29 resultados para Argumento do Criador


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Kant argued that humans possess a priori knowledge of space; although his argument focused on a physics of bodies, it also has implications for a psychology of beings. Many human cultures organize stars in the night sky into constellations (i.e., impose structure); attribute properties, behaviors, and abilities to objects in the celestial realm (i.e., impose meaning); and use perceived regularity in the celestial realms in development of calendars, long-range navigation, agriculture, and astrology (i.e., seek predictability and control). The physical inaccessibility of the celestial realm allows a potent source of metaphor, and also allows projection of myths regarding origin and ascension, places of power, and dwelling places of gods, immortals, and other souls. Developments in astronomy and cosmology influenced views of human nature and the place of humanity in the universe, and these changes parallel declines in egocentrism with human development. Views regarding alleged beings (e.g., angels, extraterrestrials) from the celestial realm (and to how communicate with such beings) are anthropocentric and ignore evolutionary factors in physical and cognitive development. It is suggested that in considering views and uses of the celestial realm, we learn not just about the universe, but also about ourselves. 

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El artículo analiza la democracia colombiana en la década 2002-2011. El argumento central es que Colombia representa un caso de una democracia con déficits, que no alcanza a cubrir las condiciones mínimas de las democracias políticas y se constituye en una subpoliarquía. En esta condición incide de forma  directa las deficiencias estatales, en sus dimensiones de coacción y cohesión social. Los déficits democráticos se presentan en las condiciones básicas de la competencia  política, con elecciones periódicas, pero no libres ni competitivas ni limpias; en la presencia continuada de fraude y manipulación de los resultados electorales y en la  ausencia de garantías para las libertades civiles y políticas. Estas características justifican los diversos adjetivos aplicados a la democracia colombiana, siempre  en clave negativa.

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Este artículo es una revisión historiográfica del tema Canadá y América Latina, así como del tema Canadá y Colombia, con el propósito de demostrar que el papel de Canadá en el estudio de la historia de América Latina ha sido en gran parte ignorado por los círculos académicos. Sostengo que aunque existe una larga historia de la presencia de Canadá en la región, los historiadores han optado por  centrar su análisis hemisférico en las relaciones entre Inglaterra y América Latina, y Estado Unidos y América Latina. Argumento que esta aproximación deja  grandes vacíos en el análisis moderno de la historia hemisférica, teniendo en cuenta que otros poderes medios como Canadá, Alemania, Francia, Italia, Holanda,  España, Suiza, Irlanda, Israel, Rusia y Japón también tuvieron gran influencia  en la transformación de las sociedades, economías, paisajes y mercados de la región. La ausencia de una significativa historiografía de las relaciones entre Canadá y  Colombia demuestran el hecho de que existe una considerable car cia gran vacío que debe ser cubierto por aquellos que estudian el hemisferio occidental. Un estudio más robusto sobre el papel de los poderes medios en América Latina brindará claridad y generará un mayor entendimiento sobre los procesos de modernización, desarrollo económico y la adaptación al capitalismo experimentada por la región.

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El presente artículo busca contribuir a una comprensión de la actual crisis venezolana desde una perspectiva novedosa. Aquí se afirma que en lugar de resolver la crisis del sistema político venezolano, algunas de las provisiones contenifas en la Constitución de 1999 han contribuido a ahondarla. El texto pretende aportar al debate sobre la democracia en Venezuela desde un ángulo distinto al de aquellos que, desde esquinas opuestas, apuntan al presidente Chávez como causa última de los desarrollos recientes en la hermana república. La actual crisis venezolana no puede atribuirse, de manera única y exclusiva, a las acciones u omisiones de su presidente. El argumento central de este artículo es que, más allá de la controvertida personalidad del mandatario, es el andamiaje institucional diseñado por la Asamblea Constituyente de 1999, ante todo el presidencialismo acentuado, el que ha favorecido la desinstitucionalización, la polarización y la aparente sinsalida que caracterizan la actual situación en Venezuela.-----This article seeks to contribute to a better understanding of the crisis in Venezuela from an original perspective. It argues that rather than solving the problems of the Venezuelan political system, some of the provisions contained in the 1999 Constitution have served instead to making them worse, sometimes expectedly, but also in unexpected and unintentional ways. The article contributes to the debate on the current travails of democracy in Venezuela from a different angle, avoiding an exclusive focus on President Chavez as the ultimate cause of the recent developments in that country. The current crisis in Venezuela cannot be attributed, exclusively, to the actions or omissions of its President. The central argument in this article is that beyond Chavez’ controversial personality, it is the institutional arrangement designed by the Constituent Assembly of 1999, especially its accentuated presidentialism, what has contributed to the deinstitutionalization and polarization that characterize the current impasse of Venezuelan politics.

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The academic literature specialized on processes of conflict resolution has focused on how third party intervention and mediation can contribute to end violent conflict, however it has also ignored the potential role of the state in countries affected by internal war. This article calls for a better understanding of the state, not only as a source of contemporary conflict but as a potential advocate of conflict resolution processes. It suggests that it is necessary and possible to involve the state in more effective processes of conflict resolution through the implementation of a State Peace Policy. The central argument is that some of the critical elements that should guide the state action when confronting the destructive logic of war and violence can be effectively undertaken through a public policy focused on building peace. After suggesting a general definition of State Peace Policy and highlighting some of its main attributes, the article recognizes that this sort of policy can also orientate the unfinished process of state consolidation in Colombia and other countries affected by internal conflict. The role of the state in the process of conflict resolution is crucial; however there are some issues normally ignored within the policy-making process, they must be seriously taken into account in order to eliminate the underlying structures that perpetuate conflict and delay the consolidation of sustainable peace.-----La literatura académica especializada en procesos de resolución de conflictos se ha centrado en el estudio de cómo la intervención de terceras partes y la labor de mediación pueden contribuir a poner fin a los conflictos violentos, sin embargo, también ha ignorado el rol potencial del estado en aquellos países afectados por la guerra interna. Este artículo llama la atención sobre la necesidad de estudiar al estado no sólo como la fuente de los conflictos contemporáneos, sino como un colaborador potencial en procesos de resolución de conflictos. Se sugiere que es necesario y también posible involucrar al estado en este tipo de procesos de una manera más efectiva a través de la implementación de una Política de Estado centrada en la Paz. El argumento central es que algunos de los elementos claves que deben guiar la acción del estado cuando éste se enfrenta a la lógica destructiva de la guerra y la violencia, pueden ser efectivamente tratados a través de una política pública que de prioridad a la construcción de la paz. Luego de sugerir una definición general y destacar algunos de los principales atributos de ésta clase de Política de Estado, el artículo reconoce que ésta podría también orientar el proceso inacabado de consolidación del estado en Colombia y en otros países afectados por conflictos internos. El rol del estado en el proceso para resolver los conflictos es crucial, sin embargo hay algunos aspectos normalmente ignorados durante el proceso de formulación de políticas que deben ser tomados en cuenta seriamente para eliminar las estructuras que perpetúan el conflicto y que retrasan la consolidación de la paz sostenible.

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Esta investigación estudia de forma general el principio de colaboración armónica entre poderes, explora las bases teóricas que sustentan dicho principio constitucional, analiza las distintas ópticas jurisprudenciales construidas a partir de las sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, y además abarca la problemática del principio de colaboración armónica en el contexto colombiano, con el objeto de proponer soluciones para mejorar la aplicación del principio de colaboración armónica. Con este escrito se pretende resolver las siguientes preguntas: ¿existe una base jurisprudencial sobre la cual se sustente el principio de colaboración armónica? ¿Se aplica este principio de forma efectiva en el Estado colombiano? ¿Qué alternativas permiten aplicar de forma efectiva dicho principio? ¿Existen mecanismos alternativos de solución de conflictos que puedan ayudar a mejorar la aplicación de este postulado?

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Las medidas cautelares tienen su fundamento en el principio de precaución, implica la adopción de medidas preventivas y restauradoras para precaver los impactos negativos de las actividades humanas sobre la salud de las personas y los ecosistemas

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El propósito de este estudio de caso es analizar la participación del Consejo Territorial de Cabildos y las organizaciones que lo componen en redes transnacionales medioambientales en el marco de la Organización de las Naciones Unidas. Se analiza el Sistema de las Naciones Unidas y los espacios en los cuales participan los pueblos indígenas, de manera especial, aquellos que se ocupan de temas ambientales, se hace una aproximación al surgimiento de la diplomacia de segunda via, reconstruyendo los movimientos sociales y la diplomacia indígena, para finalmente llegar a reconstruir la participación de las organizaciones que conforman el CTC en espacios del Sistema de las Naciones Unidas privilegiando temáticas ambientales, describiendo detallamente los repertorios de acción de los pueblos de la SNSM.

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El proyecto estudia el impacto del Tratado de Libre Comercio firmado entre Colombia y Estados Unidos, está enfocado en el sector agropecuario y el efecto que éste pueda tener cuando los productos terminen su proceso de desgravación. La investigación fue descriptiva, documental y correlacional. El TLC fue firmado por Colombia con el fin de beneficiar a los productores y consumidores, reduciendo precios e incrementando la oferta de productos para el consumo interno. Otro argumento usado por Colombia es que un acuerdo de comercio bilateral incrementa los niveles de empleo e ingreso. Sin embargo, las diferencias de administración y estructura del sector agropecuario de los dos países son inmensas, y esto representa una desventaja y riesgo potencial para Colombia en términos de competitividad y desarrollo.

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La Corte Constitucional colombiana, a través de la interpretación del texto de la carta política, ha hecho invaluables aportes al desarrollo del derecho en nuestro país. Sin embargo, este proceso de definir las palabras de la Constitución requiere la utilización de preferencias valorativas y esto, como es natural, implica un grave riesgo para la seguridad jurídica: ¿hasta dónde puede llegar el intérprete, ¿cuáles son los límites que debe respetar?. Este riesgo incrementa si tenemos en cuenta que buena parte de la doctrina constitucional colombiana contemporánea, llamada por algunos neoconstitucionalismo, ha creado una nueva jerga erudita impenetrable llena de metáforas sofisticadas, razonamientos abstrusos, argumentos con una gran carga emotiva y citas herméticas que, en cierta medida, le han permitido encubrir sus ideas y valoraciones y, de este modo, evitar que sean sensatamente escudriñadas. En un sistema como el colombiano, erigido sobre el principio de frenos y contrapesos entre los distintos poderes del Estado, si el poder político se ejerce a través de la justicia constitucional, en un lenguaje incomprensible y presentado como un argumento de última instancia, todo el equilibrio se viene abajo y, muy pronto, el derecho se convierte en el principal instrumento del despotismo., de Daniel Mendonca, es un libro perfectamente honesto que presenta sus ideas con absoluta claridad y ayuda a trazar los límites entre la discrecionalidad y la arbitrariedad de la interpretación constitucional.

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El Estado Colombiano en los últimos años ha venido sufriendo múltiples condenas por la privación injusta de la libertad, de la que han sido víctimas miles de ciudadanos que luego de pasar varios años en la cárcel son absueltos, conllevando esto a que se presenten una serie de demandas de reparación directa contra el Estado para que sean reparados patrimonialmente por este error, afectando de manera notoria e impactante ocasionando un perjuicio fiscal , pues las demandas por esta causal son las más costosas contra el Estado, según la Agencia Nacional de Defensa Judicial estas demandas a 2013 acumulan aproximadamente 20 billones de pesos en pretensiones. De acuerdo con el preámbulo anterior, se plantea y se responde el siguiente interrogante: ¿Hasta dónde llega la carga de un ciudadano por la privación injusta de la libertad, y cómo debe ser esta reparada administrativamente por el Estado en Colombia? En 5 capítulos, en donde se desglosa el tema y se analizan cada uno de los componentes relacionados con la privación injusta de la libertad se da respuesta al interrogante planteado; En el primer capítulo se inicia dando una visión global de la privación de la libertad en Colombia, sus normas generales y normatividad internacional; en el segundo capítulo se trata sobre los regímenes de la privación injusta de la libertad, posturas por parte de la Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado al respecto, incluyendo la carga de un ciudadano por la privación de manera injusta de su libertad; continuando el análisis, en el tercer capítulo se habla sobre la aplicación del principio de in dubio pro reo y cuando hay lugar a declarar la responsabilidad del Estado por una absolución con base en este principio; en el cuarto capítulo se trata sobre los regímenes de responsabilidad y como se configura la responsabilidad del estado frente a los mismo; y el último capítulo trata sobre la cuantía de las condenas en el momento que el estado debe indemnizar por la privación injusta de la libertad y su diferente evolución presentado las sentencias de unificación sobre la reparación de daños, topes indemnizatorios, entre otros. La jurisprudencia que sobre el régimen de responsabilidad por privación injusta de la libertad avala en la actualidad el Consejo de Estado, establece que es ilegítimo para un Estado Social de Derecho como el nuestro, exigir a los asociados, la asunción de la carga de soportar una investigación penal y la privación de la libertad, bajo el argumento de conservación del interés y seguridad general de la comunidad, en la investigación y sanción de los delitos. La tesis expuesta se sustenta en el carácter fundamental del derecho a la libertad, que obliga al Estado a su cuidadosa protección y defensa, por tanto, cualquier restricción, por corta que sea, siempre que no encuentre justificación, configura un daño antijurídico que debe ser resarcido, análisis que debe realizar en cada caso concreto el juzgador, pues no se trata de condenar al Estado por todas las investigaciones penales en las que se absuelva al sindicado. La responsabilidad del Estado puede originarse en dos fuentes: la falla del servicio o la responsabilidad objetiva por el daño especial, cuando aún sin que se presente falla en el servicio, el Estado deba responder por el daño antijurídico causado por un agente suyo. La privación de la libertad puede ser legal o ilegal; será legal cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenida legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga; además, dicha privación de la libertad, debe tener como fin evitar la obstrucción de la justicia y asegurar: 1º) La comparecencia del imputado al proceso, 2º) La protección de la comunidad y de las víctimas y 3º) El cumplimiento de la pena. Dicha privación legal de la libertad se puede presentar de tres maneras a saber: 1º) En virtud de orden judicial, la cual consiste en orden escrita proferida por un juez de control de garantía con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. 2º) Sin orden judicial, la cual tendrá lugar cuando no sea posible obtener inmediatamente orden judicial y por los motivos previstos en la ley y 3º) Por captura en flagrancia. (Arts. 296, 297, 300, 301 y 308 de la ley 906 de 2004 C.P.P.); o será ilegal cuando no se cumplan los requisitos anteriormente descritos. La responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad a un ciudadano no depende del tiempo qué este permanezca en tal situación, sólo basta con demostrar los supuestos o los requisitos que la legislación y la jurisprudencia han determinado para que opere. El Estado debe responder por la legal privación injusta de la libertad a título de desequilibrar las cargas públicas, ya que con ello ocasiona un daño especial al privado legal e injustamente de su libertad, lo especial de dicho daño es que el Estado responda por sus actuaciones ajustadas al ordenamiento jurídico, debiéndose desarrollar este bajo el régimen de responsabilidad objetivo, en el que, el elemento culpabilidad no es tenido en cuenta y lo fundamental para endilgar responsabilidad al Estado es únicamente el daño y su antijuridicidad. El ser privado de la libertad, siendo inocente - así sea que dicha privación se de con apego al ordenamiento jurídico - no es una carga que las personas estén obligadas jurídicamente a soportar; por lo cual los daños producto de tal privación son antijurídicos, naciendo con ellos una responsabilidad para el Estado. Es decir, tal como lo ha reiterado el Consejo de Estado, los ciudadanos no están en la obligación de soportar que estos errores de procedimiento afecten su derecho a la libertad, sin compensación alguna, por el solo hecho de vivir en sociedad; por tanto, cualquier restricción, por corta que sea, siempre que no encuentre justificación, configura un daño antijurídico que debe ser resarcido. La detención preventiva, debe ser concebida, como una medida excepcional que se debe aplicar sólo en circunstancias extremas, pero no como procedimiento regular. Las millonarias indemnizaciones que podrían generarse por estos errores de la Fiscalía hacen de este tema, sin duda, un asunto prioritario para la entidad y para el Estado en general

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El propósito básico de esta investigación es identificar los desajustes (déficits o superávits) no estructurales entre la oferta y demanda de trabajo en Colombia para los años 2020 y 2030, así como interpretar los hallazgos y proponer elementos de estrategia para las empresas a fin de mitigar los efectos adversos del desajuste sobre su capacidad para atraer y retener talento. El argumento central del proyecto consiste en sostener que en un escenario no mayor a los 10 años la oferta de trabajo calificado en Colombia no será suficiente para (i) equilibrar el mercado y (ii) atender la demanda agregada de trabajo, debido a los cambios generacionales en la realidad demográfica del país, el bajo nivel de preparación de la fuerza laboral disponible y los altos índices de informalidad de los trabajadores y las empresas. Dentro de los resultados se presenta una proyección del comportamiento del mercado de trabajo, así como la magnitud del desequilibrio entre los agentes del mercado. Este estudio aplicado es una propuesta cuantitativa de aproximación a la crisis de talento que se revisa en otros estudios. Es un precedente sólido para profundizar con otros enfoques el futuro del trabajo en Colombia.

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El estudio sobre la juventud y su relación con prácticas realizadas en los espacios públicos, especialmente la calle, ha tenido un renovado interés durante las últimas décadas. Estos debates se han vuelto relevantes en cuanto que los jóvenes parecen ocupar un lugar primordial en las escenas cotidianas de violencia, en particular los jóvenes de sectores populares. A través de un proceso etnográfico de carácter sistemático y sostenido en el tiempo identifico y explico las distintas interacciones de los jóvenes en los espacios públicos de cuatro barrios populares, centrando el análisis en las distintas formas de negociación con los actores armados, especialmente con la policía y el paramilitarismo. Lo que argumento es que hacer presencia en los espacios públicos, especialmente en la calle, termina por constituir en una opción de vida a través de los cuales fomentan una beligerancia social y política de resistencia pero ante todo como método que les permite proponer alternativas de existencia, por demás no violentas, frente a la violencia generalizada de la policía y el paramilitarismo. El problema radica en que muchas de las expresiones de algunos jóvenes terminan por reproducir los mecanismos de violencia del que son víctimas, aspecto que es identificado, por quienes acuden a la violencia, como una forma de reclamar un lugar en la comunidad, a permitirse ser reconocidos y escuchados y a sobrevivir en medio de una simultaneidad de violencias que cotidianamente los atropella y les vulnera los derechos. La violencia de estos jóvenes es una forma de no permitir que las esperanzas se diluyan, aunque paradójicamente también les puede quitar la vida

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Este artículo explora un tema central en la filosofía de la religión actual: la relación entre la razón y la fe, a partir de la controversia que genera la defensa de Norman Malcolm del argumento ontológico de San Anselmo. Dado que Malcolm es conocido por su postura fideísta, surge la cuestión de cómo es posible que defienda al mismo tiempo dos posiciones que parecen contrarias: por un lado, que las demostraciones racionales son irrelevantes para producir la fe y, por el otro, que haya un argumento a favor de la existencia de Dios que pueda ser considerado válido. Esta posición se puede entender a partir de la tesis propuesta en este trabajo que consiste en sostener que si bien la fe religiosa no se obtiene por argumentos, la argumentación racional tiene un lugar dentro de la fe, el cual consiste en ayudar a comprender por la razón aquello que se cree. Este trabajo intenta mostrar que la postura de Malcolm no es contradictoria en tanto que implica la diferencia entre la creencia "que Dios existe", la cual sería el objeto de los argumentos racionales y no supone ninguna práctica o devoción religiosa, y la creencia "en Dios", la cual a la vez que presupone que Dios existe, constituye el tipo de creencia propiamente religiosa que se entiende en términos de confianza, fe y devoción.