La organización: los stakeholders y la responsabilidad social

¿Cómo pueden las organizaciones llevar prosperidad a los que aún no la han alcanzado? De acuerdo con Cardona (1962), identificar los intereses comunes de empresas e instituciones sociales es el camino para generar bien común para la sociedad. Y ese bien común será mayor cuando las organizaciones trabajan en colaboración con los individuos y grupos con los cuales tienen una relación recíproca que cuando actúan solas. ¿Cuál es la relación entre bien común, responsabilidad social y stakeholders? Crosby y Bryson (2005) dicen que bien común es el régimen actual o potencial de mutuo beneficio producido a través del cuidadoso análisis de los stakeholders. Pocos autores han estudiado la relación entre empresa y bien común (Ardangoña, 1998; Montushi, 2007); sus trabajos se encaminan a mostrar cómo el bien común impuesto por el Estado es la base de la teoría de los stakeholders. En este artículo se muestra cómo más allá de dicha teoría y de la responsabilidad social, las empresas, al ser parte de un contexto social, contribuyen a la conformación de un bien común con sus stakeholders, de manera conjunta, lo que les permite interactuar con la sociedad con la cual cohabitan.

Tierra e impuestos : la política detrás del predial rural

Una apuesta importante del actual Gobierno es el campo y el tema rural. Vuelven a la agenda política la tierra, la propiedad, los derechos de los poseedores, la restitución y el agro como estrategias desarrollo y construcción de paz. El predial, como impuesto sobre la propiedad, es un asunto fundamental y complementario de cualquier estrategia que se implemente; sin embargo, ha sido el gran ausente en los estudios y políticas sobre el uso de la tierra en Colombia. Por ello, una mirada al desempeño del predial rural abre nuevas ventanas para entender la manera integral la problemática de la tierra en Colombia. En particular, la investigación adelantada por economistas del a Universidad del Rosario busca saber si existen razones políticas que determinen la desactualización catastral, el bajo recaudo y las bajas tarifas del predial rural. Pretende. Igualmente analizar el comportamiento de este impuesto a la luz de la política local, que pueda afectarlo positiva o negativamente.

Panem et Circenses, ¿educación pública de calidad o redistribución? Efectos de la provisión de un bien privado y su calidad por parte del sector público sobre el crecimiento y la distribución del ingreso

La utilización de la provisión de un bien privado por parte del sector público como política de redistribución del ingreso, es considerada una buena herramienta ante la falta de información sobre los agentes. No obstante, si se puede recaudar, a cierto costo, la información necesaria puede aplicarse un impuesto progresivo que mejore la eficacia redistributiva de la política. Por otra parte, los costos sociales de sobrestimar esta herramienta pueden llegar a ser altos, dependiendo de las condiciones institucionales y del bien privado con el que se implementa la política. Si se tiene un orden institucional que no permite la discriminación por niveles de ingreso en la provisión del bien privado, necesariamente entra a operar la autoselección de los individuos como una relación inversa entre efecto redistributivo y calidad del bien privado. Si esta última tiene efectos sobre la acumulación de capital humano, también tendría efectos sobre el crecimiento y la distribución del ingreso a largo plazo. Es por ello, que los gobiernos enfrentan un dilema entre apaciguar a corto plazo problemas de distribución y obtener beneficios políticos, y lograr un mayor crecimiento y equidad En el largo plazo.

Documento marco de la línea de investigación en derecho penal económico

Hace 37 años, aproximadamente desde el 13 de mayo de 1970, fecha en la que el profesor Claus Roxin leyó su ponencia titulada “Política criminal y sistema de derecho penal”, la ciencia del derecho penal ha experimentado un profundo cambio en su método y en su objeto. El antiguo paradigma de que el derecho penal debía ser la barrera infranqueable del derecho penal, vigente desde los tiempos en que Franz von Liszt pronunció su conocido “Programa de Marburgo”, fue sustituido por una nueva perspectiva en la que la dogmática jurídico-penal sólo adquiere su verdadera dimensión de sentido, cuando se la elabora en función de la realización de los fines político-criminales que a la ley penal le atribuye la Constitución. La doctrina penal actualmente dominante, en consecuencia, ha abandonado por completo el método lógico-deductivo de los tiempos del positivismo, y el método teleológico-valorativo impuesto por el neokantismo, para adoptar como método para la elaboración y determinación del derecho penal uno con orientación teleológica hacia la realización de la política criminal del Estado. Hoy la doctrina general, casi de forma unánime, toma como punto de partida la idea de que la Constitución Política reconoce positivamente un conjunto de valores éticosociales,cuya preservación explica desde sus fundamentos el ius puniendi. Si se toma realmente en serio el carácter de Estado social y democrático de derecho, esa potestad con la que cuenta el Estado para crear delitos y para imponer penas, sólo puede fundamentarse como contrapartida del deber que le asiste de actualizar esos valores positivamente reconocidos en la Constitución. La Carta Política, depositaria de ese acuerdo sobre lo fundamental al que supo llegar el constituyente primario, determina con exactitud cuáles son esos valores sobre los que ha de erigirse el Estado; valores que luego se encarnan en las libertades civiles y en los bienes jurídicos fundamentales, y que habrán de servir como límite y fundamento del derecho penal. Si por política criminal entendemos el conjunto de principios que orientan, enmarcan, limitan y fundamentan el uso del ius puniendi que, legítimamente, puede hacer el Estado en orden a prevenir la realización de conductas que afecten las libertades y los bienes jurídicos básicos, entonces no queda duda de que ella se encuentra ya delineada en sus trazos más fundamentales en la Constitución Política, y que la ley penal no es más que la concreción de la política criminal del Estado en su más pura expresión. Muchos son los valores dignos de protección, y por ellos son muchos también los bienes que tradicionalmente han gozado de alguna forma de tutela jurídico-penal: la vida, la libertad individual, la libertad y el pudor sexual, la honra y el buen nombre, el patrimonio o la administración pública, son sólo algunos ejemplos de ellos. No obstante,junto a esos bienes jurídicos tradicionales, que desde mediados del siglo XVIII integran lo que actualmente se suele conocer como el derecho penal clásico o nuclear, han empezado a surgir otros que reclaman también protección penal. Se trata, en general, de bienes jurídicos que se aglutinan en lo que hoy se conoce como el derecho penal moderno o accesorio, y cuya protección se garantizaba anteriormente apelando a la legislación mercantil o administrativa. Y me refiero, en particular, a bienes jurídicos que, como la propiedad industrial, los derechos patrimoniales de autor, el medio ambiente o los recursos naturales, han pasado recientemente a disfrutar de un indiscutible estatus de protección penal del que antes no gozaban. Uno de esos bienes jurídicos que han pasado recientemente a disfrutar de la tutela jurídico-penal, es el orden económico y social, y es en el estudio de las conductas por medio de las cuales se le lesiona o pone en riesgo, donde se centra nuestra principal preocupación académica.

Incidencia de los actores armados ilegales en la tributación minera de los municipios auríferos de Antioquia 2007 - I. 2012

Inmersos en un conflicto armado y guiados por un modelo político que busca aprovechar el boom minero en pro del desarrollo de Colombia, se han potencializado dinámicas ilegales donde los Actores Armados Ilegales (A.A.I), como ‘bandidos estacionarios’, se han ido adaptando a las nuevas dinámicas del mercado donde el lucro, la rentabilidad y la financiación son su objetivo central. En el departamento de Antioquia, esa situación data desde la formación de sus regiones, como son el caso del Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño. Empero, lo novedoso en el conflicto armado, y que tiene relación directa con la minería aurífera es, la alta posibilidad que los A.A.I. estén viendo en esta actividad su principal fuente de financiación como consecuencia de dos hechos importantes: 1). El éxito que ha tenido la lucha contra el narcotráfico y por ende, contra los cultivos ilícitos. Y, 2) El elevado precio del oro en el mercado internacional puesto que, se estima que en los próximos años alcance entre $2.000 y $2.107 dólares la onza. En este orden de ideas, el lector encontrará como los actores armados ilegales actúan como bandidos estacionarios que ejerciendo la “minería criminal”, inciden en la política fiscal municipal a partir de la para-tributación o ‘impuesto de protección’, captación de regalías y el lavado de activos; donde el fin es financiar sus actividades criminales, afectando negativamente la política tributaria de los gobiernos municipales que se caracteriza por su baja capacidad de gestión.

Análisis de las posibilidades de exportación de productos agropecuarios colombianos hacia la República de Corea

El comercio internacional es básico para el desarrollo económico de algunos países, en la actualidad los tratados de libre comercio son un recurso que se utiliza actualmente en muchos países para poder obtener beneficios económicos. Dado que se firmó en 2013 el tratado de libre comercio entre Colombia y la República de Corea surgió un interés por desarrollar un trabajo investigativo, debido a los pocos que se han realizado con respecto a este tema, que tratara las oportunidades que le surgen a la economía nacional con dicho tratado. Se determina con la investigación, de acuerdo a la oferta de la producción colombiana, cuales son las verdaderas oportunidades que debe aprovechar el país con respecto a su sector agropecuario.

Oportunidades y retos para Diageo con la firma del TLC Colombia- Unión Europea

Diageo es la multinacional líder en producción y comercialización de bebidas espirituosas Premium y cuenta con presencia en más de 80 países incluyendo Colombia, donde la industria de licores presenta una tendencia creciente consecuente con el crecimiento económico del país. Dentro de este contexto, la categoría de bebidas espirituosas juega el papel principal con productos como ron, whisky y aguardiente, con la mayoría de la participación en el mercado nacional. Sin embargo, existe en esta industria un sistema tributario que se presenta como una barrera para la expansión del mercado que tienen los bienes importados. Bajo este marco, se presenta con gran importancia la firma de un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, el cual a la fecha se encuentra en una etapa avanzada después de haber sido aprobado por el Congreso en Colombia y por la Unión Europea aunque todavía no ha entrado en vigencia. Este tratado podría beneficiar a las compañías productoras y comercializadoras de bebidas europeas, facilitando su ingreso a los mercados departamentales y logrando con esta negociación un mayor control por parte del gobierno nacional a las prácticas anticompetitivas que se llevan a cabo por parte de algunos departamentos. A lo largo de este trabajo se estudia particularmente a la empresa británica Diageo, teniendo en cuenta que su portafolio mayoritariamente proviene de Europa y que existe una tendencia creciente en el consumo de este tipo de bebidas. Asimismo, se estudiará la situación actual del sector de bebidas alcohólicas en Colombia, con lo cual se conocerá más de cerca la posición estratégica de Diageo dentro de la industria y se verá como es el comportamiento de las empresas que participan en esta para las cuales el Tratado traería consigo oportunidades y retos importantes que deben afrontar y aprovechar.

Los Ticuna del trapecio amazónico colombiano. La otra cara de la identidad nacional

Durante décadas, el tema indígena en Colombia estuvo marginado como producto de la proliferación del conflicto armado y de demás ejes de distinta índole que han marcado la intrincada realidad social en el país. Para nadie es un secreto que los indígenas han sido víctimas de distintos procesos, sobre todo en lo que a materia territorial respecta, y sus territorios han sido focos de violencia por parte de actores armados ilegales y por el accionar del Estado y de distintos sectores de carácter privado, que han vulnerado los derechos de estos grupos y que han impuesto un ordenamiento arbitrario sobre estas comunidades. A raíz del surgimiento de nuevos temas en la agenda internacional y por consiguiente, de la importancia de la baja política en la agenda interna de los Estados, se pone de manifiesto la importancia de incluir los temas ambientales y en especial lo referente a las minorías étnicas, como ejes importantes a tener en cuenta dentro de la formulación de políticas de los Estados Nación. Es así como después de décadas, el Estado ve la necesidad de concebir el multiculturalismo como una política necesaria para proteger los derechos de los grupos minoritarios quienes durante años, a través de movilizaciones sociales, venían consolidando un discurso de reivindicación identitaria. De esta manera surgen entonces en la década de los 70s las primeras organizaciones indígenas, las cuales a partir de la construcción de este discurso de reivindicación identitaria, empiezan a abogar por el reconocimiento y protección de sus derechos y de su identidad.

Tributación especial en la actividad de la construcción

Con la Constitución Política de 1991, se introdujo en el sistema jurídico colombiano un nuevo paradigma de interpretación a partir del cual la Constitución, como norma de normas, fija los límites para que el sistema normativo estructure las directrices que rigen la organización de nuestro país. Ante este inevitable fenómeno jurídico, nuestro sistema tributario no fue ajeno y fue el Artículo 338 de la Carta Política el encargado de sentar las bases para la reglamentación a nivel nacional y territorial de las normas tributarias.

The mutual agreement procedure and arbitration of double taxation disputes

It is in the interest of most states to eliminate double taxation (i.e. the payment of the same tax in two jurisdictions) of transnational commercial enterprises. Because such disputes involve, on the one hand, the state imposition of taxes, a right universally asserted by all states, and private entities on the other, taxation disputes between such parties are not, on their face, easily susceptible to arbitration. This article analyzes two dispute settlement procedures-the OECD First Model Tax Convention and a similar EU Convention-with the exclusive focus on disputes relating to the imposition of double taxation. It will look at the ways in which state roles may vary under these procedures from assisting in the negotiation process to taking a part similar to, but with important differences from, diplomatic protection on behalf of an affected enterprise. The article will examine the situations under which the settlement procedure is required and/or available, how the procedures are triggered, the obligations and parts played by the parties, the means by which the disputes are resolved (from negotiations to tribunals) and the limitations of the procedures. Are they “taxpayer friendly”? As a result the reader may draw comparisons between the two procedures. Finally, the article will look at the proposed OECD Arbitration Clause which is intended to be incorporated into Article 25 of the OECD Model Tax Convention as well as how these mechanisms relate and/or conflict with bilateral tax treaties and the GATS.

A sociological view of family law in Colombia. Radicalism-1945

This paper affirms that the economic and political failure of the Radical Period provided opportunities for those who proposed Regeneration as a means of defending authority. Family law became an important tool in that process. During the period studied by this article, the equality clause remained in Colombian constitutions without any practical affect for the majority of the people. Discrimination was imposed through family law over those who had born outside of a Catholic marriage and/or had not previously legitimized their union through a Catholic ceremony. By the middle of the 20th century, the dramatic situation of the nation’s children led to efforts to change the social prejudices through legislation, that is, in the same way the prejudices had been imposed.

El Empredimiento: elemento clave para el desarrollo en Colombia

En muchos foros se habla del emprendimiento como una salida frente a la crisis del empleo. Sin embargo, gracias a la investigación realizada en la Facultad de Administración de la Universidad del Rosario y de la experiencia adquirida luego de acompañar más de 100 iniciativas emprendedoras, considera el equipo del Centro de Emprendimiento de esta Facultad, que es un tema que debe observarse con detenimiento, pues es necesario generar herramientas adecuadas que ayuden y faciliten al emprendedor a realizar con éxito la tarea que se ha impuesto.

El rol de las ONG de España en el internacionalización de la causa de las Damas de Blanco. Estudio de caso: Solidaridad Española con Cuba (2005-2012)

El interés de este estudio de caso es demostrar el rol de la ONG Solidaridad Española con Cuba en la creación de una red transnacional de defensa de las Damas de Blanco, un movimiento social cubano disidente. Esto, tras reconocer que el apoyo por parte de ésta y otras organizaciones e instituciones internacionales es de gran importancia para lograr las reivindicaciones sociales propuestas por las Damas de Blanco, a partir de los hechos ocurridos en la Primavera Negra en el año 2003. Tanto las organizaciones como el movimiento social, aseguran que ha existido una violación sistemática de los Derechos Humanos de los disidentes de este país, y asimismo, una opresión de sus demandas, lo que ha hecho que el apoyo internacional se convierta en la clave de un futuro cambio.

Tratamiento Fiscal de los servicios técnicos y de asistencia técnica en Colombia

Los servicios técnicos y de asistencia técnica son cada vez más necesarios para el desarrollo económico y la evolución en materia industrial, en campos tan diversos como el desarrollo técnico y tecnológico en los procesos de producción

La concesión minera en Colombia: un análisis desde el marco normativo y regulatorio frente a los principios de seguridad y estabilidad jurídica

Para el desarrollo de las actividades mineras en nuestro país, es imprescindible que los concesionarios cuenten con condiciones que permitan la continuidad de las actividades de exploración y explotación mineras, y con ello que las condiciones jurídicas, a partir del inicio del trámite precontractual y el contrato de concesión sean claras, y se encuentren inmersas en reglas para las partes de la relación contractual, fundamentadas en los principios de seguridad y estabilidad jurídica, como garantía para efectuar la actividad minera proyectada. Dentro del trabajo de investigación se aborda un análisis del sector minero, la problemática para el desarrollo de las actividades mineras, desde la perspectiva de los principios objeto de investigación, para determinar, si el contrato de concesión minero colombiano, como instrumento generador de derechos y obligaciones, brinda condiciones que permitan adelantar el proyecto minero y se alcancen los objetivos señalados por el Estado para el beneficio de la colectividad, y del contratista minero alcanzando los beneficios económicos proyectados.