349 resultados para Derechos civiles – Colombia


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Los derechos humanos son aquellos que garantizan las condiciones para la existencia digna de las personas. En un principio, se pensaba que los derechos fundamentales —también llamados individuales o civiles y políticos, como la vida, las libertades o el voto— eran los únicos necesarios para la vida del ser humano bajo parámetros de dignidad y calidad, por ser inherentes a su condición humana. Sin embargo, luego apareció el concepto de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) o derechos prestacionales, entre los que encontramos la salud, la educación y la cultura. Esta categoría muestra que hay una serie de derechos que si bien no están catalogados como fundamentales, son indispensables para alcanzar a plenitud el desarrollo de estos; en ese sentido, no es posible tener una vida digna sin salud, o alcanzar un trabajo digno sin educación de calidad, entre otros ejemplos. Con esta perspectiva, la Constitución Política (CP) de Colombia de 1991, conocida como la constitución de los derechos, consagró de manera expresa los derechos humanos en el título II, organizando primero los derechos civiles o políticos, que denominó fundamentales en el capítulo 1; los derechos económicos sociales y culturales en el capítulo 2; los derechos colectivos* y del ambiente en el capítulo 3; y quizá lo más importante fue que incluyó en el capítulo 4 las herramientas para la defensa y protección de estos derechos, con el fin de hacerlos realidad y que no se quedaran simplemente escritos en el papel. Teniendo en cuenta que la garantía de los derechos humanos es de interés para todos los ciudadanos, el objetivo de esta cartilla es que las personas se apropien de manera fácil y precisa de los mecanismos de protección de los derechos creados por la Constitución de 1991; pretende poner en contacto directo al ciudadano común con las acciones constitucionales, empleando un lenguaje sencillo y claro, de tal manera que el ciudadano, sin importar su grado de estudios ni su área de conocimiento, las pueda ejercer adecuadamente.

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El análisis de este estudio se centra en describir el proceso que vivió la movilización indígena a través de la Minga de Resistencia Social y Comunitaria; que inició con diversas mingas a partir del año 2006 y se consolidó en el año 2009. Esta movilización tiene como fin exigir la restitución de los derechos de los pueblos indígenas del Departamento del Cauca. La Minga, se convierte en una herramienta política y social que a partir de la movilización empieza a estructurarse e involucrar a otros sectores de la sociedad.

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La situación de Derechos Humanos en Colombia es un tema que merece toda la atención del gobierno y de las organizaciones internacionales dedicadas a estudiar y evaluar este tipo de problemáticas. En Colombia, dada su dinámica de construcción social, se han presentado violaciones masivas, generando problemáticas de orden social a gran escala como el desplazamiento forzado. Es mediante esta problemática que se evalúa la violación a los derechos humanos en Colombia, viendo desde allí, sus inicios, el impacto socio-político y las estrategias utilizadas para mitigar y buscar una solución duradera. Este trabajo de grado evaluó la relación que se da entre una organización Internacional como ACNUR y el Estado Colombiano a la luz de la Violación masiva a los derechos de la población civil, analizado concretamente desde el desplazamiento forzado.

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La presente investigación diagnóstica busca presentar los obstáculos y dificultades a los cuales se enfrenta la implementación de la Política Pública sobre Desplazamiento, al incluir un enfoque diferencial que permita garantizar la protección de los derechos fundamentales y colectivos de la población Jitnü, desde una perspectiva intercultural.

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se pretende desarrollar un documento que además de documentar e informar a la sociedad en general sobre la situación actual de la trata de personas en Colombia, contribuya a promover la aplicación de los instrumentos jurídicos tanto nacionales como internacionales, orientados a la prevención, protección, atención humanitaria y mejora de su situación, a fin de garantizarle a este segmento de población el pleno ejercicio de sus derechos, desde la concepción integral de los derechos humanos. Según la problemática descrita, para el desarrollo del presente trabajo se busca analizar la eficacia de la cooperación de las Naciones Unidas (ONU) frente a la trata de personas en Colombia en el período comprendido entre 2003 y 2009. A partir de lo anterior, se plantean como propósitos particulares: contextualizar el fenómeno de la trata de personas en Colombia en el período comprendido entre 2003 y 2009; identificar las estrategias y/o políticas del Estado orientados a la protección y prevención de la trata de personas en Colombia; identificar las acciones de cooperación de las Naciones Unidas (ONU) con el Estado colombiano frente a la prevención y protección de la trata de personas en Colombia en el período comprendido entre 2003 y 2009.

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El presente trabajo surge de diversos cuestionamientos de tipo argumentativo y crítico para con la formulación de derechos políticos en términos universales, lo cual constituye un impedimento hacia el logro de una verdadera inclusión de las mujeres colombianas en el ámbito político. En este sentido, lo que se pretende señalar son las problemáticas que surgen de los fundamentos teóricos mismos _igualdad, individuos abstractos, derechos universales y universalizantes_ al momento de garantizar una verdadera participación y una subjetividad política plena de las mujeres en Colombia. A lo largo de este trabajo se intenta demostrar cómo los derechos políticos planteados en términos universales y dirigidos a individuos abstractos excluyen a las mujeres del ámbito político, en virtud de que se imposibilita un reconocimiento de la diferencia. Esto excluye sus propias luchas y su propia existencia subjetiva y les imposibilita nombrarse y actuar como sujetas políticas autónomas y conscientes.

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En un mundo globalizado los fenómenos de violencia que aquejan a los Estados pueden terminar afectando de alguna manera la seguridad, integridad y estabilidad democrática de los demás Estados. Los fenómenos delincuenciales tales como el narcotráfico, la trata de personas, el terrorismo tienden a convertirse en problemas que trascienden las fronteras y su combate efectivo dependerá de los mecanismos de cooperación en todos los campos que para ello establezca la comunidad internacional. En desarrollo de las complejas relaciones de las que se valen las organizaciones delincuenciales se hace difícil la lucha contra ellas por parte de un sólo Estado. Como resultado, la comunidad internacional adoptó la cooperación como instrumento de apoyo internacional brindando las herramientas necesarias no sólo para reprimir el delito internacional sino para ofrecer ayuda económica, médica, judicial, educativa entre otras, contribuyendo al desarrollo de los países.

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Es fácil comprender porqué las sociedades a través de todos los tiempos se han preocupado por el daño y el perjuicio, a efecto de eliminar, atenuar o cuando menos paliar las huellas dejadas en la víctima por parte del victimario. Así, los regímenes han evolucionado utilizando diversas metodologías para el logro de estos fines, que bien se ven reflejados y respaldados en la teoría de la solidaridad social, ya que ante un hecho dañino el grupo reacciona jurídicamente con miras a lograr el posible restablecimiento del derecho menguado al damnificado. Esto implica, que jamás podríamos imaginar siquiera la falta de respuesta del Estado y la sociedad, apuntando hacia la reparación o resarcimiento de lo ocurrido. Antes de aclarar las inquietudes específicas que nos orientan, tenemos qué señalar que daño es el mismo hecho dañino, el golpe, la conducta agresora, el ataque, “la alteración negativa de un estado de cosas existente”1 , o lo que es lo mismo, “la aminoración patrimonial sufrida por la víctima”2 . Entonces, el daño es el acontecimiento ilegal, que no puede confundirse con el perjuicio que es lo que le sobreviene; son diferenciables; su relación es consecuencial, y no se refunden.

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El presente estudio de caso hace un análisis y revisión de la consulta previa en un contexto suburbano como es la comunidad muisca de Bosa. Se describe cómo este mecanismo permite la defensa del territorio ante la expedición del plan parcial El Edén El Descanso que busca desarrollar en esta zona un proyecto de vivienda. En este sentido se hace una revisión de la documentación pública del Cabildo muisca de Bosa, del Distrito y del Ministerio del Interior que sirven de insumo para analizar las dinámicas y fases de este caso al ser el único en un contexto suburbano. A partir de esto se retoman varios elementos del Estado social de derecho, como los derechos colectivos y los mecanismos de participación, entre otros, en el marco del enfoque diferencial para las comunidades indígenas

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Los intereses contrapuestos en relación con el manejo, uso, utilización y aprovechamiento de los recursos naturales de los territorios indígenas, generan conflictos ambientales en donde uno de los escenarios privilegiados de expresión de los mismos es el de la consulta previa: cuando se adelanta o por el contrario, cuando aunque sea obligatoria, no se impulsa o se hace de manera inadecuada, es decir, sin el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos.

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Siendo una de las responsabilidades de las ARS, la entrega efectiva del carnet a los usuarios, así como la de informar las novedades de los afiliados a las DLS y dar a conocer a los afiliados sus deberes y derechos.

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el Estado colombiano no cumple con todas sus funciones u objetivos, debido a factores económicos, políticos y en ocasiones sociales, desconociendo las necesidades de los colombianos o de algunos grupos de la población nacional

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Identificar todas aquellas Recomendaciones formuladas por la CIDH que involucran a las Fuerzas Armadas, especialmente el Ejército Nacional, con el fin de establecer la operatividad y el alcance de esas recomendaciones dentro del Estado Colombiano

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Se abordó el tema de los estados de excepción, concluyéndose que en nuestro país y en la mayoría de Estados latinoamericanos el asunto se sigue tratando desde una visión militarista, que por demás desconoce el ordenamiento internacional

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Este trabajo encuentra validez en la medida en que se reconoce la necesidad apremiante de estudiar la respuesta del Estado colombiano frente a la situación de las comunidades en riesgo. Lo anterior, no solo por el deber constitucional que tiene el Estado de garantizar los derechos humanos.