182 resultados para proyectos institucionales de participación
Resumo:
En este artículo se hace un análisis comparativo de los diseños institucionales que regulan la participación de las víctimas en Colombia antes y después de la Ley 1448 de 2012, con el fin de identificar factores que limitan la incidencia que estos ciudadanos buscan tener en escenarios institucionales de participación creados por el Estado. Concluyo que, si bien con esta ley se introducen reglas de juego para hacer de la participación de las víctimas un proceso más incluyente y democrático, persisten determinados diseños de política pública que hacen de esta un ejercicio separado de las instancias de decisión en lo programático y lo presupuestal, con enormes abismos de articulación entre el complejo y disperso entramado institucional encargado de atender y reparar a las víctimas, y que generan nuevos problemas de acción colectiva. Lo anterior, sumado a la incapacidad estatal de garantizar la seguridad de las víctimas y de sus líderes en lo local, dificulta a todas luces su incidencia en escenarios de toma de decisiones y establece enormes retos que debería tener en cuenta el Estado colombiano para replantear diseños de política y garantizar una participación efectiva.
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Este proyecto responde a un momento histórico de gran importancia, que por supuesto no pudo ser más oportuno. Colombia celebra en el año 2006 los quince años de la promulgación de su Constitución Política, y los cambios de trascendentales surgidos a partir de su aplicación has sido prolíficos, Particularmente, el tema ambiental ha sobresalido dentro de las grandes transformaciones del país, y por ello no en vano hoy se afirma que tenemos una verdades Constitución ecológica. De igual forma, la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario conmemora los die años de la creación de la especialización en Derecho Ambiental, y tal coincidencia histórica fue una motivación adicional para proponer la realización de un análisis de la evolución normativa surtida para proponer la realización de un análisis de la evolución normativa surtida en este decenio, una evaluación de la gestión ambiental colombiana y de sus distintos impactos en una sociedad que cuenta hoy en día con herramientas constitucionales legales para la defensa de sus derechos e interese colectivos. La Universidad del Rosario ha sido parte de esta evolución, desarrollando un rol activo con el cual se han abierto espacios de discusión y de proposición de alternativas, herramientas y experiencias en pro de la protección integral de la diversidad étnica, cultural y natural de la Nación colombiana. Así, se ha constituido como facilitadora del proceso de la formación de los nuevos actores y ha tenido gran posicionamiento en procesos de participación y de estructuración de proyectos institucionales ambientales.
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En la presente monografía se presenta un estudio acerca de la incidencia del Acuerdo 13 de 2000 en la formulación y ejecución de proyectos en la localidad de Chapinero durante el periodo 2005-2008 en lo referente al grado de participación ciudadana y la atención de necesidades colectivas teniendo como resultado que efectivamente el Acuerdo 13 de 2000 permitió que los ciudadanos participaran de manera efectiva en la planeación del desarrollo de su localidad, lo cual se evidenció en la formulación y ejecución de algunos proyectos locales propuestos por los habitantes de la localidad e incluidos en el Plan de Desarrollo. Sin embargo, éste acuerdo no fue es la alternativa única en la formulación y ejecución de proyectos provechosos locales para la comunidad ya que proyectos de iniciativa de la administración local resultaron de igual manera provechosos para la comunidad.
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La Participación Ciudadana de los jóvenes en Bogotá no ha dependido exclusivamente de la formulación y ejecución de políticas públicas en la materia durante las últimas administraciones distritales, sino que en gran medida ha estado determinada por una serie de limitaciones político-institucionales, socio-económicas y culturales que imposibilitan la trascendencia de organizaciones, iniciativas y proyectos juveniles; y en general, el ejercicio real y efectivo de la participación.
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A partir de la firma del Protocolo de Kyoto el Estado colombiano ha elaborando herramientas político-jurídicas a nivel local, para implementar y sacar provecho de las oportunidades que genera el Mecanismo de Desarrollo Limpio en el país. El resultado son 161 proyectos a la fecha.
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“...es necesario distinguir los dos momentos de la responsabilidad: un momento a posteriori, que se ciñe únicamente a las posibles imputaciones por aquello ya hecho; y un momento a priori, que analiza las responsabilidades por lo que está por venir.” Desde su creación, en 1653, la Universidad del Rosario ha encaminado su labor a las acciones propias de la academia como son la educación y la investigación. No obstante, y tal como quedó establecido en su Plan Integral de Desarrollo 2004 – 2019, además, se plantea como una Universidad en permanente interacción con el medio, con capacidad de anticipar e identificar las necesidades y problemas prioritarios del entorno en sus campos de acción, que propone y desarrolla proyectos para aportar a su comprensión y solución. Lo anterior configura la tercera función sustantiva de la universidad: la extensión. Tal función, materializada en una labor de tipo asistencial hacia la sociedad, se ha articulado, por ejemplo, en la apertura de consultorios jurídicos y fundaciones, que permiten al Rosario una mayor participación y compromiso con la sociedad y su desarrollo. Para la Universidad del Rosario se entiende la extensión, desde sus mismos fundamentos, como la manera responsable a partir de la cual la institución se articula con la sociedad y el entorno en la consolidación de la relación Universidad-Empresa-Estado. Esto se logra cuando se lleva a la práctica el conocimiento de la docencia y la investigación desarrolladas por la universidad, para generar así un impacto social de mayor alcance. En esta perspectiva, enmarcan la gestión de extensión los siguientes objetivos: Innovación en el desarrollo de productos y servicios, de acuerdo con las necesidades de la comunidad. Sostenibilidad económica y social que garanticen la suficiencia económica y el impacto social, como una correlación inquebrantable en el tiempo. Impacto social establecido como meta en la coordinación y ejecución de programas y proyectos de desarrollo comunitario que vinculen la academia con el sector social, con la Empresa y el Estado, y que dinamicen las funciones propias de la docencia y la investigación en el Rosario. De esta forma, los servicios que se generan de la interacción entre la docencia, la investigación y la extensión en el entorno universitario están encaminados a las actividades de: Asesorías y consultorías Prestación de servicios Observatorios Espacios de debates públicos Actividades de comunicación Proyectos con impacto comunitario Proyectos estudiantiles de extensión Servicios a egresados; apoyos institucionales Participación en redes, programas o proyectos interinstitucionales en estos ámbitos Publicaciones relacionadas con experiencias significativas en extensión.
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Hace veinte años Colombia era un pueblo ausente. Había mucho que escuchar y poco que opinar. La población era un actor silente que no participaba en las decisiones más importantes del país. Pero, para fortuna de la democracia, la Constitución Política de 1991 le dio un vuelco a la realidad colombiana. La participación dejó de ser una utopía y se convirtió en una realidad. Por eso, hoy existen diferentes mecanismos para que las personas puedan incidir en los asuntos que les interesan y que son esenciales para su vida. Esa gran fecha, 1991, además de traer cambios al modelo de Estado, significó un gran avance para la protección de los derechos colectivos. Se introdujo diversidad de normas que buscaban garantizar un ambiente sano y el desarrollo sostenible. Por esta razón, la Constitución también es conocida como “Constitución ecológica”, pues está basada en una normatividad que encarna, como ninguna otra, los principios del Estado Social de Derecho, como el derecho a una vida digna y a la satisfacción de las necesidades básicas. No hay duda de que el esfuerzo de la Constitución Política es inconmensurable. Peleó una dura batalla y se encargó de consagrar y proponer mecanismos que hicieran efectivo el derecho a la participación de las personas en materia ambiental. Desde ese momento el país ha avanzado, no se puede negar que en la sociedad se creó una verdadera conciencia sobre la importancia de proteger los recursos naturales y el ambiente, ya que hoy en día existe una real preocupación por la defensa de lo público. Es tal el cambio de mentalidad que se ha producido, que el interés de los ciudadanos por participar en las decisiones ambientales y de ejercer su derecho a acceder a la información es mucho más contundente que hace veinte años. Sin embargo, la batalla no está ganada, aún queda mucho camino por recorrer. Hoy por hoy, en gestión ambiental, así como hay un inventario de éxitos, también hay una lista de asuntos sin resolver. Espacios y mecanismos anónimos. Aunque la Constitución Política de 1991 estableció el compromiso del Estado de promover la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales, los espacios y mecanismos de participación no son suficientemente conocidos y ejercidos por la sociedad en general. Desconocimiento de proyectos. Continuamente se generan conflictos o confrontaciones debido a que las empresas o incluso el Estado desean realizar un proyecto y encuentran oposición por parte de las comunidades, pues éstas desconocen cuál es objetivo del proyecto y sus alcances. Contravía.Ocurre que los nuevos proyectos de las empresas, sin fundamento alguno, resultan contrarios a los programas de desarrollo que propone el Gobierno Nacional y a los intereses de las comunidades, por lo que también se generan continuos enfrentamientos. Ausencia ciudadana.Muchas veces las comunidades implicadas no tienen un interlocutor válido que respalde sus intereses o a quien, por lo menos, puedan manifestar sus inconformidades, lo cual contribuye a la generación de conflictos de carácter ambiental. En otros casos, tampoco son tomados en cuenta sus requerimientos o sugerencias con relación a los proyectos.
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Que es política de la Universidad hacer presencia académica en el país y realizar convenios institucionales para extender a otros lugares del país dicho programas.
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Este trabajo se soporta sobre una base conformada por dos conceptos, que constituyen el horizonte contextual de la investigación: Derecho Administrativo y Comunidad de integración. Es claro que al hablar de una Comunidad de integración específica como la Comunidad Andina (CAN), incide de forma directa en la actividad del derecho administrativo.Ha sido necesario que los países que conforman los grupos de integración económica cedan parte de sus competencias para crear un ordenamiento jurídico de orden supranacional, el cual modifica la dinámica social de las relaciones comerciales y afecta la estructura de la administración pública, haciendo que el derecho administrativo no se limite a interactuar solo con derecho nacional. Esta mutua dependencia de las políticas internas y las regionales se realiza, entonces, cada vez que existe participación y compromiso de los Estados frente a las decisiones, de carácter vinculante o no. En esa medida surge el problema de investigación tendiente a esclarecer cómo ha sido la adopción de las decisiones e interpretaciones, emanadas de los mecanismos oficiales del Derecho Comunitario Andino, en el ordenamiento jurídico colombiano. La existencia de varios puntos de vista con respecto a la obligatoriedad o no de dicha adopción, moldea un tema de suficiente amplitud y profundidad para ser estudiado en un trabajo de investigación.
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El plan de negocios planteado en este documento surge como iniciativa de un grupo de trabajo conformado por estudiantes de la Especialización en Gerencia y Gestión Cultural de la Universidad del Rosario, como una propuesta enfocada en la realización de consultorías en proyectos de responsabilidad social empresarial, cuya puesta en marcha, es trabajar un plan de acción desde la cultura y el arte, como respuesta a situaciones presentadas en aspectos institucionales, ambientales y/o sociales, identificados previamente.
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La investigación estudia la participación política de las sociedades católicas bogotanas en el periodo de 1863-1885. Con el estudio de periódicos, correspondencia y estatutos el trabajo pretende sustentar que estas organizaciones funcionaron como algo más que entidades caritativas, y le apostaron a una participación política no electoral, a través de la producción de prensa, desarrollo de procesos de instrucción, catequismos, fiestas religiosas, tertulias, entre otros. A través de estos espacios y mecanismos, las elites católico-conservadoras se manifestaron públicamente contra medidas gubernamentales, crearon espacios de discusión en torno a la realidad nacional, gestionaron proyectos alternos y propusieron lo que podemos llamar un republicanismo católico basado en los principios de soberanía delegada y libertad limitada.
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El objetivo general de esta investigación es analizar el proceso de incorporación del gobierno electrónico en Colombia, así como evaluar el impacto de las TIC en asuntos del gobierno y su relación con los ciudadanos, puesto que en la práctica se desea incrementar la participación en asuntos públicos y una inclusión ciudadana a través de las TIC. El éxito del Gobierno en Línea dependerá de la transparencia y confianza creciente entre el gobierno y los ciudadanos y toma como referencia la estrategia de Gobierno en Línea 2008-2010. Será usada, una metodología exploratoria y descriptiva sobre la base de documentos bibliográficos y publicaciones periódicas y académicas.
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Este documento se presenta en el marco del desarrollo de una investigación que fue financiada por los Fondos de Extensión e Investigación de la Universidad del Rosario titulada “Propuesta metodológica para la construcción de una política universitaria de inclusión y convivencia de estudiantes con discapacidad en educación superior”. Dentro de uno de los resultados cifrados en la investigación, se estimó la posibilidad de documentar la experiencia académica que ha venido logrando en los últimos cinco años la creación de un servicio de apoyo para estudiantes con discapacidad en la Universidad del Rosario, denominado IncluSer. Este proceso de documentación cuenta con un interés particular, más que centrar su foco en los antecedentes de IncluSer, es generar la posibilidad de marcar un tránsito a propósito de la investigación de la que hizo parte, de la concepción de “servicio de apoyo” con que fue concebido hacia una orientación que abogue por el sentido de la participación y reconocimiento de los estudiantes con discapacidad al interior de la Universidad, con el propósito de convertirse en fundante para la disposición institucional a la reflexión, al diálogo y a la construcción colectiva de realidades institucionales posibles para los estudiantes con discapacidad y a la comunidad universitaria en general, en términos de acceso, innovación, flexibilidad curricular, formación integral entre otros.
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El interés de esta Investigación Diagnóstica es mostrar la importancia de la participación social de los adultos mayores en el proceso de diseño de políticas públicas en el Municipio de Cachipay. Se demuestra que las necesidades sentidas y las expectativas de atención integral identificadas desde los adultos mayores, aportan información fundamental y complementaria a los diagnósticos elaborados con base únicamente en fuentes institucionales. Tomando conceptos de vulnerabilidad, exclusión social, el principio de respeto a los derechos humanos y siguiendo la norma nacional contenida en la Ley 1251 de 2008 de envejecimiento y vejez, la investigación avanza en la identificación de conceptos, instrumentos y dinámicas de participación social, para que el gobierno local diseñe políticas públicas concertadas que garanticen una vida digna a la población de la tercera edad.
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En consecuencia, este trabajo pretende hacer énfasis en una de las 3 formas o niveles de participación con la que la comunidad internacional o los actores internacionales han intervenido en los conflictos internos durante el periodo de la posguerra fría, como lo son los programas y/o proyectos de desarrollo socioeconómico9, por lo que se parte de la siguiente hipótesis: El capital social, como instrumento generador de empoderamiento y participación social, es un componente que favorece al desarrollo de las comunidades. Por lo tanto, el Laboratorio de Paz de la Unión Europea a pesar de no poder inferir directamente en el aumento o disminución de la violación a los derechos humanos en municipios como Barrancabermeja y San Pablo, sí ha fortalecido la población a través de la participación en los espacios de deliberación públicos y democráticos como lo son los núcleos de pobladores, los cuales han contribuido de manera significativa a mejorar la calidad de vida de los habitantes, perfeccionando la cooperación internacional. Así se crea una nueva consideración de las relaciones internacionales, la cual se expresa bajo una dinámica de apoyo mutuo. Y se trata de resolver la siguiente pregunta: En un contexto de violencia y pobreza extrema, ¿el Laboratorio de Paz de la Unión Europea ha tenido algún impacto en la participación social de los habitantes de Barrancabermeja y San Pablo, a través del fomento del concepto de capital social