72 resultados para non state armed groups


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El conflicto armado colombiano está lleno de enseñanzas para la resolución negociada de conflictos. En la medida en que ha sido una confrontación compleja y prolongada, los grupos armados se han convertido en protagonistas. Tanto sus objetivos como el uso de la violencia han generado controversias alrededor de cuáles deben ser las acciones o respuestas que se implementan para hacer frente a dichas situaciones. Al igual que en otros países, los actores involucrados han participado en numerosos acercamientos, diálogos políticos o procesos de paz, aportando experiencias de negociaciones que involucran a diferentes sectores de la sociedad civil, actores estatales, comunidad internacional y organizaciones multilaterales.En este sentido, resulta pertinente no sólo retomar el surgimiento, caracterización y posibles motivaciones de tres de los más grandes grupos al margen de la ley —paramilitares, ELN, FARC— que han participado en el conflicto, sino también explorar las formas de acercamiento a estos por parte del gobierno colombiano y sus diferentes administraciones, para así comprender la complejidad y las múltiples dimensiones desde las cuales se representan diversas visiones sobre la evolución del conflicto y los hechos de corta, mediana y larga duración, en tanto esto permite dilucidar las continuidades y discontinuidades que han dado paso a ver el fenómeno a través de causas culturales, complejos políticos o perspectivas económicas.-----The armed conflict in Colombia is full of lessons for negotiated conflict resolution. Insofar as this has been a complex and long-lasting confrontation, the armed groups have now become protagonists. Their objectives as much as their use of violence has generated controversy about which actions or responses should be implemented to face such situations. Similarly to other countries, the players concerned have participated in several rapprochements, political dialogues or peace processes by contributing experience in negotiations that involve different sectors of the civil society, state players, the international community, and multilateral organizations. To that effect, it is relevant not only to retake the emergence, characterization and possible motivations of three of the biggest groups outside the law –paramilitary, ELN, FARC– which have participated in the conflict, but also to explore the rapprochement methods the Colombian government and its different administrations have employed with these groups. This way, we can fully understand the complexity and the multiple dimensions in the representation of various views of the conflict evolution and the short, medium, and long-term events in as much as this allows clarification of the continuity and discontinuity that have resulted in seeing the phenomenon from the standpoint of cultural causes, political complexities or economic perspectives.

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Este artículo se basa en una investigación realizada en tres municipios de la región del Catatumbo (Norte de Santander, Colombia); analiza las disfunciones en el arreglo institucional, derivadas de la presencia de grupos armados ilegales activos y de cultivos ilícitos; señala las afectaciones que se presentan en el régimen político y en el ejercicio de la democracia; y plantea los problemas que deben afrontar los gobiernos locales para dar cumplimiento a su mandato.El artículo propone que la acción del Estado en esta región se ve afectada por fuertes fallas de legitimidad, eficiencia y eficacia, las cuales generan limitaciones críticas a la gobernabilidad del territorio. Dichas fallas tienen que ver con la supresión del pacto social y con la inoperancia de la democracia en su versión mínima. Se concluye que en los municipios estudiados, las fallas de Estado disminuyen radicalmente los costos de transacción de los grupos armados ilegales para acceder al control del territorio y establecerse como agencias de protección en competencia con el Estado. Además, conducen al establecimiento de un círculo de afectación perverso en el que el aumento de los costos de inversión pública necesarios para la corrección de dichas fallas hace que a su vez disminuya el interés de los actores del ámbito político para solucionarlas, generando una trampa crónica de reducción de la gobernabilidad en la escala regional.-----This article is based on research carried out in three municipalities of the Catatumbo (North Santander department, Colombia) region, and analyzes institutional arrangement dysfunctions that arise from active illegal armed groups and illicit crops, pointing out the effects on the political regime and the exercise of democracy and stating the problems that must be faced by local governments in order to perform their mandate.The article suggests that Government action in this region has been affected by deep failures in legitimacy, efficiency, and effectiveness, which generated critical limitations to governability in that territory. Such failures are related to the factual suppression of the social contract and to the ineffectiveness of a democracy in its least representation. It concludes that in the municipalities under examination, Government failures strongly reduce the settlement costs for illegal armed groups to access territory control and to establish as protection agents in competition with the State. They also lead towards the establishment of a vicious affectation cycle where the cost increase of the public investment required to correct such failures in turn reduces political actors’ interest in solving them, thus creating a chronic trap that reduces governability in the regional level.

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El presente artículo realiza una aproximación al sistema de alertas tempranas que se han constituido en un importante instrumento para evitar el escalamiento de las disputas y sus consecuencias. Los autores realizan un estudio sobre la aplicación de este sistema preventivo en el caso colombiano, analizando el papel del Estado en la implementación de estos mecanismos. Destacan la complejidad del caso colombiano en tanto que el Estado adquiere la doble característica de juez y parte en la implementación de este sistema preventivo, dado que es actor del conflicto y a la vez responsable de su implementación. Así mismo, describen algunas de las dificultades, propias de un contexto de conflicto armado, que tiene la fuerza pública para prestar asistencia pronta y eficaz a las comunidades ante amenazas o ataques de los grupos armados ilegales.-----This article approaches the early alert system, a valuable instrument for avoiding growing conflicts and their consequences. The authors study the implementation of such a system in Colombia by analyzing the role that the State plays in its application. They point out the complexity of the Colombian situation, insofar as the State plays a double role as judge of and participant in the implementation of this preventive system, since it is involved in the conflict and is also responsible for its implementation. In addition, the authors describe some of the difficulties, often found in an armed-conflict context, that the army and the police must face in order to assist communities on time and effectively when the latter are threatened or attacked by illegal armed groups.

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La presente monografía busca establecer una conexión argumentada entre la expedición de la ley 200 de 1936 y la creación de Autodefensas Campesinas en la primera mitad del siglo XX en Colombia. Se buscan las razones estructurales por las cuales la sociedad rural se vio abocada a impulsar agrupaciones armadas para defender sus derechos fundamentales, debido a que el Estado demostró ser incapaz de protegerlos mientras que el odio entre clases rurales aumentó conforme se implementaba el capitalismo agrario en el país. Desde la Teoría del Conflicto de Clases Rurales de Jeffery Paige, se explicará la forma en la que se articulan las variables que no permiten una revolución social, pero si propician la aparición de este tipo de grupos campesinos armados e ilegales; que luego se transformarían en “Guerrillas”.

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Este estudio de caso busca evaluar las consecuencias de la transformación de los grupos armados ilegales en Argelia para la seguridad y defensa francesa. Se analiza y explica cómo a raíz del cambio de denominación del GIA al GSPC, y este último al actual AQMI, el gobierno francés ha modificado su perspectiva sobre las amenazas hacia su Estado, conllevando a que las herramientas para la protección de su seguridad nacional presenten cambios con el objetivo de contrarrestar esos nuevos escenarios de inseguridad. Para ello se expondrán autores como Walter Laqueur Mohammed Ayoob y Barry Buzan con el fin de establecer un contexto teórico que permita avanzar hacia el objetivo de esta investigación, el cual se centra en demostrar el cambio de la política de seguridad y defensa de Francia a partir de los grupos armados ilegales en Argelia durante el periodo de 2007 a 2013.

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El interés de este Estudio de Caso es investigar la manera en que la Misión de Paz de la ONU en Sierra Leona (UNAMSIL) redireccionó el programa Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) hacia los niños soldados durante el post-conflicto en el país. Se analiza cómo a través de la coordinación de diferentes Agencias y Organizaciones Internacionales con UNAMSIL, el Gobierno y la Sociedad Civil hace posible que se refuerce el rol de los Interim Care Centers (ICCs) en donde se enfrentaron las necesidades esenciales de los menores excombatientes para lograr un mejor proceso de su desmovilización y reintegración. Se explica de igual forma, las diferentes herramientas que sirven para llevar a cabo la resolución del conflicto y la reconstrucción de la paz, enfocándose en el peacekeeping, peacemaking y peacebuilding, como mecanismos que ayudaron a crear un espacio seguro para los niños exsoldados. Por último, se exponen los alcances y límites de los ICCs con respecto a la reintegración de los menores excombatientes

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La presente investigación analiza los alcances y las limitaciones de cinco proyectos de Educación para la Paz desarrollados en la Escuela Normal Superior de San Juan Nepomuceno-Montes de María, en la prevención del reclutamiento y la utilización de niños, niñas y jóvenes por parte de grupos armados al margen de la ley. En ese sentido, se describe y explica de qué manera las estrategias pedagógicas orientadas hacia la enseñanza de derechos humanos, memoria histórica y resolución no violenta de conflictos pueden disminuir el riesgo de reclutamiento. Estos propósitos se resolvieron gracias a una revisión sistemática de documentos académicos e informes institucionales que se referían al objeto de estudio, y por medio del trabajo de campo realizado en San Juan Nepomuceno.

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El objetivo de este trabajo es analizar el fenómeno de la participación de las ONG en el marco de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y las implicaciones del mismo en las dinámicas de la gobernanza global. Se explican los conceptos principales para el análisis y posteriormente se hace una revisión de los antecedentes que permitieron el desarrollo de dicho fenómeno dentro de la organización y fuera de ella. Luego se centra el análisis en la incidencia de las ONG en la ONU y para la gobernanza global; se concluye con una reflexión sobre lo que puede esperarse de esta incidencia para el futuro de la organización.

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What is the relationship between the type of training combatants receive upon recruitment into an armed group and their propensity to abuse civilians in civil war? Does military training or political training prevent or exacerbate the victimization of civilians by armed non-state actors? While the literature on civilian victimization has expanded rapidly, few studies have examined the correlation between abuse of civilians and the modes of training that illegal armed actors receive. Using a simple formal model, we develop hypotheses regarding this connection and argue that while military training should not decrease the probability that a combatant engages in civilian abuse, political training should. We test these hypotheses using a new survey consisting of a representative sample of approximately 1,500 demobilized combatants from the Colombian conflict, which we match with department-level data on civilian casualties. The empirical analysis confirms our hypotheses about the connection between training and civilian abuse and the results are robust to adding a full set of controls both at the department and at the individual level

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Con el fin de la unipolaridad no sólo se fortalecieron mecanismos de gobernanza global como los Regímenes Internacionales, sino también se fortalecieron actores no estatales. A pesar de la importancia que tomaron estos dos elementos aún no existe una teoría que explique exhaustivamente la relación que existe entre ellos. Es por lo anterior que, la investigación busca responder de qué manera el rol de las Redes de Apoyo Transnacional ha incidido en la evolución del régimen de tráfico de personas en la Región del Mekong. Asimismo tiene como objetivo comprender las relación entre el Régimen y las Redes de Apoyo Transnacional a través de la formulación de un caso de estudio basado en metodologías cualitativas, específicamente, en el análisis teórico-constructivista y el análisis de contenido de documentos producidos por actores estatales y no estatales.

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La protección general atribuida en los conflictos armados no internacionales por el artículo 3 común a la población civil, de la que las niñas menores de 15 años forman parte, no depende de su filiación con alguna de las partes en el conflicto, y se extiende, en principio, a todos los actos de violencia, entre los que se encuentran los de naturaleza sexual cometidos por cualquiera de las mismas, incluyendo aquellos cometidos por los miembros de la parte en el conflicto con la que se encuentren afiliadas. Los casos contra Thomas Lubanga y Bosco Ntaganda muestran que, como regla general, las niñas menores de 15 años no desarrollan de manera prolongada actividades de participación directa en las hostilidades, por lo que, a pesar de acompañar permanente al grupo y de ser “esposas” o “compañeras” de sus comandantes, no asumen una función continua de combate y no pueden ser consideradas como miembros del mismo. Además, los actos de naturaleza sexual coercitivamente desarrollados por las niñas menores de 15 años reclutadas por las FPLC en favor de los comandantes y miembros del grupo con las que se encuentran esposadas, no cumple ninguno de los tres requisitos exigidos por el concepto de participación directa en las hostilidades porque: (a) no son idóneos para causar directamente por sí mismos el umbral de daño requerido; (b) no forman parte integral de ninguna operación militar que pudiera generar dicho umbral de daño; y (c) no poseen el nexo beligerante requerido, puesto que no están específicamente diseñados para causar un menoscabo a la parte adversa de las FLPC. Tampoco las demás actividades desarrolladas por las niñas menores de 15 años alistadas o reclutadas por las FLPC, incluyendo trabajo doméstico (donde principalmente desempeñaron tareas culinarias), transporte de comida a bases aéreas y acompañamiento a las esposas de los comandantes, cumplen, según la Sala de Primera Instancia I en el caso Lubanga, con los tres requisitos necesarios para su consideración como participación directa en las hostilidades. De ahí, que las niñas no hayan perdido en ningún momento su protección general. A todo lo anterior hay que añadir que los niños y niñas menores de 15 años, al ser una población particularmente vulnerable, gozan de una especial protección durante los conflictos armados (con independencia de su naturaleza), tal y como se manifiesta en la Convención de los Derechos del Niño de 1989, los Convenios de Ginebra de 1949 y de sus Protocolos adicionales de 1977, el Estatuto de la Corte Penal Internacional de 1998 y las Resoluciones 1882 de 2009, 1960 de 2010 y 2106 de 2013 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esta protección especial se extiende a los actos de violencia sexual cometidos por los miembros de las fuerzas armadas nacionales o grupos armados organizados que los alistan o reclutan. En consecuencia, la protección general y especial a que son acreedoras las niñas menores de 15 años, no se limita a las agresiones provenientes de las partes adversas en el conflicto, sino que se extiende también a la violencia sexual ejercida contra ellas por los miembros del propio grupo que las alistó o reclutó, incluso en el caso de que ésta sea ejercida por los comandantes que las tomaron como esposas o compañeras. Las niñas menores de 15 años alistadas o reclutadas entre 2002 y 2003 por las FPLC de Thomas Lubanga y Bosco Ntaganda eran sin duda acreedoras de dicha protección.

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Hasta hace casi una década, la guerra contra el terrorismo fue una lucha solitaria de los Estados. Actualmente y debido a las implicaciones globales de este fenómeno, las acciones contra este flagelo han adquirido connotación internacional. Gran parte de los países miembros de las Naciones Unidas han acogido esta guerra –contra un enemigo común, pero indefinido- como un compromiso político en favor de la paz y seguridad internacional. La producción constante de instrumentos internacionales que condenan el terrorismo y que exigen tomar medidas para combatirlo, demuestran que esa intención política originaria se ha decantado en el ordenamiento internacional como una obligación autónoma, de carácter consuetudinario; que hace que actualmente no haya país en el mundo que pueda excusarse de combatir al terrorismo (interno o transnacional) independientemente de las justificaciones que se puedan aludir para el no cumplimiento.

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¿Cuáles son los efectos de la guerra sobre el comportamiento político? Colombia es un caso interesante en el que el conflicto y las elecciones coexisten y los grupos armados ilegales intencionalmente afectan los resultados electorales. Sin embargo, los grupos usan diferentes estrategias para alterar estos resultados. Este artículo argumenta que los efectos diferenciales de la violencia sobre los resultados electorales son el resultado de estrategias deliberadas de los grupos ilegales, que a su turno, son consecuencia de las condiciones militares que difieren entre ellos. Usando datos panel de las elecciones al Senado de 1994 a 2006 y una aproximación por variables instrumentales para resolver posibles problemas de endogenidad, este artículo muestra que la violencia guerrillera disminuye la participación electoral, mientras que la violencia paramilitar no tiene ningún efecto sobre la participación pero reduce la competencia electoral y beneficia a nuevos partidos no-tradicionales. Esto es consistente con la hipótesis de que la estrategia de la guerrilla es sabotear las elecciones, mientras que los paramiltares establecen alianzas con ciertos candidatos.

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El conflicto armado en Guatemala se originó por el abuso de poder, la desigualdad, la exclusión y la profunda discriminación, sobre todo hacia la población indígena, a la que se le han desconocido históricamente sus derechos y que fue la más afligida durante el conflicto. Lo que desembocó en el nacimiento de grupos al margen de la ley, cuyo propósito fue reivindicar los derechos de la población, así como la equidad y justicia social. El conflicto se caracterizó por la formación de grupos paramilitares, la violación al Derecho Internacional Humanitario, el elevado número de víctimas del conflicto, mayoritariamente indígenas y porque más del 85% de las violaciones a los derechos humanos fueron perpetradas por el Estado. Gracias a la voluntad política, al respaldo de la comunidad internacional, especialmente de la Organización de Naciones Unidas -ONU, y a los buenos oficios de la Comisión Nacional de Reconciliación – CNR, se lograron firmar los Acuerdos de Paz y dar fin a este cruento conflicto de más de 36 años. Las partes firmantes vieron la necesidad de que un ente autónomo e imparcial de Naciones Unidas, verificara el cumplimiento de La Misión de Naciones Unidas en Guatemala - MINUGUA contribuyó a la promoción, defensa y garantía de los derechos de la población indígena guatemalteca. Específicamente, incidió en el cumplimiento de los compromisos contenidos en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas guatemaltecos –AIDPI, que fue suscrito el 31 de marzo de 1995, asimismo, contribuyó a la garantía del derecho a la justicia de la población indígena, lo que se evidenció en las acciones y el papel que desempeñó en los componentes de verdad, justicia y reparación.

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Desde el año 2004 la Organización de Estados Americanos, a través de su Misión de Acompañamiento al Proceso de Paz –MAPP/OEA- en Colombia, estableció una cooperación técnica para hacer un seguimiento, acompañamiento y monitoreo al proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración –DDR- de los miembros de los grupos armados ilegales del país, en particular de las Autodefensas Unidas de Colombia (paramilitares) . Su trabajo ha permitido un conocimiento público del proceso con el grupo irregular y además está sirviendo como herramienta de aprendizaje para otros casos de DDR actuales y futuros.