632 resultados para CHINCHE DE LOS PASTOS - CONTROL – FUNZA (CUNDIMARCA, COLOMBIA)


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How the degree of publicness of goods affect violent conflict? Based on the theoretical model in Esteban and Ray (2001) we find that the effect of the degree of publicness depends on the group size. When the group is small (large), the degree of publicness increases (decreases) the likelihood of conflict. This opens an empirical question that we tackle using microdata from the Colombian conflict at the municipality level. We use three goods with different publicness degree to identify the sign of the effect of publicness on conflict. These goods are coca crops (private good), road density (public good subject to congestion) and average education quality (a purer public good). After dealing with endogeneity issues using an IV approach, we find that the degree of publicness reduces the likelihood of both paramilitary and guerrilla attacks. Moreover, coca production exacerbates conflict and the provision of both public goods mitigates conflict. These results are robust to size, geographical, and welfare controls. Policies that improve public goods provision will help to fight the onset of conflict.

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El trabajo estudia las diferencias en el Índice de Masa Corporal (IMC) por grupos etarios entre los 20 y 60 años teniendo como punto de referencia escalas normativas y relativas mediante el uso de algunos indicadores de pobreza y distribución del ingreso. Se encuentra que la proporción de la población con IMC fuera del rango establecido como normal aumenta con la edad. Cuando el análisis del IMC se hace con base en la distribución de la variable en el grupo de edad respectivo (medida relativa), se encuentra que las diferencias entre los grupos de edad se reducen. Aunque la desigualdad en la distribución del índice no se incrementa significativamente con la edad, los aumentos generados deben atenderse para evitar problemas de salud pública entre la población.

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Algunos cambios recientes en la política agrícola en Colombia se han orientado hacia la implementación de medidas de apoyo directo a los productores, con el fin de proteger su ingreso y fomentar una mayor competitividad del sector. No obstante, estimaciones acerca del impacto esperado de este tipo de instrumentos, medido en té rminos de cambios en el valor agregado, indican que este es reducido. Como quiera que la política emplea diferentes instrumentos para el logro de sus objetivos, surge la pregunta de cuál es el grado de dependencia que los resultados esperados presentan respecto a la forma como los recursos son asignados a dichos instrumentos. Este estudio utiliza un modelo de equilibrio general computable para explorar este problema, para un conjunto de tres de los principales instrumentos de política utilizados en la actualidad, en un contexto de corto plazo. Los resultados indican que, en presencia de rigideces de corto plazo y, en particular, de inmovilidad del capital entre actividades productivas, todos los instrumentos de política llevan a la obtención de resultados modestos y que, en un escenario de mediano y largo plazo, el comportamiento de la inversión parece ser crítico para la obtención de impactos más significativos y para el logro de los objetivos de política buscados.

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La literatura sobre determinantes de los ingresos laborales ha evolucionado en sus fundamentos teóricos, metodológicos y estimaciones empíricas. Colombia no ha sido ajena a este proceso, pero su evolución, notoria en fertilidad, ha venido relajándose en rigor conceptual: se tiende a considerar a los cuenta propia y asalariados como categorías relativamente semejantes. Para mostrar el efecto de dicha relajación realizamos estimaciones conjuntas de determinantes del ingreso laboral para ocupados asalariados y cuenta propia, y luego las contrastamos con estimaciones más detalladas y desagregadas ilustrando los sesgos efectivos que se generan si no se tienen en cuenta las características laborales de los ocupados cuenta propia y asalariado.

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En este trabajo se pretende evaluar la existencia de cambios en la relación entre fecundidad y escolaridad en Colombia para mujeres de 30 a 40 años de edad entre 1995 y 2005. Para tal efecto se utilizan modelos de Poisson sobre la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 1995 y 2005. Se encuentra una reducción en la fecundidad durante el periodo y su relación inversa con la escolaridad, que puede ser explicada por el efecto de la educación sobre otras variables como el incremento en el conocimiento sobre los programas de control natal. Se encuentra además que el efecto de culminar un nivel educativo sobre la fecundidad es mayor en 2005 que en 1995. De otro lado, se encuentra que las diferencias entre zonas urbanas y rurales son significativas en la explicación de la fecundidad en Colombia durante la última década.

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Las evaluaciones recientes, hechas a las reformas realizadas a los sistemas de pensiones de varios países de América Latina, han resaltado la necesidad de prestar mayor atención a la protección del riesgo de vejez de los más pobres. La fragilidad de la protección de la vejez resulta, en esencia, del desfavorable desempeño del mercado laboral y de su precaria articulación con los sistemas de protección social de los países. El siguiente documento inicia mostrando algunos rasgos del financiamiento de las prestaciones para los ancianos, tanto en los países desarrollados como subdesarrollados. Así mismo, se precisan los interrogantes que plantean los autores alrededor del tema en América Latina y Colombia, bajo una revisión de los diferentes instrumentos introducidos con la reforma al sistema en 1993, para ampliar la cobertura y proteger a los más viejos, y sus ajustes recientes. Finalmente, se concluye la imposibilidad de lograr una mejor protección, sin involucrar el rediseño de instituciones sociales y fiscales

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La corrupción sigue siendo uno de los principales problemas del Estado de Derecho en el siglo XXI. Su incidencia reduce la eficacia de la inversión, aumenta el valor de los bienes y servicios, reduce la competitividad de las empresas, vulnera la confianza de los ciudadanos en el ordenamiento jurídico y sobre todo condena a la miseria a quienes deben ser destinatarios de las políticas públicas.Sin embrago, la lucha que han realizado muchos gobiernos y funcionarios judiciales contra este fenómeno ha modificado sus formas de aparición, pues es cada vez menos frecuente la apropiación directa de los caudales públicos o la entrega de sobornos a los funcionarios, prefiriéndose métodos mucho más sutiles como los sobrecostos, la subcontratación masiva o la constitución de complicadas sociedades, en las cuales tienen participación los funcionarios públicos o sus familias.Este libro constituye un esfuerzo por el estudio jurídico y criminológico de la corrupción y los delitos contra la administración pública en Europa y Latinoamérica y reúne la selección de los temas penales más relevantes de la tesis doctoral del profesor Carlos Guillermo Castro Cuenca, denominada Aproximación a la Corrupción en la contratación pública y defendida en la universidad de Salamanca en febrero de 2008, con lo cual obtuvo la calificación de sobresaliente por unanimidad.

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El presente trabajo de grado tiene como propósito examinar la incidencia de la organización interna de los partidos políticos colombianos sobre el grado de polarización del sistema partidario, durante el periodo 2002-2014. De esta manera, sostiene que la poca disciplina interna determinó el bajo grado de polarización del sistema, facilitando la conformación de coaliciones contradictorias, efímeras e indisciplinadas en el Congreso y en el Ejecutivo a nivel nacional y local. Por ello, se exponen los principales cambios que sufrió el sistema partidario a partir de las reformas implementadas, y se analiza el comportamiento de las coaliciones de gobierno en el Congreso. Finalmente, se examina el comportamiento de la coalición de la Unidad Nacional en las elecciones locales de 2011, utilizando como marco para este trabajo algunos conceptos básicos sobre la teoría de partidos.

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Durante los siglos XX y XXI, la política exterior colombiana ha reflejado ciertas tendencias que han repercutido en la realidad del país de manera favorable y desfavorable. Al ser la política exterior el reflejo de los intereses y necesidades de los ciudadanos de un Estados, es importante conocer cómo es el Carácter Nacional para entender por qué un Estado actúa de cierta manera, y cómo puede mejorar sus estrategias implementadas a nivel exterior. La presente investigación diagnóstica busca, mediante un recuento de la historia de Colombia durante estos dos siglos, vislumbrar los factores que han condicionado el carácter nacional, y por ende, han influenciado la política exterior colombiana. Al hacer un recuento de estos sucesos, se podrá comprender por qué el gobierno colombiano utiliza ciertas estrategias a nivel exterior, para así, recomendar su replanteamiento de tal manera que se adecúen favorablemente al carácter nacional colombiano.

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El Estado Colombiano en los últimos años ha venido sufriendo múltiples condenas por la privación injusta de la libertad, de la que han sido víctimas miles de ciudadanos que luego de pasar varios años en la cárcel son absueltos, conllevando esto a que se presenten una serie de demandas de reparación directa contra el Estado para que sean reparados patrimonialmente por este error, afectando de manera notoria e impactante ocasionando un perjuicio fiscal , pues las demandas por esta causal son las más costosas contra el Estado, según la Agencia Nacional de Defensa Judicial estas demandas a 2013 acumulan aproximadamente 20 billones de pesos en pretensiones. De acuerdo con el preámbulo anterior, se plantea y se responde el siguiente interrogante: ¿Hasta dónde llega la carga de un ciudadano por la privación injusta de la libertad, y cómo debe ser esta reparada administrativamente por el Estado en Colombia? En 5 capítulos, en donde se desglosa el tema y se analizan cada uno de los componentes relacionados con la privación injusta de la libertad se da respuesta al interrogante planteado; En el primer capítulo se inicia dando una visión global de la privación de la libertad en Colombia, sus normas generales y normatividad internacional; en el segundo capítulo se trata sobre los regímenes de la privación injusta de la libertad, posturas por parte de la Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado al respecto, incluyendo la carga de un ciudadano por la privación de manera injusta de su libertad; continuando el análisis, en el tercer capítulo se habla sobre la aplicación del principio de in dubio pro reo y cuando hay lugar a declarar la responsabilidad del Estado por una absolución con base en este principio; en el cuarto capítulo se trata sobre los regímenes de responsabilidad y como se configura la responsabilidad del estado frente a los mismo; y el último capítulo trata sobre la cuantía de las condenas en el momento que el estado debe indemnizar por la privación injusta de la libertad y su diferente evolución presentado las sentencias de unificación sobre la reparación de daños, topes indemnizatorios, entre otros. La jurisprudencia que sobre el régimen de responsabilidad por privación injusta de la libertad avala en la actualidad el Consejo de Estado, establece que es ilegítimo para un Estado Social de Derecho como el nuestro, exigir a los asociados, la asunción de la carga de soportar una investigación penal y la privación de la libertad, bajo el argumento de conservación del interés y seguridad general de la comunidad, en la investigación y sanción de los delitos. La tesis expuesta se sustenta en el carácter fundamental del derecho a la libertad, que obliga al Estado a su cuidadosa protección y defensa, por tanto, cualquier restricción, por corta que sea, siempre que no encuentre justificación, configura un daño antijurídico que debe ser resarcido, análisis que debe realizar en cada caso concreto el juzgador, pues no se trata de condenar al Estado por todas las investigaciones penales en las que se absuelva al sindicado. La responsabilidad del Estado puede originarse en dos fuentes: la falla del servicio o la responsabilidad objetiva por el daño especial, cuando aún sin que se presente falla en el servicio, el Estado deba responder por el daño antijurídico causado por un agente suyo. La privación de la libertad puede ser legal o ilegal; será legal cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenida legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga; además, dicha privación de la libertad, debe tener como fin evitar la obstrucción de la justicia y asegurar: 1º) La comparecencia del imputado al proceso, 2º) La protección de la comunidad y de las víctimas y 3º) El cumplimiento de la pena. Dicha privación legal de la libertad se puede presentar de tres maneras a saber: 1º) En virtud de orden judicial, la cual consiste en orden escrita proferida por un juez de control de garantía con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. 2º) Sin orden judicial, la cual tendrá lugar cuando no sea posible obtener inmediatamente orden judicial y por los motivos previstos en la ley y 3º) Por captura en flagrancia. (Arts. 296, 297, 300, 301 y 308 de la ley 906 de 2004 C.P.P.); o será ilegal cuando no se cumplan los requisitos anteriormente descritos. La responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad a un ciudadano no depende del tiempo qué este permanezca en tal situación, sólo basta con demostrar los supuestos o los requisitos que la legislación y la jurisprudencia han determinado para que opere. El Estado debe responder por la legal privación injusta de la libertad a título de desequilibrar las cargas públicas, ya que con ello ocasiona un daño especial al privado legal e injustamente de su libertad, lo especial de dicho daño es que el Estado responda por sus actuaciones ajustadas al ordenamiento jurídico, debiéndose desarrollar este bajo el régimen de responsabilidad objetivo, en el que, el elemento culpabilidad no es tenido en cuenta y lo fundamental para endilgar responsabilidad al Estado es únicamente el daño y su antijuridicidad. El ser privado de la libertad, siendo inocente - así sea que dicha privación se de con apego al ordenamiento jurídico - no es una carga que las personas estén obligadas jurídicamente a soportar; por lo cual los daños producto de tal privación son antijurídicos, naciendo con ellos una responsabilidad para el Estado. Es decir, tal como lo ha reiterado el Consejo de Estado, los ciudadanos no están en la obligación de soportar que estos errores de procedimiento afecten su derecho a la libertad, sin compensación alguna, por el solo hecho de vivir en sociedad; por tanto, cualquier restricción, por corta que sea, siempre que no encuentre justificación, configura un daño antijurídico que debe ser resarcido. La detención preventiva, debe ser concebida, como una medida excepcional que se debe aplicar sólo en circunstancias extremas, pero no como procedimiento regular. Las millonarias indemnizaciones que podrían generarse por estos errores de la Fiscalía hacen de este tema, sin duda, un asunto prioritario para la entidad y para el Estado en general

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El juez constitucional es motivo de apasionados debates tanto por quienes defienden su actividad en tanto expresión constitucional de la democracia como por quienes lo atacan por poner en peligro la separación tradicional de los poderes públicos. Sin embargo una nueva dimensión de su actividad emerge en medio de la re definición de los conceptos jurídicos y políticos que fundan la noción del Estado. Las políticas Públicas hasta hace muy poco eran competencia exclusiva de la administración sin embargo el juez constitucional ha ido consolid?ndose como un actor capaz de determinar sus contornos desarrollando un concepto amplio de gobernanza que va más allá de la idea de gobierno y de gobernabilidad. Entonces esta investigación está orientada a presentar tanto a juristas politólogos y administradores el proceso mediante el cual el sistema jurídico constitucional regula el sistema de políticas públicas y en este caso la política territorial para buscar demostrar cómo una nueva dimensión del control constitucional se consolida dentro de una nueva idea Estado y de democracia.

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Objetivo: Determinar la distribución por percentiles de la circunferencia de cintura en una población escolar de Bogotá, Colombia, pertenecientes al estudio FUPRECOL. Métodos: Estudio transversal, realizado en 3.005 niños y 2.916 adolescentes de entre 9 y 17,9 años de edad, de Bogotá, Colombia. Se tomaron medidas de peso, talla, circunferencia de cintura, circunferencia de cadera y estado de maduración sexual por auto-reporte. Se calcularon los percentiles (P3, P10, P25, P50, P75, P90 y P97) y curvas centiles según sexo y edad. Se realizó una comparación entre los valores de la circunferencia de cintura observados con estándares internacionales. Resultados: De la población general (n=5.921), el 57,0% eran chicas (promedio de edad 12,7±2,3 años). En la mayoría de los grupos etáreos la circunferencia de cintura de las chicas fue inferior a la de los chicos. El aumento entre el P50-P97 de la circunferencia de cintura , por edad, fue mínimo de 15,7 cm en chicos de 9-9.9 años y de 16,0 cm en las chicas de 11-11.9 años. Al comparar los resultados de este estudio, por grupos de edad y sexo, con trabajos internacionales de niños y adolescentes, el P50 fue inferior al reportado en Perú e Inglaterra a excepción de los trabajos de la India, Venezuela (Mérida), Estados Unidos y España. Conclusiones: Se presentan percentiles de la circunferencia de cintura según edad y sexo que podrán ser usados de referencia en la evaluación del estado nutricional y en la predicción del riesgo cardiovascular desde edades tempranas.

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El presente libro es el resultado de una apuesta metodológica que aborda el problema del Estado en Colombia teniendo en cuenta las variables políticas e institucionales de su consistencia interna: el adentro y las condiciones externas de su desarrollo en el contexto de dependencia económica y violencia recurrente que lo han caracterizado durante la mayor parte de su existencia histórica: el afuera, ha sido utilizada para dar cuenta de los estudios sociales que se han ocupado del tema, los cuales son abordados como una información de saber que aglutina la investigación económica, antropológica, sociológica, histórica y politológica realizada desde los años sesenta.Los autores se han restringido al archivo planteando hipótesis propias sobre algunos problemas neurálgicos de nuestra estabilidad: la idea de que el Estado Colombiano encuentre su matriz fundacional en el paso de la Conquista a la Colonia.

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Este texto es la compilación de las ponencias del congreso, dedicado principalmente a la eficacia del arbitraje, al problema de los costos y al problema de la duración de los procedimientos, realizado con motivo de la conmemoración de los 25 años del Centro de Arbitraje y Conciliación.Se realiza este evento en un momento muy especial, no solo en el campo internacional, sino para Colombia. En el ámbito mundial la crisis financiera que se ha desbordado desde la última parte del año anterior, ha ocasionado el incremento de la conflictividad mercantil internacional, como lo registran todos los medios de comunicación del mundo y lo señalan autorizados comentaristas y observadores.

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La historia de la Independencia no cesa de escribirse. Su escritura se inició en el momento mismo de los acontecimientos. El Diario Político de Santafé de Bogotá, creado apenas unos días después del 20 de julio de 1810, se ocupó, casi exclusivamente, de contar y, por supuesto, de justificar el levantamiento de los criollos y la creación de la nueva Junta de Gobierno. Y aún más importante, en el temprano año 1825, el político e intelectual José Manuel Restrepo dio a conocer su Historia de la Revolución de Colombia, obra ambiciosa y sorprendente sobre el curso de los aconteceres que habían fracturado el imperio español y dado origen a las nuevas repúblicas. Obviamente, hoy la historia de la Independencia es algo mucho más complejo que un minucioso relato de las confrontaciones militares entre patriotas y realistas.