117 resultados para Derecho romano.


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El trabajo de grado se estructuró en tres capítulos. El primero constituye un marco teórico sobre el cual se fundamentan los siguientes, pues se realiza un análisis de la cláusula penal en el derecho privado, incluidas las prácticas comerciales internacionales. El segundo capítulo aborda el tema de las multas en la contratación estatal, para lo cual se estudió la normatividad y jurisprudencia pertinente; en esa parte del escrito se incluyó el apartado correspondiente al derecho comparado. Finalmente, en el tercer capítulo, se formula una propuesta que permite hacer de esta medida coercitiva provisional una herramienta idónea para lograr el correcto y oportuno cumplimiento del contrato.

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Análisis de la dinámica legitimadora de la Corte Constitucional en el tributo de estampillas, considerado desde la jurisdicción departamental, en el Estado colombiano.

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Aproximación a los temas y principios fundamentales que subyacen en el derecho urbanístico, desde la norma jurídica, como expresión de una potestad estatal, y desde la propiedad, como manifestación de un derecho con rango y protección constitucional,

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En el presente trabajo de grado, se realiza un acopio, valoración y respectivo análisis de la jurisprudencia nacional, la doctrina especializada y la legislación vigente en Colombia en materia de Facultades Administrativas Discrecionales, con el propósito de determinar, si en nuestro ordenamiento existe diferencia de fondo en el tratamiento de la Discrecionalidad Técnica entre la jurisprudencia contencioso administrativa y la constitucional. Así mismo, se resalta que en un Estado Social de Derecho como el nuestro, es necesario que el quehacer administrativo se aproxime cada vez más a los ideales constitucionales de transparencia y justicia social, de forma tal que las decisiones que se adopten, estén siempre sujetas a los principios de legalidad y debido proceso, y en todo caso, propendan por la salvaguarda del bien común y el interés general.

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La razón de ser de la obra Balance del derecho electoral colombiano es la necesidad de analizar, con una visión política, sociológica y jurídica, el reto de transformar al elector en ciudadano; así como evidenciar los problemas que aquejan actualmente nuestro derecho electoral, estos son los ejes temáticos de la investigación. En esa medida, se profundiza en la legalidad y la eficacia del voto, reflexionando específicamente sobre la aprocrificidad, los fraudes electorales y los errores matemáticos que se pueden presentar en las elecciones. Asimismo, se analizan las causales de perdida de investidura como uno de los mecanismos para moralizar y depurar la conformación de las corporaciones de elección popular. Se ubica nuestro sistema electoral bajo el entendido de la existencia de medidas institucionales que favorezcan el acuerdo y la creación de condiciones para que los ciudadanos acepten como validas las decisiones que se adoptan en virtud de dichos procesos institucionales. En consecuencia, a demás de contextualizar el tema en el derecho comparado, se profundiza en la relación que existe entre la democracia, representación y sistemas electorales. Además, se hace una reflexión novedosa sobre la reforma político electoral de 2003, teniendo en cuenta la elección senatorial de 2006. Desde una perspectiva histórica, se analiza la forma de garantizar el principio de igualdad, la transparencia y la objetividad en la decisión expresada por los votos, a través de una organización electoral que debe proyectar ante la sociedad confianza y credibilidad en los procesos electorales. Se ofrece también el análisis sobre la relación imprescindible que existe en las democracias contemporáneas entre la política y la comunicación, soportada por las modernas técnicas de información y comunicación masiva y que ha originado, dentro de la democracia electrónica, el voto electrónico, el cual es un imperativo constitucional y legal para el país, en el contesto de nuestro avance tecnológico y el diagnostico del estado actual de nuestra democracia, se aportan las posibles ventajas y desventajas que puede conllevar la utilización de métodos electrónicos para expresar el sufragio. Además, se destaca la importancia de las encuestas de opinión en los procesos electorales.

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La presente obra realiza un estudio sistemático de la regulación de los bienes incautados por su afectación a procesos penales, por delitos de narcotráfico y conexos, o a acciones de extinción del dominio, como manifestación de la política estatal de atacar la delincuencia económica organizada, por medio del restricción de sus beneficios patrimoniales, el tratamiento del temática – visto desde la perspectiva de las categorías de análisis del derecho administrativo – a la vez que permite una comprensión del objeto de estudio, sirve como ejemplo ilustrativo de los fenómenos dentro de la parte normativa de la solución, corresponde al derecho administrativo y el balance de la eficiencia de sus contribución par ese propósito.

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Con la creación de los Tribunales Penales Internacionales ad hoc para la antigua Yugoslavia y Ruanda, y con el establecimiento de la Corte Penal Internacional como órgano internacional permanente de investigación y juzgamiento se ha hecho evidente la necesidad de ofrecer un texto especializado, que recoja los diferentes instrumentos del derecho penal internacional. Aunque en el ámbito doctrinario existen importantes aportes que contribuyen a la recopilación de los diferentes textos del derecho internacional público y a los crímenes de guerra, sin que haya un compendio que abarque los diferentes instrumentos internacionales relacionados con el derecho penal internacional. Debido a la pretensión de contribuir al reconocimiento y fortalecimiento de las instituciones del derecho internacional, este texto sólo incluye los temas sustanciales y no procedimentales del derecho penal internacional. Es decir, relaciona los instrumentos jurídicos internacionales que sirven de base dogmática para el estudio de dichas instituciones, y deja de lado tratados sobre asistencia judicial, extradición o mecanismos internacionales de cooperación judicial entre los países.

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El control sobre los bienes y recursos públicos y la eficacia del mismo ha sido una constante preocupación en la historia del país y en la evolución de nuestras instituciones polito-administrativas, como también lo ha sido la insatisfacción por los malos resultados de este control. Cabe entonces preguntarse ¿Por qué en Colombia no funciona bien el control fiscal?. Para responder a este interrogante el autor parte de un grupo de premisas básicas que hacen relación a la escasez creciente de recursos públicos y a la necesidad de estudiar, por una parte, otros sistemas que funcionan mejor que el nuestro y, por otra, la historia de la evolución institucional de las contralorías; para así comprender cómo se llegó a lo que hoy tenemos. A estos supuestos teóricos se agregan la ubicación del control fiscal dentro de los demás controles al ejercicio del poder político (difícilmente habrá algo más político que la asignación y el uso de los recursos públicos); la ubicación de las contralorías como pieza principal, mas no única, en el sistema de control fiscal, y, finalmente, su papel como parte del conjunto de “instituciones presupuestales”, es decir, aquellas a través de las cuales se expresa la economía pública. Consecuentemente, la obra está dividida en tres partes. En la primera se estudia el tema de la eficacia del control sobre los bienes y fondos públicos, desde el punto de vista del derecho comparado. En la segunda, se aborda el tema desde el punto de vista de su evolución histórica. En la tercera y última parte, se utilizan los elementos teóricos definidos en los dos capítulos anteriores y un cuadro conceptual, elaborado a partir de la teoría de las macro-organizaciones (Matus) y de la teoría neo-institucional (North), para intentar explicar por qué no funciona el control fiscal. La tesis que en general se sostiene es que el control de gestión y resultados no tiene los efectos que de él se esperaban, porque el diseño institucional dentro del cual actúan las contralorías, en especial la Contraloría General de la República, hace que la evaluación de la gestión y resultados de la administración pública no esté llamada a tener impacto alguno.

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La obra cubre un amplio espectro temático, sobre el cual, gravitan en buena parte, los mayores conflictos y problemas que enfrentan el derecho médico-sanitario en la actualidad. Entre los temas abordados se destacan los siguientes: las condiciones actuales de administración y presentación de servicios de la salud y sus tendencias regulatorias; los distintos enfoques de la salud humana desde la perspectiva de la protección social; las tutelas en salud y sus implicaciones;; las diferentes formas de protección de los usuarios y consumidores productos y servicios de la salud, con especial énfasis en la problemática de los medicamentos; las tendencias en el tratamiento de las responsabilidades indemnizatorias sanitarias en sus diversas clases y matices, el preocupante incremento de estas acciones y su impacto social y económico; los aspectos relevantes en la jurisprudencia tanto de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, como en la Sección Tercera del Consejo de Estado en cuanto a responsabilidad indemnizatoria sanitaria tanto civil como patrimonial del Estado y otros temas conexos; la responsabilidad civil por trabajo en equipo y la responsabilidad civil solidaria. Un marco general de distinción de las distintas responsabilidades jurídicas que pueden aplicarse en el sector de la Salud. La necesidad de implementar estrategias para procurar tanto la prevención y gestión de riesgos en dicho sector, como diversos mecanismos de solución tanto ante la justicia formal, como a través de los Métodos Alternativos. El valor jurídico de las historias clínicas, y de la aceptación de riesgos por parte del paciente o de sus representantes: las implicaciones jurídicas que pueden tener los dilemas más presentados acerca del inicio de la vida humana y en momento de su protección; las perspectivas frene a un posible Estatuto del Embrión; los retos generados por las investigaciones sobre biotecnología y sus posibles aplicaciones.

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Los denominados “nuevos derechos”, entre los que se encuentra el derecho al medio ambiente, surgieron a raíz de las reivindicaciones vinculadas con los movimientos sociales y la sociedad civil. En esta línea, el derecho al medio ambiente supone un nuevo embate, un nuevo enfrentamiento con el señorío de la globalización neoliberal. Sin embargo, los cambios que exige su implementación como derecho en el espacio jurídico y político son de tal magnitud que la reivindicación ambiental ha sido objeto de una resistencia considerable. ¿Está tal resistencia moralmente justificada?. ¿Hay buenas razones para resistir?, ¿debemos seguir negándonos a aceptar que nuestro modo de vida tiene que dar un giro?, ¿podemos cerrar los ojos ante el cambio climático, la contaminación, los desastres naturales, sólo porque no somos nosotros, de momento, los directamente perjudicados? El libro de Claudia Irene Gutiérrez es un intento de responder a estas preguntas, una llamada de atención que puede ayudarnos a despertar de l oque podría ser una larga pesadilla. Son pocos los que en la universidad se dedican a tales cuestiones, y menos aún los que lo hacen desde el discurso jurídico. Por eso, entre otras cosas, creo que merece la pena atender a esta llamada.

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La obra de la profesora Salcedo es un estudio profundo que, sirviéndose de la metodología del derecho comparado, analiza de forma aguda y crítica los distintos problemas que se presentan en materia de arbitrajes de contratos estatales, tanto en Colombia como en Francia. Este libro desarrolla de forma conjunta dos temas de gran actualidad: el arbitraje, como método alternativo de solución de controversias, y los contratos estatales, como uno de los principales mecanismos de intervención del Estado como agente en el mercado. El análisis demuestra, de manera contundente, que estas dos instituciones jurídicas están lejos de ser antagónicas y, por el contrario, resultan totalmente complementarias dentro del marco de intercambios económicos de la sociedad moderna.

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En esta obra, la Maestría en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario ha compilado los aportes académicos de sus docentes, como conmemoración de los diez primeros años de funcionamiento ininterrumpido del programa. Estas contribuciones han sido elaboradas a partir de los contenidos impartidos en sus asignaturas por los autores y las mismas corresponden a las siguientes temáticas: tendencias contemporáneas del derecho administrativo, estructura de la administración pública, principales manifestaciones de la actividad administrativa, contratación estatal y derecho administrativo económico.

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Cuando sobreviene una catástrofe las víctimas reciben en primer lugar ayuda médica, agua potable, alimentación y un refugio. Todo el mundo está de acuerdo en reconocer que los servicios médicos, la alimentación y el alojamiento son derechos económicos y sociales que cada persona debería tener, pero aún hay quienes se preguntan sobre la naturaleza del acceso al agua. ¿Hoy en día puede dudarse de la existencia de un derecho al agua? ¿Es posible disociar de modo razonable el agua de otros bienes y servicios esenciales? El derecho al agua refleja una realidad innegable: sin agua, no hay vida. Si existe un derecho a la alimentación, también debe existir un derecho al agua. Para poner en práctica el derecho a la salud, el acceso al agua potable es tan necesario como el acceso a las medicinas. En este libro, el autor quiere mostrar cuáles son las incidencias jurídicas que implica el reconocimiento del derecho al agua en derecho interno y para ello se apoya en un examen de la práctica de los Estados en ese dominio. Hacer justiciable el derecho al agua debería hacer desparecer situaciones deplorables contra la dignidad humana.

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El presente libro expone la prolija obra del Doctor Nemesio Camacho Rodríguez, compuesta por una muestra de varios de los artículos de su columna “Ventana Jurídica”, publicada los últimos años de su vida en El Espectador, y por los apuntes de su formidable clase de Teoría del Estado, que impartió durante muchos años en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, y que evidencian su pensamiento social, democrático y liberal que hoy se ve muy bien reflejado en la Carta Política de 1991; ya que fue un claro partidario de las líneas de construcción constitucional que hoy inspiran nuestro Estado Social de Derecho, en donde se ven garantizadas las tres generaciones de derechos: los individuales, los sociales y los ecuménicos, y un esquema que permite el desarrollo de la democracia participativa con gran descentralización administrativa.

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El poder económico, como el político, debe dividirse y limitarse para impedir que, mediante su abuso, las libertades económicas más fundamentales sobre las que se erige nuestro modelo de Estado sean resquebrajadas. La cuestión es, entonces, de qué mecanismos puede valerse legítimamente el Estado para salvaguardar el orden económico como bien jurídico tutelado. Una sociedad como la nuestra, con mayor sensibilidad hacia el riesgo y con mayor conciencia de los peligros que la asechan, parece demandar con mayor intensidad la intervención punitiva para prevenir esas conductas que afectan las libertades económicas, o que limitan la capacidad del Estado para intervenir y dirigir, dentro de los límites que la Constitución le concede, la economía. Los delitos económicos y el derecho penal económico son la respuesta del legislador a ese reclamo de mayor control de los riesgos implícitos en la actividad económica. Sin embargo, principios tradicionales como la lesividad, culpabilidad o legalidad, que desde la Ilustración han servido de contención al desborde del poder punitivo del Estado, parecen oponerse a esta expansión del derecho penal y cuestionan la legitimidad del Estado, para valerse del derecho penal como mecanismo de prevención de las conductas que afectan el orden económico y social.