63 resultados para Hamari, Helena: Government and codeswitching
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Cuando se habla de los límites y fronteras de Europa, actualmente no están definidos en su totalidad, resultando problemático en la subregión del este, donde se encuentran Estados como Ucrania, Bielorrusia, Turquía y otros más. La delgada línea que divide a Europa de Asia aún es confusa, por lo cual delimitar el concepto de europeidad implica contemplar más variables que lo geográfico y cultural. De esta manera, la incertidumbre que existe está relacionada con los atributos que tiene la europeidad, y como los ciudadanos se identifican con ella. La europeidad antes que un conjunto de valores atribuible a los ciudadanos o una herencia cultural común, es un concepto difuso, efímero y esquivo para algunos autores. La trascendencia de este concepto se hace manifiesta en el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea donde se estipulan las condiciones para ser miembro de la Unión Europea (UE). Aunque ser miembro de la UE no es lo mismo que ser europeo hasta este momento es la forma más aceptable para denominar a un Estado como europeo.
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El objetivo de la presente monografía de grado es analizar la relación entre la identidad dentro de Rusia y la política exterior de dicho Estado hacia la región de Abjasia. Se analiza y explica la manera en que los referentes identitarios dentro de Rusia en el periodo 2000-2008 influyen en las decisiones de política exterior que Rusia tomó hacia Abjasia en el campo militar y político. Se efectúa una revisión de textos (transcripciones de intervenciones y textos escritos) del Presidente y Primer Ministro de la Federación Rusa entre 2000 y 2008 para encontrar los referentes identitarios que determinan el comportamiento de Rusia hacia otros Estados y la forma en que influenciaron sus acciones con respecto a Abjasia.
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Este trabajo de grado esta realizado en la línea de perdurabilidad y gobierno de empresa, bajo la dirección del doctor Rodrigo Vélez, el cual trata el tema de las pymes familiares en Colombia y como estas realizan un cambio generacional. El trabajo de investigación de gobernabilidad de la empresa MACORAC Ltda. esta dividido en tres partes; la primeras de ellas es la descripción de todos los procesos operacionales y gerenciales que esta embarca, como el almacenamiento, las compras. También hacemos un recuento de la historia y las etapas que ha pasado esta organización para perdurar y ser exitosa. En la segunda parte se hace un análisis del modelo matricial (DOFA) incluyendo variables como los proveedores, la tasa de cambio, la competencia, clima organizacional, el precio del producto y la atención al cliente. El resultado de aplicar el DOFA a MACORAC Ltda. Es que esta empresa tiene una ventaja competitiva por tener un solo proveedor, ya que puede ofrecer precios diferentes a los de la competencia, y que a diferencia de los que piensa su presidente lo que los hace competitivos es el pago anticipado a los proveedores y no la estrategia de servicio al cliente. Por ultimo se cita un estudio de competitividad que realizo el gobierno nacional y Agrocadenas con la ayuda de la FAO, donde se demuestra la poca competitividad del sector maderero en Colombia y deja ver que las distribuidoras son el único canal para que los productores de muebles y Carpinteros tengan acceso a estos productos de calidad. Esto con el fin de conocer el sector donde se encuentra inmersa MACORAC. De ahí se desprende un análisis donde buscamos las ventajas competitivas, las estrategias genéricas, las ventajas sostenibles, las habilidades, las capacidades distintivas y se construye de la cadena de valor de MACORAC. Por ultimo en nuestras conclusiones se dan unas recomendaciones y se destacan los aciertos de la gestión y dirección del fundador.
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En las décadas comprendidas entre 1982 y 2002, Colombia ya se afirmaba como un Estado democrático. Sin embargo, en este período el paramilitarismo agenció uno de los más agudos niveles de violencia homicida en el país. Ante esta realidad incuestionable, surgen planteamientos que intentan explicar esta paradoja: a) Colombia no es una democracia: es un régimen terrorista que acaba con la oposición para mantener un sistema de exclusiones desde arriba; b) las instituciones colombianas han sido una víctima más de la violencia paramilitar; y c) el paramilitarismo obedece a la insurgencia de élites locales y regionales contra procesos de paz impulsados desde arriba. Las dos primeras, claramente cuestionables. La última, todavía insuficiente a la hora de identificar el papel de los tomadores de decisiones a nivel central, tanto en el Estado como en el sistema político, en el despliegue y auge del fenómeno paramilitar.Este artículo evalúa estas tres afirmaciones y analiza, con base en documentos oficiales e informes de prensa de la época, los alcances del paramilitarismo en las décadas comprendidas entre 1982 y 2002, al tenor del papel desempeñado por la democracia colombiana y sus instituciones, pues –alcontrario del discurso oficial de los gobiernos, quienes por más de treinta años han afirmado haber sufrido la penetración y agresión del paramilitarismo de la mano de “manzanas podridas” o “casos aislados”– el fenómeno paramilitar en Colombia durante el período estudiado disfrutó de un estatus especial agenciado públicamente por políticos centristas, prosaicos y conciliadores apuntalados en las presiones de sectoresclave del sistema político y de las élites vulnerables del país.
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This article offers a theoretical interpretation of the dispositions on land restitution contained in the famous “Victims’ Bill”, which was debated in the Colombian Congress during the year 2008. The bill included specific mechanisms aimed at guaranteeing the restitution of land to victims of the Colombian armed conflict. At the time, the bill was endorsed by all the main political actors in the country –notably the government and the elites that support it, on the one hand, and victims’ and human rights organizations and other opposition groups, on the other–. The fact that the restitution of land to victims of the Colombian armed conflict was being considered as a serious possibility by all political actors in the country seemed to indicate the existence of a consensus among actors whose positions are ordinarily opposed, on an issue that has traditionally led to high levels of polarization. This consensus is quite puzzling, because it seems to be at odds with the interests and/or the conceptions of justice advocated by these political actors, and because the restitution of land faces enormous difficulties both from a factual and a normative point of view, which indicates that it may not necessarily be the best alternative for dealing with the issue of land distribution in Colombia. This article offers an interpretation of said consensus, arguing that it is only an apparent consensus in which the actors are actually misrepresenting their interests and conceptions of justice, while at the same time adopting divergent strategies of implementation aimed at fulfilling their true interests. Nevertheless, the article concludes that the common adherence by all actors to the principle of restorative justice might bring about its actual realization, and thus produce an outcome that, in spite (and perhaps even because) of being unintended, might substantively contribute to solving the problem of unequal land distribution in Colombia. Even though the article focuses in some detail on the specificities of the 2008 Bill, it attempts to make a general argument about the state of the discussion on how to deal with the issue of land distribution in the country. Consequently, it may still be relevant today, especially considering that a new Bill on land restitution is currently being discussed in Congress, which includes the same restitution goals as the Victims’ Bill and many of its procedural and substantive details, and which therefore seems to reflect a similar consensus to the one analyzed in the article.
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The Integrated Mass Transit Systems are an initiative of the Colombian Government to replicate the experience of Bogota’s Bus Rapid Transit System —Transmilenio— in large urban areas of the country, most of them over municipal perimeters to provide transportation services to areas undergoing a metropolization process. Management of these large scale metropolitan infrastructure projects involves complex setups that present new challenges in the interaction between stakeholders and interests between municipalities, tiers of government and public and private sectors. This article presents a compilation of the management process of these projects from the national context, based on a document review of the regulatory framework, complemented by interviews with key stakeholders at the national level. Research suggests that the implementation of large-scale metropolitan projects requires a management framework orientated to overcome the traditional tensions between centralism and municipal autonomy.
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A complex process has been started by the status change of national territories that gained recognition as provinces, with the right to elect their own government and send representatives to the national legislative branch. This process incorporates a new governmental sphere into heterogeneous spaces, for which administrative roles that did not address any particularities used to be performed until then by the Governor’s offi ce designated by the National Government. Therefore, by asking how the province formation and the relations redefi nition were carried out, the review of national pressures’ incorporation in local terms has been enabled. The case addressed by this paper is the provincialization of Rio Negro and the particular circumstances of the dialog between the San Carlos de Bariloche commune and the incipient governmental space opened since 1958.
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El conflicto armado colombiano está lleno de enseñanzas para la resolución negociada de conflictos. En la medida en que ha sido una confrontación compleja y prolongada, los grupos armados se han convertido en protagonistas. Tanto sus objetivos como el uso de la violencia han generado controversias alrededor de cuáles deben ser las acciones o respuestas que se implementan para hacer frente a dichas situaciones. Al igual que en otros países, los actores involucrados han participado en numerosos acercamientos, diálogos políticos o procesos de paz, aportando experiencias de negociaciones que involucran a diferentes sectores de la sociedad civil, actores estatales, comunidad internacional y organizaciones multilaterales.En este sentido, resulta pertinente no sólo retomar el surgimiento, caracterización y posibles motivaciones de tres de los más grandes grupos al margen de la ley —paramilitares, ELN, FARC— que han participado en el conflicto, sino también explorar las formas de acercamiento a estos por parte del gobierno colombiano y sus diferentes administraciones, para así comprender la complejidad y las múltiples dimensiones desde las cuales se representan diversas visiones sobre la evolución del conflicto y los hechos de corta, mediana y larga duración, en tanto esto permite dilucidar las continuidades y discontinuidades que han dado paso a ver el fenómeno a través de causas culturales, complejos políticos o perspectivas económicas.-----The armed conflict in Colombia is full of lessons for negotiated conflict resolution. Insofar as this has been a complex and long-lasting confrontation, the armed groups have now become protagonists. Their objectives as much as their use of violence has generated controversy about which actions or responses should be implemented to face such situations. Similarly to other countries, the players concerned have participated in several rapprochements, political dialogues or peace processes by contributing experience in negotiations that involve different sectors of the civil society, state players, the international community, and multilateral organizations. To that effect, it is relevant not only to retake the emergence, characterization and possible motivations of three of the biggest groups outside the law –paramilitary, ELN, FARC– which have participated in the conflict, but also to explore the rapprochement methods the Colombian government and its different administrations have employed with these groups. This way, we can fully understand the complexity and the multiple dimensions in the representation of various views of the conflict evolution and the short, medium, and long-term events in as much as this allows clarification of the continuity and discontinuity that have resulted in seeing the phenomenon from the standpoint of cultural causes, political complexities or economic perspectives.
Gobierno y gobernancia de los territorios, sectorialidad y territorialidad de las políticas públicas
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El hecho de que, desde la Constitución de 1991, normas y sentencias tiendan en considerar que los ejecutivos locales (alcaldes, gobernadores) deben ser unos agentes regidores que practican el gobierno del territorio y la “descentralización controlada” más que unos actores gobernantes, defensores de la gobernancia de sus territorios, plantea la cuestión de saber por qué y cómo aquéllos pueden combinar este doble rol. La mayor parte de la respuesta se encuentra en el examen simultáneo de la lógica de regulación de las políticas pública (Muller, 1997 y 2002) y de las condiciones de su implementación en el territorio o “despliegue territorial” (Medellín, 2003).La territorialidad de una política pública se refiere, según Muller, a una situación en la cual la lógica dominante de una política pública es una lógica territorial u horizontal (regulación de un territorio geográfico en una dialéctica centro-periferia), mientras la sectorialidad se refiere a una situación en la cual la lógica dominante de una política pública es una lógica sectorial o vertical (regulación de la reproducción de un sector determinado verticalmente en una dialéctica global-sectorial). A cada lógica de regulación de las políticas públicas le corresponde una manera de gobernar un territorio: el gobierno del territorio para la sectorialidad y la gobernancia de los territorios para la territorialidad.Al contrario del caso francés en el cual la construcción del Estado marca el fin de una lógica de territorialidad (la “territorialidad tradicional”), el Estado colombiano es un Estado endémico, un Estado fragmentado confrontado a la lucha por el control territorial y el temor a la fractura de la unidad territorial (Navas, 2003). Su capacidad parcial por cubrir todo el territorio y actuar sobre él (su “territorialidad parcial” según Medellín) afecta su gobernabilidad y el despliegue territorial de las políticas públicas, sometido a negociaciones inciertas, cercanas a la temática de la gobernancia.Por ello, la gobernabilidad en Colombia sólo es posible mediante políticas públicas híbridas, hijas del “matrimonio indisoluble de la sectorialidad y de la territorialidad”, de la “secterritorialidad”, que combina en proporción variable lógica sectorial (o sectorialidad, que implica centralización) y lógica territorial (o territorialidad, que implica descentralización), gracias a un modo de gobierno híbrido, la “gobiernancia” del territorio, ésta es una “dosificación” compleja entre gobier-no y gobernancia. Es, entonces, posible determinar el grado de territorialidad y de sectorialidad de una política pública en un momento dado y clasificar las políticas públicas según su grado de territorialidad y de sectorialidad, es decir, según la importancia relativa de sus lógicas de regulación.Si el periodo que empieza al iniciar los años setenta, y que termina al iniciar los años ochenta es un periodo en el cual domina primordialmente la sectorialidad y se asegura la gobernabilidad recurriendo casi exclusivamente al gobierno del territorio a través del despliegue territorial separado de cada sector, el periodo que va de 1984 a la época actual, caracterizado por la “descentralización controlada”, señala un cambio parcial de lógica de regulación de las políticas públicas a través del recurrir parcial a la lógica de territorialidad como respuesta a alguna crisis de sectorialidad.Como bien lo muestra el análisis y la evaluación de las políticas públicas de vivienda de interés social, ordenamiento y desarrollo del territorio municipal, educación y acueducto y alcantarillado, la gobernabilidad en este secundo periodo está asegurada, entonces, sólo gracias a la gobiernancia en los territorios o combinación entre el gobierno del territorio y la gobernancia de los territorios, es decir, gracias a un modo de gobierno híbrido que les permite a los ejecutivos locales conciliar su inclinación por la gobernancia de sus territorios y sus obligaciones en cuanto al gobierno del territorio y ser, al mismo tiempo, actores gobernantes y agentes regidores.-----Since the 1991 Constitution, most rulings and sentences tend to consider that individuals in charge of the local executive power (mayors, governors) should be some sort of tuling aldermen responsible for their particular territories and their “controlled decentralization” instead of actual governing actors, advocates and defenders of the governance of their territories. This fact raises the questions of why and how they can possibly play this double role. The bulk of the answer to this question can be found by examining both the logic behind public policies (Muller) and the conditions in whixh these are implemented in each territory, or “territorial deployment” (Medellìn).According to Muller, the territoriality of a particular public policy refers to a situation whereby the prevailing logic is territorial or horizontal (regulation of a geographical territory follows a center-periphery scheme), whereas its sectoriality refers to a situation whereby the prevailing logic is sectorial or vertical (regulation of a sector’s reproduction is vertically determined by a global-sectorial scheme). For each regulation logic behind public policies there is a corresponding way of governing a particular territory: governing the territory for the sake of sectoriality, and governing it for the sake of territoriality.As opposed to the French case, whereby the construction of the State signals the purposes of a territorial logic (“traditional territoriality”), the Colombian State is na endemic one, a fragmented State struggling for territorial control and in fear of the fragmentation of territorial unity (Navas). Its limited capacity to cover the whole territory and to act on it (its “limited or partial territoriality”, according to Medellín) affects governability as well as the deployment of public policies, which is frequently subject to uncertain negotiations related to the problem of governance.That es why governability in Colombia is only possible through hybrid public policies, which are in turn the result of the “indissoluble marriage between sectoriality and territoriality”, the result of a sort of “secterritoriality” which combines in various proportions a sectorial logic (or sectoriallity, which implies centralization) and a territorial logic (or territoriallity, which implies decentralization), all due to a hybrid form of governmen, or “governance” of the territory, a complex and variable dosage of both government and governance. Keeping this in mind, it is possible to establish the degree of territoriality and sectoriality of a public policy at a particular time, and to classify public policies according to their degree of territoriality and/or sectoriality, that is, according to the relative importance of the logics behind their regulation.From the early 70s to the early 80s, sectoriality prevailed and governability was guaranteed almost exclusively through the separate territorial deployment of each sector, then, from 1984 to the present, “controlled decentralization” has shown partial changes in the regulation logic behind public policies by resorting, at least in part, to a logic of territoriality in response to some sort of sectorriality crisis.As can be clearly seen after analyzing and evaluatin public policies in matters such as statesubsidized housing, municipal land development and legislation, education, water and sewage services, governability during this second period can only be guaranteed by governance in the territories or by a combination of both, government in the territory and governance in the territories. In other words, governability is possible thanks to a type of hybrid government that allows those in charge of exercising local executive power to reconcile their bias towards the governance of their teritories and their duties vis-àvis the government of the territory, but capable of being, at the same time, governing actors and ruling agents, active modern-day aldermen.
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El artículo analiza el surgimiento y la caída de un movimiento de contraguerrilla (“La Contra”) en Nicaragua. Ubica este movimiento dentro de la Revolución Sandinista (1979 – 1990) y el programa de reformas estructurales del gobierno sandinista, trazando el inicio y el desarrollo del proceso de exclusión y alienación de segmentos de la población, especialmente en cuanto a los pueblos étnicos de la costa atlántica y al campesinado medio de la región fronteriza con Honduras. Enfatiza el papel de fuerzas ajenas (las FFAA argentinas, la CIA) en materia de entrenamiento y financiación y analiza el desarrollo de las campañas sociales y militares dentro del conflicto armado que surgió. Termina con el efecto principal: el desangramiento de la Revolución Sandinista tras la derrota militar de la Contra y la pérdida electoral en 1990 como consecuencia.
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La década de los noventa marcó el inicio de la modernización del transporte urbano en las principales ciudades de Venezuela, entre ellas en la ciudad de Maracaibo, segunda ciudad en importancia en el país, proceso que tuvo lugar formalmente desde la Alcaldía de Maracaibo, pero en el cual participaron numerosos actores nacionales e internacionales que dan cuenta de un proceso que se inserta en un modelo de transporte urbano de origen foráneo, vinculado a la necesidad de poner esta actividad a tono con los requerimientos de una economía de mercado. El propósito de este trabajo es identificar la política que en definitiva se formó, los distintos actores involucrados y el rol de cada uno. Se parte de la hipótesis que es escasa la participación local en este proceso, el cual se origina en los organismos multilaterales. Los resultados revelan: 1) Los principales actores involucrados en la formación de la política fueron: Banco Mundial, Consorcio Systra-Sofrrtu, Instituto Municipal de Transporte Colectivo Urbano de la ciudad de Maracaibo (IMTCUMA), Fondo Nacional de Transporte Urbano (FONTUR), Ministerio de Infraestructura (MINFRA), antiguo Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), La Universidad del Zulia, Comisión Presidencial del transporte para la ciudad de Maracaibo, Consejo Venezolano de transporte, Alcaldía de Maracaibo y Metro de Maracaibo; 2) La participación de estos organismos fue muy variada, correspondiéndole el rol de orientador al Banco Mundial y el resto en distintos niveles y en el rol de asesores y ejecutores; 3) La política estuvo dirigida a: reducir los tiempos de viaje de los trabajadores; incorporar empresas privadas en el sector transporte y dar prioridad en la prestación del servicio en los sectores comerciales e industriales. Se concluye que la política de transporte de la ciudad de Maracaibo ha tenido lugar con la participación de los organismos multilaterales y la escasa participación del gobierno local y los usuarios.-----The 1990s marked the start of the urban transport modernization in the main cities of Venezuela, including Maracaibo, the second city. It was formally managed from the Mayor’s Office of Maracaibo, but involved a number of national and international actors in a process that became embedded into an urban transport model of foreign origin, linked to the need of aligning this activity with the market economy requirements. The purpose of this paper is to identify the policy that resulted in the end, the different actors involved, and the role played by each of them. The basis assumption is the scarce local participation in this process, which arose from multilateral organizations. The results reveal that: 1) The main actors involved in the policy structuring were: World Bank, Systra-Sofrrtu Consortium, Maracaibo Urban Mass Transport Institute (Instituto Municipal de Transporte Colectivo Urbano de la ciudad de Maracaibo –IMTCUMA–), National Urban Transport Fund (Fondo Nacional de Transporte Urbano –FONTUR–), Ministry of Infrastructure (MINFRA), former Ministry of Transport and Communications (MTC), La Universidad del Zulia, President’s Transport Commission for the city of Maracaibo, Venezuelan Transport Board, Mayor’s Office of Maracaibo, and Metro of Maracaibo; 2) The participation of these organizations was very varying, the World Bank playing the directing role, and the others in different levels as advisors and implementers; 3) The policy was addressed to: reducing workers commuting times; incorporating private companies into the transport sector; and giving priority to the service provision in commercial and industrial sectors. The conclusion is that the transport policy in the city of Maracaibo occurred with the participation of multilateral organizations and very little participation of the local government and users.
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El objetivo de este trabajo de grado es realizar un análisis sobre las transformaciones institucionales colombianas que garanticen los derechos de refugiados colombianos en el Ecuador. Se analizará desde el enfoque neo institucionalista de la Ciencia Política, como la realidad de los refugiados colombianos en el Ecuador incide en las trasformaciones de las instituciones colombianas al constituirse en actores estratégicos en la configuración de las políticas y la institucionalidad del Estado colombiano. Al ser este un estudio de caso, se abordarán trayectorias vitales y migratorias de connacionales refugiados en Ecuador, víctimas del desplazamiento forzado, como también versiones de las instituciones del gobierno colombiano y opiniones, reflexiones y prácticas de fundaciones, ONG e instituciones internacionales especializadas, desde un enfoque cualitativo de investigación.
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La presente investigación tiene como objetivo realizar una aproximación interpretativa a la Marcha Patriótica [MP] a través de tres ejes, a saber, Partido Político, Movimiento Político y Movimiento Social. Para desarrollarlo, se realizó una caracterización del contexto con el interés de identificar las situaciones contributivas a la génesis de la MP. En este contexto, se logró establecer que la situación más importante y determinante fueron los diálogos de paz de La Habana entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Posteriormente, se realizó la descripción de los tres ejes de interpretación y la definición de cómo serían entendidos para efectos del estudio de caso. Finalmente, se procedió con una caracterización de la MP a través de los ejes y se concluyó con una explicación amplia que dio como resultado la incorporación de nuevos elementos de análisis. Lo anterior, permitió explicar a la MP a partir de sus sectores, sus reivindicaciones, su accionar, los movimientos que la componen y los actores con los que se relaciona.
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A lo largo de la historia reciente de Colombia se han establecido distintos mecanismos de participación y representación para los jóvenes en las diferentes esferas de la sociedad. Dichas dinámicas de participación juvenil requieren de la aplicación de distintas herramientas y estrategias de comunicación, que permitan el acceso de los jóvenes en los distintos programas, estrategias y espacios de participación y representación. Sin embargo dado el marco normativo en materia de juventud, esta investigación diagnostica la existencia de un problema de comunicación, sustentado en la falta de conocimiento por parte de los jóvenes de los diversos espacios de participación y representación. Por tal motivo se presentan distintas estrategias y medidas como alternativas de solución, con el objetivo de garantizar que los jóvenes en Colombia ejerzan sus derechos y deberes en materia de participación y representación.
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El interés de este estudio de caso es entender la incidencia de los problemas demográficos de Japón sobre las políticas concernientes al Sistema de Seguridad Social Japonés, así como la viabilidad de estas políticas ante la muy difícil situación que existe. Observando cómo los problemas demográficos han afectado el Sistema de Seguridad Social por medio de estudios demográficos del pasado y actuales, además de proyecciones poblacionales a futuro, para así poder comparar los mecanismos implementadas por el Gobierno Japonés y los resultados obtenidos con las necesidades reales del Sistema de Seguridad Social Japonés, abriendo la posibilidad de entender profundamente las debilidades y las posibles soluciones al problema que enfrenta este sistema.