Plan estratégico exportador para la empresa: productora y comercializadora Reina (P&C Reina)

El presente trabajo de grado tiene como tema central la internacionalización de los productos fabricados por la empresa P&C REINA, fertilizantes Químicos – orgánicos. Actualmente, P&C REINA es la única compañía en producir este tipo de fertilizantes en Colombia y a su vez, fue la primera empresa en dar a conocer al mercado nacional una nueva alternativa de fertilizantes, los cuales cuentan con un alto valor agregado y un avanzado nivel tecnológico, que ayudan a recuperar y a mejorar los suelos maltratados o deteriorador por el mal uso de estos productos en las tierras. Gracias a la experiencia que lleva esta compañía en el mercado y al reconocimiento que han obtenido por sus productos, por parte de las diferentes asociaciones y cámaras agrícolas existentes en el país, P&C REINA ha demostrado que en Colombia se puede hacer agricultura sana; esto ha contribuido de manera positiva a la empresa por medio de una participación significativa en el mercado y un posicionamiento de sus productos en el nicho en donde se desempeña. P&C REINA en el último año estudió la posibilidad de incursionar en el mercado internacional, con el fin de obtener un mayor reconocimiento, incrementar sus utilidades netas, aumentar su participación en el mercado nacional como internacional, mejorar sus procesos productivos, entre otras razones. Es por esto que con este trabajo lo que se busca es analizar si la empresa tiene la capacidad logística, competitiva y productiva para poder responder a las exigencias de los consumidores que se encuentran en diferentes países; luego se llevará a cabo una investigación de mercado con 16 países, las cuales la empresa considero atractivos para sus productos, con el fin de tener claro cuál es el país objetivo o potencial en donde la empresa tiene una mayor oportunidad de participación, posteriormente, se hará un análisis de dicho país y se propondrá las diferentes estrategias de internacionalización que puede implementar la compañía para poder entrar satisfactoriamente en ese mercado. Finalmente, se armará la matriz de costos con el fin de saber cuáles son los gastos generados en el proceso de logística internacional y así, decidir cuál termino de negociación (INCOTERMS) la empresa debe utilizar a la hora de llevar a cabo un pacto comercial con algún cliente.

Sobre la noción de biopoder en el pensamiento de la Corte Constitucional colombiana: análisis de jurisprudencia sobre el derecho a la vida

Detrás de la expedición de derechos, más allá de ese ruido incesante creado por un aparato legal que defiende a la vida y la convierte en un derecho pueden ser halladas relaciones de poder precisas y espacios de regulación y control de los cuerpos y de las poblaciones. Este trabajo pretende observar en la labor de interpretación que lleva a cabo la Corte Constitucional colombiana sobre el derecho a la vida, el establecimiento de una lógica política, que es el biopoder, de acuerdo con los elementos que lo constituyen, tal y como fueron analizados por Michel Foucault. El estudio del biopoder permitirá dar cuenta de tecnologías políticas, técnicas y dispositivos que no solo están presentes en la dimensión biológica de la vida de los colombianos, sino en espacios sociales y éticos que adquieren importancia cuando la vida es cualificada por parte del saber legal. El discurso jurídico aquí juega un papel central pues vincula una vida que era considerada simplemente biológica con nuevos significados y valores como el de la dignidad, y crea, a su vez, formas de sujeción. Temas como el aborto, la eutanasia, la sexualidad, la autonomía de cada quien para decidir sobre su cuerpo, entre otros, dan cuenta de nuevos ámbitos donde se ejerce el biopoder, y que eran poco explorados antes de la Constitución de 1991. Se verá cómo, a partir del análisis de la línea jurisprudencial sobre el derecho a la vida, la Corte Constitucional genera este tipo de espacios y lleva a cabo una intervención sobre una vida que es constantemente cualificada y que es modificada a medida que evoluciona el pensamiento de este tribunal.

El interés estratégico de Estados Unidos en India, en el período comprendido entre 2000-2010

A partir de la aprobación del Acuerdo Nuclear con fines civiles entre Estados Unidos e India en 2008, se evidencia un viraje contundente de la política exterior norteamericana hacia ésta nación asiática. Este hecho sin precedentes, que implicó para Estados Unidos dejar atrás más de 3 décadas de políticas de no proliferación nuclear y un cambio en su legislación, hace cuestionar cuál es el interés estratégico de Estados Unidos en India. En ese orden de ideas, el objetivo de la presente investigación, ha sido demostrar que dicho interés estratégico busca una alianza con India como un actor de peso en el tablero asiático, para contener el avance del poderío de la República Popular de China en la región, mediante la aplicación de tres dinámicas a través de India: 1) El fortalecimiento de los vínculos en seguridad con India dada su proyección y relevancia geopolítica, 2) El estrechamiento de los lazos comerciales impulsados por Estados Unidos para mejorar las condiciones económicas de India, para así contrarrestar el poder económico de China y su influencia política en la región, y 3), encontrando en India un ancla de la democracia en Asia, en contraste del modelo político socialista de China.

Transformaciones y evolución de las fuentes del derecho administrativo colombiano a partir de los tratados de integración

Esta tesis producto del trabajo de investigación se planteo sobre las bases de un derecho administrativo interno creado para resolver los problemas suscitados al interior del Estado en consonancia con los postulados constitucionales, teniendo en cuenta el artículo 4° en que se establece la supremacía de la Constitución y los artículo 9°, 93, 94 y 224 al 227 que ordenan el desarrollo del derecho de integración en el marco de los países Latinoamericanos y del Caribe, por lo que surge la imperiosa necesidad de armonizar el derecho de la integración con el ordenamiento jurídico nacional y en especial con el derecho administrativo quien deberá recepcionar el mencionado ordenamiento supraestatal, alterando las tradicionales concepciones de las fuentes de este derecho interno. Por lo tanto, desde la perspectiva del derecho administrativo comprendido como un derecho legislado que regula las relaciones entre el Estado y los particulares en el que prevalece el “principio de legalidad” de los actos administrativos, se puede intuir que constituye un problema jurídico los impactos derivados de los tratados de integración, donde nos preguntamos sí las categorías de fuentes actuales del derecho administrativo son las adecuadas para abordar la recepción de estas disposiciones Por lo que al explorara las incidencias en el derecho administrativo con ocasión de la recepción del derecho de integración con particular énfasis en la Comunidad Andina, identificamos que uno de los rasgos más distintivos del ordenamiento jurídico andino, como el de otros esquemas de integración, proviene del discutido concepto de supranacionalidad. Dentro de la teoría jurídica contemporánea la comprensión de este término trae una novísima concepción que al mismo tiempo es respetuosa de la soberanía interna de los Estados miembros, la cual permite el surgimiento del nuevo ente común donde es posible la distribución de competencias en la reglamentación de ciertos ámbitos entre autoridades multilaterales y nacionales, conservando su propia autonomía. Este concepto ha permitido que en el ordenamiento comunitario andino, a semejanza de lo que acontece en el derecho interno de los Estados, exista un sistema de control de las normas jurídicas garantizado por una jurisdicción contenciosa-administrativa ejercida a través del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Lo que en definitiva incide en el derecho administrativo interno al encontramos frente a ordenamientos independientes, como lo son los del derecho de integración, en los que se producen, aplican y ejecutan normas según las reglas de juego adoptadas para ese efecto por los Estados miembros, que dependerán del marco del proceso de integración y su armonización con las normas internas. Es por ello, que en el resultado final de esta tesis se constata la aparición de nuevas fuentes de legalidad, donde ya no sólo se contemplará la ley y la jurisprudencia, ésta última posicionada con el devenir del tiempo debido a su pertinencia, como lo podemos contrastar con la expedición del Nuevo Código de Procedimiento Contencioso Administrativo (L. 1437/11) que aún no ha entrado en vigencia, en donde se resalta la importancia del Precedente Judicial a partir de las sentencias de unificación del Consejo de Estado. Pero más allá, de este nuevo reconocimiento legislativo, el sistema de fuentes establecido se verá alterado en su jerarquía con el derecho que nace con ocasión de los tratados de integración, lo que aún no se refleja en este nuevo Código, el cual no prevé la aplicación de las nuevas fuentes de legalidad.

La provincia en Boyacá : unidad territorial, histórico-funcional de planificación en la gestión del desarrollo regional endógeno. 2004-2011

Se ha dicho que el Desarrollo Regional Endógeno implica el cambio social sostenido que lleve al perfeccionamiento de una región. Para que se dé ese cambio, es necesario partir de la activación de las capacidades internas lo que implícitamente incluye la organización del territorio. Dicha organización para el caso de Boyacá es la Provincia o Provincias. Y lo es debido a que la provincia como unidad territorial es un lugar concreto de la acción política, donde es factible organizar la sociedad y donde se pueden coordinar sus necesidades por medio de la participación. Lo es también, ya que la provincia es resultado de los usos del territorio a través del tiempo, no es un capricho ni es resultado del azar o de los intereses de algunos, es pues unidad histórica. Y lo es, porque implica reconocer que la disposición del territorio con miras a una función y usos determinados, unidad funcional, es definitiva en la capacidad territorial de toma de decisión, en la elección, el diseño, la ejecución y la evaluación de políticas; es decir, en el proceso de Gestión Pública que involucra la Planificación y que se alimenta asimismo de ella. La provincia es la unidad territorial (lugar concreto de acción) histórico (trascendente) funcional (que se emplea) para la Planificación en la Gestión del Desarrollo Regional Endógeno en Boyacá.

Economía campesina y biotecnología : interrogantes en el escenario de la violencia

Los campesinos que se ubican a lo largo de las riberas del río Munguidó(...) en el Medio Atrato chocoano, quienes cultivan el chontaduro que se come en algunas ciudades colombianas, vieron interrumpidas de forma insospechada, tanto su vida productiva como su cotidianidad durante el 2002, cuando el Ejército de Liberación Nacional (ELN) secuestró veintiséis turistas en la ensenada de Utría (Chocó). Los medios de comunicación informaron al país la labor de la fuerza pública por presionar la liberación de los secuestrados. Sin embargo, guardaron silencio frente a los efectos de esta operación militar. El 8 de septiembre, un día antes de que el ELN liberara diez de los turistas secuestrados, doscientos campesinos del Munguidó se vieron obligados a abandonar sus tierras. Desde el 3 de septiembre de 2002, centenares de hombres de la Armada Nacional hicieron presencia en la boca del río Munguidó. Restringieron totalmente la entrada de personas y alimentos, para evitar que los secuestradores alcanzaran ríos navegables como el Baudó. Este cierre de la boca del río fue una estrategia exitosa para presionar la liberación de los secuestrados, pero el costo de ello fue el hambre que padecieron durante esos días las comunidades de la zona. En ese entonces, como la producción agrícola de las parcelas se concentraba en pocos productos, los campesinos del Munguidó no contaban con lo indispensable para sostener una dieta balanceada y autosuficiente. Por el río llevaban a Quibdó los productos que obtenían en las parcelas y con el dinero de sus ventas compraban en esa ciudad los artículos de primera necesidad. Con la escasez de alimentos llegó la presencia sorpresiva del ejército. Este hecho, más que confianza y tranquilidad, generó temor y zozobra en medio de los habitantes. Su presencia aumentaba la probabilidad de confrontaciones entre la fuerza pública y los grupos guerrilleros. Adicionalmente, las víctimas de los hechos ocurridos en Bellavista (Bojayá), el 2 de mayo de 2002, permanecían en la memoria de los habitantes del Munguidó. El hambre y el miedo, efectos colaterales de la guerra, fueron causas suficientes para que las riberas del rio fueran desocupadas. Según el censo realizado por el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación de Campesinos del Medio Atrato (Cocomacia), el 8 de septiembre de 2002, cerca de 200 campesinos se vieron obligados a desplazarse a Quibdó y el 27 del mismo mes otras 2.150 personas hicieron lo mismo(...).

Las explicaciones del conflicto armado en Colombia

Durante los años 2004 y 2005, el grupo Estudios sobre Identidad (ESI) de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario adelantó la investigación “Análisis comprensivo de las interrelaciones entre tendencias actuales de la filosofía política y los estudios sobre las transformaciones recientes del Estado nación en Colombia”. La investigación, financiada por Colciencias y la universidad, analizó las dinámicas que afectan al Estado desde dos ópticas: una, que evalúa los discursos que hablan desde dentro del Estado o que explican su funcionamiento político e institucional, a cargo de la investigadora Carolina Galindo. La otra mirada describe los conflictos locales y las circunstancias globales que afectan el conjunto del Estado desde afuera de las reglas institucionales y en contravía del modelo soberano del Estado nación, desarrollada por Adolfo Chaparro, director del ESI. En este contexto, el presente documento hace referencia al análisis puntual que Chaparro plantea sobre las relaciones entre las prácticas y los discursos sobre la violencia.(...) A modo de diagnóstico inicial, el investigador resalta una constante: en Colombia hay una fuerte tradición que establece vínculos indisociables entre los fenómenos de violencia y las expresiones de la política. Debido a que las formas de nombrar la violencia y de resolverla en cada época tienen implicaciones en la imagen histórica que el país produce de sí mismo, es posible establecer una correlación entre la historia del conflicto y las dificultades para consolidar el Estado nación en el país. En ese sentido, el tema del conflicto no sólo compete a los discursos académicos sino que afecta, o debería afectar, las decisiones gubernamentales y los debates de la sociedad civil. De la investigación se deducen las explicaciones más aceptadas que las ciencias sociales han propuesto sobre el conflicto: que obedece a profundas desigualdades económicas y sociales; que expresa una estrategia de dominio territorial; que obedece a la falta de presencia del Estado; que todas las causas hacen parte de la explicación y de la solución integral del conflicto o, como se entiende actualmente, que Colombia no vive un conflicto social armado sino una guerra contra la sociedad que necesariamente tenía que derivar en una guerra frontal del Estado y de la sociedad contra el terrorismo. Dado que estas teorías no sólo hacen diagnósticos sino que proponen salidas al conflicto armado, incluso intentan vislumbrar soluciones a largo plazo, el estudio sintetiza los resultados de cinco investigaciones paradigmáticas sobre el conflicto, en las que se analiza la relación entre el discurso sobre las causas del conflicto y las expectativas de transformación de la sociedad que ha generado su posible solución durante las dos últimas décadas.

Drogas ilegales, economía y sociedad

Durante los últimos 35 años las drogas ilegales han constituido un factor significativo en el drama social colombiano. Hoy día es común atribuir a éstas la causalidad de muchos problemas del país y se han elaborado algunas explicaciones del desarrollo de dicha "industria" en Colombia, de las cuales se derivan recomendaciones de política, tanto las implementadas por los gobiernos como las recomendadas por los críticos. El Centro de Estudios y Observatorio de Drogas y Delito (Ceodd),(...) de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, ha encontrado que las explicaciones más comunes pueden clasificarse en tres grupos. El primero, incluye afirmaciones simples que atribuyen el desarrollo de las drogas ilegales a la pobreza, a la desigualdad, a las crisis económicas, a la corrupción o a la localización de Colombia a mitad de camino entre las plantaciones de coca de Bolivia y Perú con Estados Unidos. (...) En segundo lugar, se encuentran las razones basadas en modelos de criminalidad común, también llamados policivos, en los cuales las leyes surgen de procesos legitimados por la sociedad y quienes las violan son considerados personas con comportamientos desviados, que deben corregirse por medio de sanciones o restricciones. Siguiendo este enfoque, las políticas hacia las drogas tienen que ser represivas. En tercer lugar, están las respuestas basadas en la elevada rentabilidad de las drogas, generada por su ilegalidad, y por la existencia de una gran demanda internacional: por ejemplo, un kilo de cocaína en Colombia puede costar unos US$1.500 y cuando llega a los Estados Unidos se paga entre US$15.000 y US$18.000. Según estimaciones de las Naciones Unidas, en los últimos años la demanda mundial de cocaína ha estado alrededor de 800 toneladas. Este enfoque justifica la producción ilegal y quienes lo apoyan creen que el país produce drogas como resultado de un ‘choque externo’. Los que comulgan con esta posición consideran que Colombia, en los años sesenta, era una nación típica en términos de criminalidad, afectada por el surgimiento de una gran demanda externa de drogas que estimuló la producción de éstas. Este desarrollo constituye la causa principal de los graves problemas que enfrenta actualmente el país. Según esta explicación, la razón por la cual el país produce drogas radica en el exterior y la única solución es la legalización para acabar el ‘choque externo’. Desafortunadamente, quienes apoyan este modelo no explican por qué ese ‘choque externo’ afectó de manera tan grave a Colombia y no a otros países como Ecuador, Perú y Bolivia, donde no se desarrollaron grandes carteles de traficantes, o en Malasia, Indonesia y Taiwán, que en el pasado fueron grandes exportadores de coca. Sin embargo, la evidencia empírica encontrada por el Ceodd contradice los argumentos anteriores, pues ninguno explica por qué la producción y el tráfico de drogas ilegales están concentrados en pocos países. En el caso de la teoría policiva, la concentración se explicaría solamente si por razones genéticas una población fuera más proclive al crimen. Respecto a la producción justificada por la rentabilidad, ésta se explicaría si todos los países que pudieran producir coca, amapola, cocaína y heroína lo estuvieran haciendo. La coca puede crecer en unos 30 países, la amapola en 120 y la cocaína y la heroína se pueden refinar en cualquier parte del mundo. Por consiguiente, si la rentabilidad determinara la producción, Colombia sería sólo uno entre los muchos productores. De la misma forma, otras explicaciones como la pobreza, las crisis, la desigualdad y la corrupción fallan porque dichos problemas son endémicos en muchas sociedades que no producen o trafican drogas. La localización geográfica del país, por su parte, no explica por qué en Colombia surgieron las grandes organizaciones criminales. Además, cuando la diferencia entre los precios de exportación e importación es tan grande, como en el caso de la cocaína y de la heroína, los costos de transporte y la distancia son problemas menores. En ese caso lo que importa es reducir el riesgo y no la distancia. Ahora bien, si no hubiera demanda de drogas tampoco habría oferta y sin oferta no habría demanda. La teoría económica enseña que la demanda y la oferta son como las dos hojas de una tijera: ambas son necesarias para que haya un mercado. Para el Ceodd, estas afirmaciones son ciertas pero triviales e incompletas. La rentabilidad de las drogas es una condición necesaria, pero no suficiente para que en un país se cultive coca y se refine cocaína. Entonces, lo que se debe averiguar es por qué una condición necesaria, en el caso colombiano, se vuelve suficiente. Es claro que la gran demanda internacional es ilegal y que cuando un producto fácil de fabricar, que no requiere grandes destrezas o capital -como la cocaína o la heroína- es declarado ilegal a nivel mundial, su producción y tráfico tenderá a concentrarse en los países donde el imperio de la ley sea más débil y la sociedad más laxa frente a la ilegalidad. Es cierto que si la cocaína no fuera rentable no se produciría, pero Colombia no concentra la producción de cocaína porque sea rentable sino porque es ilegal, advierte el director del Ceodd, Francisco E. Thoumi.

Universidad del Rosario frente al siglo XXI

Hoy, el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario es reconocido por participar en la construcción de la historia nacional. Es una institución que cree en el ser humano y lo respeta como pilar fundamental de su educación, que está orgullosa de su pasado y de su tradición, y que tiene la capacidad de anticiparse y de responder de manera activa a las realidades del contexto. Esta ideología es su patrimonio, es lo que refleja su filosofía, pensamiento y visión. Pero para esto es indispensable construir retos cada vez más exigentes. Desafíos académicos que contribuyan a fortalecer la malla curricular y a entregarle una mejor calidad de vida a la comunidad rosarista. Planear a largo plazo implica abrir nuevos caminos para quienes ya han pasado por nuestras aulas o para quienes ingresarán con el tiempo a construir su historia junto con nosotros. En los últimos dos años, se han implementado nuevos programas de pregrado y de posgrado en áreas que complementan y dan mayor solidez a los programas actuales. De esta forma, se está ampliando la oferta académica con propuestas pertinentes en el contexto nacional y se está preparando el terreno para la apertura de nuevas maestrías y doctorados. Para complementar ese crecimiento académico con calidad, se inició un proyecto de desarrollo físico que planea la construcción de una sede alterna a la del Claustro, el cual históricamente ha estado ubicado en el centro de Bogotá. Para este propósito, el Rosario adquirió terrenos en una de las zonas de mayor potencial de desarrollo y cercanos al Portal del Norte de Transmilenio. Esta sede alterna estará localizada donde funcionaba el Polo Club, en la calle 200 entre la autopista norte y la carrera séptima. Se quiere que el campus sea, en lo posible, un modelo de propuesta urbanística y arquitectónica del futuro, con un sello distintivo del pasado, del presente y del futuro de la comunidad rosarista y que sea un ejemplo en el manejo de la discapacidad, de la tecnología y en el aspecto ambiental. En la nueva sede, los rosaristas encontrarán espacios adecuados para fortalecer sus labores universitarias, así como lugares deportivos y culturales que promuevan la educación integral. Se espera empezar la construcción en el segundo semestre de 2007 y contar con los primeros estudiantes trasladados en el segundo semestre de 2008. Este proyecto reafirma la decisión de la Universidad del Rosario de ofrecer los mejores niveles de calidad. En este fascículo, que cierra el primer ciclo de vida de la colección Universidad, ciencia y desarrollo, presentamos oportunidades que van adelante en el tiempo, que participan en el continuo crecimiento y llevan el sello rosarista.

La Venezuela cívico-militar

Los giros de la fortuna, con la reivindicación que significó la amnistía propiciada por el presidente Rafael Caldera, y la persistencia en un proyecto político que había concebido con tiempo suficiente, le permitieron a Hugo Chávez aparecer en los siguientes comicios como candidato abanderado de un proyecto alternativo, añorado quizás por muchos venezolanos. Puesto en el ejercicio del poder por la vía electoral mayoritaria, el presidente Chávez dio inicio a un proyecto político en el que las Ffuerzas Armadas cambiarían, bajo su liderazgo personal, la función que se les había atribuido en el Pacto de Punto Fijo. Conforme al nuevo esquema, éstas se convertirían en la principal organización con capacidad para adelantar los objetivos estratégicos de la Revolución Bolivariana. Los cambios constitucionales de la proclamada Quinta República se orientaron en esa dirección. >De acuerdo con la Constitución de 1999 (...), el tema de la Seguridad de la Nación (Cap. VII) adquirió por primera vez rango constitucional. Se incorporaron dos nuevos conceptos: “seguridad y defensa integral” y se estableció el principio de corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil para la defensa de la seguridad de la nación. Una Ley Orgánica de la Seguridad de la Nación (2002)(...) , vino a definir los conceptos de “seguridad de la nación, defensa integral y desarrollo integral”, que son los principales componentes de la actual visión venezolana sobre la seguridad. Sus campos de aplicación son múltiples: económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar, dando a entender que los principales ámbitos de la vida social conciernen al tema de la seguridad y que el accionar de los militares se amplía por ese mismo conducto a las demás esferas. Conforme al nuevo esquema, desapareció el carácter plural de las Fuerzas Armadas Nacionales, separadas en fuerzas diferentes bajo el esquema anterior, para ser reemplazado por el singular de una Fuerza Armada Nacional, bajo el concepto de unidad en el mando. Dentro de las atribuciones del presidente se incluyó la de promover oficiales a partir de un cierto grado, poniendo fin a una atribución que le correspondía al Senado y que respondía al ejercicio del control civil. Se estableció, así mismo, el derecho al voto de los militares y se eliminaron diferentes características que permitían calificar a la institución militar como “apolítica” y “no deliberante”, para sustituir su carácter por el de una organización “sin militancia política”. Los conceptos, las estrategias y las definiciones anteriores han puesto en marcha un nuevo pensamiento militar que –al decir de su propio inspirador– se debe fundar en unas nuevas relaciones cívico-militares, y tener una orientación anti-imperialista, ésto es destinada a resistir a la influencia tradicional de los Estados Unidos como potencia continental. El desarrollo del proyecto implica el seguimiento de tres líneas estratégicas: el fortalecimiento del poder militar de la nación, la consolidación y profundización de la unión cívico-militar en diferentes actividades y la participación popular en las tareas de defensa nacional. Ésta es la línea de pensamiento que da origen a la condición cívico-militar del Gobierno, así como a la insistencia en la preparación generalizada contra una eventual intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela. El proclamado carácter cívico-militar del régimen venezolano encuentra, entre otros, asidero institucional en la existencia de dos nuevas figuras llamadas Cuerpos Especiales, que se suman a los componentes tradicionales del Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional, y que se denominan Reserva Nacional y Guardia Territorial (...). La creación de estos dos últimos cuerpos tiene profunda significación en el propósito de involucrar a la población civil en actividades complementarias del papel que corresponde a la Fuerza Armada Nacional. En la medida que la orientación del conjunto corresponde al propio Presidente de la República, se consolida un mecanismo que hace coincidir los propósitos de las fuerzas militares tradicionales con los de un pueblo en armas desde la civilidad, siempre al servicio de un propósito político controlado por el Ejecutivo, que a su vez, es el conductor supremo de la llamada Revolución Bolivariana. El presidente Chávez se refiere a la actual Fuerza Armada Nacional como un “ejército libertador”, agente y protagonista de los cambios que anuncia hacia el futuro, en unión de los sectores civiles que incorpora al mismo propósito. Ésta es la Venezuela dirigida por un esquema cívico-militar que de alguna manera se nutre, en el siglo XXI, de tradiciones y experiencias históricas que marcaron la vida nacional. El seguimiento del curso de acción de esa alianza resulta de gran importancia para Colombia, en la medida que la marcha de nuestros procesos sociales, políticos y económicos no se puede desligar de la del país vecino. Las credenciales democráticas del presidente Chávez, en cuanto al origen de su mandato, le confieren una legitimidad que, a su vez, le da un amplio margen de maniobra, tanto nacional como internacional. La orientación que en ambos escenarios tome su gobierno en desarrollo de sus estrategias, o ante circunstancias particulares, debe ser objeto de la mayor atención y análisis de parte nuestra. En todo caso, conviene tener en cuenta el propósito de combinación de lo civil y de lo militar, bajo su inspiración, porque de ello se pueden derivar consecuencias esencialmente diferentes de las correspondientes a un sistema de la índole del nuestro.

Televisión educativa, una historia en construcción

El alto índice de analfabetismo y los bajos niveles de escolaridad fueron motivos para que en 1954, bajo el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla, se impulsara el desarrollo de la televisión educativa como una herramienta alternativa, novedosa y atrayente que apoyara el trabajo pedagógico de los docentes en la escuela primaria y permitiera alfabetizar a un mayor porcentaje de población. Fue así como el 13 de junio de ese año se emitió el primer programa de televisión y se orientó la programación a objetivos educativos y culturales. Desde entonces, en Colombia se inició un proceso de articulación entre la televisión y la educación en el que, tanto productores como televidentes, aprendieron a crear y a entender el lenguaje audiovisual. Estos orígenes y el modelo de televisión educativa empleado a lo largo de la historia nacional constituyen la base del estudio realizado por el grupo de investigación “Estudios sobre identidad” de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario. Esta investigación nació con la finalidad de rescatar aquellas lecciones del pasado que pueden representar un aporte, para los arquetipos televisivos actuales. La televisión educativa en Colombia partió de un modelo utilizado desde el año 1954 hasta finales del siglo XX, basado en una comunicación unidireccional (del emisor al receptor). Este modelo, que ya no existe, se diversificó de modo sorprendente, con la aparición de nuevas tecnologías, nuevas concepciones educativas y audiencias más activas . Países como México, India, Nigeria, Brasil, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, entre otros, contaban con experiencias significativas y resultados claros de incorporación de la televisión al mejoramiento educativo .

La discapacidad desde el horizonte de los derechos humanos

“Locos, furiosos y mentecatos” fueron algunas de las palabras utilizadas por el Código Civil colombiano para hacer alusión a las personas con discapacidad. Durante más de cien años estos términos, que en los tiempos recientes se reconocen como ofensivos, estuvieron de boca en boca sin que alguien levantara su voz en contra. Se necesitó un cambio radical de enfoque y una demanda al Código para que se declarara inconstitucional esta terminología. Demanda U. Rosario(...). No obstante la modificación introducida a “ese conjunto de normas”, en el imaginario social aún resuenan con fuerza las expresiones humillantes, persisten las actitudes que hieren la dignidad de las personas y las acciones violatorias de sus derechos humanos. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las personas con discapacidad representan más de la décima parte de la población colombiana, cerca de 12%, que es el promedio para Latinoamérica. Un proceso sutil, silencioso y tradicional de exclusión social, ha vivido esta población que solamente después de la Constitución de 1991 empezó a recibir protección directa y a sentir que tenía derechos, porque en la Carta de 1886 ni siquiera se hizo mención a ella, y menos a la reivindicación de sus derechos humanos como el derecho al trabajo. En estas circunstancias y bajo la dirección del abogado y doctor en Derechos Humanos, Carlos Parra Dussan, quien logró introducir las modificaciones mencionadas al Código Civil, la Universidad del Rosario y Colciencias desarrollaron el proyecto de investigación “Eficacia de los mecanismos judiciales e institucionales de protección a la población con discapacidad en Colombia”(...).

Psicología de la publicidad : más allá de las marcas

Con el fin de demostrar que la psicología de la publicidad va más allá de la imposición de marcas comerciales para su posterior consumo, el grupo de investigación ‘E. C. Estudios en Ciencias del Comportamiento’, conformado por profesores de las Universidades del Rosario y de Los Andes, ha desarrollado una serie de estudios para comprender los fenómenos publicitarios relacionados con el consumo. En su particular visión, los investigadores aseguran que la psicología de la publicidad no es un área de la psicología del consumidor, como se ha abordado hasta ahora, sino un campo independiente que comparte algunos asuntos con la psicología del consumidor. Psicología y Economía La psicología es una disciplina científica interesada en la explicación del comportamiento humano en toda su extensión, aunque tradicionalmente se le asocia con la actividad psicoterapéutica (psicología clínica). Sin embargo, esta disciplina ha sido aplicada en el diario quehacer de las personas, incluyendo los efectos de la publicidad y el comportamiento del consumidor. Ambos fenómenos pueden considerarse dentro del amplio espectro de estudio de una especialidad denominada psicología económica. Tradicionalmente, la intersección entre la psicología del consumidor y la psicología de la publicidad se basa en una teoría que explica la ‘huella mental’ que deja la publicidad en cada individuo. Sin embargo, cuando se examina la publicidad ‘desde adentro’ (o sea desde la dimensión psicológica), el resultado puede ser muy distinto con respecto a la intención original para la cual fueron diseñados los anuncios publicitarios. Cualquier anuncio publicitario, en el formato que sea (impreso, radial, televisión, Internet, rumor, etc.) contiene, explícita o implícitamente, tres elementos diferentes: un producto (o servicio), una marca (o marcas) y unos atributos (características objetivas y subjetivas tanto de la marca como del producto). Al considerar, por ejemplo, el logotipo de Servientrega, se puede observar que es un sello de carácter publicitario por cuanto contiene todos los elementos básicos de un anuncio, es decir: 1. La marca (“Servientrega”, acompañada de la “S” en fondo verde); 2. El producto o servicio (el nombre lo contiene: “servicio de entregas”); 3. Atributos (“centro de soluciones”, el nuevo lema de la empresa, que reemplazó a “es entrega segura”). No obstante, la publicidad se ha concentrado principalmente en las relaciones que tiene la marca tanto con el producto como con sus atributos, y ha olvidado que es en la experiencia de consumo donde el cliente comprueba si los atributos prometidos son ciertos. La exposición continuada o repetida de la publicidad contribuye a que los elementos anteriormente mencionados vayan creando la huella mental. En términos psicológicos, se trata de un proceso de ‘aprendizaje asociativo’ mediante el cual el cerebro permite relacionar los eventos que la persona percibe del mundo, gracias a su cercanía espacial o temporal. Es decir que la publicidad funciona gracias a la gran capacidad humana de asociar los estímulos del ambiente que nos rodea. En ese sentido, los anuncios comerciales son una especie de ‘escuela’ en la cual las personas se convierten en ‘aprendices’ sobre la existencia de unos productos con una marca determinada y con unas características particulares.

La violencia ocupa un lugar en el trabajo

Silenciosa y progresivamente la violencia sicológica puede ocupar su puesto de trabajo sin que siquiera la haya notado. Estudios recientes muestran que, como resultado de las transformaciones globales del mundo del trabajo en términos de productividad, se están incrementando ese tipo de fenómenos. Juan Alberto Castillo Martínez, PhD e investigador del Grupo de Investigación Salud, Cognición y Trabajo de la Facultad de Rehabilitación y Desarrollo Humano de la Universidad del Rosario, explicó que esos estudios evidencian que la línea que define la noción de “violencia en el trabajo” es bastante difusa y depende de un sinnúmero de factores, tales como la cultura local, la organizacional y la apreciación colectiva de ciertos comportamientos. ¿Qué significa, entonces, un acto violento de trabajo en el marco de los sistemas de producción colombiano? Pensar el significado del acto violento en una cultura marcada por varias generaciones de trabajadores expuestos a violencias de diverso orden (social, cultural, familiar, política) hace difícil identificar, controlar y manejar el fenómeno. En el estudio desarrollado por el Grupo de Investigación GiSCYT sobre ”Los Riesgos Sicológicos y Sociales en el Trabajo”, 2006-2007, los investigadores advierten también a cerca de la necesidad de reflexionar sobre la tolerancia a la violencia, y tener en cuenta que la definición de violencia varía ampliamente en función de la época y el momento histórico en que los actos violentos se producen. En el ámbito familiar, por ejemplo, se consideraba en el pasado que ejercer la autoridad de los padres o de los maestros pasaba por la agresión física directa a los niños. Hoy en día, la sociedad considera ésto como una expresión de brutalidad. En el campo del trabajo, las formas diversas de violencia han sido objeto de controversia legal, política y de expertos en ciencias de la salud, a tal punto que hoy el reconocimiento e identificación de dichos actos en el mundo laboral es difícil y, a veces, imposible. Recientemente en Colombia y en diversos países del mundo, se han desarrollado normas que tratan de limitar la producción de fenómenos que involucran el ejercicio del poder sobre otros (estrés, acoso, presión). Sin embargo, hacer evidente la génesis y el desarrollo de estos fenómenos tiene un alto costo social y organizacional.

Competencias, el camino para la competitividad de las pymes

Administrar la operación mediante procesos de gestión por competencias es la principal alternativa que tienen las Pymes para ser competitivas, aun cuando no poseen recursos suficientes para implementar procesos complejos de gestión humana ni plantas de personal de gran tamaño. A esa conclusión llegaron los investigadores de la Facultad de Administración de la Universidad del Rosario, en un ejercicio que buscaba encontrar mejores alternativas de acuerdo con las condiciones de los empresarios y de los gerentes de las Pymes colombianas. La gestión por competencias se ha sustentado, desde el análisis de los resultados de productividad de los trabajadores, como producto de la aplicación de los procesos tradicionales de la gestión humana: reclutamiento y selección con base en el perfil de los candidatos. Con este modelo, se detectó que incluso las organizaciones con los mayores presupuestos de inversión en procesos de gestión humana, no lograban entender cuáles eran las razones por las que los trabajadores, quienes cumplían con todas las exigencias requeridas, no lograban obtener los resultados esperados en el desempeño de los cargos. Durante muchos años, los profesionales expertos en gestión humana buscaban todos los argumentos posibles para definir las características que debía poseer un candidato que, una vez vinculado, lograra cumplir con los objetivos del cargo en beneficio de la empresa. Una y otra vez, la respuesta no era la esperada. Se contrataban personas con perfiles extraordinarios y sus resultados eran inferiores a lo esperado. Esta continuidad de desaciertos llamó la atención de la Psicología, la cual trató de identificar un camino diferente para predecir el desempeño de los aspirantes. En ese sentido, surge una manera alternativa para pronosticar los resultados de un futuro trabajador: identificar las competencias que posee ese individuo y que, potencialmente, hará que un trabajo encomendado sea realizado de manera extraordinaria. Es allí cuando se puede hablar del origen del modelo de competencias.