350 resultados para Colombia -- Política social -- 1995-2002
Resumo:
A lo largo de la investigación se va a demostrar que a diferencia de las intervenciones en situaciones anteriores , la participación de la comunidad internacional ha incidido en la evolución del proceso de paz en Sudán en la medida en que ha actuado como mediadora y patrocinadora, asegurando la continuidad del mismo. Igualmente ha contribuido a la construcción del Estado sudanés mediante la verificación de los acuerdos firmados entre las partes.
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El miedo se ha convertido en un lugar común para explicar diferentes procesos de disuasión en términos políticos; a pesar de que esto no es nuevo1 , los estudios alrededor de este tema comienzan a ser más profundos y variados, sobre todo después de los hechos del 11 de septiembre del 2001, que se han convertido en un hito en el terrorismo en el mundo occidental. Estos sucesos condujeron al investigador de la Universidad de Arizona Mark Landau, y a un grupo de sus colegas, a llevar a cabo una investigación2 donde logran relacionar el miedo generado por los hechos del World Trade Center en New York, con el discurso planteado por el Presidente George W. Bush en su campaña por la reelección presidencial
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Esta monografía tiene como propósito establecer la relación entre la internacionalización del conflicto armado doméstico y la política exterior colombiana, dos variables que antes parecían inconexas pero que en los años noventa se convirtieron en un binomio que ha sido articulado por varios factores, a saber: el tráfico de drogas ilícitas, la violación de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, y el desbordamiento del conflicto armado interno, entre otros, que hacen del estudio y del análisis del conflicto una empresa enorme.
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La ayuda alimentaria es una de las herramientas que contribuye con la seguridad alimentaria de los países en vía de desarrollo. Su principal donante y precursor siempre ha sido Estados Unidos, lo que implica que es el Estado más experimentado en este tipo de cooperación internacional. Todas estas características convierten a este país en la principal potencia en la ayuda alimentaria mundial. Estados Unidos es quien introduce el primer cargamento de ayuda alimentaria en el mundo por medio del Plan Marshall en 1945. La escasez alimentaria que afrontaba Europa, devastada tras la segunda guerra mundial, contrastaba con los excedentes de productos agrícolas que poseía Estados Unidos, condición que le sirvió para consagrarse como el primer y único donante de ayuda alimentaria de la época, pues por un periodo de casi 20 años el país monopolizó estas transacciones. Esta situación privilegiada sobre los demás Estados le permitió introducir los principios que regirían la ayuda alimentaria mundial en sus inicios, promocionando así su interés nacional.
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La presente monografía tiene por objetivo general mostrar que la cooperación proveniente de España hacia Colombia, un País de Renta Media, no va a disminuir a pesar de que la Agenda Internacional de cooperación este orientada a atender de manera prioritaria a los Países de Renta Baja por los Objetivos de Desarrollo del Milenio y que España haya adherido a este compromiso. El origen de esta investigación1 surge porque en los últimos años el Sistema Internacional ha llevado a cabo una serie de reformas para disminuir la pobreza en el mundo; y por ello en el año 2000 se realizó la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas. En esta reunión se establecieron una serie de metas conocidas como los Objetivos de Desarrollo del Milenio - ODM2 . Este hecho logró una serie de transformaciones para la cooperación internacional como por ejemplo, una mayor apropiación de la ayuda por parte del receptor, mayor coordinación de las políticas de los donantes, entre otros. No obstante, con base en estos Objetivos, los miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos empezaron a enfocar los recursos de Ayuda Oficial al Desarrollo hacia los Países de Renta Baja “donde más acusados son los niveles de pobreza”3 , disminuyendo el porcentaje de ayuda a los Países de Renta Media.
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Para la sustentación de esta monografía se utilizaron diferentes instrumentos de recolección de información. Buscando analizar que tan preparadas están las Instituciones de educación superior colombianas para enfrentar el escenario de intercambio y movimiento de información en la educación virtual. Estos instrumentos han sido la consulta en diferentes medios y entidades como PROEXPORT, MINCOMERCIO, PROCHILE, LA EMBAJADA DE MEXICO, las paginas de Internet de las secretarias comerciales y de educación de los países estudio de esta monografía como Chile y México. Llegando a la conclusión que actualmente no hay la suficiente información y estudios para analizar la experiencia y poder sustentar cada uno de los objetivos de esta monografía, pero esto no impedirá que se realice un buen análisis sobre el tema.
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En consecuencia, la necesidad académica de comprender y describir, por medio de la presente investigación, La Dimensión Económica de la Política Exterior Colombiana 1990-2006, llevará al lector a introducirse desde una perspectiva descriptiva y práctica en el abordaje sucesivo de los siguientes cinco capítulos: La transformación institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores y su papel en el manejo de la agenda de las relaciones económicas internacionales de Colombia, el marco institucional y el comportamiento indicativo de los flujos de cooperación internacional, el marco institucional y el comportamiento indicativo de los flujos de inversión extranjera directa, el marco institucional y el comportamiento indicativo del tema de la deuda externa, el marco institucional y el comportamiento indicativo los flujos de comercio de bienes y servicios de Colombia con terceros países.
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El agua esta presente en el 70% de la superficie del planeta Tierra y de ella depende la vida de la gran mayoría de organismos que en él existen, incluidos entre ellos la raza humana. Nuestro cuerpo, además, esta compuesto en un 70% de este líquido. Sin embargo, debido al progreso industrial y al calentamiento global, entre otros factores, las fuentes hídricas se han visto afectadas considerablemente, lo que ha generado preocupación mundial sobre el manejo y la gestión del recurso. Desde el punto de vista jurídico, el agua, es uno de los recursos naturales de más trascendencia y actualidad, por su constante deterioro y sus múltiples usos. Esto se debe a que el recurso hídrico es el elemento principal para el desarrollo de la vida, y el hombre se ha encargado de aminorar la existencia de este líquido, acabando con las fuentes hídricas sin conciencia del daño ambiental que produce con sus actos u omisiones.
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En estos términos, será objeto del presente trabajo, explicar el concepto de los preacuerdos de culpabilidad, sus antecedentes, la diferencia entre estos y el allanamiento a los cargos y, finalmente, explicar la forma de proteger los derechos de las víctimas a lo largo de su celebración.
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Por primera vez, se realiza un análisis medianamente completo, de lo que fue el proyecto de reforma constitucional, impulsado por el presidente LAUREANO GÓMEZ, durante su período de gobierno. Luego de conocer algunos artículos y algunas referencias cortas, surgió la necesidad de aportar al estado del arte, un trabajo más completo que se propusiera abordar a una administración tan controvertida como la de GÓMEZ, desde el punto de vista de su proyecto de enmienda a la Constitución de 1886. En ese sentido, la importancia de este escrito no sólo radica en su novedad, sino en las mismas características históricas e ideológicas del periodo de tiempo que abarca, sobre todo en cuanto a sus antecedentes. Estos, muestran un febril clima político y social, en medio de una lucha desgastante por la imposición de las ideas, incluso usando la violencia verbal y armada.
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El régimen económico y de la hacienda pública en Colombia, el cual encuentra sustento en la Carta Política de 1991, se encargó de establecer y consagrar los principios y bases ideológicas sobre las cuales se fundamenta y nutre la institución presupuestaria, siendo ésta una de las herramientas esenciales de las finanzas públicas del país. Bajo este entendido, la Constitución Política propone que el concepto del presupuesto no sólo se entienda desde el punto de vista de su contenido contable y jurídico, sino que, también, éste se aborde desde la perspectiva de su contenido político y económico y, así, ser consecuente con el importante papel que ha de desempeñar éste como instrumento esencial de la hacienda pública. En tal virtud y desde el punto de vista del contenido político, la Constitución prevé la existencia de la repetición del presupuesto y la dictadura fiscal como herramientas para garantizar la continuidad de la actividad pública en las finanzas del Estado cuando el Congreso o el Gobierno no le den trámite oportuno; y éstas, no son otra cosa que mecanismos de control que le hacen eco al mencionado contenido político. 1No obstante, veremos cómo la realidad de la institución presupuestaria en Colombia se caracteriza por una profunda indiferencia social y política que ha impedido que el presupuesto se aprecie como figura trascendente para el afianzamiento de las finanzas del Estado. De esta manera, en primer lugar, haremos mención al presupuesto público y a su régimen jurídico desde el punto de vista de su contenido contable, político y jurídico, haciendo énfasis en su naturaleza jurídica; establecido esto, se expondrán las principales características de la repetición del presupuesto y la dictadura fiscal como mecanismos de carácter sancionatorio que buscan reforzar la participación activa de las ramas del poder público y, finalmente, se analizarán los principales efectos de la Sentencia de la Corte Constitucional C-1645 de 2000 en la institución presupuestaria.
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Este trabajo es una colección de perfiles y crónicas sobre personas que tienen tres cosas en común: son víctimas de la violencia colombiana, el hecho de ser víctimas los afectó profundamente, y decidieron continuar con sus vidas pese a ello.
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Esta investigación se va a enfocar principalmente en el comportamiento del consumidor final con relación a la compra de una marca propia. Estas han tenido un gran crecimiento en el país lo cual ha creado una nueva tendencia de compra para los consumidores colombianos. Según un estudio de “El poder de las marcas privadas” se establece que Colombia se cataloga como uno de los 10 países con un crecimiento más rápido a nivel mundial. Aunque, el mercado de marcas privadas esté en crecimiento, existen diversos factores como los ingresos de los individuos, el riesgo percibido y la calidad percibida del producto que influyen drásticamente en la elección de estas marcas con respecto a las reconocidas. El problema que se va a desarrollar en la presente investigación es conocer detalladamente cuál es el impacto que tienen las marcas propias de acuerdo con los ingresos de los individuos la percepción de riesgo y calidad que tiene el consumidor final a la hora de tomar la decisión de comprar una marca propia a una marca reconocida de productos alimenticios en la cadena minorista Éxito en la ciudad de Bogotá – Colombia? Esta investigación busca, mediante la aplicación de la teoría y los conceptos básicos del comportamiento del consumidor encontrar explicaciones y soluciones para las cadenas minoristas que fabrican marcas propias, ofreciéndoles sugerencias para que sus estrategias de mercadeo en la venta de marcas propias sean exitosas y aceptadas por el consumidor final y el mercado.
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En la vida democrática moderna la participación ha adquirido una importancia fundamental. La idea de la participación indirecta y del papel inactivo de las personas y de las comunidades mostró su carácter insuficiente para resolver las complejidades de los asuntos contemporáneos y las necesidades de las naciones. Los cambios que se han dado en los últimos tiempos proponen un Estado que se relaciona de manera más directa con el ciudadano, con el cual toma además las decisiones a través de procedimientos de incidencia real y eficiente. La participación pasa a ocupar un puesto muy importante en la gestión del Estado, no solo en lo que tiene que ver con la toma de decisiones, sino también con la cogestión, el seguimiento y la evaluación de las mismas. Sin embargo, no basta con que el derecho a la participación sea reconocido: también se hace necesario el establecimiento de escenarios para su ejercicio como una obligación por parte del Estado. La participación es el cimiento del Estado y de la democracia; un deber y un derecho que se sustenta en el principio de solidaridad y en la unión de las comunidades en pos de un objetivo o de la integración de todas las personas en la construcción de un mejor país. El derecho a la participación es un derecho de primera generación correspondiente a los derechos civiles y políticos. En temas ambientales, una regla importante para orientar la actividad del Estado es la incidencia ciudadana en todos los ámbitos, desde las acciones de ordenamiento ambiental hasta las que tienen que ver con la investigación, con programas de control y protección de recursos, en el otorgamiento de licencias y permisos ambientales y en la planeación ambiental, entre otros. De esto se ha tenido conciencia desde la expedición del Código de Recursos Naturales en 1974, cuando se señaló que la actividad del Estado debería inducir a un manejo participativo, por cuanto se postula como regla de administración que debe promoverse la formación de asociaciones y de grupos cívicos para lograr la protección de los recursos naturales renovables y su utilización adecuada, con base en el estudio de las relaciones de la comunidad con tales recursos. Un componente importante para generar gobernabilidad es la participación de los diferentes actores sociales,1 la cual permite además una gestión ambiental planificada y evita la utilización de espacios judiciales para la defensa del derecho a gozar de un medio ambiente sano y para garantizar la inclusión en los programas, proyectos y decisiones en la materia. No obstante la importancia de esta fi gura, hoy se encuentran dificultades en su accionar, como la falta de educación, la ignorancia (se cree que solo se participa a través del voto) o el desconocimiento de los diferentes espacios y mecanismos de participación. Las posibilidades de intervención o manipulación que se presentan en muchos casos en el ejercicio de la participación, hacen que hoy exista desconfianza en la utilización de estos instrumentos y en las autoridades. Hoy se presenta el fenómeno del desencanto y la decepción en el ejercicio de la participación que obedece al fracaso y a la injerencia de intereses privados. Por esta razón, la participación termina viéndose como una demagogia dado que se ha legislado mucho al respeto pero no se han ejercido estos mecanismos o cuando se hace, terminan las comunidades por encontrar otros intereses en las decisiones finales. En materia ambiental, en Colombia en las últimas décadas se han establecido diferentes mecanismos y espacios de participación a través de los cuales se busca hacer realizar el derecho a gozar de un medio ambiente y garantizar la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarles. Sin embargo, los altos costos y los escasos resultados evidencian una deficiencia en su implementación lo cual incentiva el uso de mecanismos como las acciones populares. Después de la Constitución Política de 1991, que promovió los derechos ambientales y la democracia participativa, de la institucionalización del sector público encargado de estas materias con la creación del hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y de la reorganización del Sistema Nacional Ambiental a través de la Ley 99 de 1993, es necesario ver qué ha pasado con el principio según el cual la acción para la protección y recuperación ambientales del país es una tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado. La Universidad del Rosario, a través de la Línea de Investigación en Derecho Ambiental, viene trabajando en desarrollo del principio de participación ambiental a través de diferentes proyectos, en especial sobre los temas que tienen que ver con los mecanismos de tipo administrativo y judicial, mediante los cuales es posible hacerse parte en procesos como el de otorgamiento de una licencia o un permiso ambiental. Este documento contiene los resultados del proyecto de investigación financiado por el Fondo Institucional de la Universidad del Rosario, cuyo objetivo general es realizar una evaluación al ejercicio de la participación administrativa ambiental en los procesos para el otorgamiento de licencias ambientales en Colombia. Para ello se analizó el esquema conceptual y la caracterización constitucional, legal, política, social y cultural del derecho a la participación ambiental en Colombia; se señaló la naturaleza jurídica y los efectos de los mecanismos de participación ciudadana en materia ambiental, para de esta forma poder analizarlos dentro de los procedimientos administrativos. Adicionalmente, con este proyecto, cuyos resultados se presentan a continuación, se pretende determinar cuáles eran los espacios de participación dentro de los procesos administrativos para el otorgamiento de una licencia ambiental y así establecer la posibilidad de emplearlos y su capacidad de incidencia en las decisiones ambientales. A través de este documento se podrá identificar el impacto de la participación en la gestión ambiental y la situación de este ejercicio en Colombia. El estudio realizado permite además establecer cuáles son los aciertos y las dificultades que se han presentado en el desarrollo de estos mecanismos y proponer medidas o retos para lograr en Colombia una cultura participativa en materia ambiental. En este punto, y previo a la exposición de resultados, es preciso anotar que la totalidad del análisis que se realiza a continuación tiene como base información oficial suministrada por parte de las instituciones ambientales estatales correspondientes y que los documentos de soporte se encuentran debidamente archivados y disponibles en la Línea de Investigación para cualquier tipo de verificación. Los estudiantes que hacen parte de la Línea de Investigación han venido apoyando el proceso de recopilación y análisis de información. Este trabajo ha consistido en acceder directamente a algunos de los expedientes de estudio en las autoridades ambientales, tomar copias de la información relevante y diligenciar las guías de sistematización y análisis de los documentos. La metodología utilizada tiene como objetivo principal identificar las situaciones que tienen que ver con el ejercicio de los mecanismos de participación que hemos venido presentando y efectuar un análisis de las principales confrontaciones o problemáticas que se presentan entre la sociedad civil, las autoridades y los dueños de los proyectos por la ejecución de estos proyectos. Este trabajo se encuentra dividido en cuatro capítulos. El primero tiene que ver con los antecedentes y la contextualización en el ámbito jurídico nacional e internacional de la participación, desde las primeras formas de participación hasta lo acontecido en los últimos años en materia constitucional y legislativa. El segundo capítulo hace referencia a las clases, tipos, niveles, mecanismos y espacios de la participación, incluyendo de manera específica aspectos reglamentarios y jurisprudenciales. El tercer capítulo, de manera específica, se adentra en el análisis y conceptualización de la participación en materia ambiental. Aquí se hace referencia a la participación ambiental en el marco del derecho comparado y se establece el panorama, los elementos y espacios de incidencia de las comunidades en la gestión ambiental. En el cuarto capítulo se estudia el ejercicio de la participación administrativa ambiental en los procesos para las actuaciones administrativas, donde tienen competencia las autoridades ambientales, en especial la participación en el otorgamiento de licencias ambientales. Con este documento se pretende contribuir a la divulgación y al conocimiento de los diferentes mecanismos de participación ambiental, esperando que este sirva a las comunidades y a las autoridades ambientales para tomar los correctivos necesarios que permitan la concreción de espacios en los procedimientos y en la incidencia en la toma de decisiones ambientales. Si bien es cierto que la Constitución Política de 1991 estableció el compromiso del Estado de promover la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales que les incumben a las comunidades o a las personas en general, podemos ver como resultado de este proyecto de investigación que los espacios y mecanismos de participación no son suficientemente conocidos y ejercidos por la sociedad en general. Tampoco son promovidos por las autoridades ambientales. Evidencia de esta problemática se encuentra en los continuos conflictos o confrontaciones que se presentan cuando una empresa, o incluso el Estado, desea realizar un proyecto y encuentra oposición por parte de las comunidades que carecen del conocimiento de los mismos o que conociéndolos de fondo, no son tenidos en cuenta. Se encuentra en muchos casos escasa información y divulgación de los proyectos y de los programas de desarrollo que propone el gobierno nacional, o también que muchos de estos proyectos no atienden las necesidades e intereses de las comunidades que habitan el área de influencia de los mismos y además que sus reclamos no son escuchados en el proceso de toma de decisiones. Hoy el reto está en buscar solución para que se dé una verdadera participación, a través de programas que permitan difundir entre las comunidades el conocimiento de la democracia participativa y promover el fortalecimiento de la sociedad civil y de sus organizaciones para que la participación sea eficaz y permita construir de manera colectiva a un mejor país. La consigna debe ser: “Yo participo. Tú participas. Todos decidimos”.