574 resultados para Sufragio -- Legislación -- Colombia


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Es importante destacar el gran avance del puerto de Cartagena frente al resto de puertos del Caribe. Una comparación con el puerto de Valparaíso, Chile dará una visión clara de ello.

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La presente investigación pretende dar respuesta al siguiente interrogante: ¿Cuál es el efecto que ha tenido la comunicación entre los actores de las políticas públicas regulatorias colombianas en materia de control del ejercicio profesional de la Abogacía, sobre la relación entre el Ciudadano Regulado (PROFESIONAL) y autoridad pública que ejerce la regulación (CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA) durante el periodo 1991 -2009?. Para tal efecto, se ha realizado un análisis de tres áreas de conocimiento; la Ciencia Política, la Comunicación y el Derecho, encontrando que si bien es cierto que existe una relación entre cada una de estas ciencias, no se encuentran trabajos que apliquen las tres áreas del conocimiento a la Política Pública de Regulación. Se ha comparado la Política Pública Regulatoria del Ejercicio Profesional de la Abogacía, con las regulaciones de otras profesiones, como la Medicina, la Contaduría, la Administración de Empresas, entre otras, detectando diferencias y semejanzas entre cada profesión, y concluyendo que los actores de la política evaluada atienden a características específicas determinadas por el Constitución y la ley. La investigación se basa en un análisis documental y de aplicación de la teoría de la Comunicación desde los planteamientos de J. Austin permitiendo la evaluación de casos específicos en la Política Pública de Regulación del ejercicio Profesional, a la luz de un modelo que permite observar la importancia de los actores, los procesos y la voluntad. Cada caso analizado atiende a un evento comunicativo en tres momentos de la Política Pública: Formulación, Implementación y Evaluación; encontrando que el Modelo aplicado permite evidenciar las falencias en los casos en que los eventos comunicativos son “infortunados”. La implementación de las Políticas Públicas Regulatorias se encuentra relacionada con la participación de los Ciudadanos Regulados en su creación, y con la percepción lógica de las obligaciones fijadas en la norma. De lo contrario se deberá recurrir al uso de la fuerza para el cumplimiento de la regulación.

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BANCO DE LA REPÚBLICA – HISTORIA DEL ARTE COLOMBIANO BULLYNG CIBERNÉTICO – TECNOLOGÍA – INFORMÁTICA DESIGUALDAD EN COLOMBIA - ÍNDICE DE GINI INCLUSIÓN DE GÉNERO JORNADA DEL LIBRO UNIVERSITARIO JUSTICIA TRANSICIONAL – LEGISLACIÓN – COLOMBIA MARCO JURÍDICO PARA LA PAZ – ASPECTOS JURÍDICOS MUTIS, ÁLVARO – RECONOCIMIENTO ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM) – INFORME PREVENCIÓN DE DELITOS – SEGURIDAD UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, FACULTAD DE ECONOMÍA UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, GRUPO DE INVESTIGACIÓN

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En resumen, se puede establecer que en la actualidad existe un problema en torno a las políticas penitenciaria y carcelaria generadas a partir del gobierno de Álvaro Uribe Vélez en Colombia, debido a que aun cuando su formulación parecen adecuarse a los 10 fundamentos constitucionales que deben inspirar de por sí toda política generada a partir de un Estado Social de Derecho y procuran un manejo de la problemática básica, no gozan de toda claridad, profundidad y efectividad, tema que se analizará en las siguientes páginas.

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Este trabajo parte de la necesidad de responder a la pregunta de por qué si la figura de los Curadores Urbanos fue creada para suplir una deficiencia del Estado; garantizar una eficiencia en la expedición de licencias de urbanismo y construcción y otorgar tecnicidad a una labor que tiene como principal objeto velar para que el ordenamiento territorial de la capital se aplique de manera eficaz, Bogotá continúa desordenada y caótica, con altos índices de precariedad, déficit habitacional y con problemas serios de espacio público, entre otros. Problemas que se fueron agudizando como consecuencia de las migraciones del campo a la ciudad y el aumento normal en las tasas de crecimiento demográfico. El Distrito, con las administraciones de Antanas Mockus y Enrique Peñalosa, buscó la manera de organizar los instrumentos para darle más coherencia a los procesos urbanos en la ciudad.

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Este trabajo reconoce la importancia de la ley 388 de 1997 en este proceso, el estudio de caso comparativo que se ha escogido se deriva de la preocupación de la fragilidad con que la ley presenta la perspectiva ambiental en el proceso de organización de los municipios, dado que el país se caracteriza por la división en regiones naturales, entonces la amazonia colombiana responde a unos criterios de organización diferentes a las del resto del país.

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Este trabajo pretende, a través del análisis, aplicar de alguna manera los conocimientos adquiridos a lo largo de la formación que me ha brindado la Universidad del Rosario a través del Programa de Ciencia Política y Gobierno. Y hacer de esta monografía un espacio para reflexionar sobre temas de política fiscal.

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La presente monografía tiene como objeto demostrar que el diseño institucional de la composición de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión (CNTV), la periódica intervención del gobierno en la reglamentación y en los proceso s de elección de Comisionados, pone en crisis el concepto de Autonomía de la Televisión que fue acuñado por la Asamblea Constituyente y desarrollado por la Ley de Televisión

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Este trabajo se lleva a cabo ante la necesidad de conceptuar un fenómeno electoral que esta en vía de consolidación y que a pesar de ser reconocido en múltiples trabajos académicos hasta la fecha no se a realizado un estudio que tiene como eje central el voto independiente.

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La presente monografía busca analizar la relación existente entre la reforma al sistema de transferencias (Acto Legislativo 01 de 2001) y el panorama que ha tenido el Sistema Educativo Colombiano en materia de calidad y cobertura en los últimos siete años. Por lo tanto se pretende examinar desde un caso en concreto el nexo entre la política fiscal y la política social del país como también la incidencia de lo anterior en los ciudadanos. Para el desarrollo de dicho propósito se trazan tres objetivos en concreto: describir el sistema educativo colombiano a la luz de las participaciones territoriales; analizar la incidencia del Acto Legislativo 01 de 2001 en la cobertura del sistema educativo colombiano y, por último, analizar la incidencia del Acto Legislativo 01 de 2001 en la calidad del sistema educativo colombiano. Así las cosas, cada uno de estos objetivos conforman en su orden un capítulo en el presente trabajo de manera tal que en el primero se esboza un panorama general sobre la evolución que ha tenido la educación en el país, observando la importancia que tuvo en ello la Constitución de 1991 a partir del desarrollo de bases axiomáticas, legales y administrativas, mientras que el segundo y tercer capítulo son la médula del trabajo ya que desarrollan la hipótesis y aterrizan en la praxis la tensión que generó la reforma legal en cuestión en el desarrollo de la cobertura y la calidad del sistema educativo

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La coyuntura internacional actual se caracteriza por la tendencia de los Estados1 en estar inmersos en la globalización y en la necesidad constante de interrelacionarse con otros actores de orden nacional, supranacional o no gubernamental, que le permitan velar por su interés nacional pero a la vez ser parte activa en el concierto mundial. La política exterior es el mecanismo por medio del cual un Estado, con base en su interés nacional, define principios, prioridades y desafíos de carácter internacional, ejes orientadores y estrategias tanto bilaterales como multilaterales para poder cumplirla. Surge de una congruencia entre la realidad interna y la actualidad mundial2 . Por ello, no se da en abstracto, es el resultado de un consenso nacional que busca materializar unos objetivos delineados.

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Las nuevas generaciones colombianas vemos con gran preocupación los cambios realizados en la última década al Sistema General de Seguridad Social, en materia de pensiones y como en el mercado laboral es más difícil adquirir a futuro una pensión digna acorde con las necesidades de la persona. Es preocupante como a través de pequeñas reformas al Sistema General de Seguridad Social, se hace más gravosa la situación del empleado. Dentro de los temas más inquietantes se encuentran mayor edad para adquirir la pensión, más semanas de cotización y menos subsidios. Adicional a estos esta la falta de empleo y por ende la disminución salarial que no permite acceder a una pensión digna, porque quienes tienen acceso a la vida laboral se encuentran con salarios muy bajos que generan gran dificultad al momento de mejorar las rentas pensionales. Según estudios realizados en la Universidad del Rosario: “El Sistema de Seguridad Social en Colombia ha sufrido grandes cambios en los últimos diez años. Una de las razones se debe al crecimiento demográfico. Según las estadísticas del DANE, las personas de 60 años fueron el grupo de mayor crecimiento en el año 2.000 y representan el 7 por ciento de la población total del país, por tanto son las pensiones de estas personas las que los jóvenes trabajadores están subsidiando.”1 Por tanto, el desafió que tenemos los jóvenes es asegurar nuestro futuro desde ahora, tomando parte en las decisiones que puedan menoscabar nuestros derechos. En materia económica es indispensable un crecimiento de productividad que permita aumentar los salarios reales y así mejorar los aportes para formar la pensión, mejorar la mesada de retiro e incrementar los niveles de cobertura.

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El trabajo pretende constituir un aporte más, a la discusión sobre el concepto de servicio público y su papel dentro de la contratación estatal. De esta manera, no solo se hará mención a la jurisprudencia y las normas más importantes, sino que se trascribirán para que el lector pueda analizarlas y tener una posición jurídica propia.

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En cuanto a la protección de la salud pública de los consumidores y usuarios, podemos afirmar que si existe una tutela integral de la misma. En primer lugar, la salud es tutelada en la regulación administrativa desde un punto de vista estrictamente colectivo. Por lo mismo se señalan en esta regulación normas relativas a los requisitos con los cuales deben cumplir los productos o sustancias de consumo humano para poder ser distribuidos, comercializados o suministrados dentro del mercado nacional, es decir, lo que busca la regulación administrativa es que la producción, distribución o comercialización de productos o sustancias no afecte la salud, vida o integridad personal de los consumidores finales de los mismos. La función de tipificación de estas conductas en el derecho penal se ha desarrollado a través de la consagración de delitos de peligro abstracto, colocando al valor salud pública como bien jurídico universal en un lugar prevalente de protección frente a la salud privada. La pregunta que surge entonces de cara a la duplicidad de regimenes jurídicos, unos más aptos que otros para lograr los efectos de evitación de conductas de simulación o imitación que ataquen directamente la salud humana, es si es necesaria o no la protección penal de la salud pública atendiendo a la exhaustiva regulación administrativa en el tipo penal que ahora ocupa nuestra atención. A partir de este presupuesto , así como de aquel de conformidad con el cual debe darse vía libre a la iniciativa privada en materia de comercialización mundial de estos productos, y ante la incesante entrada en el mercado de productos modificados en su composición original que por su precio y cantidad satisfacen muchas veces las necesidades de los consumidores, se 8 direccionará el presente estudio, el cual se divide en dos grandes partes, que por un lado corresponden a la protección administrativa del bien jurídico salud pública, y por otro, se centran en el estudio de la protección mediante el análisis del tipo penal objetivo y subjetivo, la antijuricidad , y las posibilidades de existencia así como de exclusión del juicio de culpabilidad penal.