Land Reform, Latifundia and Social Development at Local Level in Colombia, 1961-2010

The paper analyzes the effects of land reform on social development – poverty and land distribution-at the local level. Land reform in Colombia, understood as the allocation of public land to peasant, has granted 23 million hectares which comprises around 20% of Colombian territory and about 50% of usable productive land. Theoretically, the net impact of land reform on development is the combination of a poverty effect and a land distribution effect. Our findings suggest that land reform from 1961 onwards has slightly reduced poverty and mildly improved land distribution. Nonetheless,municipalities with strong presence of latifundia prior to1961 have experienced both a slower drop in poverty and a weaker improvement of land distribution .This paper finds that prevalence of latifundia partially offset the positive effect of land reform in promoting social development.

Tendencias históricas y regionales de la adjudicación de baldíos en Colombia

El presente documento hace una revisión de la política de reforma agraria en Colombia desde principios del siglo XX hasta 2012, caracterizada por la adjudicación de baldíos a campesinos. En este documento, se busca dar cuenta de la magnitud e importancia de esta política pública que ha perdurado a lo largo del tiempo y con una dinámica continua desde sus inicios, con el fin de aportar a la amplia literatura sobre reforma agraria en Colombia que, si bien analiza las tensiones propias de esta política no cuenta con datos desagregados del comportamiento de la política para más de un siglo. Igualmente se hace un recorrido regional que evidencia la dinámica de la reforma agraria en diferentes regiones a lo largo del tiempo.

Incidencia de la política minero-energética sobre la tenencia de la tierra en el Caquetá (2002-2014)

El presente estudio de caso parte analizando el proceso de ocupación y despojo de la tierra en el Caquetá, con el objetivo de mostrar las formas de usurpación histórica legales e ilegales, que han dado paso a la consolidación de una estructura de poder desigual y violento. Sobre este escenario inequitativo y violento se pone de manifiesto como la puesta en marcha de la política minero-energética es el resultado de un proceso de negociación entre empresas y gobernantes, que tiene por objetivo vaciar los territorios para recrear nuevos espacios sobre los cuales sea posible reproducir la dinámica de acumulación capitalista, ahondando de paso, las desigualdades, la marginación de la población campesina y la violencia en los territorios en donde se posa dicha estrategia. Este análisis se enmarca, principalmente, en la perspectiva de Saskia Sassen sobre el Estado Corporativo y la perspectiva de David Harvey sobre las nuevas formas del capitalismo.