194 resultados para Razón pública


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La provisión de un bien privado por parte del sector público como política de redistribución del ingreso, es considerada una buena herramienta ante la falta de información sobre los agentes. No obstante, dicha política puede acarrear disyuntivas entre calidad y redistribución, y entre eficiencia y redistribución. Si se desea implementar esta clase de política, es preferible incurrir en un costo de información, una ineficiencia fija, para aplicar un impuesto progresivo y redistribuir el ingreso bajo el segundo teorema del bienestar, y no mediante una transferencia en especies. La política es más o menos efectiva dependiendo de las restricciones institucionales a las que se enfrente el Estado. Si dichas restricciones impiden la discriminación de acceso al sistema educativo, para que la política educativa tenga éxito es necesario olvidarse de la posibilidad de máxima redistribución. Lo anterior conllevara a que la política afianzara la diferencia entre los objetivos de calidad en la educación y, al mismo tiempo, enfrentar la inequidad.

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The paper makes an assessment of the factors behind corporatemargin. Corporate margin is defined as the difference between the public debt spot rate and the corporative debt spot rate graded AAA and AA. Following Elton et al (2001), in corporate margin is defined as the sum of three factors:issuer default risk, issuance costs and systemic risk. The data used contains daily trading data from the Colombian Electronic Market (MEC) since January 2005 to November 2009. The default probabilities are estimated from atransition matrix calculated by the two main risk rating agencies within the Colombian market.

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El presente trabajo trata de dar cuenta de explicar el proceso por el cual la medicina anatomoclínica configurada en Francia durante el siglo XVIII llega y se consolida en Chile durante 1833 a 1843. Par el desarrollo de este objetivo el trabajo consta de dos partes principales. En la primera parte se hace un estudio a profundidad sobre la configuración de la medicina anatomoclínica en Francia durante la Revolución Francesa. Esto nos permite entender que la constitución de esta medicina se da de la mano con la construcción del Estado Nacional francés y, así mismo, que este proceso se caracteriza por un cambio en la mentalidad de lo que significa la enfermedad y la manera en la que el oficio médico es entendido. La segunda parte es un estudio sobre cómo esta medicina llega a Chile y se consolida durante un periodo político particular en el que a la vez se institucionaliza la educación médica, se constituye un Estado Nación Chileno y se evidencia un cambio de los fundamentos de la medicina.

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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo explicar el papel de las redes sociales en el proceso de conformación de la opinión pública en Colombia en el gobierno de Juan Manuel Santos. Lo que se quiere comprobar es que las redes sociales han ejercido un papel de herramienta configuradora de agendas en el gobierno de Juan Manuel Santos. Las antiguas formas de comunicación como las tertulias en los cafés y las discusiones cara a cara se han reemplazado por las conversaciones “online”, modificando así los procesos comunicativos entre los individuos y la forma de producir opinión pública. Para llevar a cabo esta investigación es pertinente desarrollar los conceptos de opinión pública, esfera pública y redes sociales; además de hacer uso de un método de recolección y análisis de información cualitativo con herramientas cuantitativas como las encuestas, estadísticas y gráficas.

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El río Grande de la Magdalena marcó la historia del Caribe colombiano. Las grandes ciudades de la región nacieron y crecieron a sus orillas y vivieron a merced de sus caprichos. En un país enmarcado por cordilleras intransitables, la única vía de penetración y el camino más seguro para cualquier proceso de intercambio político o comercial era el cauce del río. Salir hacia las costas implicaba ciertas dificultades, pero remontar para llevar el comercio, la información o para el tránsito humano resultaba un proceso mucho más largo, costoso y complicado. Era necesario acudir a los bogas y subir el cauce con tracción humana, en contra de la corriente (Posada Carbó, 1989; Nichols, 1973).

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La propuesta de la investigación consiste en observar y comprobar si efectivamente los espacios de participación local surgidos después de la constitución de 1991, en un esfuerzo del estado colombiano y la administración Distrital por descentralizar la función administrativa, han sido efectivos dentro del proceso de construcción de ciudadanía, y en qué forma los ediles interactúan con los habitantes de la localidad y canalizan las demandas de la comunidad. Por lo mismo, se pretende indagar sobre las características de la participación ciudadana en la localidad y la aparición de tensiones entre la apertura de espacios de participación, y el uso de ellos por redes políticas locales de tipo clientelista. De esta forma, se busca comprobar si surge así, un fenómeno de construcción de ciudadanía permeado por intereses de carácter particularista, limitando a los ciudadanos, que como miembros de las redes de intermediación política, acceden a los derechos de ciudadanía que ofrecen los nuevos espacios de representación

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La biblioteca pública de Santafé envía un inventario de libros duplicados de su colección como obsequio para el Colegio Mayor del Rosario. El rector José Joaquín de Guzmán y Franqui agradece la donación

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Desde 1998 la Corte Constitucional ha declarado en dos ocasiones “el estado de las cosas inconstitucional” ante las precarias condiciones del Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario (SNPC), sin embargo, los esfuerzos institucionales por superar dicho estado han tenido efectos nulos o limitados. Prueba de ello son las altas tasas de hacinamiento y reincidencia que siguen manifestándose crónicamente por el deficiente funcionamiento del sistema. Precisamente este diagnóstico con alternativas de solución presume que esta situación se debe a la ausencia de una política pública integral, al partir de la identificación de los principales obstáculos para la construcción de una política pública penitenciaria en Colombia entre los años de 1998 y 2014. El ejercicio antes mencionado se apoya en la utilización de dos herramientas metodológicas a saber: el análisis estructural “MICMAC” y el análisis de involucrados. De los resultados arrojados por estos métodos se elaboran así mismo tres recomendaciones sobre política pública penitenciaria.

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El presente estudio de caso tiene como objetivo determinar el papel que ha desempeñado la industria cinematográfica colombiana en la promoción de imagen del país a nivel internacional durante los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Se defiende, que la industria cinematográfica colombiana sí ha incidido en la promoción de imagen del país a nivel internacional, puesto que, ha incrementado la presencia del cine colombiano en los festivales de cine más importantes del mundo, generando una mayor figuración del nombre de Colombia en escenarios internacionales, proyectándose como país que impulsa su cinematografía, lo cual ha sido posible gracias a unas políticas de promoción del cine por parte del Estado. Para desarrollar esta investigación, se utilizarán los conceptos de diplomacia cultural, promoción de la imagen país, e industria cinematográfica. Como metodología, se utilizarán el diseño documental y de campo, y se realizarán entrevistas a expertos en cine.

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Resumen Objetivo. El desenlace temprano del trauma ocupacional agudo (TOA) puede estar condicionado al desarrollo industrial local en relación con el momento de la semana donde se presente el evento, por lo que evaluamos las diferencias en los desenlaces clínicos tempranos de trabajadores que presentaron TOA en diferentes momentos de la semana. Metodología. Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo utilizando una base de datos administrativa de trabajadores atendidos por TOA, entre enero/2007-diciembre/2010, en una institución hospitalaria de III nivel de Bogotá. Se comparó la distribución del TOA entre semana (ES) y en fin de semana (FdS) según variables sociodemográficas/clínicas y la mediana de estancia hospitalaria (EH), el riesgo de muerte o de un trauma específico. Resultados. Se incluyeron 65169 trabajadores, la mayoría hombres (78,4%), adultos jóvenes (83,7%), edad mediana 31 años, con razón de ingreso ES:FdS 3:1, predominantemente durante el día (81,3%). La EH mediana (horas) en FdS (0,48) fue mayor que ES (0,43) (p: 0,000) en general y al evaluar por las sub-categorías de sexo, grupo de edad, momento de ingreso, área de manejo y estado al alta. Se presentaron 35 muertes, con mayor riesgo (OR;IC95%) en el grupo 45-64 años (3,47;1,71-6,76), en los ingresados en la noche (3,27;1,64-6,40) o durante el FdS (4,57;1,25-18,4). Durante el FdS se identificó mayor riesgo de TOA con compromiso de Cabeza/Cuello, traumas múltiples y de causadas por vehículos en movimiento. Durante el FdS disminuyó la frecuencia de trabajadores atendidos por Ortopedia/Oftalmología/Cirugía General (p: < 0,05). Conclusión. Evidenciamos que los trabajadores ingresados por TOA durante el FdS presentaron mayor EH y riesgo de muerte; además se identificó una redistribución en el Servicio de atención en el FdS, con una baja frecuencia de atenciones prestadas por médicos especialistas.

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Los precios de transferencia ocupan el interés de los Estados en el mundo actual al constituir uno de los retos fundamentales del Derecho Internacional Tributario. En el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), creada en 1961, se discutieron y desarrollaron diversas propuestas para regular el fenómeno. Estas, se materializaron en Modelos de Convenios Tributarios e instrumentos de soft law, que hoy en día constituyen los principios internacionalmente aceptados en la materia. Las Guías de la OCDE sobre precios de transferencia para empresas multinacionales y administraciones tributarias son el cuerpo normativo de soft law que se erigen, en el Ordenamiento Internacional, como el norte de las legislaciones a nivel interno para efectos de regulación de dicha temática. Su adopción por parte de los países miembros y no miembros de la OCDE se enfrenta a problemas teóricos derivados del quebrantamiento del decantado principio de reserva de ley tributaria y el respeto por la seguridad jurídica, razón por la cual su incorporación ha variado de Estado a Estado. El presente trabajo recoge la experiencia en varios países europeos y latinoamericanos y pretende proponer una fórmula de adopción en Colombia, coherente con los principios constitucionales tributarios y con virtualidad de superar las críticas realizadas por la doctrina a la aplicación directa de las Guías.

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Los indígenas como sujeto jurídico para el reconocimiento de derechos étnicos han sido definidos desde el paradigma del multiculturalismo liberal, basado en características esencialistas de la identidad, como el vínculo con el territorio ancestral rural, el uso de la lengua nativa, y la organización colectiva y comunitaria. Sin embargo, el conflicto armado colombiano ha generado el desplazamiento forzado de gran parte de esta población i1, en su mayoría hacia áreas urbanas y metropolitanas, donde son inaplicables las características que eran tenidas en cuenta para el reconocimiento y la garantía de sus derechos. La ausencia de un sujeto jurídico étnico que responda a las condiciones de un indígena desterritorializado víctima de desplazamiento forzado a causa del conflicto armado que solicita atención individual, se convierte en un obstáculo para la garantía de sus derechos étnicos en la implementación de la política pública de atención, asistencia y reparación a víctimas del conflicto armado, porque las medidas afirmativas y el enfoque diferencial étnico, obligación del ejecutivo, queda a la discrecionalidad de las decisiones administrativas, poniendo en riesgo la garantía del derecho a la identidad cultural y, por lo tanto, a la diversidad étnica y cultural de la nación.

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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo estudiar la influencia de las agencias de Naciones Unidas, PNUD y OACNUDH, en la formulación de una política pública de DD.HH. y DIH en Colombia entre 2010 y 2014. Se argumenta que la cooperación internacional brindada por el PNUD y la OACNUDH, a través de su asesoría técnica, influyó determinantemente en el proceso de formulación de una política pública en materia de DD.HH y DIH durante el primer gobierno de Juan Manuel Santos. Lo anterior, permitió no solo un cambio en la forma de construir políticas públicas, sino en la manera en que se aborda la situación de DD.HH. en el país, teniendo en cuenta la coyuntura de las negociaciones de paz con las FARC.

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El desplazamiento forzado es uno de los fenómenos más dolorosos y críticos de la historia reciente a nivel mundial e interno. En respuesta a estas circunstancias han emanado de la comunidad internacional y de los Estados afectados diversas normativas y sistemas de atención, todavía en construcción, que pretenden dar respuesta efectiva a las adversas circunstancias de la población que es víctima de este flagelo. El Estado colombiano desafortunadamente no ha sido ajeno a este drama y a partir del año 1995 comenzó a registrar un inmenso número de casos en los que las personas se desplazaban a sus lugares de origen en busca de la protección de sus vidas y de su integridad. La respuesta estatal a esta problemática estuvo dada por la Ley 387 de 1997 y algunos otros instrumentos jurídicos que pretendieron establecer un marco de acción y un direccionamiento de la política pública interna que brindara un adecuado tratamiento a la población desplazada. A pesar de la existencia de la reglamentación, con el paso del tiempo el problema se agudiza, las expectativas de atención a las víctimas se incrementan y son cada vez mayores las demandas sociales de personas en estas circunstancias que pretenden hacer exigibles sus derechos. Con esta crítica situación la Corte Constitucional declara el estado de cosas inconstitucional y fija unos plazos específicos de cumplimiento por parte de los entes que conforman el sistema nacional de atención a la población desplazada, buscando un redireccionamiento de los sistemas de atención y política pública en la materia desde un perspectiva integral de derechos humanos. El presente trabajo pretende realizar una exhaustiva mirada a la respuesta estatal y jurisprudencial, la coordinación y planificación del sistema, presentar las condiciones de los grupos vulnerables y evidenciar el rol de la capital de la república, como principal receptora de quienes se desplazan de sus asentamientos.El Estado colombiano desafortunadamente no ha sido ajeno a este drama y a partir del año 1995 comenzó a registrar un inmenso número de casos en los que las personas se desplazaban a sus lugares de origen en busca de la protección de sus vidas y de su integridad. La respuesta estatal a esta problemática estuvo dada por la Ley 387 de 1997 y algunos otros instrumentos jurídicos que pretendieron establecer un marco de acción y un direccionamiento de la política pública interna que brindara un adecuado tratamiento a la población desplazada. A pesar de la existencia de la reglamentación, con el paso del tiempo el problema se agudiza, las expectativas de atención a las víctimas se incrementan y son cada vez mayores las demandas sociales de personas en estas circunstancias que pretenden hacer exigibles sus derechos. Con esta crítica situación la Corte Constitucional declara el estado de cosas inconstitucional y fija unos plazos específicos de cumplimiento por parte de los entes que conforman el sistema nacional de atención a la población desplazada, buscando un redireccionamiento de los sistemas de atención y política pública en la materia desde un perspectiva integral de derechos humanos. El presente trabajo pretende realizar una exhaustiva mirada a la respuesta estatal y jurisprudencial, la coordinación y planificación del sistema, presentar las condiciones de los grupos vulnerables y evidenciar el rol de la capital de la república, como principal receptora de quienes se desplazan de sus asentamientos.A pesar de la existencia de la reglamentación, con el paso del tiempo el problema se agudiza, las expectativas de atención a las víctimas se incrementan y son cada vez mayores las demandas sociales de personas en estas circunstancias que pretenden hacer exigibles sus derechos. Con esta crítica situación la Corte Constitucional declara el estado de cosas inconstitucional y fija unos plazos específicos de cumplimiento por parte de los entes que conforman el sistema nacional de atención a la población desplazada, buscando un redireccionamiento de los sistemas de atención y política pública en la materia desde un perspectiva integral de derechos humanos. El presente trabajo pretende realizar una exhaustiva mirada a la respuesta estatal y jurisprudencial, la coordinación y planificación del sistema, presentar las condiciones de los grupos vulnerables y evidenciar el rol de la capital de la república, como principal receptora de quienes se desplazan de sus asentamientos.El presente trabajo pretende realizar una exhaustiva mirada a la respuesta estatal y jurisprudencial, la coordinación y planificación del sistema, presentar las condiciones de los grupos vulnerables y evidenciar el rol de la capital de la república, como principal receptora de quienes se desplazan de sus asentamientos.