758 resultados para COLOMBIA - PRESIDENTE - (1998-2002 : PASTRANA ARANGO)


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El concepto de coopetencia surgen los planteamientos relacionados con los clústers y las redes empresariales, en donde empresas con características similares fortalecen sus relaciones para desarrollar mayores niveles de eficiencia o alcanzar objetivos que individualmente serian difíciles de lograr, especialmente en el caso de las pymes. Es fundamental que el estado desarrolle las relaciones y la conformación de iniciativas de asociatividad que permitan que la fluidez y los vínculos entre empresas, instituciones gubernamentales, financieras, universidades, centros de investigación, entre otros; para promover la integración de esfuerzos, la fluidez de información y el acceso a tecnologías, mejores posiciones competitivas. En Colombia desde hace aproximadamente 20 años, dentro de la política de competitividad del gobierno nacional (a partir del informe monitor), se ha identificado la importancia de las relaciones entre empresas e instituciones conexas para mejorar los estándares y la eficiencia que se pueda lograr para mantener una posición competitiva en los mercados internacionales.

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Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez hubo un gran crecimiento económico en Colombia; sin embargo, al final de su mandato había más de 20 millones de personas en condición de pobreza, es decir casi la mitad de su población. Como los problemas que trata de resolver la política pública no tienen soluciones absolutas, cada gobierno debe apostarle a diferentes soluciones. Dado los buenos resultados en las primeras evaluaciones del programa de transferencias condicionadas Familias en Acción, el gobierno de Uribe aumentó su cobertura y número de beneficiados. Sin embargo, dicho fortalecimiento fue criticado por diferentes personalidades públicas del país por considerarlo asistencialista, clientelista, proclive al uso electoral, entre otros. La presente disertación, analiza dichas críticas y las posibles razones que llevaron al gobierno de Uribe a fortalecer y ampliar el programa. Al analizar una política pública, lo importante no es alabar o desvirtuar sus alcances, sino resaltar los aportes positivos y sus debilidades para continuar con lo que está dando resultados y tomar las medidas pertinentes respecto a los nuevos problemas que se presentan. Dadas las dimensiones de la pobreza en Colombia, este tema debe ser una prioridad de todos los ciudadanos; su solución no puede quedar en manos del gobierno o del mercado, sino que debe haber un debate serio al respecto.

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Esta monografía busca responder preguntas relativas al accionar de las FARC- EP, su papel dentro de la economía de la droga y su relación con la población civil. Así, se pretende establecer en qué medida la guerrilla colombiana de las FARC-EP ha experimentado un proceso de involución política dentro de sus formas de lucha político-militares en el periodo 1994-2002.

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Se busca evidenciar el descenso electoral del Partido Liberal, para lo cual se estudian las causas que propiciaron la crisis del partido. se estudia detalladamente una de las causas que es el proceso 8.000, se examina el impacto que tuvo en la perdida electoral de dicho partido.

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El terrorismo representó para el gobierno de Uribe la oportunidad de insertar el conflicto interno en el escenario internacional, que a través de la política de Defensa y Seguridad Democrática busco justificar las acciones gubernamentales y aumentar el apoyo nacional e internacional en pro de salvaguardar la democracia y el Estado Social de Derecho. En el presente documento se establece la relación entre terrorismo y política externa en el primer período de administración de Álvaro Uribe Vélez, a través de los fundamentos teóricos del constructivismo y con relación a tres actores del sistema internacional: Estados Unidos, las Naciones Unidas y la Unión Europea. Dentro del análisis se observa una tensión fundamental que se presenta respecto al discurso y a la práctica, en este caso la práctica institucional a nivel nacional de la administración Uribe. De igual manera, el período analizado permite establecer dicha tensión cuando se ve en detalle la relación entre la presentación que hizo Uribe de la problemática colombiana en distintos foros internacionales ante diversos actores internacionales y el desarrollo institucional de la Política de Seguridad Democrática. Respondiendo a ello, el discurso del gobierno Uribe asumió diversos matices según las exigencias de Estados Unidos, de la Unión Europea y de las Naciones Unidas dentro del contexto de la lucha contra el terrorismo.

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A partir de un análisis comparado, de orden cualitativo, se analiza la existencia de continuidades y rupturas estratégicas entre el Bloque Élmer Cárdenas de las AUC y los Urabeños, con el fin de caracterizar a ambos actores armados. La investigación expone similitudes relevantes entre ambos grupos armados a fin de dilucidar la naturaleza, aun discutida, de las llamadas bandas criminales y su relación con los predecesores bloques paramilitares, además de la incidencia en las actividades económicas, la población civil y el poder político.

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La presente monografía tiene como propósito analizar los tres principales objetivos estratégicos de la Política de Seguridad Democrática impulsada por Álvaro Uribe Vélez: recuperar el control del territorio por parte del Estado, aumentar la confianza inversionista y generar cohesión social en el periodo 2002-2010.

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El problema del paramilitarismo en Colombia ha afectado diversas capas de la sociedad colombiana. En la Sierra Nevada de Santa Marta específicamente unos de los principales afectados han sido las comunidades indígenas que ahí habitan (Koguis, Arhuacos, Wiwa y Kankuamos), siendo estos obligados a pertenecer a una lógica de guerra caracterizada por involucrar a la población civil y por utilizar al narcotráfico como medio de financiación. Por lo tanto la investigación que se presenta a continuación es una aproximación teórica a las lógicas de la guerra paramilitar en la zona y su influencia sobre la situación de los derechos humanos de las comunidades indígenas entre los años 2002 y 2007.

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La presente monografía tiene como objetivo el estudio de la experiencia político organizativa y militar del ELN en Arauca (1998-2008) según el modelo estratégico de la Guerra Popular Prolongada. El accionar del ELN en este departamento estuvo marcado por la generación de mecanismos de poder popular (institucionales y extra-institucionales), lo cual le permitió a la organización insurgente consolidarse como un poder alterno y hacerle frente a la ofensiva del Estado. Este análisis permitió desentrañar la lógica espacial a partir de la cual el actor armado -en el marco de la Guerra Popular Prolongada- emplea tácticas y desarrolla actividades socio-políticas y armadas que le permiten ejercer el poder sobre una población específica en un territorio determinado.

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Esta monografía aborda en primer lugar la evolución del conflicto armado colombiano desde la década de los ochenta y hasta finales del año 2002 al revelar en gran medida las múltiples formas de violencia que usaron diferencialmente los grupos insurgentes, los paramilitares y especialmente las Fuerzas Militares para así lograr controlar plenamente el territorio en cuanto a los recursos, la gobernabilidad, el monopolio de la fuerza y la población civil. En segundo lugar efectúa un análisis acerca de lo sucedido en el primer período presidencial de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006) quien en corto tiempo impulsó la Política de Seguridad Democrática teniendo como objetivo primordial derrotar política, judicial y militarmente a los grupos insurgentes en sus zonas de influencia histórica, mientras que, paralelamente, consiguió iniciar un proceso de paz con los bloques paramilitares. Y finaliza mostrando el impacto de la ofensiva militar estatal con las operaciones como Libertad 1y 2, Orión, Marcial y el Plan Patriota que produjeron en corto, mediano y largo plazo el resquebrajamiento de la presencia de los grupos armados en Cundinamarca, Antioquia, Bolívar y el Sur del país, pero, a su vez, ello es contrastado con las modificaciones al modus operandi que implementaron dichas organizaciones en el campo de batalla con el fin de no ser completamente aniquilados.

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Los giros de la fortuna, con la reivindicación que significó la amnistía propiciada por el presidente Rafael Caldera, y la persistencia en un proyecto político que había concebido con tiempo suficiente, le permitieron a Hugo Chávez aparecer en los siguientes comicios como candidato abanderado de un proyecto alternativo, añorado quizás por muchos venezolanos. Puesto en el ejercicio del poder por la vía electoral mayoritaria, el presidente Chávez dio inicio a un proyecto político en el que las Ffuerzas Armadas cambiarían, bajo su liderazgo personal, la función que se les había atribuido en el Pacto de Punto Fijo. Conforme al nuevo esquema, éstas se convertirían en la principal organización con capacidad para adelantar los objetivos estratégicos de la Revolución Bolivariana. Los cambios constitucionales de la proclamada Quinta República se orientaron en esa dirección. >De acuerdo con la Constitución de 1999 (...), el tema de la Seguridad de la Nación (Cap. VII) adquirió por primera vez rango constitucional. Se incorporaron dos nuevos conceptos: “seguridad y defensa integral” y se estableció el principio de corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil para la defensa de la seguridad de la nación. Una Ley Orgánica de la Seguridad de la Nación (2002)(...) , vino a definir los conceptos de “seguridad de la nación, defensa integral y desarrollo integral”, que son los principales componentes de la actual visión venezolana sobre la seguridad. Sus campos de aplicación son múltiples: económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar, dando a entender que los principales ámbitos de la vida social conciernen al tema de la seguridad y que el accionar de los militares se amplía por ese mismo conducto a las demás esferas. Conforme al nuevo esquema, desapareció el carácter plural de las Fuerzas Armadas Nacionales, separadas en fuerzas diferentes bajo el esquema anterior, para ser reemplazado por el singular de una Fuerza Armada Nacional, bajo el concepto de unidad en el mando. Dentro de las atribuciones del presidente se incluyó la de promover oficiales a partir de un cierto grado, poniendo fin a una atribución que le correspondía al Senado y que respondía al ejercicio del control civil. Se estableció, así mismo, el derecho al voto de los militares y se eliminaron diferentes características que permitían calificar a la institución militar como “apolítica” y “no deliberante”, para sustituir su carácter por el de una organización “sin militancia política”. Los conceptos, las estrategias y las definiciones anteriores han puesto en marcha un nuevo pensamiento militar que –al decir de su propio inspirador– se debe fundar en unas nuevas relaciones cívico-militares, y tener una orientación anti-imperialista, ésto es destinada a resistir a la influencia tradicional de los Estados Unidos como potencia continental. El desarrollo del proyecto implica el seguimiento de tres líneas estratégicas: el fortalecimiento del poder militar de la nación, la consolidación y profundización de la unión cívico-militar en diferentes actividades y la participación popular en las tareas de defensa nacional. Ésta es la línea de pensamiento que da origen a la condición cívico-militar del Gobierno, así como a la insistencia en la preparación generalizada contra una eventual intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela. El proclamado carácter cívico-militar del régimen venezolano encuentra, entre otros, asidero institucional en la existencia de dos nuevas figuras llamadas Cuerpos Especiales, que se suman a los componentes tradicionales del Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional, y que se denominan Reserva Nacional y Guardia Territorial (...). La creación de estos dos últimos cuerpos tiene profunda significación en el propósito de involucrar a la población civil en actividades complementarias del papel que corresponde a la Fuerza Armada Nacional. En la medida que la orientación del conjunto corresponde al propio Presidente de la República, se consolida un mecanismo que hace coincidir los propósitos de las fuerzas militares tradicionales con los de un pueblo en armas desde la civilidad, siempre al servicio de un propósito político controlado por el Ejecutivo, que a su vez, es el conductor supremo de la llamada Revolución Bolivariana. El presidente Chávez se refiere a la actual Fuerza Armada Nacional como un “ejército libertador”, agente y protagonista de los cambios que anuncia hacia el futuro, en unión de los sectores civiles que incorpora al mismo propósito. Ésta es la Venezuela dirigida por un esquema cívico-militar que de alguna manera se nutre, en el siglo XXI, de tradiciones y experiencias históricas que marcaron la vida nacional. El seguimiento del curso de acción de esa alianza resulta de gran importancia para Colombia, en la medida que la marcha de nuestros procesos sociales, políticos y económicos no se puede desligar de la del país vecino. Las credenciales democráticas del presidente Chávez, en cuanto al origen de su mandato, le confieren una legitimidad que, a su vez, le da un amplio margen de maniobra, tanto nacional como internacional. La orientación que en ambos escenarios tome su gobierno en desarrollo de sus estrategias, o ante circunstancias particulares, debe ser objeto de la mayor atención y análisis de parte nuestra. En todo caso, conviene tener en cuenta el propósito de combinación de lo civil y de lo militar, bajo su inspiración, porque de ello se pueden derivar consecuencias esencialmente diferentes de las correspondientes a un sistema de la índole del nuestro.

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Generación de nuevos programas académicos que resulten adecuados para la realidad del país y se constituyan en fuentes de soluciones y desarrollos innovadores para el avance y crecimiento de la nación colombiana

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Generación de nuevos programas académicos que resulten adecuados para la realidad del país y se constituyan en fuentes de soluciones y desarrollos innovadores para el avance y crecimiento de la nación colombiana

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Monografía de grado por medio de la cual a partir de la teoría de Estructura de Oportunidades y de restricciones Políticas de Sydney Tarrow, se analiza el contexto en el que la movilización mapuche emergió durante los dos últimos gobiernos del partido socialista chileno. Para ello en un primer momento se hizo un análisis histórico de la problemática indígena hasta el restablecimiento de la democracia en 1989. Paso seguido fueron analizadas las respuestas que dieron los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet a la problemática indígena y mapuche, teniendo como marco la reivindicación de derechos que les fueron planteadas a dichos gobiernos.