168 resultados para Guerra contra el terrorismo


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El proyecto político del ex Presidente Álvaro Uribe Vélez se presentó como una novedad histórica, articulada alrededor de la lucha contra el terrorismo y se creía que era la única salida eficaz a la situación de violencia que se venía generando en Colombia cincuenta años atrás. El estilo político de gobierno y la imagen personal de Álvaro Uribe Vélez marcó una ruptura significativa con relación a sus antecesores y a otros importantes dirigentes políticos de Colombia, ya que se tenía la concepción de que los anteriores gobiernos se caracterizaron por la incapacidad para enfrentar el conflicto armado. Esta novedad se vio reflejada no solamente en las medidas y políticas propuestas e implementadas desde comienzos de su administración, sino en toda una serie de estrategias tendientes a capturar la atención de los medios de comunicación y el respaldo de la ciudadanía al programa de gobierno en general y a la política de seguridad democrática en particular. Los consejos comunales de gobierno celebrados en los departamentos de Vichada y Chocó durante 2002 y 2006, incidieron en los resultados de las votaciones presidenciales del 2006 a favor de Álvaro Uribe Vélez. Esto es así dada la propaganda política que se hizo en ellos de la imagen del presidente y el uso de algunas reglas especiales que permitieron persuadir al electorado. Como se pudo observar, los consejos comunales hacían especial énfasis en las cualidades atrayentes del presidente: carácter, credibilidad, dinamismo, carisma y liderazgo. El uso de las 5 reglas explicadas: aprovechamiento de los deseos preexistentes de la audiencia, la apelación a las emociones, la simplificación de las emociones, la repetición de los temas principales y las afirmaciones declarativas directas, finalmente pretendían vender al presidente como un político sui generis, con unas cualidades excepcionales y como el único capaz de asumir los problemas de las regiones con autoridad y decisión. Esto sumado al vínculo emocional que siempre generaba con el público, catalizó su efecto propagandístico.

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El terrorismo representó para el gobierno de Uribe la oportunidad de insertar el conflicto interno en el escenario internacional, que a través de la política de Defensa y Seguridad Democrática busco justificar las acciones gubernamentales y aumentar el apoyo nacional e internacional en pro de salvaguardar la democracia y el Estado Social de Derecho. En el presente documento se establece la relación entre terrorismo y política externa en el primer período de administración de Álvaro Uribe Vélez, a través de los fundamentos teóricos del constructivismo y con relación a tres actores del sistema internacional: Estados Unidos, las Naciones Unidas y la Unión Europea. Dentro del análisis se observa una tensión fundamental que se presenta respecto al discurso y a la práctica, en este caso la práctica institucional a nivel nacional de la administración Uribe. De igual manera, el período analizado permite establecer dicha tensión cuando se ve en detalle la relación entre la presentación que hizo Uribe de la problemática colombiana en distintos foros internacionales ante diversos actores internacionales y el desarrollo institucional de la Política de Seguridad Democrática. Respondiendo a ello, el discurso del gobierno Uribe asumió diversos matices según las exigencias de Estados Unidos, de la Unión Europea y de las Naciones Unidas dentro del contexto de la lucha contra el terrorismo.

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Durante los años 2004 y 2005, el grupo Estudios sobre Identidad (ESI) de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario adelantó la investigación “Análisis comprensivo de las interrelaciones entre tendencias actuales de la filosofía política y los estudios sobre las transformaciones recientes del Estado nación en Colombia”. La investigación, financiada por Colciencias y la universidad, analizó las dinámicas que afectan al Estado desde dos ópticas: una, que evalúa los discursos que hablan desde dentro del Estado o que explican su funcionamiento político e institucional, a cargo de la investigadora Carolina Galindo. La otra mirada describe los conflictos locales y las circunstancias globales que afectan el conjunto del Estado desde afuera de las reglas institucionales y en contravía del modelo soberano del Estado nación, desarrollada por Adolfo Chaparro, director del ESI. En este contexto, el presente documento hace referencia al análisis puntual que Chaparro plantea sobre las relaciones entre las prácticas y los discursos sobre la violencia.(...) A modo de diagnóstico inicial, el investigador resalta una constante: en Colombia hay una fuerte tradición que establece vínculos indisociables entre los fenómenos de violencia y las expresiones de la política. Debido a que las formas de nombrar la violencia y de resolverla en cada época tienen implicaciones en la imagen histórica que el país produce de sí mismo, es posible establecer una correlación entre la historia del conflicto y las dificultades para consolidar el Estado nación en el país. En ese sentido, el tema del conflicto no sólo compete a los discursos académicos sino que afecta, o debería afectar, las decisiones gubernamentales y los debates de la sociedad civil. De la investigación se deducen las explicaciones más aceptadas que las ciencias sociales han propuesto sobre el conflicto: que obedece a profundas desigualdades económicas y sociales; que expresa una estrategia de dominio territorial; que obedece a la falta de presencia del Estado; que todas las causas hacen parte de la explicación y de la solución integral del conflicto o, como se entiende actualmente, que Colombia no vive un conflicto social armado sino una guerra contra la sociedad que necesariamente tenía que derivar en una guerra frontal del Estado y de la sociedad contra el terrorismo. Dado que estas teorías no sólo hacen diagnósticos sino que proponen salidas al conflicto armado, incluso intentan vislumbrar soluciones a largo plazo, el estudio sintetiza los resultados de cinco investigaciones paradigmáticas sobre el conflicto, en las que se analiza la relación entre el discurso sobre las causas del conflicto y las expectativas de transformación de la sociedad que ha generado su posible solución durante las dos últimas décadas.

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En América Latina el tema de la seguridad nunca ha sido -hasta ahora- objeto de una atención y preocupación constante y sistemática por parte del foro académico en tanto dimensión específica de los problemas de las relaciones internacionales. A ello ha contribuido lo que algunos estudiosos han denominado la “relativa irrelevancia” de la región en materia de seguridad a nivel mundial, resultado de diversos factores dentro de los que pueden destacarse al menos los tres siguientes: el bajísimo nivel de conflictividad interestatal (a pesar de episodios esporádicos como la Guerra de las Malvinas y la escaramuza bélica entre Ecuador y Perú en la Cordillera del Cóndor), el hecho de ser un área relativamente libre de armas nucleares (el tratado de Tlatelolco, suscrito en 1967, es pionero en materia de control de armas y de no proliferación), y en los últimos años, el fin del conflicto centroamericano y con ello, la pacificación de la región, no obstante la persistencia del conflicto interno colombiano. Esta marcada tendencia ha empezado a cambiar de curso bajo la influencia de los efectos que en la dinámica de las relaciones internacionales produjeron los sucesos del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos. En efecto, estos acontecimientos no sólo provocaron una creciente securitización de la agenda internacional (lo que implica que las políticas exteriores, o el análisis de las relaciones internacionales, tengan que ser pasados por el prisma de la seguridad, a la que todo se subordina, desde la economía -el libre mercado como herramienta para luchar contra el terrorismo- hasta los intercambios culturales -las restricciones al acceso de extranjeros a ciertos programas de educación superior). También obligaron a darle una nueva mirada a las zonas consideradas pacíficas, en la medida en que el terrorismo es una amenaza global que se viene enfrentando con una guerra igualmente global, que no se atiene a la clásica distinción geopolítica entre zonas bajo un orden de paz y zonas en estado de guerra. En este contexto aparece el esfuerzo colectivo de los miembros de la línea sobre seguridad regional e internacional del Centro de Estudios Políticos e Internacionales (CEPI)(...), de las Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, en torno al análisis de la construcción de la seguridad en América Latina, cuyo primer resultado es un afortunado y pertinente intento por delinear los perfiles de seguridad de los países que integran el “círculo de Colombia”: Brasil, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela(...) y al cual seguirán tres trabajos adicionales dedicados a la seguridad de los países del Cono Sur, de Centroamérica y el Caribe, y por último, de Colombia con una perspectiva comparada. Esos perfiles de seguridad se determinan a través de un análisis que se considera un espectro mucho más ensanchado de nuevas amenazas a la seguridad y en el que los factores de seguridad clásicos, principalmente geopolíticos y militares, se enlazan fluidamente con los económicos, sociales, ambientales y culturales, hasta ahora relegados a una posición relativamente secundaria.

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Si usted camina menos de 5 mil pasos diarios, clasifica como una persona sedentaria y tiene dos veces más riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular, diabetes de tipo II, obesidad, cáncer de colon, de próstata y de seno, hipertensión arterial, osteoporosis, depresión y hasta ansiedad. Esta perspectiva, poco saludable, es el reflejo fiel de un estilo de vida moderno que, debido a la tecnificación, no exige ningún esfuerzo físico y, en consecuencia, puede desencadenar a largo plazo enfermedades crónicas y riesgos que atentan contra el bienestar y la calidad de vida de la población. Los datos epidemiológicos en el mundo han alertado sobre el fenómeno del sedentarismo y el impacto de éste en la salud de los pueblos, por su evidente relación con la aparición de enfermedades crónicas degenerativas y no transmisibles y, además, por el costo que tiene atender a los usuarios y el monto de los recursos para brindar apoyo técnico-profesional especializado en los procesos de rehabilitación de esas personas. En el año 2001, las enfermedades no transmisibles fueron la causa de casi el 60% de las 56 millones de muertes al año, en el mundo. Entre los factores de riesgo identificados están: la falta de actividad física, la hipertensión arterial, hipercolesterolemia, escasa ingesta de frutas y hortalizas, obesidad y consumo de tabaco. Entre 1985 y 1995, estas patologías fueron consideradas como la causa de cerca del 30% de muertes en Colombia, es decir, una tercera parte del total. Frente a esta situación creciente, la prevención de las enfermedades no transmisibles constituye un gran desafío para la salud pública mundial. Por esta razón, es indispensable la comprensión del fenómeno del sedentarismo como un problema estructural que incide en la presencia de enfermedades no transmisibles.De igual forma, es urgente desarrollar unos lineamientos con el fin de disminuir los riesgos en salud, recapacitar acerca del individualismo generado por la misma sociedad –particularmente en los niños– y generar conciencia frente a la importancia de la actividad física. Para atender esta problemática y mirando al cuerpo desde una perspectiva diferente de algunos parámetros como el aumento de la productividad, la disminución de ausencias (esquema de salud ocupacional), el alivio de lesiones (esquema terapéutico) o la prevención de enfermedades (esquema patológico), la Universidad del Rosario, a través de su grupo de investigación en Actividad Física y Desarrollo Humano(...), está trabajando en proyectos orientados a investigar y promover la actividad física como una estrategia económica y efectiva para combatir el fenómeno del sedentarismo y, de esta manera, contribuir en la creación de una nueva dinámica social que busca compartir, recrear y, construir tejido social de una manera distinta, por salud, por bienestar físico, mental y colectivo. Esta labor implica una acción social más contundente, porque está en juego no solamente el movimiento de músculos y la activación del cuerpo, sino también, la relación social construida en la interacción, ya que muchas actividades se ejecutan por medios interactivos y, por esta razón, se aíslan los individuos. Así las cosas, el fomento a la actividad física involucra la idea de utilizar el tiempo libre de manera activa y facilitar la interacción social, pues a diferencia de un videojuego, que aísla, una caminata se puede realizar en compañía y es propicia para conversar. Y aunque en el imaginario colectivo se piensa en el gimnasio cuando se habla de actividad física, ésta no tiene que ser tan formal como un deporte, sino que intenta orientar a la persona, aparentemente saludable y sin patologías, para mantenerla en esa condición de salud y mejorar su calidad de vida. El hecho es que motivar a las personas para que realicen una actividad física determinada y regular, no es tarea fácil debido a factores culturales y conductas sociales e individuales proclives al sedentarismo, como el uso prolongado de Internet, los videojuegos, la falta de tiempo, el exceso de peso, los entornos inadecuados y la ausencia de escenarios aptos para estas prácticas. Tampoco ha sido fácil que los gobernantes se interesen en desarrollar la política y los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), según los cuales se requiere de un entorno adecuado. A diferencia de países como Estados Unidos o Canadá, en el presupuesto colombiano no existe un rubro específico para el fomento de la actividad física, desligado del deporte, de los gimnasios o el alto rendimiento. Por eso, más que un fin, este trabajo investigativo es el punto de partida para estudiar los patrones culturales y las variables sociales que limitan o favorecen la práctica de la actividad física. Adicionalmente, esta labor sirve como base para desarrollar una política pública que articule el sector oficial y no oficial, el público y el privado y, de esta manera, se sumen esfuerzos hacia el fomento de la actividad física porque el problema del sedentarismo está latente y es el detonante para disparar todos los índices epidemiológicos en el país

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En este estudio de caso pretende dar respuesta a que factores vitalizan la cooperación Española en Mozambique a través del análisis de programas como el VITA, dirigidos específicamente al desarrollo y mejoramiento de la salud en el continente Africano. Este estudio de caso se centra en el investigación de los discursos de desarrollo que se fundamentan en las políticas internacionales de cooperación , basadas en la existencia de una enfermedad como el VIH que ha puesto en manifiesto la interacción entre la esfera biológica y social , social e individual entre el fenómeno existencial y cultural, lo que fundamenta su importancia y estudio. Se ha escogido esta herramienta de investigación social, en este estudio de caso, para abordar la forma en que funciona y opera la AECID en Mozambique a través de los programas con enfoque de género encaminados al problema del VIH. Se pretende dar a conocer el desarrollo en materia de la cooperación internacional de una organización tan importante como la AECID, cuyos proyectos gozan de una gran credibilidad en cuanto a la ejecución de sus acciones y que en general dichos proyectos se adecuan a las necesidades de la población, a los objetivos de desarrollo nacionales y a las prioridades de la cooperación española.

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Análisis de la cooperación colombo-brasileña contra el tráfico de drogas en el periodo comprendido entre el 2002 y el 2008

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Las relaciones político-militares entre Colombia y Estados Unidos (EE.UU.) se han orientado desde la década de los ochenta a la solución de dos asuntos fundamentales de la agenda bilateral, como son: por un lado, la Lucha contra las Drogas, y desde los ataques del 11 de septiembre de 2001, la Lucha Global contra el Terrorismo Internacional. A partir de esto, la alianza formada entre ambas naciones se ha manifestado, en términos materiales, en el incremento de ayudas económicas, material armamentístico, inteligencia, tropas y contratistas estadounidenses en Colombia, lo cual, acompañado de la alineación colombiana al discurso antiterrorista estadounidense han permitido que Colombia sea considerado por EE.UU. como un aliado estratégico en la región. Ante el escenario de las relaciones colombo-estadounidenses, la administración de Hugo Chávez Frías inició un programa de reorientación de la política de seguridad y defensa venezolana con el fin de garantizar la defensa integral del Estado, a partir del incremento en la adquisición de material bélico y reequipamiento militar, la profundización de las relaciones cívico-militares y el involucramiento directo de la sociedad civil en la defensa del Estado. Por lo anterior, este estudio se centra particularmente, en determinar en qué medida la reorientación de la doctrina de seguridad venezolana durante el gobierno de Chávez, en especial durante el periodo 2006-2010, hace parte de una estrategia defensiva frente a la amenaza identificada en la relación político-militar entre Colombia y Estados Unidos.

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Este artículo tiene la intención de contribuir al desarrollo del estudio del terrorismo femenino y su objetivo es analizar el rol de la mujer en el grupo terrorista Tigres del Tamil de Sri Lanka. Se desea comprobar que estas mujeres refuerzan la dimensión operacional y la estructura de estas organizaciones a través de su participación en varios niveles lo cual puede considerarse una amenaza para la seguridad de los Estados. Este tema refleja la importancia y transformación del terrorismo actual es por eso que quiero hacer una contribución a la academia en las Relaciones Internacionales.

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En esta investigación se analiza las estrategias de seguridad entre el Estado de México y los países Centroamericanos para contra restar los efectos del tráfico, cultivo y consumos de drogas en la región. Esta cooperación se explica por medio de la teoría de los Complejos de Seguridad , la cual permite observar el alcance de dichas lucha contra el narcotraficante.

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Reclamo al testamento de Fray Cristóbal de Torres por parte del bachiller Francisco Mendoza quien le sirvió como crucero y capellán, y no fue remunerado por su tiempo de servicio. El reclamo se resuelve concediéndole el pago de siete mil seiscientos veinte y cinco pesos de ocho Reales por el servicio prestado durante dieciocho años y nueve meses.

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Domingo Ortiz de Zárate quien fue mayordomo del arzobispo de Santafé Fray Cristóbal de Torres, reclama porque no se le ha pagado una suma de 4.893 pesos de a ocho reales sencillos y dos cuartillos por sus servicios prestados durante catorce años, por lo que presenta un juicio con los comprobantes de su trabajo y legitimidad de la deuda. Incluye relación de cuentas de las haciendas de San Vicente y Tena, adicionalmente contiene los interrogatorios hechos a los allegados a Domingo Ortiz de Zarate para comprobar la legitimidad de su petición; y la resolución del juicio aprobándole el pago del dinero que se le debía.

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Isidro Madero representando al Hospital de San Pedro, reclama en contra del Testamento de Fray Cristóbal de Torres, el pago de 33 patacones y dos reales correspondientes a las medicinas que le fueron dadas al Arzobispo de dicho Hospital. Contiene siete recetas médicas fueron escritas en latín.

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Reclamo de Juan de Morillas contra el testamento de Fray Cristóbal de Torres por no habérsele pagado el dinero de los lutos que se había estipulado, al ser él y su mujer deudos del difunto Arzobispo. El juicio concluye concediéndole los lutos a Don Juan de Morillas.

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Martín de la Sierra servidor de Fray Cristóbal de Torres difunto Arzobispo de Santafé, reclama por que no se le ha pagado su salario ni los lutos dados a todos los "criados" de la casa. También reclama por los lutos de su mujer Leonor Leal que también sirvió en la casa del arzobispo y la dote y ajuar de su Hija en el Convento de la inmaculada concepción. Contiene los interrogatorios a personas cercanas al demandante y la conclusión del pleito, se ordenó hacer el pago a Martin de la Sierra, quien al final anota que había recibido el dinero.