Reflexiones sobre la evolución legal de la libertad de expresión en Canadá y Colombia en el contexto de la consolidación democrática

Este artículo intenta, mediante la identificación de patrones históricos y decisiones jurídicas, comprender hasta dónde ha llegado el compromiso con la libertad de expresión en ambas naciones y las dificultades que de acuerdo a la experiencia canadiense está enfrentando el Estado colombiano, que todavía no ha logrado asegurar el monopolio de la fuerza dentro de su propio territorio para superar el primer escollo en su aspiración de consolidar la democracia. Cualquier intento por comparar el ejercicio de libertades en dos países con tradiciones jurídicas tan diferentes enfrenta dificultades apenas obvias. Cuando el tema es la libertad de expresión y uno de los Estados no ha podido obtener, después de 200 años de independencia, la estabilidad y seguridad que se requieren para asegurar un desarrollo económico sostenible, el ejercicio de comparación se complica y se hace más atractivo a la vez. Las historias de Canadá y Colombia son muy diferentes, aunque en el siglo XXI los principios de sus sistemas político y económico sean iguales. El compromiso de practicar la democracia y el buen gobierno, y de imponer el respeto a los derechos humanos, por lo menos formalmente, lo comparten hoy Colombia y Canadá. Esta es la motivación fundamental de este análisis.

Defensa de la gratuidad de la educación en Colombia: algunos argumentos constitucionales y de derecho internacional

Colombia es el único país de América Latina en el que la constitución y la ley permiten a las instituciones educativas estatales realizar cobros académicos en todos los grados escolares. La consecuencia de esto es que el Gobierno Nacional no se ha interesado por elaborar una política de gratuidad de la educación. Sin embargo, la Constitución tiene disposiciones que permiten integrar los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia al ordenamiento jurídico interno; allí, es donde está consagrada la gratuidad de la educación. Ésta es un imperativo jurídico que el Estado no puede desconocer. La Corte Constitucional ha protegido el acceso y la permanencia al sistema educativo con base en el Derecho Internacional pues cuando existe una disposición de derechos humanos que consagra un derecho, los argumentos de costo beneficio quedan excluidos, en especial si es un derecho universalmente reconocido. Nuestra tesis es que no hay ninguna razón para que el Estado restrinja el disfrute del derecho a la educación a través de cobros, especialmente porque la gratuidad de la educación primaria les permite a las personas acceder y permanecer en el sistema educativo y es un instrumento privilegiado para remover las barreras económicas que afectan el disfrute del derecho. La estructura del artículo es la siguiente: los dos primeros apartados se referirán a las obligaciones internacionales del Estado colombiano, el tercero hará énfasis en la jurisprudencia constitucional sobre la gratuidad de la educación y, finalmente, habrá una breve conclusión que planteará futuras líneas de trabajo. 

The project of land restitution in Colombia: an illustration of the civilizing force of hypocrisy?

This article offers a theoretical interpretation of the dispositions on land restitution contained in the famous “Victims’ Bill”, which was debated in the Colombian Congress during the year 2008. The bill included specific mechanisms aimed at guaranteeing the restitution of land to victims of the Colombian armed conflict. At the time, the bill was endorsed by all the main political actors in the country –notably the government and the elites that support it, on the one hand, and victims’ and human rights organizations and other opposition groups, on the other–. The fact that the restitution of land to victims of the Colombian armed conflict was being considered as a serious possibility by all political actors in the country seemed to indicate the existence of a consensus among actors whose positions are ordinarily opposed, on an issue that has traditionally led to high levels of polarization. This consensus is quite puzzling, because it seems to be at odds with the interests and/or the conceptions of justice advocated by these political actors, and because the restitution of land faces enormous difficulties both from a factual and a normative point of view, which indicates that it may not necessarily be the best alternative for dealing with the issue of land distribution in Colombia. This article offers an interpretation of said consensus, arguing that it is only an apparent consensus in which the actors are actually misrepresenting their interests and conceptions of justice, while at the same time adopting divergent strategies of implementation aimed at fulfilling their true interests. Nevertheless, the article concludes that the common adherence by all actors to the principle of restorative justice might bring about its actual realization, and thus produce an outcome that, in spite (and perhaps even because) of being unintended, might substantively contribute to solving the problem of unequal land distribution in Colombia. Even though the article focuses in some detail on the specificities of the 2008 Bill, it attempts to make a general argument about the state of the discussion on how to deal with the issue of land distribution in the country. Consequently, it may still be relevant today, especially considering that a new Bill on land restitution is currently being discussed in Congress, which includes the same restitution goals as the Victims’ Bill and many of its procedural and substantive details, and which therefore seems to reflect a similar consensus to the one analyzed in the article.

Necesidad de la creación de una sanción penal especial para ser impuesta al sujeto que padece trastorno antisocial de la personalidad (psicopatía) en Colombia

El propósito del artículo se centra en analizar la necesidad que hay o no de crear una sanción especial para el sujeto con psicopatía, teniendo en cuenta sus particulares características (incurable, ausencia de remordimiento, ausencia de temor al castigo, alto nivel de reincidencia, cosificación del ser humano), y la naturaleza de las sanciones contenidas en la ley penal nacional, en defensa de la justicia, el respeto por los derechos humanos de víctima y victimario, la seguridad de la sociedad y la adecuada punición.  

El papel de la comunidad internacional ante el desplazamiento: el caso de Colombia

Las crisis humanitarias que genera la migración forzosa son un síntoma del precario funcionamiento del sistema global pensado para garantizar el respeto a los derechos humanos. En Colombia, el funcionamiento del sistema generado para la protección de estos derechos no permite hablar de una política integral eficaz. Vea el porqué con el coordinador de proyectos de la Asociación del Colegio de abogados defensores de Derechos Humanos.

Petróleo e indígenas en Colombia. Una mirada desde la seguridad humana

En Colombia las actividades de exploración, explotación, transporte y procesamiento de hidrocarburos que se vienen realizando desde comienzos del siglo XX son responsables de grandes procesos de transformación del territorio y de degradación de los ecosistemas en los que se realizan. Estos procesos han impactado negativamente la seguridad de las comunidades indígenas poniendo en riesgo su cultura y en algunos casos su existencia misma. Aunque históricamente los derechos de estas poblaciones frente a la explotación petrolera, y minera en general, han cambiado y su autonomía e integridad es protegida por la Constitución de 1991, las comunidades siguen teniendo una alta vulnerabilidad frente a la intervención de los ecosistema que habitan.La degradación ambiental producida directamente por las actividades petroleras y por los procesos de colonización que estas impulsan se constituye en una amenaza a la seguridad de las comunidades, cuyos territorios y recursos de subsistencia se ven disminuidos. La colonización y la presión sobre los recursos naturales que esta produce son motivadas principalmente por la pobreza de poblaciones campesinas que buscan nuevas tierras para habitar, a su vez estos dos procesos son causa de degradación ambiental que empobrece a las comunidades étnicas debido a que afecta sus fuentes de sustento, situación que genera inseguridad para los indígenas. Adicionalmente, la degradación ambiental y la disminución de los territorios ponen en riesgo la cultura de estos grupos humanos, pues afecta sus valores, tradiciones, autoridades y, en general, su forma de vida lo que constituye una amenaza a su seguridad.-----In Colombia, the exploration, exploitation, transport, and processing of hydrocarbons since the beginning of the 20th century have caused great territory transformations and ecosystem degradation. These processes have impacted adversely the indigenous communities security, exposing their culture and, in some cases, their existence itself. Even though, facing oil and, in general, mineral exploitation, the rights of this population have changed historically and their autonomy and integrity is protected by the 1991 Constitution, the communities are still highly vulnerable to the intervention on the ecosystem they inhabit.The environmental degradation directly arisen from the oil exploitation activities and the colonization they have driven, has become a threat to the security of the communities whose territories and subsistence resources have been reduced. Colonization and the resulting natural resource pressure are mainly caused by the poverty of the country population that seek new lands to occupy and these two facts cause in turn the environmental degradation that impoverish the ethnic communities by affecting their living sources, thereby causing insecurity to the indigenous population. In addition, environmental degradation and territory reduction risk these human groups’ culture by impacting their values, tradition, authorities and, in general, their way of living, and therefore turn into a threat to their security.

A Grey Area of Rights and Knowledge: Displacement in Colombia, South-South Migration and Health Equity

Globalization and liberalization of the economies have produced among others drastic effects on the human mobility, generating confusion, enhancing discrimination and a lack of respect to the rights of several migrant collectives. In this article we analyse several challenges for the study of these phenomena, based on the case of the neglected health rights of Colombian women, who have been forced to displace by the country's internal conflict, and are thus pushed to cross the border to Ecuador. The article identifies several knowledge gaps that could allow and advance a better understanding of these critical subjects. The paper - a think piece -is based upon a general review of documents and studies on the relation between migration and health. The supporting theory on the research comes from international organisations such as the WHO and IOM, NGOs, grass-roots organisations and academic research. This paper shows the need for focusing on the reality of supra states which globalization has generated, and t e urgency of securing the access to essential health preconditions to migrant populations. These issues can no longer be neglected and should be included on agendas at international level, widening the approach of programs to the displaced/immigrant population by taking into account the need to ensure the essential health preconditions (equity), prevention, and protection. Further, it is clear that women and children require a better protection with enhanced prevention and responding measures to sexual abuse, stigmatisation, violence and the respect of their rights.

Las limitaciones que enfrentaría la instauración de una comisión de la verdad, en el proceso de tránsito hacia la paz entre el Estado y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)

En este artículo se analizan las posibles limitaciones que enfrentaría la instauración de una comisión de la verdad, que garantice a las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, cometidas por el accionar paramilitar en Colombia, el acceso a los derechos de verdad, justicia y reparación avanzando hacia la implantación de un modelo de justicia transicional y justicia restaurativa.---This article analyzes potential limitations that would be faced by the establishment of a truth commission to guarantee the access to justice, truth, and repair to the victims of material breach to the Human Rights and infractions to the International Humanitarian Right, committed by paramilitary actions in Colombia, thus advancing towards the implementation of a transitional justice and restorative justice model.

Derecho penal y la obligación de investigar y sancionar graves violaciones de derechos humanos y el derecho internacional humanitario -especial referencia a la sentencia de la corte constitucional colombiana c-579/13-

En el presente trabajo se analiza la obligación de investigar graves violaciones de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, a la luz de la sentencia de la Corte Constitucional Colombiana referente a la constitucionalidad del Marco Jurídico para la paz. De la aparente remisión que hace la Corte Constitucional a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el deber de investigar graves violaciones de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario se concluye que la Corte Constitucional propone como premisa mayor una obligación que surge de una interpretación extensiva de la Convención Interamericana. De la misma forma, se estudia el tratamiento indebido del derecho aplicable a las amnistías e indultos, que se relaciona con la necesidad de evitar cualquier tipo de impunidad, cuyo concepto sirve para esclarecer cuáles son los estándares que se quiere proteger. Por último, se analiza el contexto al que se pretende aplicar dicha obligación, es decir, la justicia transicional, proponiendo un modelo interpretativo de los fines de la pena, y su aplicación por medio de la favorabilidad penal, para la justicia transicional, que sea acorde a la interpretación de la Convención Interamericana.

Análisis de los informes emitidos por Human Rights Watch y su incidencia en la firma y ratificación del tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Colombia: estudio de caso periodo 2002-2008

Este artículo tiene como objetivo analizar, la incidencia que tienen actualmente las ONG s internacionales sobre la toma de decisiones de los gobiernos de diferentes Estados. Con el fin de hacer más específico dicho análisis, el trabajo se centra en el estudio del caso de la firma del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos cuyo proceso, según se explica a lo largo del texto, se vio afectado de manera significativa por la acción de Human Rights Watch. El artículo presenta una exposición de la mecánica política requerida para la aprobación de este tipo de tratados en ambos países involucrados, así como la forma en que las asimetrías de poder entre ellos abrieron el campo a la acción de Human Rights Watch.

Transformación de las instituciones colombianas que garanticen los derechos de los refugiados colombianos en el ecuador (2002-2013)

El objetivo de este trabajo de grado es realizar un análisis sobre las transformaciones institucionales colombianas que garanticen los derechos de refugiados colombianos en el Ecuador. Se analizará desde el enfoque neo institucionalista de la Ciencia Política, como la realidad de los refugiados colombianos en el Ecuador incide en las trasformaciones de las instituciones colombianas al constituirse en actores estratégicos en la configuración de las políticas y la institucionalidad del Estado colombiano. Al ser este un estudio de caso, se abordarán trayectorias vitales y migratorias de connacionales refugiados en Ecuador, víctimas del desplazamiento forzado, como también versiones de las instituciones del gobierno colombiano y opiniones, reflexiones y prácticas de fundaciones, ONG e instituciones internacionales especializadas, desde un enfoque cualitativo de investigación.

La Sostenibilidad Fiscal, el triunfo del mercado sobre los derechos.

La modificación a la Constitución Política de Colombia, que agregó el criterio de sostenibilidad fiscal, que tendrá que ser aplicado en todas las actuaciones del Estado, se implementó como forma de aplacar el gasto del Estado con miras a lograr dos objetivos que son: el de mantener el estado de la deuda pública a topes manejables, es decir, reducir la deuda y poder tener una estabilidad macroeconómica; según el gobierno nacional con estos dos pilares se asegurará un clima estable para la inversión extranjera en el territorio nacional augurando un auge económico sostenido y el bienestar general de los nacionales a futuro. En la presente monografía se realiza un análisis juicioso de dicho criterio, sus motivaciones económicas, la forma de su aprobación en el congreso de la república y el papel del Estado colombiano en la formulación del acto legislativo, así como las consecuencias que se suscitan en este una vez aprobado el criterio de sostenibilidad fiscal. En el transcurso de la monografía se podrá entender que es el criterio de sostenibilidad fiscal consecuencia de un proceso de globalización económica y una medida que inserta a la economía colombiana en esa tendencia mundial de libre flujo de bienes, capitales y servicios, que ha demostrado sólo beneficiar a grandes emporios económicos, multinacionales, transnacionales y sectores productivos de países potencias en detrimento de sectores económicos de los otros países, se concluye así que el criterio de sostenibilidad fiscal no es una buena decisión e implica un cambio fundamental del modelo de Estado que hace colapsar la economía nacional y de paso se da un golpe de gracia al cumplimiento de derechos fundamentales.

Perspectivas del derecho ambiental en Colombia

Este proyecto responde a un momento histórico de gran importancia, que por supuesto no pudo ser más oportuno. Colombia celebra en el año 2006 los quince años de la promulgación de su Constitución Política, y los cambios de trascendentales surgidos a partir de su aplicación has sido prolíficos, Particularmente, el tema ambiental ha sobresalido dentro de las grandes transformaciones del país, y por ello no en vano hoy se afirma que tenemos una verdades Constitución ecológica. De igual forma, la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario conmemora los die años de la creación de la especialización en Derecho Ambiental, y tal coincidencia histórica fue una motivación adicional para proponer la realización de un análisis de la evolución normativa surtida para proponer la realización de un análisis de la evolución normativa surtida en este decenio, una evaluación de la gestión ambiental colombiana y de sus distintos impactos en una sociedad que cuenta hoy en día con herramientas constitucionales legales para la defensa de sus derechos e interese colectivos. La Universidad del Rosario ha sido parte de esta evolución, desarrollando un rol activo con el cual se han abierto espacios de discusión y de proposición de alternativas, herramientas y experiencias en pro de la protección integral de la diversidad étnica, cultural y natural de la Nación colombiana. Así, se ha constituido como facilitadora del proceso de la formación de los nuevos actores y ha tenido gran posicionamiento en procesos de participación y de estructuración de proyectos institucionales ambientales.

Incidencia de la Reforma Agraria de 1936 en la creación de Autodefensas Campesinas en Colombia.

La presente monografía busca establecer una conexión argumentada entre la expedición de la ley 200 de 1936 y la creación de Autodefensas Campesinas en la primera mitad del siglo XX en Colombia. Se buscan las razones estructurales por las cuales la sociedad rural se vio abocada a impulsar agrupaciones armadas para defender sus derechos fundamentales, debido a que el Estado demostró ser incapaz de protegerlos mientras que el odio entre clases rurales aumentó conforme se implementaba el capitalismo agrario en el país. Desde la Teoría del Conflicto de Clases Rurales de Jeffery Paige, se explicará la forma en la que se articulan las variables que no permiten una revolución social, pero si propician la aparición de este tipo de grupos campesinos armados e ilegales; que luego se transformarían en “Guerrillas”.

Entre la gobernanza social e institucional: Una mirada al fenómeno de la trata de personas en Colombia en el período entre 2000 y 2012

La presente monografía tiene por objetivo identificar la influencia de las acciones emprendidas por la sociedad civil y las organizaciones internacionales frente a la problemática de la trata de personas en Colombia, durante el período comprendido entre los años 2000 y 2012. En este sentido, la investigación constituye un esfuerzo por develar las transformaciones en las narrativas institucionales que han posibilitado el reconocimiento de los elementos de prevención y centralidad de las víctimas, como ejes articuladores del discurso gubernamental frente a la trata de personas. Para ello, se hace uso de la teoría de la gobernanza global enmarcada en el enfoque constructivista de las Relaciones Internacionales, en tanto permite establecer una relación entre las acciones de los diferentes actores y el impacto de estas en la construcción de estrategias nacionales para hacer frente a problemáticas que, como la trata de personas, se encuentran en estrecha relación con el mundo globalizado.