115 resultados para Jesuitas reglas


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Una de las dificultades que enfrentan las grandes urbes, es manejar todo aquello que resulta del consumo diario de su población como lo son los residuos sólidos. Frente a esto los gobiernos, en su voluntad por transformar comportamientos, determinan las reglas de juego introduciendo políticas públicas que permitan modificar situaciones percibidas como insatisfactorias y problemáticas. Muchas veces aunque exista un universo normativo este no logran materializarse, evidenciando una brecha entre lo que se supone deben hacer los ciudadanos y lo que realmente hacen. Por lo anterior, involucrar los hábitos, concepciones e imaginarios colectivos en el análisis de la incidencia del comportamiento ciudadano en la implementación de la política pública en Bogotá en materia de residuos sólidos permite indagar sobre los hábitos y prácticas ciudadanas y su incidencia cuando de implementar una política pública sobre residuos sólidos se trata.

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El presente trabajo aborda el problema jurídico sobre la dificultad de la delimitación de la responsabilidad del delegante por actos realizados por el delegatario. También se plantea la necesidad de crear un modelo que evite que la delegación se convierta en un instrumento que fomente la corrupción o la ineptitud de los directores de las entidades públicas. Igualmente, en materia penal existe una figura muy útil para delimitar la responsabilidad del delegante por actos del delegatario en ámbitos de división de funciones: el principio de confianza, según el cual quien cumple con las reglas de la actividad que está realizando tiene derecho a confiar en que los demás que participan en la misma también lo hagan.

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Esta tesis producto del trabajo de investigación se planteo sobre las bases de un derecho administrativo interno creado para resolver los problemas suscitados al interior del Estado en consonancia con los postulados constitucionales, teniendo en cuenta el artículo 4° en que se establece la supremacía de la Constitución y los artículo 9°, 93, 94 y 224 al 227 que ordenan el desarrollo del derecho de integración en el marco de los países Latinoamericanos y del Caribe, por lo que surge la imperiosa necesidad de armonizar el derecho de la integración con el ordenamiento jurídico nacional y en especial con el derecho administrativo quien deberá recepcionar el mencionado ordenamiento supraestatal, alterando las tradicionales concepciones de las fuentes de este derecho interno. Por lo tanto, desde la perspectiva del derecho administrativo comprendido como un derecho legislado que regula las relaciones entre el Estado y los particulares en el que prevalece el “principio de legalidad” de los actos administrativos, se puede intuir que constituye un problema jurídico los impactos derivados de los tratados de integración, donde nos preguntamos sí las categorías de fuentes actuales del derecho administrativo son las adecuadas para abordar la recepción de estas disposiciones Por lo que al explorara las incidencias en el derecho administrativo con ocasión de la recepción del derecho de integración con particular énfasis en la Comunidad Andina, identificamos que uno de los rasgos más distintivos del ordenamiento jurídico andino, como el de otros esquemas de integración, proviene del discutido concepto de supranacionalidad. Dentro de la teoría jurídica contemporánea la comprensión de este término trae una novísima concepción que al mismo tiempo es respetuosa de la soberanía interna de los Estados miembros, la cual permite el surgimiento del nuevo ente común donde es posible la distribución de competencias en la reglamentación de ciertos ámbitos entre autoridades multilaterales y nacionales, conservando su propia autonomía. Este concepto ha permitido que en el ordenamiento comunitario andino, a semejanza de lo que acontece en el derecho interno de los Estados, exista un sistema de control de las normas jurídicas garantizado por una jurisdicción contenciosa-administrativa ejercida a través del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Lo que en definitiva incide en el derecho administrativo interno al encontramos frente a ordenamientos independientes, como lo son los del derecho de integración, en los que se producen, aplican y ejecutan normas según las reglas de juego adoptadas para ese efecto por los Estados miembros, que dependerán del marco del proceso de integración y su armonización con las normas internas. Es por ello, que en el resultado final de esta tesis se constata la aparición de nuevas fuentes de legalidad, donde ya no sólo se contemplará la ley y la jurisprudencia, ésta última posicionada con el devenir del tiempo debido a su pertinencia, como lo podemos contrastar con la expedición del Nuevo Código de Procedimiento Contencioso Administrativo (L. 1437/11) que aún no ha entrado en vigencia, en donde se resalta la importancia del Precedente Judicial a partir de las sentencias de unificación del Consejo de Estado. Pero más allá, de este nuevo reconocimiento legislativo, el sistema de fuentes establecido se verá alterado en su jerarquía con el derecho que nace con ocasión de los tratados de integración, lo que aún no se refleja en este nuevo Código, el cual no prevé la aplicación de las nuevas fuentes de legalidad.

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Durante los años 2004 y 2005, el grupo Estudios sobre Identidad (ESI) de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario adelantó la investigación “Análisis comprensivo de las interrelaciones entre tendencias actuales de la filosofía política y los estudios sobre las transformaciones recientes del Estado nación en Colombia”. La investigación, financiada por Colciencias y la universidad, analizó las dinámicas que afectan al Estado desde dos ópticas: una, que evalúa los discursos que hablan desde dentro del Estado o que explican su funcionamiento político e institucional, a cargo de la investigadora Carolina Galindo. La otra mirada describe los conflictos locales y las circunstancias globales que afectan el conjunto del Estado desde afuera de las reglas institucionales y en contravía del modelo soberano del Estado nación, desarrollada por Adolfo Chaparro, director del ESI. En este contexto, el presente documento hace referencia al análisis puntual que Chaparro plantea sobre las relaciones entre las prácticas y los discursos sobre la violencia.(...) A modo de diagnóstico inicial, el investigador resalta una constante: en Colombia hay una fuerte tradición que establece vínculos indisociables entre los fenómenos de violencia y las expresiones de la política. Debido a que las formas de nombrar la violencia y de resolverla en cada época tienen implicaciones en la imagen histórica que el país produce de sí mismo, es posible establecer una correlación entre la historia del conflicto y las dificultades para consolidar el Estado nación en el país. En ese sentido, el tema del conflicto no sólo compete a los discursos académicos sino que afecta, o debería afectar, las decisiones gubernamentales y los debates de la sociedad civil. De la investigación se deducen las explicaciones más aceptadas que las ciencias sociales han propuesto sobre el conflicto: que obedece a profundas desigualdades económicas y sociales; que expresa una estrategia de dominio territorial; que obedece a la falta de presencia del Estado; que todas las causas hacen parte de la explicación y de la solución integral del conflicto o, como se entiende actualmente, que Colombia no vive un conflicto social armado sino una guerra contra la sociedad que necesariamente tenía que derivar en una guerra frontal del Estado y de la sociedad contra el terrorismo. Dado que estas teorías no sólo hacen diagnósticos sino que proponen salidas al conflicto armado, incluso intentan vislumbrar soluciones a largo plazo, el estudio sintetiza los resultados de cinco investigaciones paradigmáticas sobre el conflicto, en las que se analiza la relación entre el discurso sobre las causas del conflicto y las expectativas de transformación de la sociedad que ha generado su posible solución durante las dos últimas décadas.

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El sector eléctrico en Colombia ha sufrido un proceso de transformación importante durante la última década. Esta transformación, en gran medida, se debe a la expedición de un marco legal sectorial robusto y estable, conformado por dos importantes leyes de carácter económico. Se requiere, no obstante, de importantes esfuerzos para terminar de implementar y sostener las reformas. La reforma del sector eléctrico colombiano en el año 2001, al igual que sucedió en muchos países de América Latina, buscó introducir eficiencia en la gestión de las empresas, incentivar la vinculación de capital privado y brindar transparencia en las reglas de juego del sector. Esta transformación fue sustentada en decisiones de diversa índole, pero sobre todo en el nuevo papel que debía asumir el Estado frente a la prestación del servicio de acuerdo con los preceptos constitucionales, generándose entonces una nueva arquitectura institucional.

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El mercado de valores ofrece una variedad de activos con diferentes combinaciones de rendimientos y de riesgos que en la actualidad las empresas utilizan, con el fin de obtener rendimientos o dividendos y contribuir a aumentar el capital de la empresa. Esta operación, si no es realizada de manera correcta puede generar desde la falta de liquidez hasta la pérdida de dinero. Por tal motivo, la creación de portafolios de inversión se convierte en una herramienta fundamental para la toma de decisiones permitiéndole a las empresas que los remanentes de tesorería sean utilizados como inversión y que estos mismos obtengan rendimientos fructíferos y satisfactorios.

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Los Estados modernos requieren establecer reglas de juegos claras y transparentes, que permitan que la adquisición de bienes y servicios cumplan su función social, enmarcada en criterios de racionalidad económica y de equidad. Dichas reglas implican una concientización ética en torno a lo público, que exige eliminar la idea de que el estado es un terreno apropiado para la captura de exageradas rentas y utilidades privadas. Es por ello que se requiere con urgencia establecer en nuestras leyes herramientas cuyo propósito sea impedir que los recursos del estado se pierdan en los sobreprecios. En consecuencia, es necesario enfrentar el tema del sobreprecio no solo desde el punto de vista de las responsabilidades imputables a los servidores públicos y contratistas involucrados en la ocurrencia de este fenómeno, sino también, desde la validez y eficacia del contrato celebrado y/o adjudicado y/o ejecutado con sobreprecios y además, buscando dentro de nuestra legislación mecanismos que ayuden a resarcir los perjuicios ocasionados por ésta situación

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Este trabajo se soporta sobre una base conformada por dos conceptos, que constituyen el horizonte contextual de la investigación: Derecho Administrativo y Comunidad de integración. Es claro que al hablar de una Comunidad de integración específica como la Comunidad Andina (CAN), incide de forma directa en la actividad del derecho administrativo.Ha sido necesario que los países que conforman los grupos de integración económica cedan parte de sus competencias para crear un ordenamiento jurídico de orden supranacional, el cual modifica la dinámica social de las relaciones comerciales y afecta la estructura de la administración pública, haciendo que el derecho administrativo no se limite a interactuar solo con derecho nacional. Esta mutua dependencia de las políticas internas y las regionales se realiza, entonces, cada vez que existe participación y compromiso de los Estados frente a las decisiones, de carácter vinculante o no. En esa medida surge el problema de investigación tendiente a esclarecer cómo ha sido la adopción de las decisiones e interpretaciones, emanadas de los mecanismos oficiales del Derecho Comunitario Andino, en el ordenamiento jurídico colombiano. La existencia de varios puntos de vista con respecto a la obligatoriedad o no de dicha adopción, moldea un tema de suficiente amplitud y profundidad para ser estudiado en un trabajo de investigación.

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En este trabajo se construye un modelo de Equilibrio General Dinámico Estocástico (DSGE) con sector informal y rigideces en precios, usando como marco de análisis la teoría de búsqueda y emparejamiento del mercado de trabajo. El objetivo principal es analizar el efecto de los diferentes tipos de choques económicos sobre las principales variables del mercado laboral, en una economía con presencia importante del sector informal. Igualmente se estudia el efecto de la política monetaria, ya que la presencia de este sector afecta la dinámica del ciclo económico, y por ende los mecanismos de transmisión de la política monetaria. En particular, se analiza la dinámica del modelo bajo diferentes reglas de política monetaria y se compara el bienestar agente representativo generado por cada una de estas reglas.

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La desnutrición infantil y la pobreza se encuentran asociadas y estas a su vez con el progreso de los países. Conocer las determinantes sociales y económicas de la niñez que padece de bajo peso es necesario para crear escenarios propicios para el adecuado desarrollo de la primera infancia y de esta manera contribuir con la superación de la pobreza en el marco de sistemas sanitarios equitativos. Se realiza una descripción de las características socio-económicas y un análisis de posibles asociaciones entre estas y el bajo peso infantil de una muestra de infantes de uno de los sectores de mayor vulnerabilidad y pobreza de Bogotá (Colombia). La tasa del bajo peso infantil en la muestra del estudio en más alta a la presentada en Bogotá y Colombia (8.5%, 2.9% y 3.4% respectivamente). Al realizar el análisis de las posibles asociaciones entre el bajo peso y las variables de estudio, se evidencia que las relaciones son débiles entre la primera y las segundas, siendo la condición de desplazamiento la que mayor asociación positiva presenta con la deficiencia nutricional seguido del rango de edad entre los 25 y 36 meses. La situación que presenta mayor independencia con respecto al bajo peso infantil es contar con vivienda propia seguida del sexo. La desnutrición infantil se presenta en niveles importantes en sectores de mayor vulnerabilidad con implicaciones para el adecuado desarrollo de los infantes y para las intenciones de reducción de los índices de pobreza en el país. El fortalecimiento de las políticas públicas que favorezca el desarrollo infantil, la superación de la pobreza y las inequidades en los sistemas de salud deben contemplar acciones integrales dirigidas a los más vulnerables, con la participación de la sociedad civil y los sectores públicos y privados, el compromiso político y económico de los gobiernos y reglas claras que contribuyan a la solución estructural de la pobreza y que promueva el adecuado desarrollo infantil.

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China es un país aliado con la economía de Colombia debido a su alta importación de productos como café y madera. En los últimos años la exportación de madera desde Colombia hacia China ha presentado un crecimiento sin procedentes, debido a que los empresarios prefieren proveedores que ofrezcan productos con alguna transformación. Se ha elegido Guangdong, como una de las principales ciudades de China para la exportación de madera por el gran crecimiento de mercado que ha reflejado en los últimos años en la utilización de este producto para la diversidad de fines privados y comerciales. Este trabajo muestra el análisis que se ha realizado para la exportación de madera aserrada a dicho mercado meta, al igual que la presentación del producto, su proceso de elaboración y sus ventajas para ser una gran oferta de calidad en China. De igual manera se profundiza en el proceso de exportación que se planea realizar, el cual incluye los procesos de logística y distribución, las normas, la documentación necesaria y las reglas que se deben cumplir tanto en Colombia como en China. Los aspectos financieros también son incluidos como parte del proyecto con el fin de tener en cuenta el presupuesto necesario para incurrir con este tipo de negociación

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En este trabajo académico se presentan los resultados de un estudio cualitativo-pragmático de una muestra de las transmisiones la Copa del Mundo de fútbol de 2010 realizadas por la televisión abierta colombiana. Se argumenta que las transmisiones deportivas (dentro de las cuales las transmisiones de fútbol son las más extendidas) deben ser entendidas como un género mediático y periodístico específico y, por tanto, deben ser analizadas desde criterios diferentes a otros productos tradicionales de la comunicación masiva.

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El desarrollo social de un departamento está determinado por factores tanto internos como externos. Sin embargo, la existencia de recursos no renovables con gran valor, en algunos casos representan el núcleo de grandes problemas sociales en estos departamentos.

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Hoy en día, Bogotá cuenta con aproximadamente 15800 buses de servicio público, no obstante, alrededor de un 45% de esta flota se encuentra en un estado crítico. La existencia de modelos de buses previos al 2003, la falta de revisiones periódicas, negligencias en el cumplimiento de los requisitos para la prestación del servicio, la resistencia al cambio por parte de los transportistas, y demás factores dificultan la labor de actualizar y unificar la flota en el actual plan del Sistema Integrado de Transporte de la ciudad. El Sistema integrado de transporte procura introducir un sistema confiable, eficaz, y rápido que se adapte a la creciente necesidad de movilidad en Bogotá. Este sistema tiene como propósito la integración del sistema Transmilenio con la estructura tradicional de transporte masivo; se pretende complementar, fortalecer e integrar todos los eslabones de transporte segmentado que existen en la ciudad. Las primeras fases del sistema pretenden cambiar la estructura de flota afiliadora a operadora como funciona en Transmilenio, crear un sistema organizado e integrado de buses de servicio público (Urbano, Especial, Complementario, Troncal y Alimentador), y asegurar la calidad en el servicio. El presente proyecto pretende evaluar, analizar y optimizar los procesos que permitirían la adecuación extensiva de la flota de transporte público para su introducción al Sistema Integrado de Transporte. Los procesos principales incluyen la adecuación de todos los vehículos antiguos (modelos anteriores al 2003 pasan por un proceso de reparación, mantenimiento, acondicionamiento) y la implementación de sistemas de tecnológicos. En adición, se plantea crear un sistema homogéneo que permite estándares de calidad y facilidad de mantenimiento.

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Hay dos tesis respecto a la responsabilidad patrimonial del Estado Regulador. Algunos que pretenden que la regulación no genere responsabilidad al considerar que el actor económico regulado asumió la regulación y los riesgos correspondientes al ingresar a un mercado regulado. Otros, que pueden considerar que por adquirir una licencia compran al mismo tiempo la legalidad, siendo inviables reglas de juego sobrevivientes. Estos polos son extremos, en tanto por el sólo hecho de entrar a un mercado regulado no significa que el Estado pueda desconocer el patrimonio y derechos del inversionista y el principio de buena fe. Quien ingresa o participa en un mercado hace sus propias previsiones de negocio acorde con las condiciones definidas por el Estado y asume que se respetará el ordenamiento legal. También que se respetarán sus derechos los que pueden ser modulables más no excluirse por las actuaciones del Regulador. Por ello, cuando se genere un daño antijurídico o una violación al núcleo esencial de sus derechos que además es imprevisible por el destinatario de la regulación deberán resarcirse los perjuicios generados