante la década de los 80 se comenzó, en buena parte de Europa oriental, a gestar una ola de privatizaciones que habría de golpear con fuerza los países americanos en los 90. En Colombia, los efectos de esta onda se sienten ahora más que nunca. Justamente el período de privatizaciones en Colombia entre el 2002 y el 2006 se identifica como la etapa más profunda de este tipo que se ha dado en América Latina desde los años 90. La empresa TELECOM constituye un ejemplo que sirve para estudiar el fenómeno de las privatizaciones durante la administración de Álvaro Uribe Vélez. La pregunta que se tratará de responder a lo largo de esta monografía es ¿Cuales son los temas que involucra la reestructuración de TELECOM vía privatización de la empresa, en el marco del proceso de reforma del Estado? La hipótesis que sustenta este estudio es la de que la reestructuración de Telecom vía privatización en el marco del proceso de reforma del Estado busca reducir las presiones fiscales a las que el Estado se ve sometido por el pago de nóminas, el mantenimiento y la ampliación de las redes de comunicación. Estas presiones no le dejan a la compañía un margen de maniobra suficiente para mejorar los servicios que debe prestar y permanecer en el mercado como una empresa competitiva que debe hacer frente a cambios tecnológicos inminentes en un mundo que se globaliza. Para darle solución a dicha hipótesis se van a tomar los presupuestos de la teoría neoliberal, para entender la actitud del gobierno en su toma de decisiones.

El papel del estado en el suministro de bienes públicos el caso de la acreditación de alta calidad en la educación superior

Este trabajo abordará las preguntas planteadas en esta sección a través de cinco capítulos, cubriendo los siguientes temas: En el primer capítulo se analizarán los principales factores que están llevando a la creciente importancia de la Acreditación en el mundo contemporáneo, como consecuencia de tres factores que se refuerzan entre sí: (1) la explosión de la matrícula universitaria y el desafío que eso representa para el aseguramiento de una alta calidad de clase mundial; (2) el surgimiento de la Sociedad o Economía del Conocimiento y sus implicaciones en términos de una docencia y de una investigación de calidad mundial; y (3) la internacionalización del sistema de educación y de los respectivos sistemas de acreditación, y el papel de esta última en dicho mundo globalizado que requiere una alta movilidad de estudiantes y de profesores. En este capítulo se responderá a la pregunta de cuál es el valor agregado de la acreditación, que los meros mecanismos del mercado no pueden asegurar. Este capítulo se suma a esta tesis de grado, puesto que en el proyecto de trabajo de grado no se encontraba estipulado, fue necesario agregarlo por las razones expuestas anteriormente. En el segundo capítulo se analizarán los dos casos que se han seleccionado: el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) de Colombia, y el Quality Assurance for Higher Education (QAA) de Gran Bretaña. Este análisis comparativo se hará en términos de las cuatro dimensiones estratégicas para el aseguramiento de un bien público esbozadas en las dos primeras secciones de esta introducción. 10 En el tercer capítulo se analizará el proceso de convergencia entre las dos fuentes de legitimidad que subyacen a cualquier sistema de acreditación: la legitimidad que aporta el Estado y la legitimidad basada en el conocimiento que aporta la comunidad científica (nacional y global). Por ejemplo, en el Espacio Europeo de la Educación Superior se plantea que solo los Estados pueden acreditar programas, debidamente asesorados por la respectiva comunidad científica.4 Esta doble dimensión resalta la estrecha relación simbiótica que existe entre estos dos actores sociales en el proceso de acreditación. En este análisis se utilizarán las teorías y conceptos del sociólogo alemán Max Weber, especialmente los relacionados con su teoría de los diversos “tipos de legitimidad y de dominación”, uno de ellos siendo la de la legitimidad basada en la racionalidad (o el conocimiento). En el cuarto capítulo se analizarán las “Estrategias de Financiación” que caracterizan los dos modelos básicos. Por último en la última sección se presentarán las principales conclusiones que se derivan de este estudio, especialmente las relacionadas con la hipótesis que se ha formulado y con las preguntas estratégicas planteadas en el presente capítulo.

Aplicación de las recomendaciones del Alto Comisionado de Naciones para Refugiados (ACNUR) y el fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF) en la política pública de atención a niños y niñas en condición de desplazamiento interno en Colombia

El propósito de esta monografía, es mostrar el seguimiento por parte del Estado colombiano de las recomendaciones internacionales de agencias especializadas de Naciones Unidas, que favorecen a la población infantil desplazada. Como se verá, no todos los resultados son positivos. Todavía en muchos aspectos falta trabajo y consistencia. Así mismo, se prevé que una solución total de este flagelo no se verá mientras en Colombia persista una situación de violencia.

Análisis de la respuesta del Estado Colombiano a las recomendaciones del relator de Naciones Unidas sobre la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas caso de estudio:la problemática de la comunidad Indígena Embera Katío (Departamento de Córdoba). 2004-2007

Este estudio se refiere a la figura del Relator Especial sobre la situación de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los pueblos indígenas, quien después de recibir la invitación del Estado, visitó el terreno y habló con las principales autoridades del tema tanto gubernamentales como de las comunidades y los grupos nacionales, para verificar la situación de los pueblos indígenas. En su visita a Colombia en el año 2004 produjo una serie de recomendaciones que invitaban al Estado colombiano a acatarlas por medio de reformas constitucionales, legislación e implementación de leyes en materia de promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas, así como del seguimiento de diversas normas internacionales y decisiones de los organismos encargados de velar por el cumplimiento de los convenios y tratados sobre el tema adaptados por Colombia.

Análisis de las limitaciones del Estado Colombiano para cumplir con los compromisos adquiridos en la convención de Ottawa de 1997 durante el periodo 2002-2006

La Convención de Ottawa de 1998 -sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas Antipersonal y sobre su destrucción- hace parte de la respuesta internacional a la crisis de índole humanitaria originada por la expansión mundial de este tipo de armamentos. Este tipo de enemigo invisible se encuentra en más de 70 países, generando uno de los problemas humanitarios más graves y acuciantes de todos los tiempos que el ser humano haya podido padecer. Por lo anterior, al menos 90 países de los cuales hizo parte Colombia, se reunieron voluntariamente en 1997 a negociar un Tratado (de Ottawa) y que a la postre se ha convertido en un gran logro ya que por vez primera los países acordaron de conformidad con el Derecho Internacional Humanitario el cese total de la producción, almacenamiento, utilización de estos artefactos explosivos. Pese a la prohibición general impuesta por la Convención de Ottawa, la cual es válida de igual forma para todos los actores armados en el conflicto, hoy día se continúa registrando en el país un aumento generalizado en la utilización de minas. Es por ello, que el presente trabajo pretende identificar particularmente las principales limitaciones y obstáculos que se han presentado para que el Gobierno colombiano de cumplimiento satisfactorio en los tiempos estipulados con los compromisos adquiridos en dicho Tratado Internacional.

Análisis del manejo del estado Colombiano del espacio ultraterrestre en función del manejo geopolítico de la órbita geoestacionaria como un elemento determinante de su estrategia de incursión en el escenario internacional

Esta monografía es un análisis del manejo geopolítico de la órbita geoestacionaria (GEO) por parte del Estado colombiano, a partir de la determinación de la política de prestigio implementada por el gobierno, respecto al Derecho del Espacio Ultraterrestre, como elemento determinante de su estrategia de incursión en el escenario internacional. De esta manera, el documento pretende analizar las implicaciones que ha tenido en la construcción del poder nacional del Estado, el manejo geopolítico de la GEO, como un punto necesario en el diseño de una sólida y eficiente política exterior así como su correspondiente estrategia de incursión en el escenario internacional. Con base en lo anterior, se plantean como finalidades particulares del análisis, el establecer cuáles son las condicionantes geopolíticas en términos tecnológicos, comerciales y de soberanía de la GEO; Examinar el régimen de influencia que ejercen los intereses prioritarios de las potencias que usan el espacio de la GEO en la definición interna del manejo del espacio ultraterrestre y la política exterior, en función del manejo del espacio de la GEO correspondiente a Colombia; Analizar cual ha sido la respuesta política y diplomática de Colombia frente al problema de sus derechos de usufructo comercial y científico de la GEO; y por último, presentar a manera de conclusiones y recomendaciones, los elementos que deben incorporarse en la actual política exterior en función de una correcta proyección geopolítica del Estado Colombiano en materia de utilización de la GEO.

Análisis crítico de la acción popular instaurada por la Procuraduría General de la Nación en contra de Ecopetrol por el impacto ambiental generado en los recursos hídricos suelo y subsector agrícola, en el caso Cicuco- Bolívar, así como la responsabilidad del Estado frente a dicha problemática

Dados los grandes cambios y desarrollos científicos, económicos y sociales, la industria ha generado avances tecnológicos de gran magnitud que contribuyen con el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. A pesar de las buenas contribuciones que conlleva dicho desarrollo, se puede ver que soporta igualmente un sacrificio ambiental y social para hacerlos posibles. De acuerdo con el principio que establece la primacía del interés general sobre el particular, se han tolerado legalmente algunos daños ocasionados a los administrados en beneficio de la comunidad; pero lo anterior no puede desconocer las situaciones en las cuales se generan perjuicios que no deben ser soportados por la comunidad. Igualmente, la Constitución política establece mecanismos de protección en cabeza de todas las personas con el fin de proteger sus derechos, dentro de los cuales se encuentran los derechos de tercera generación. Estos derechos son protegidos a través de la acción popular como mecanismo idóneo, eficaz y directo, el cual busca su restablecimiento.

La responsabilidad del Estado por el hecho del legislador

Analizar el fenómeno de la responsabilidad del Estado causada por los hechos del legislador ha sido un trabajo desarrollado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia internacional a mediados del siglo xx. En Francia, por ejemplo, se presentó el primer antecedente jurisprudencial en el año de 1934. En España, su estudio empezó a gestionarse con la promulgación de la Constitución de 1978, dándose el primer fallo judicial en elaño de 1993. Para el caso colombiano, la Constitución de 1991 introdujo en su artículo 90 el fundamento constitucional de la responsabilidad patrimonial del Estado, sin que esto significase que la jurisprudencia del Consejo de Estado encontrase las bases de esta responsabilidad en diferentes disposiciones de la Constitución de 1886, tales como los artículos 2º, 16 y 30, que consagró el principio de legalidad del Estado para proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos, y garantizar la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con el título de derecho. Sin embargo, los primeros fallos relacionados con este título de imputación en Colombia fueron emitidos por el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo colombiano en el año de 1998 y por la Corte Constitucional a través de la Sentencia C-038 de 2006, providencia judicial que estableció algunas de las características que posee esta figura jurídica.

¿Cómo mira el Estado? Constitución de 1991 y Compromisos de Género del Estado Colombiano

El presente artículo analiza la noción de orden o compromisos de género de un Estado, la cual fue acuñada por Nancy Fraser para señalar que toda estructura de gobierno asume y promueve cierta ordenación de los sexos, ya sea expresa o tácitamente, intencionadamente o no, a través de sus manifestaciones jurídicas y de política pública. En el caso de Colombia, este estudio ha de iniciarse con la Constitución de 1991 y las sentencias de la Corte Constitucional que desarrollan su articulado. Las decisiones relativas a menores intersexuales han demostrado ser un terreno fértil para observar los esfuerzos de la Corte por entender cuál es la relación sexo/género, díada que se encuentra en la base de todas las teorías sobre sexualidad, atribución de significación a los cuerpos y relación hombres/mujeres. Es un hecho que los Estados no se limitan a regular el tráfico de bienes y servicios, sino que también imponen normas acerca de la identidad sexual que se reflejan en diversos campos del ordenamiento jurídico, por ejemplo, las consecuencias patrimoniales de vivir en pareja, los impuestos, los requisitos para adquirir la nacionalidad. De ahí que sea esencial comprender y saber dónde y cómo develar los arreglos de género que patrocina un Estado.

La captura del estado vista desde los procesos de formulación e implementación de la política pública agro ingreso seguro. Periodo 2007-2009

RESUMEN En esta monografía el interés es comprender la dimensión de la captura del estado, su complejidad y cómo ha penetrado en la cultura política institucional de nuestro país; así mismo, el análisis permite entender el grado de influencia de los grupos de poder para lograr leyes y regulaciones a favor suyo en detrimento del interés general. Este trabajo aborda dicho fenómeno en los procesos de formulación e implementación de la política pública de Agro Ingreso Seguro – AIS– y explica consecuencias y efectos de la captura del Estado en su gobernabilidad y eficacia social. Para ello se desarrolló una investigación de tipo documental que permitió identificar el grado de legitimación de los propósitos de la política pública poniendo en perspectiva la intervención de agentes capturadores en el proceso de implementación de la política Agro Ingreso Seguro.

Auditoría operacional sobre el proceso de recaudo de Cartera en la unidad de tesorería del Hospital de Tunjuelito empresa social del Estado

El proyecto que a continuación presentamos, describe la implantación e implementación de Auditoría Operacional sobre el proceso de Recaudo de Cartera en la Unidad de Tesorería del Hospital de Tunjuelito Empresa Social del Estado, la cual carecía

Función de las ONG’s de Derechos Humanos frente al Estado colombiano, a propósito del desplazamiento forzado: 1995-2002

Las Organizaciones No Gubernamentales a pesar de desarrollar una labor en pro del desplazado desde hace tiempo carece de análisis e investigación funcional. Funciones existentes entre las ONG’s y las responsabilidades competentes al Estado colombiano

Acciones de cumplimiento y tutela como mecanismos de control judicial de la actividad administrativa del estado

La Constitución Política de Colombia de 1991 consagró por vez primera las acciones populares de tutela y cumplimiento como mecanismos de control judicial de la actividad administrativa del Estado.

La política nacional de juventud herramienta social estructural, dentro del estado comunitario

Identificar aciertos, pero también las falencias y ser propositiva en aras de sacarle el mejor provecho sobre lo que está escrito: “no se trata simplemente de formular la Política Nacional de Juventud y divulgarla sino, ante todo desarrollar nuevas metodologías.

Las pensiones, un paso más hacia la decadencia del Estado Social de Derecho colombiano

Llamado urgente a la reflexión sobre la subvaloración, que la sociedad colombiana ha venido haciendo al tópico social y a las consecuencias negativas que surgen, y que podrían llegar a empeorar con la pérdida de capacidad de acción del Estado