58 resultados para Derechos de la Tierra
Resumo:
Como en los dos años anteriores, la Universidad del Rosario, por conducto del Observatorio Legislativo y el Grupo de Investigación en Derechos Humanos de la Facultad de Jurisprudencia, se ha asociado con la Fundación Hanns Seidel para organizar el III Concurso Nacional de Semilleros de Investigación, el cual tiene por objeto promover e incentivar la investigación entre los estudiantes de diferentes áreas del conocimiento, enfocada hacia temáticas de especial relevancia para el país, lo cual representa un aporte que, desde la etapa de formación, los futuros profesionales de nuestra nación hacen al análisis y la reflexión de esos temas que tanta relevancia tienen. La democracia, sus elementos, su materialización mediante la participación ciudadana, son un eje de especial importancia para investigar. La tercera versión del concurso permitió a los estudiantes participantes proponer interesantes tesis alrededor de la construcción de paz, la sociedad civil y el fortalecimiento de la democracia, tema de particular interés justo en este momento histórico del país, en el marco de los diálogos de paz que se adelantan desde octubre de 2012 en La Habana. Para lograr un estudio más profundo de las temáticas que se abordan en el concurso, la competencia se propone siempre en el marco de un seminario internacional que evoque el mismo tema. Este año, en asocio con el Observatorio de Restitución de Tierras y Derechos de la Propiedad Agraria, que representa el esfuerzo de cinco universidades colombianas por estudiar el tema de la tierra, tan emblemático en nuestro país, se organizó el diálogo mayor “Conflicto, desigualdad y desarrollo: trasformaciones agrarias y paz”, que contó con más de quinientos asistentes, procurando un análisis de expertos de alto nivel alrededor de las preguntas que deben plantearse los gobiernos, los líderes y la sociedad civil en la búsqueda de la anhelada paz. De las ponencias recibidas por parte de diferentes instituciones educativas del país en el marco de la convocatoria del concurso, veinte de ellas fueron seleccionadas para participar en la fase oral de los días 18 y 19 de septiembre de 2013 en la Universidad del Rosario. Tanto la fase oral como la escrita contaron con la participación de profesores de altas competencias profesionales y académicas que, como pares evaluadores y jurados en ambas fases, certificaron la calidad de las ponencias presentadas y con ello los resultados obtenidos. Por tercer año consecutivo las ponencias ganadoras del concurso son publicadas por la Editorial de la Universidad del Rosario y gracias a la financiación de la Fundación Hanns Seidel, que desde el principio creyó y respaldó esta iniciativa. Así pues, continuamos con nuestro deber académico de incentivar el debate a partir de la investigación en temas de actualidad jurídica, política y social realizada por los estudiantes y cumplimos con nuestro objetivo de seguir construyendo la Colección Semilleros de Investigación de la Universidad del Rosario, la cual es distribuida a las diferentes bibliotecas nacionales, departamentales y universitarias, con el fin de llegar al mayor número posible de destinatarios para que puedan conocer las reflexiones de nuestros estudiantes.
Resumo:
El deterioro medioambiental, en particular la pérdida de biodiversidad a nivel mundial, ha tenido un crecimiento significativo a través de los años, debido a la constante transformación de los hábitats, la deforestación y especialmente por la sobre-explotación insostenible de los recursos existentes, trayendo consecuencias adversas para el desarrollo de los países más pobres, donde paradójicamente se concentra la mayor diversidad biológica del planeta. Es así como, surge la necesidad de responder a esta problemática y canalizar por medio de diferentes foros internacionales la atención de la comunidad internacional a la protección de los recursos naturales. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, celebrada en Estocolmo en 1972, legitimó los problemas ambientales como un tema de preocupación internacional lo que generó un impulso político sin precedentes que llevó a la firma de diferentes acuerdos, entre ellos, la Convención sobre el comercio internacional de fauna y flora (CITES) de 1975. Veinte años después en el marco del fin de la guerra fría, tuvo lugar en Río de Janeiro la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible, la cual basándose en el Informe Brundtland reafirmó internacionalmente el hecho de que la “protección del medio ambiente y la administración de los recursos naturales deben integrarse en las cuestiones socio-económicas de pobreza y subdesarrollo”1. Cabe señalar que la Cumbre se convirtió en un hito internacional que ayudaría a guiar la cooperación de los estados y las organizaciones y el desarrollo de programas en el próximo siglo, al tener como resultado la adopción de diferentes acuerdos multilaterales como: la Declaración de Principios sobre Bosques, la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en la cual se definen los derechos y las obligaciones de los Estados respecto a principios básicos sobre el medio ambiente y Agenda 21, el Convenio sobre Cambio Climático y el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Además, se estableció la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible de la ONU con el mandato de coordinar las actividades de medio ambiente de las Naciones Unidas y supervisar la aplicación de lo pactado en la Cumbre del 92. Sin embargo, años después se vislumbra con gran preocupación en la Cumbre para la tierra + 5, la persistencia de la explotación indebida de los recursos naturales, y el continuo crecimiento de la pobreza. Es así como, en el 2002 con el objetivo de revisar nuevamente los éxitos y los fracasos registrados desde la Cumbre de la Tierra, se llevó a cabo en Johannesburgo, África del Sur, la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (Río + 10) donde se acordó la necesidad de fortalecer el multilateralismo por medio de instituciones internacionales más efectivas que promovieran el desarrollo sostenible y se reconoció al Convenio sobre la Diversidad Biológica como ente rector para la conservación y la utilización sostenible de la biodiversidad y como el instrumento principal para reducir la perdida de la misma al 2010.2 Asimismo, teniendo en cuenta que el CBD cuenta con la cooperación de diferentes organizaciones internacionales para dar total cumplimiento a los objetivos planteados en el mismo, como es el caso de la UNCTAD, la UNDP, la UNEP, entre otras, en la presente monografía se analizará específicamente la cooperación de la UNCTAD, en la medida que se ha convertido en una organización que se ha preocupado por adoptar día a día un nuevo enfoque para la asistencia al desarrollo abordando conjuntamente el medio ambiente y el comercio, a través de programas de cooperación como es el caso del BTFP, que fue una de las primeras iniciativas de las Naciones Unidas para ayudar a los países en desarrollo a fomentar el comercio responsable para potenciar la sostenibilidad y mantener la biodiversidad.
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El interés de esta monografía es analizar los alcances y las limitaciones de la actuación de UNAMID en la defensa de los Derechos Humanos de las mujeres en el conflicto en Darfur (2008-2012). Lo anterior, para dar cuenta de que si bien UNAMID ha tenido avances significativos en el aumento de denuncias por violación sexual, en la educación y en la inclusión de la mujer en Darfur, la intervención tardía, la falta de personal cualificado y el lento despliegue ha limitado su actuación para erradicar la violencia sexual como arma de guerra. Sin embargo, la baja internalización de la norma por parte del Estado de Sudán ha sido el mayor limitante para la Misión de Paz. Este análisis se realiza mediante el concepto de Responsabilidad de proteger y el enfoque de Alexander Wendt y Nicholas Onuf.
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Este artículo plantea que el diseño institucional contenido en las normas jurídicas sobre propiedad agraria, en el período 1991-2010 no tiene como fundamento la distribución de la tierra y que, por el contrario, incentiva o permite la concentración de la misma; esto, distanciándose de las tesis que aborda el problema de la tierra como una consecuencia de la indebida aplicación de las normas que regulan el tema rural. Además, en materia de propiedad agraria, la Constitución de 1991, a pesar de su sesgo garantista y de haber cambiado un sinnúmero de estructuras sociales y políticas, en el tema de propiedad de la tierra conservó la estructura decimonónica y liberal clásica de los derechos de propiedad regulados en el Código Civil. Si bien los fenómenos de la concentración y el despojo de la tierra no se pueden explicar únicamente desde la variable de la norma jurídica, esta sí puede arrojar indicios sobre dichas situaciones. Así las cosas, se realizará un análisis desde las normas jurídicas para determinar si, desde su diseño, existen elementos que hayan contribuido a la concentración y al despojo de la tierra en Colombia.
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El derecho al trabajo es un derecho humano consagrado, tanto en su dimensión individual como colectiva, en múltiples instrumentos del sistema internacional de los derechos humanos. La Constitución Política colombiana de 1991 reconoce también el trabajo como principio, como deber y como derecho. A partir del sistema normativo internacional y nacional constitucional se presenta un concepto de trabajo que, desde una perspectiva de derechos humanos, debe ser digno. En esta dirección, con base en lo señalado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la Observación General No.18 sobre el derecho al trabajo, se identifica el contenido básico de este derecho y se refieren algunas obligaciones jurídicas del Estado para su efectiva realización.
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La idea de la voluntad del pueblo como expresión de la soberanía es propia de la teoríapolítica que busca explicar el origen del Estado moderno liberal. La compatibilidad entre lalibertad individual de sujetos considerados iguales y el ejercicio del poder político requierepensar a los ciudadanos como sujetos libres, y esto se logra cuando el poder que se ejercesobre ellos se concibe como un poder que nace solo de los propios ciudadanos. En laconcepción individualista de la democracia, los derechos de los individuos son anteriores ytienen primacía sobre la pertenencia a la sociedad. Sin embargo, no es necesario asumir estaconcepción para defender esa primacía. Se la puede defender solo respecto de las decisionesde la sociedad. Desde esta posición, es posible concebir el conflicto entre soberanía populary derechos humanos. La transición política uruguaya ejemplifica esa posibilidad. A través de un referéndum y un plebiscito convocados por la propia sociedad, la mayoría avaló laLey de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que impide los juicios por los gravescrímenes cometidos durante la dictadura. La Corte idh declaró, en el 2011, que esa decisiónpopular violaba la cadh y que la soberanía popular está sujeta a los límites que le imponenlos derechos humanos. Los análisis de esta decisión se han centrado en la obligación del Estadode acatarla, pero no en lo que ella significa para la comprensión contemporánea de lademocracia. Eso es lo que pretendo hacer en este artículo, a través de dos tesis: el conflictose mantiene si el concepto de democracia es un concepto procedimental; y la Corte idhofrece un concepto que abre un camino a la solución del conflicto.
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Los derechos de propiedad de la tierra pueden ser comunitarios o individualizados, delimitar diferentesusos y beneficios legítimos, así como definir temporalidades para su ejercicio, y presentar o norestricciones para su enajenación. En el contexto neoliberal, sin embargo, la definición de derechosde propiedad de la tierra con dominio pleno e individualizado se considera la mejor forma paraaumentar la inversión y conseguir la equidad social. En este trabajo reflexionamos sobre el cambiode régimen de propiedad social (o de las comunidades agrarias) a privada en México. Analizamosen particular, cómo su aplicación en la periferia urbana ha transformado las relaciones sociales depropiedad entre ejidatarios y pobladores de menores ingresos y establecido condiciones para undesarrollo del mercado formal de tierra.Sin desconocer que la entrada del sector inmobiliario capitalista al mercado de tierra en la periferiaurbana, puede derivar beneficios económicos a los sujetos agrarios, los hallazgos de este trabajoindican que se trata fundamentalmente de un estado ilusorio. Los instrumentos jurídicos creadospara facilitar la individualización de la propiedad social, no cumplen con la función de capitalizar elcampo y, por el contrario, llevan a un proceso de despojo de la tierra de las comunidades vía mercado,lo que facilita los procesos de acumulación capitalista en el ámbito urbano. Adicionalmente,dificulta tanto las acciones de regularización de asentamientos informales como el acceso de lospobres al suelo urbano.
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La presente monografía busca establecer una conexión argumentada entre la expedición de la ley 200 de 1936 y la creación de Autodefensas Campesinas en la primera mitad del siglo XX en Colombia. Se buscan las razones estructurales por las cuales la sociedad rural se vio abocada a impulsar agrupaciones armadas para defender sus derechos fundamentales, debido a que el Estado demostró ser incapaz de protegerlos mientras que el odio entre clases rurales aumentó conforme se implementaba el capitalismo agrario en el país. Desde la Teoría del Conflicto de Clases Rurales de Jeffery Paige, se explicará la forma en la que se articulan las variables que no permiten una revolución social, pero si propician la aparición de este tipo de grupos campesinos armados e ilegales; que luego se transformarían en “Guerrillas”.
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El desplazamiento forzado de población en la zona del Alto Sinú durante los años 1998 – 2002 responde al interés de los grupos armados ilegales por dominar el territorio y reconfigurar el orden socioeconómico en el mismo.
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El propósito de este estudio de caso es analizar la participación del Consejo Territorial de Cabildos y las organizaciones que lo componen en redes transnacionales medioambientales en el marco de la Organización de las Naciones Unidas. Se analiza el Sistema de las Naciones Unidas y los espacios en los cuales participan los pueblos indígenas, de manera especial, aquellos que se ocupan de temas ambientales, se hace una aproximación al surgimiento de la diplomacia de segunda via, reconstruyendo los movimientos sociales y la diplomacia indígena, para finalmente llegar a reconstruir la participación de las organizaciones que conforman el CTC en espacios del Sistema de las Naciones Unidas privilegiando temáticas ambientales, describiendo detallamente los repertorios de acción de los pueblos de la SNSM.
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Este trabajo de grado, analiza las tensiones entre las diversas prácticas de propiedad en el Parque Tayrona configurados históricamente. En esta región la propiedad sobre la tierra y el acceso a los recursos estaba y está monopolizada por el narcotráfico, fuerzas paramiitares y las élites de la región. En la misma vía el uso y tenencia de amplias porciones de tierra se destinan para desarrollo de planes turísticos, en los cuales los propietarios hacen parte de la élite regional, que a su vez mantienen tierras destinadas para monocultivos de banano o café. A saber, el ecoturismo irrumpe en este contexto, de desigualdad, violencia y control paramilitar, como mecanismo que paradójicamente, por un lado moviliza posibilidades de tenencia y uso de la tierra y formas de reconocimiento dentro de las comunidades campesinas y por otro lado produce y mantiene prácticas de desposesión, desigualdad y la continuidad de conflictos socioambientales en la región.
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Antes de la expedición de la Ley 100 de 1993, el ISS prestaba los servicios de salud a los asalariados del sector privado en un monopolio que no le exigía ningún esfuerzo. El déficit acumulado por la falta de los aportes de la nación previstos en la Ley 90 de 1946 y los cambios en su naturaleza jurídica no le permitieron asumir el reto de la libre competencia de los actores dentro del sistema, por lo que su gestión fue cuestionada por los organismos de control y por varios fallos judiciales adversos que profundizaron su crisis financiera, sumado a los altos costos laborales por los beneficios de la convención colectiva de trabajo, cuyos mayores beneficiarios eran los servidores de las clínicas y CAA, llevando a la formulación del Documento Conpes 3219 del 31 de 2003 denominado “PLAN DE MODERNIZACIÓN DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - SALUD”, cuyo resultado fue la expedición del Decreto 1750 de junio 26 de 2003, que ordenó la escisión de la vicepresidencia prestadora de servicios de salud, clínicas y centros de atención ambulatoria (CAA) y la creación de siete empresas sociales del Estado. La escisión produjo cambios significativos en materia laboral para los servidores que hasta esa fecha laboraban en calidad de trabajadores oficiales del Instituto ya que fueron incorporados automáticamente a las plantas de personal de las nuevas empresas en calidad de empleados públicos, con excepción de los que desempeñaban cargos directivos o funciones de mantenimiento de la planta física hospitalaria y servicios generales, considerados trabajadores oficiales; cuyo régimen salarial y prestacional es el estipulado para los empleados públicos de la rama ejecutiva del orden nacional (artículos 16 y 18), lo que condujo al aparente desconocimiento de los derechos adquiridos por estos servidores en materia de negociación colectiva. El Decreto 1750 de 2003 fue demandado por vulnerar el ordenamiento superior y, en sentencias de control de constitucionalidad y desde la teoría de los derechos adquiridos, la Corte Constitucional estimó que el artículo 18 era restrictivo por hacer referencia solo a los derechos adquiridos en materia prestacional sin contemplar los relativos a materia salarial y los contenidos en convenciones colectivas de trabajo. Al existir entre el Instituto de Seguros Sociales y sus trabajadores una convención colectiva de trabajo vigente, de conformidad con las Sentencias C-314 de 2004 y C 349 de 2004, la Corte Constitucional indicó que dicha convención debía aplicarse a los servidores de las nuevas entidades por el tiempo de su vigencia.
Resumo:
El interés de esta monografía es analizar el diseño y la formulación de la Política Pública de Restitución de Tierras del Gobierno de Juan Manuel Santos. En particular, se busca establecer los aciertos y los desaciertos de dicho proceso para evidenciar que si bien la Restitución de Tierras propuesta por el Gobierno fue creada con el propósito de superar las desigualdades asociadas a la tenencia de tierras en Colombia, su formulación ha sido insuficiente para responder a las demandas de las víctimas del conflicto armado. Para tal fin se utilizan los dos modelos para el análisis de políticas públicas propuestos por la Universidad de Rosario como la herramienta teórica principal que permite entender cómo se llevo a cabo la formulación de esta política pública.
Resumo:
El objetivo de este estudio de caso es identificar las variables institucionales y normativas que permitieron el aumento de la concentración de tierra en el norte del Valle del Cauca, a partir del despojo sistemático de tierras durante 1990 y 2005. El presente trabajo muestra las implicaciones sociales y económicas impuestas desde el escenario de violencia en un área regional. La debilidad del Estado colombiano y el funcionamiento de sus instituciones terminan por configurarse como factores determinantes en la estrategia militar de los cuerpos alzados en armas. Se pretende brindar una visión local que permita reconocer la complejidad y la variedad en las dinámicas de concentración de tierras.
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El interés de la presente investigación está sostenido en analizar la estructuración de la política pública minero-energética, los instrumentos utilizados para su posterior implementación en el municipio de Segovia, Antioquia, y la incidencia que tiene en las tensiones de los actores que tienen presencia en este lugar. Se utiliza la Acumulación por Desposesión para la interpretación de los hechos ocurridos en Segovia, donde se procede a evidenciar que la imposición o inclusión de nuevos modos de producción, genera resistencias que entran en disputa entre sí y que producen la reconfiguración espacial del municipio.