174 resultados para Industrias criminales
Resumo:
En los últimos años, las políticas en materia de inversión extranjera han evidenciado cambios profundos. Luego de un largo periodo en el que especialmente los países en desarrollo aplicaron fuertes restricciones y controles a la entrada de capitales extranjeros, se pasó a una etapa de plena liberalización que desató una competencia entre los países por la atracción de este tipo de capitales. Este cambio de paradigma se explica principalmente por la necesidad que tienen los países en desarrollo de encontrar nuevas fuentes de financiación, luego de la crisis de la deuda. En este contexto, la atracción de la inversión extranjera se ha convertido en una prioridad para los gobiernos. Siguiendo esta tendencia, desde 1990 Colombia ha venido implementando una estrategia de promoción de la inversión extranjera que contempla una serie de modificaciones normativas, incluida la Constitución misma, y la suscripción de diversos acuerdos que tienen por objeto su promoción y su protección. El resultado de estas acciones ha sido un incremento significativo de los capitales foráneos en el país. Sin embargo, el Grupo de Investigación de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, con el apoyo de la línea de investigación en Inversión Extranjera de la Facultad de Jurisprudencia, considera que los resultados no son óptimos. A pesar del crecimiento positivo de los flujos de inversión, los investigadores advierten que el impacto en la economía no ha sido el esperado porque la mayor parte de estos capitales se ha concentrado en el sector primario (de manera especial en el sector petrolero) y la inversión realizada en el sector productivo se ha canalizado principalmente a través de la compra de empresas ya existentes, tanto públicas como privadas. Aunque las inversiones en el sector primario pueden registrar altas tasas de crecimiento y que la inversión en industrias ya existentes puede generar externalidades positivas (formación de recursos humanos, introducción de una gestión empresarial moderna o fomento de capacidades productivas locales), el verdadero impacto económico sólo se logra en aquellos casos en los que hay creación de nuevas empresas (greenfield), especialmente cuando éstas se sitúan en sectores innovadores o en aquellos que se caracterizan por su alto valor tecnológico. De otra parte, los investigadores subrayan que es preciso tener en cuenta que los potenciales efectos positivos atribuidos a la inversión extranjera no operan en todos los casos. Estos dependen del tipo de inversión(...), de los intereses que persigan los inversionistas, del lugar donde se instale la inversión y de los sectores en los cuales se lleve a cabo, así como del entorno político institucional existente en el país receptor. Por consiguiente, las acciones para atraer la inversión extranjera deben dirigirse no sólo a garantizar la institucionalidad y la seguridad jurídica, sino también a la implementación de políticas públicas en materia de ciencia y tecnología por parte del gobierno y a la formación de capital humano, ya que, solamente de esta manera, será posible la atracción de inversiones susceptibles de generar un alto impacto en la economía, puntualizan los investigadores.
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Las empresas tienen como uno de sus propósitos lograr la perdurabilidad en el tiempo. Para conseguirlo es necesario el diseño de estrategias que permitan desarrollar ventajas competitivas sostenibles. Con el paso de los años, el ejercicio del tomador de decisiones se ha vuelto cada vez más difícil como resultado de la aparición de discontinuidades en el entorno, que obligan a tomar decisiones rápidas pero acertadas que permitan a la compañía salir adelante. Para lograr disminuir la incertidumbre que genera enfrentarse a un entorno cada vez más turbulento, es necesario desarrollar la habilidad de interpretar correctamente las señales del entorno. Existen diversas herramientas estratégicas que contribuyen a la realización de análisis sectoriales. Basta con mencionar el análisis DOFA, herramienta creada a mediados del siglo XX para estudiar entornos poco cambiantes; el análisis de fuerzas de mercado, que permite tener una comprensión de un sector de una manera más completa; o las matrices del Grupo Consultor de Boston. Sin embargo, estas herramientas fueron diseñadas para hacer análisis de sectores pertenecientes a economías donde las grandes industrias son una de sus características. ¿Qué ocurre para entornos como el de América Latina, donde lo que caracteriza a un sector es la presencia de pequeñas y medianas empresas? Para lograr percibir lo que ocurre en estas compañías, la Universidad del Rosario a través del grupo de investigación en Perdurabilidad ha diseñado un modelo de análisis estratégico sectorial (AESE) que puede ser complementado con una revisión de la turbulencia del sector. La herramienta AESE (Análisis Estructural de Sectores Estratégicos)1 representa una de las alternativas que se ofrece en el ámbito académico para hacer un análisis completo del sector que permita identificar las variables que más afectarían la “perdurabilidad” de una empresa, entendiéndose como “perdurabilidad” la capacidad de toda organización para permanecer en el tiempo generando rentabilidad a través de productos o servicios innovadores. A continuación se presentará el desarrollo de esta metodología aplicada al sector de “venta directa de cosméticos” para buscar obtener información valiosa en la toma de decisiones estratégicas que conduzcan a la perdurabilidad de las empresas.
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Estudiar la perdurabilidad empresarial se convirtió desde el año 2004 en el principal tema de investigación para la Facultad de Administración de la Universidad del Rosario. Desde ese momento las investigaciones se orientaron a determinar las condiciones que podían contribuir a la continuidad de las empresas en el tiempo. Apoyados en las líneas de investigación de estrategia, cultura y conocimiento, se desarrolló un estudio en el que se concluye que si una empresa quiere perdurar debe contar con los siguientes elementos: identidad organizacional; formalización para la dirección; cohesión social para la acción; formalización que soporte el proceso de toma de decisiones; conocimiento del sector; diferenciación; dinámica social de los empleados; factores que contribuyen a la eficiencia, consolidación, gestión integral, conocimiento del entorno y el mercado; eficiencia en procesos y gestión financiera.
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Hoy en día, el computador se ha convertido en un objeto esencial para el crecimiento de grandes industrias y multinacionales. Este ha sido el resultado evolutivo de grandes ideas y realizaciones que han tenido cantidad de personas en áreas como la electrónica, la mecánica, los materiales semiconductores, la lógica, el álgebra y la programación. Durante años, ha sido primordial el uso de los computadores para el desarrollo de actividades fundamentales en el mejoramiento y crecimiento económico de países tanto desarrollados como subdesarrollados. Así mismo, han sido el motor de progreso para muchos estudiantes, jóvenes, investigadores; para el desarrollo de nuevas tecnologías y para el posicionamiento de altos ejecutivos, a nivel mundial. Es por esto por lo que, aunque esta industria no tiene definido un nombre dentro de los diferentes sectores económicos, se ha decidido nombrarla como el “sector de tecnología en computación”.
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El sector eléctrico en Colombia ha sufrido un proceso de transformación importante durante la última década. Esta transformación, en gran medida, se debe a la expedición de un marco legal sectorial robusto y estable, conformado por dos importantes leyes de carácter económico. Se requiere, no obstante, de importantes esfuerzos para terminar de implementar y sostener las reformas. La reforma del sector eléctrico colombiano en el año 2001, al igual que sucedió en muchos países de América Latina, buscó introducir eficiencia en la gestión de las empresas, incentivar la vinculación de capital privado y brindar transparencia en las reglas de juego del sector. Esta transformación fue sustentada en decisiones de diversa índole, pero sobre todo en el nuevo papel que debía asumir el Estado frente a la prestación del servicio de acuerdo con los preceptos constitucionales, generándose entonces una nueva arquitectura institucional.
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El estudio de la perdurabilidad empresarial se ha convertido en un tema importante para las instituciones de educación superior, los centros de investigación y los gremios; y la razón para ello es la permanente desaparición de empresas, situación que genera repercusiones no solo económicas, sino sociales. No existen fórmulas mágicas para lograr la perdurabilidad, cada sector y empresa es diferente. Sin embargo, las empresas pueden anticiparse a los efectos negativos que traen las sacudidas del entorno, pero para hacerlo requieren de procesos de monitoreo permanente de las condiciones externas. La Facultad de Administración de la Universidad del Rosario viene trabajando desde el año 2004 en la generación de herramientas que permitan a los empresarios percibir de una manera más precisa lo acontecido en el entorno y, de esta forma, contribuir a la generación de condiciones para la perdurabilidad empresarial. Una de esas herramientas es la diseñada por Restrepo y Rivera (2006), denominada “análisis estructural de sectores estratégicos (AESE)”, que permite, mediante la interpretación de información financiera, estadística y de mercado, hacer un análisis que va más allá de lo económico para percibir mejor lo ocurrido en un sector.
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El presente trabajo se estructuró en tres partes principalmente. El objetivo del trabajo es analizar las tendencias a futuro después de la entrada en vigencia de los tratados de libre comercio con Corea del sur y Estados Unidos. Para lograr este cometido, se empezará explicando el origen y desarrollo del sector automotriz en Colombia, las políticas e incentivos del gobierno que tuvieron lugar para estimular el desarrollo de la industria. Posteriormente, se analizará cómo fue el origen de las ensambladoras y la llegada de los primeros automotores al territorio nacional e igualmente el surgimiento de las primeras industrias del sector de autopartes como parte de una estrategia del gobierno y, como a partir de allí, se empezaron a conformar las principales asociaciones que tiene el sector automotriz. A su vez, se analizará el estado actual del sector automotriz en Colombia teniendo en cuenta el desarrollo económico, los principales actores que están involucrados en el sector y el papel del gobierno. Dentro de esta segunda parte también se analizará el rol de Colombia frente a Estados unidos y Corea, las relaciones comerciales y el perfil de los países firmantes, los cuales son claves para el desarrollo del sector. Finalmente, en la última parte del proyecto, se analizará la industria y su preparación ante la inminente llegada de productos provenientes del extranjero, se tendrá en cuenta las opiniones a favor y en contra diferentes expertos en el tema y finalmente se darán recomendaciones para la industria nacional que se podría aplicar en el mediano y largo plazo.
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Este trabajo de grado se realizó con el fin de hacer un diagnóstico para evaluar y analizar la estructuración un departamento de mercadeo en Rhodia Colombia, teniendo en cuenta la coyuntura actual de la compañía y su intensión expansionista en los mercados de industria química en Colombia. Para lograr esta intención es necesario que este departamento pueda llevar procesos de investigación alineados con las estrategias de Marketing que desarrolla Rhodia Brasil, y así mismo brindar a los gerentes comerciales información valiosa para realizar esfuerzos en los mercados potenciales de Rhodia y a los mercados en que se ha posicionado Solvay en Colombia. Las expectativas se fundamentan en lograr establecer un departamento de Mercadeo estructurado donde se lleven a cabo procesos de Marketing “Business to Business” en pro de buscar nuevas oportunidades de mercado, fortalecer la presencia comercial en nichos de mercado estratégicos y monitorear los mercados de la compañía para anticiparse ante los sucesos coyunturales donde interactúan los productos de Rhodia en Colombia.
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Hace 37 años, aproximadamente desde el 13 de mayo de 1970, fecha en la que el profesor Claus Roxin leyó su ponencia titulada “Política criminal y sistema de derecho penal”, la ciencia del derecho penal ha experimentado un profundo cambio en su método y en su objeto. El antiguo paradigma de que el derecho penal debía ser la barrera infranqueable del derecho penal, vigente desde los tiempos en que Franz von Liszt pronunció su conocido “Programa de Marburgo”, fue sustituido por una nueva perspectiva en la que la dogmática jurídico-penal sólo adquiere su verdadera dimensión de sentido, cuando se la elabora en función de la realización de los fines político-criminales que a la ley penal le atribuye la Constitución. La doctrina penal actualmente dominante, en consecuencia, ha abandonado por completo el método lógico-deductivo de los tiempos del positivismo, y el método teleológico-valorativo impuesto por el neokantismo, para adoptar como método para la elaboración y determinación del derecho penal uno con orientación teleológica hacia la realización de la política criminal del Estado. Hoy la doctrina general, casi de forma unánime, toma como punto de partida la idea de que la Constitución Política reconoce positivamente un conjunto de valores éticosociales,cuya preservación explica desde sus fundamentos el ius puniendi. Si se toma realmente en serio el carácter de Estado social y democrático de derecho, esa potestad con la que cuenta el Estado para crear delitos y para imponer penas, sólo puede fundamentarse como contrapartida del deber que le asiste de actualizar esos valores positivamente reconocidos en la Constitución. La Carta Política, depositaria de ese acuerdo sobre lo fundamental al que supo llegar el constituyente primario, determina con exactitud cuáles son esos valores sobre los que ha de erigirse el Estado; valores que luego se encarnan en las libertades civiles y en los bienes jurídicos fundamentales, y que habrán de servir como límite y fundamento del derecho penal. Si por política criminal entendemos el conjunto de principios que orientan, enmarcan, limitan y fundamentan el uso del ius puniendi que, legítimamente, puede hacer el Estado en orden a prevenir la realización de conductas que afecten las libertades y los bienes jurídicos básicos, entonces no queda duda de que ella se encuentra ya delineada en sus trazos más fundamentales en la Constitución Política, y que la ley penal no es más que la concreción de la política criminal del Estado en su más pura expresión. Muchos son los valores dignos de protección, y por ellos son muchos también los bienes que tradicionalmente han gozado de alguna forma de tutela jurídico-penal: la vida, la libertad individual, la libertad y el pudor sexual, la honra y el buen nombre, el patrimonio o la administración pública, son sólo algunos ejemplos de ellos. No obstante,junto a esos bienes jurídicos tradicionales, que desde mediados del siglo XVIII integran lo que actualmente se suele conocer como el derecho penal clásico o nuclear, han empezado a surgir otros que reclaman también protección penal. Se trata, en general, de bienes jurídicos que se aglutinan en lo que hoy se conoce como el derecho penal moderno o accesorio, y cuya protección se garantizaba anteriormente apelando a la legislación mercantil o administrativa. Y me refiero, en particular, a bienes jurídicos que, como la propiedad industrial, los derechos patrimoniales de autor, el medio ambiente o los recursos naturales, han pasado recientemente a disfrutar de un indiscutible estatus de protección penal del que antes no gozaban. Uno de esos bienes jurídicos que han pasado recientemente a disfrutar de la tutela jurídico-penal, es el orden económico y social, y es en el estudio de las conductas por medio de las cuales se le lesiona o pone en riesgo, donde se centra nuestra principal preocupación académica.
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Las actividades ilegales constituyen un foco de atención importante para las políticas públicas de cualquier sociedad moderna. En Colombia, las manifestaciones delictivas se han incrementado hasta alcanzar niveles preocupantes. En los censos sobre cultivos ilícitos para 2005 y 2006 la ONUDD muestra cómo en pocas décadas Colombia se ha convertido en el primer cultivador de coca y en el primer exportador de clorhidrato de cocaína del mundo. La misma agencia deja ver que en el país ha existido cierta especialización en el tráfico ilegal de armas (ONUDD, 2006). Otras muestras sobre crecimiento de la actividad delincuencial se evidencian en que las organizaciones criminales que operan en el país han desarrollado técnicas avanzadas para producir dólares y pasaportes falsos, estos últimos demandados por miembros de organizaciones terroristas internacionales (BBC, 2006), al tiempo que han desarrollado sofisticados sistemas de lavado de dinero, piratería de libros, música y video.
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El interés de esta investigación es construir una imagen de las mujeres de sectores populares que habitaron Bogotá entre 1870-1910, partiendo de las denominaciones que en la época se constituyeron alrededor del ‘bello sexo’ y ‘las hijas del pueblo’, como vía de aproximación a las apropiaciones, resistencias y negociaciones que las mujeres de los sectores populares efectuaron sobre el ideal de lo femenino. Este trabajo sitúa los oficios de costureras y modistas, un determinado sector de trabajadoras capitalinas, para señalar la jerarquización que existió respecto de los oficios femeninos, donde estas mujeres alcanzaron un estatus intermedio entre el sector de artesanos, especialmente los sastres, y las hijas del pueblo. A través de ello, se evidencia un paulatino empoderamiento de estas mujeres en espacios y prácticas sociales a las que antes no podían acceder, de modo que su trabajo les sitúo en la construcción de un nuevo tipo de feminidad diferente al del ‘bello sexo’. El acercamiento a estos oficios permite identificar los saberes y las prácticas que suponían tales trabajos, además de los lugares en los cuales estos conocimientos eran fortalecidos desde espacios no escolarizados. En consecuencia, la investigación establece una diferenciación entre las mujeres de los sectores populares, señalando que no eran un grupo homogéneo y que los oficios eran mecanismos eficaces de distinción social. Durante la Regeneración las mujeres iniciaron un empoderamiento que se fundamentó en un proceso de autonomía económica y el desplazamiento paulatino del hogar a los espacios de trabajo, evidenciando cómo la imagen de la mujer subordinada socialmente y caracterizada por su rol como madre, esposa y ama de casa sufrió profundas fisuras al articular la imagen de una mujer que debía potenciar su capacidad intelectual y su independencia para subsistir.
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Este documento resume el informe anual de 2006 realizado por el Departamento de Estado para el Congreso de los Estados Unidos titulado Informe sobre la estrategia de control internacional de narcóticos. Es un análisis exhaustivo que se concentra específicamente en evaluar algunos países de alto interés estratégico y sus esfuerzos por combatir el tráfico internacional de drogas, por medio de actividades de control de químicos, de drogas, de crímenes financieros y de lavado de activos. Cubre los países "de tránsito" de drogas y los grandes productores de drogas ilícitas. Al evaluarse las actividades realizadas durante cada año se señala qué países fallaron en hacer esfuerzos sustanciales para cumplir con los tratados internacionales y con las medidas contra las drogas establecidas por las leyes de los Estados Unidos. Entre otras cosas, se identifican los mayores productores de drogas ilícitas; los principales países de tránsito de drogas (drug-transit countries); los principales proveedores de precursores químicos utilizados en la producción de drogas ilícitas; y los lugares donde se concentra el lavado de dinero y de activos. Se considera que un país es un productor principal de drogas ilícitas cuando cultiva y/o cosecha en el período de un año 1.000 o más hectáreas de amapola y coca, y 5.000 o más hectáreas de marihuana.1 Por otro lado, se considera que un país principal de tránsito es una fuente directa de drogas ilícitas u otras substancias controladas que afectan de sobremanera a Estados Unidos. A esta misma categoría pertencen los países por los cuales se transportan las drogas ilícitas. Finalmente, los países principales de lavado de dinero y de activos son aquellos en donde sus instituciones financieras se involucran en transacciones de dinero originadas en el tráfico internacional de narcóticos. La complejidad de las transacciones hace muy difícil poder distinguir entre los dineros generados por el tráfico de drogas y de otro tipo de actividades criminales.
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Estados Unidos junto a Japón y algunos Estados europeos han incentivado e impulsado al resto de los Estados a que abran sus fronteras y se inserten en el modelo de liberalización comercial. Estos países, en particular Estados Unidos promueven este modelo por medio de las relaciones comerciales que establece con otros Estados. Al establecer esta clase de relaciones, especialmente con Estados menos desarrollados, el país norteamericano busca mejorar su posición y obtener beneficios en detrimento de la otra parte por medio de la imposición de condiciones para maximizar sus beneficios y ganancias. La necesidad del gobierno estadounidense de mantener e incrementar su credibilidad ante sus ciudadanos y al mismo tiempo incentivar a los demás países para que abran sus fronteras se expresa en una incongruencia entre el discurso defensor del libre comercio y las estrategias proteccionistas como las barreras no arancelarias que pone en marcha y cuyo propósito es no perder espacio en el sistema internacional ni ver menoscabada su influencia sobre los demás Estados. Sin embargo, el establecimiento de medidas proteccionistas afecta las posiciones comerciales de países como Colombia en tanto que estas medidas ponen en desventaja a sus productos.
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La presente investigación pretende analizar la incidencia de la problemática del narcotráfico en México sobre la consolidación de la cooperación bilateral con Estados Unidos, en el lapso de tiempo entre 2000 y 2009. Para alcanzar dicho objetivo, en el primer capítulo se describen las principales dinámicas del narcotráfico en México, evidenciando las principales organizaciones criminales que se dan al interior del país y las actividades que promueven, así mismo, los principales flujos del tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Posteriormente, en el segundo capítulo, se explican las consecuencias que esta problemática ha dejado en México y en Estados Unidos y a continuación, en el tercer y último capítulo, se lleva a cabo un análisis sobre la cooperación que se ha dado entre ambos países en pro de eliminar esta problemática. De igual manera, las fuentes que se emplean para el desarrollo de la presente investigación son de tipo secundarias, se emplean técnicas bibliográficas y documentos no académicos, páginas web, artículos de prensa, entre otros. En términos teóricos se toma como referencia la postura funcionalista expuesta por David Mitrany, y algunos elementos de la teoría de la Interdependencia compleja expuesta por Robert Keohane y Joseph Nye. De igual manera, se hace referencia a la reflexión de Buzan, quien hace énfasis en el concepto de seguridad regional y cómo ésta condiciona la agenda de los Estados.
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Este trabajo se soporta sobre una base conformada por dos conceptos, que constituyen el horizonte contextual de la investigación: Derecho Administrativo y Comunidad de integración. Es claro que al hablar de una Comunidad de integración específica como la Comunidad Andina (CAN), incide de forma directa en la actividad del derecho administrativo.Ha sido necesario que los países que conforman los grupos de integración económica cedan parte de sus competencias para crear un ordenamiento jurídico de orden supranacional, el cual modifica la dinámica social de las relaciones comerciales y afecta la estructura de la administración pública, haciendo que el derecho administrativo no se limite a interactuar solo con derecho nacional. Esta mutua dependencia de las políticas internas y las regionales se realiza, entonces, cada vez que existe participación y compromiso de los Estados frente a las decisiones, de carácter vinculante o no. En esa medida surge el problema de investigación tendiente a esclarecer cómo ha sido la adopción de las decisiones e interpretaciones, emanadas de los mecanismos oficiales del Derecho Comunitario Andino, en el ordenamiento jurídico colombiano. La existencia de varios puntos de vista con respecto a la obligatoriedad o no de dicha adopción, moldea un tema de suficiente amplitud y profundidad para ser estudiado en un trabajo de investigación.