Devolución de la hacienda por Miguel Ignacio de Toro al Colegio Mayor del Rosario

Miguel Ignacio de Toro arrendatario de las haciendas del Colegio Mayor del Rosario comunica al rector y conciliarlos que hará entrega de las haciendas antes del término del contrato debido a la enfermedad que lo aqueja. Contiene el instructivo para la recepción de la hacienda con especificaciones sobre los esclavos, ganado, trapiches, casas y las plantaciones de caña y plátano.

Solicitud de beca en el Colegio Mayor del Rosario por parte de Ignacio Sarasti

Solicitud del estudiante natural de Popayán Ignacio Sarasti, para obtener una beca y continuar sus estudios en el Colegio Mayor del Rosario. La solicitud fue aprobada, se le pidió presentar informaciones.

Cuentas del Colegio Mayor del Rosario durante el rectorado de Antonio Ignacio Gallardo

Cuentas de ingresos y gastos del Colegio Mayor del Rosario durante el rectorado de Antonio Ignacio Gallardo. Se incluyen los pagos de créditos, arriendos de casas y haciendas, principales y becas al Colegio Mayor; así como los gastos de alimentación, pago de empleados, reparaciones al Claustro y compra de elementos para la vida cotidiana del Colegio.

Protección constitucional del derecho a la educación y responsabilidad estatal por falla en el servicio de la educación

La educación está definida por la Constitución Política como derecho y como servicio público con función social. A su vez, para lograr este cometido se la ha definido como política pública, es decir, de máximo interés para el Estado. No obstante, lo plasmado en norma y programas no corresponde con la realidad. Aún hay actuaciones de la administración que vulneran el derecho a la educación por deficiencias en la prestación del servicio público educativo. De ahí el interés legítimo que tiene la colectividad para exigir de la administración, mediante las acciones populares, que se garantice la prestación del servicio público de la educación en las mejores condiciones posibles. La educación como servicio público es un derecho colectivo, y la comunidad puede exigir que se garantice su prestación adecuadamente, pues en la medida en que haya más personas bien educadas, ello redunda en beneficio de la sociedad y del Estado.

Lesiones Intraepiteliales de Alto Grado (LEIAG) en la población subsidiada, contributiva y pobre no asegurada en el municipio de Villavicencio, Colombia. 2008

Introducción: el Cáncer de cérvix en Colombia ocupa el primer lugar en mortalidad e incidencia. La mortalidad en el departamento del Meta durante el 2008 llegó a 65 casos, incrementándose en 15 casos con relación al año anterior. De esta cifra Villavicencio reportó 36 casos. Metodología: estudio descriptivo, de pacientes nuevos que reportaron biopsias LEIAG afiliados al régimen contributivo, subsidiado y población pobre no asegurada, en el municipio de Villavicencio durante el año 2008. De 471 registros, 189 biopsias fueron clasificadas LEIAG, datos de 71 pacientes fueron procesados en SPSS15. Resultados: por aseguramiento el 42% pertenece al contributivo, 41% al subsidiado, 12 % a la población pobre no asegurada y 5 % multiafiliados. El 88.7% de LEIAG se presentan entre 30-60 años. El 90.1% no asistió a programas de promoción y prevención. El 84% del contributivo, recibió reporte de citología entre 0-11 días. Contrastando con el 95% de la población pobre no asegurada 20-49 días. El 70.3% recibió reporte de biopsia entre 0 a 19 días. El 43.7% inició relaciones sexuales entre los 12-15 años. El 35.2% ha estado expuesta a fumigaciones. El 38% presentan antecedentes familiares de cáncer, predominando cérvix, seno y estómago. Discusión: riesgos como edad, relaciones sexuales tempranas, exposición a tóxicos, se encuentran en parámetros de literatura revisada. Demanda inducida y procesos de promoción y prevención son factores que deben fortalecer aseguradores, prestadores y ente territorial.

Análisis de la aplicación de la Ley 909 de 2004 y el Decreto 274 del 2000. Estudio de Caso: Ministerio de Relaciones Exteriores. Periodo gobierno de Álvaro Uribe

La presente monografía realiza una análisis de la aplicación de los estatuto de carrera administrativa, ley 909 del 2004 y el de carrera diplomática y consular, Decreto 274 del 2000 en el Ministerio de Relaciones Exteriores durante el periodo del presidente Álvaro Uribe. Esto para mostrar como el criterio del mérito, como rector de la formación y gestión de la función pública, consagrado en la constitución y en los estatutos de carrera no se aplica en la práctica en dicho ministerio. Así mismo se busca a través de entrevistas a expertos en la materia dar una explicación a la desviación que se presenta en la práctica de los principios normativos sobre función pública.