253 resultados para Política agraria


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El interés de este estudio de caso es evaluar el tema de la retoma de los elementos sustantivos de la política agraria de la Revolución en Marcha durante el proceso de construcción del MRL. Se analiza y demuestra cómo el MRL, con Alfonso López Michelsen a la cabeza, pretendió retomar las reivindicaciones hechas durante la Revolución en Marcha de Alfonso López Pumarejo, para la construcción de la política agraria del movimiento político disidente con los ajustes y giros necesarios para la época. Siguiendo finalmente el desarrollo de cada una de estas revoluciones desde sus influencias hasta su formulación, buscando sus semejanzas y diferencias en el planteamiento de sus respectivas reformas agrarias.

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Algunos cambios recientes en la política agrícola en Colombia se han orientado hacia la implementación de medidas de apoyo directo a los productores, con el fin de proteger su ingreso y fomentar una mayor competitividad del sector. No obstante, estimaciones acerca del impacto esperado de este tipo de instrumentos, medido en té rminos de cambios en el valor agregado, indican que este es reducido. Como quiera que la política emplea diferentes instrumentos para el logro de sus objetivos, surge la pregunta de cuál es el grado de dependencia que los resultados esperados presentan respecto a la forma como los recursos son asignados a dichos instrumentos. Este estudio utiliza un modelo de equilibrio general computable para explorar este problema, para un conjunto de tres de los principales instrumentos de política utilizados en la actualidad, en un contexto de corto plazo. Los resultados indican que, en presencia de rigideces de corto plazo y, en particular, de inmovilidad del capital entre actividades productivas, todos los instrumentos de política llevan a la obtención de resultados modestos y que, en un escenario de mediano y largo plazo, el comportamiento de la inversión parece ser crítico para la obtención de impactos más significativos y para el logro de los objetivos de política buscados.

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En el presente ensayo se examinan algunos antecedentes históricos –los factores institucionales en particular– que contribuyeron al surgimiento del conflicto armado en Colombia. En este sentido, se intenta explorar en qué medida la incapacidad de las instituciones del Estado para resolver los conflictos por los derechos de propiedad y distribución de la tierra, hizo que algunos actores sociales, campesinos sin tierra y que las ocupaban ilegalmente, aparceros y trabajadores migrantes de las haciendas, así como terratenientes, crearan instituciones violentas paralelas en la contienda para lograr sus objetivos antagónicos.

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Una de las mayores brechas que tienen los empresarios colombianos es la falta de información sobre las opciones de exportación hacia otros países, especialmente con Estados Unidos siendo uno de los principales socios comerciales que tiene Colombia. Por esta razón el presente trabajo de investigación se propuso identificar y analizar las oportunidades de exportaciones de productos agrícolas y agro-industriales potenciales desde Colombia hacia Estados Unidos en el periodo de 2003 hasta 2012. Después de contextualizar el entorno de los dos países así como el del sector agrícola de cada uno de ellos; se procedió a la selección de diez sub-partidas arancelarias a través de las bases de datos de TRADE MAP y UN COMTRADE. Con base en los resultados observados, se eligieron los dos productos agrícolas o agro-industriales potenciales para la exportación hacia Estados Unidos; adicionalmente se exploró el Tratado de Libre Comercio con dicho país para reconocer las ventajas, beneficios y oportunidades que este acuerdo generó en los productos seleccionados. Por lo tanto se concluye que Estados Unidos influye significativamente en las relaciones tanto comerciales como financieras a nivel mundial. En el caso de Colombia ha alcanzado resultados positivos en la balanza comercial, niveles óptimos de inversión y crecimiento de la economía comercial. Finalmente se puede afirmar que el Tratado de Libre Comercio entre los dos países promueve el ingreso preferencial de manera permanente, genera mayor estabilidad, competitividad en el largo plazo y acceso a mercados al agilizar los procesos normativos de los productos agrícolas y agro-industriales.

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La concentración de tierras ha sido una problemática recurrente en la historia de Colombia. La desigualdad en la distribución de las tierras ha moldeado constantemente a lo largo de las décadas nuestra realidad nacional. A pesar de la implementación de políticas agrarias en el pasado como la ley 200 de 1936 y la ley 135 de 1961, el conflicto agrario ha afectado de manera constante como generador de inequidad, violencia y desplazamiento dentro de la sociedad colombiana desde la Independencia hasta nuestros días, sin que hasta el momento el problema sobre la tenencia de la tierra haya sido resuelto.

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Durante el último siglo, el país ha planteado alternativas para la configuración institucional y estructural del campo, y para lograr que la tierra sea más productiva y equitativa, pero no lo ha logrado. Al contrario, pareciera que este largo periodo ha significado para el campo el deterioro de cualquier institucionalidad que fomente la permanencia, la productividad y una tenencia pacífica. Varias razones pueden contarse para este penoso resultado en las políticas de tierra. Algunos expertos advierten una discrepancia entre las políticas, el arreglo institucional vigente y la perspectiva de país que se tenía en mente. El corto plazo alentó la formulación de políticas públicas de tierra bajo un esquema institucional excluyente y cargado de tensiones y poderes políticos. Ante esta situación, el éxito de la reforma agraria hubiese sido una coincidencia prácticamente imposible. Es decir, el país ha alcanzado lo que ha podido, dado el panorama institucional. Juanita Villaveces Niño, profesora de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, plantea que la política de tierras y la reforma agraria sean revisadas desde una perspectiva dinámica, en la cual se incluyan no sólo las estrategias de política, sino el entorno institucional, el bagaje cultural de los actores que intervienen directa e indirectamente en la política y el peso de la historia. De acuerdo con este esquema, la profesora Villaveces propone una revisión a la lógica detrás de la política de tierra en Colombia y subraya que sus múltiples enfoques pueden ser percibidos de distinta manera por los hacedores de políticas públicas. En el país se han implementado políticas de tierra, distribución y uso, con la intención aparente con la intención de crear una organización rural compuesta por pequeños y grandes propietarios con miras a fomentar la producción agrícola y la industria; sin embargo, los resultados de los distintos intentos no parecen ser los esperados. Algunos expertos señalan que se han ensayado prácticamente todos los modelos de reforma agraria en Colombia, pero no se ha contado con la organización institucional adecuada ni se ha puesto la voluntad política indispensable para hacerlas efectivas.

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La presente monografía busca establecer una conexión argumentada entre la expedición de la ley 200 de 1936 y la creación de Autodefensas Campesinas en la primera mitad del siglo XX en Colombia. Se buscan las razones estructurales por las cuales la sociedad rural se vio abocada a impulsar agrupaciones armadas para defender sus derechos fundamentales, debido a que el Estado demostró ser incapaz de protegerlos mientras que el odio entre clases rurales aumentó conforme se implementaba el capitalismo agrario en el país. Desde la Teoría del Conflicto de Clases Rurales de Jeffery Paige, se explicará la forma en la que se articulan las variables que no permiten una revolución social, pero si propician la aparición de este tipo de grupos campesinos armados e ilegales; que luego se transformarían en “Guerrillas”.

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La Independencia frente a España y los acontecimientos militares que la rodearon, así como los personajes que intervinieron en ellos, fueron durante mucho tiempo el objeto privilegiado de la historiografía nacional

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La del acceso a la tierra y su distribución, ha sido una problemática transversal a la historia de los conflictos sociales en el país. En el caso de los pueblos indígenas, la existencia de todo un marco jurídico nacional e internacional que reconoce sus derechos territoriales, así como de importantes avances que a este punto se han producido en cuanto a titulación de tierras de resguardo en nuestro país, fueron dos factores que invitaron a preguntarnos en este trabajo por las dinámicas que, a pesar de ello, subyacen a un permanente desconocimiento de tales derechos. Con este objeto, en él se caracterizan las disputas que, desarrolladas en el marco del ordenamiento jurídico e institucional de la Constitución Política de 1991, han llevado a la existencia de una contraposición entre el reconocimiento y la eficacia de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia. Desde una perspectiva crítica, la mirada propuesta presenta un abordaje a tales disputas que abarca una aproximación a sus antecedentes históricos y posterior configuración a instancias de la expedición de las normas, la formulación de las políticas y el ejercicio del control judicial constitucional, en los años posteriores a 1991. Resultado de tal caracterización, se demuestra de qué manera dichas pugnas, que tienen expresiones normativas, administrativas y judiciales, y a su vez son determinadas por factores sociales, políticos, económicos y culturales, han llevado a la existencia en nuestro país, de una brecha de implementación de tales derechos.

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El interés de esta monografía es analizar el diseño y la formulación de la Política Pública de Restitución de Tierras del Gobierno de Juan Manuel Santos. En particular, se busca establecer los aciertos y los desaciertos de dicho proceso para evidenciar que si bien la Restitución de Tierras propuesta por el Gobierno fue creada con el propósito de superar las desigualdades asociadas a la tenencia de tierras en Colombia, su formulación ha sido insuficiente para responder a las demandas de las víctimas del conflicto armado. Para tal fin se utilizan los dos modelos para el análisis de políticas públicas propuestos por la Universidad de Rosario como la herramienta teórica principal que permite entender cómo se llevo a cabo la formulación de esta política pública.

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El presente estudio de caso parte analizando el proceso de ocupación y despojo de la tierra en el Caquetá, con el objetivo de mostrar las formas de usurpación histórica legales e ilegales, que han dado paso a la consolidación de una estructura de poder desigual y violento. Sobre este escenario inequitativo y violento se pone de manifiesto como la puesta en marcha de la política minero-energética es el resultado de un proceso de negociación entre empresas y gobernantes, que tiene por objetivo vaciar los territorios para recrear nuevos espacios sobre los cuales sea posible reproducir la dinámica de acumulación capitalista, ahondando de paso, las desigualdades, la marginación de la población campesina y la violencia en los territorios en donde se posa dicha estrategia. Este análisis se enmarca, principalmente, en la perspectiva de Saskia Sassen sobre el Estado Corporativo y la perspectiva de David Harvey sobre las nuevas formas del capitalismo.

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Los indígenas como sujeto jurídico para el reconocimiento de derechos étnicos han sido definidos desde el paradigma del multiculturalismo liberal, basado en características esencialistas de la identidad, como el vínculo con el territorio ancestral rural, el uso de la lengua nativa, y la organización colectiva y comunitaria. Sin embargo, el conflicto armado colombiano ha generado el desplazamiento forzado de gran parte de esta población i1, en su mayoría hacia áreas urbanas y metropolitanas, donde son inaplicables las características que eran tenidas en cuenta para el reconocimiento y la garantía de sus derechos. La ausencia de un sujeto jurídico étnico que responda a las condiciones de un indígena desterritorializado víctima de desplazamiento forzado a causa del conflicto armado que solicita atención individual, se convierte en un obstáculo para la garantía de sus derechos étnicos en la implementación de la política pública de atención, asistencia y reparación a víctimas del conflicto armado, porque las medidas afirmativas y el enfoque diferencial étnico, obligación del ejecutivo, queda a la discrecionalidad de las decisiones administrativas, poniendo en riesgo la garantía del derecho a la identidad cultural y, por lo tanto, a la diversidad étnica y cultural de la nación.

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La presente edición constituye una antología académica del profesor Diete Nohlen, para los académicos y estudiantes de ciencia política y, especialmente, para aquellos estudiosos de la temática electoral en el ámbito latinoamericano. Los doce artículos que componen esta obra son versiones actualizadas y adaptadas de algunos de los más destacados aportes que ha hecho este autor a la disciplina. Los contenidos están orientados a brindar al lector la información básica y los elementos de análisis a tener en cuenta al momento de evaluar y proponer reformas institucionales. En este sentido, el libro aporta una interesante perspectiva de estudio comparado de los diferentes sistemas políticos, formas de gobierno, sistemas electorales y de partidos, en su respectivo contexto histórico cultural; tema crucial para América Latina y, en especial países como Colombia. Para la línea de Institucionalidad y Democracia y su grupo de trabajo –el Observatorio de procesos Electorales (OPE)- del Centro de Estudios Políticos e Internacionales (CEPI), adscrito a las Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, es un honor hacer entrega de este aporte del profesor Nohlen a la comunidad académica, en general, y colombiana, en particular.

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Como fruto de un enriquecedor proceso político de discusión y consenso, la Constitución de 1991 quiso sentar las bases del avance de la sociedad colombiana hacia una democracia consolidada y profunda. Conforme al espíritu de la Carta, el progreso en esa misma dirección no depende solamente de los gobernantes y de los actores tradicionales, sino de un cada vez más amplio ejercicio ciudadano de la política. Por ello, el conocimiento de su contenido, el análisis de sus preceptos y las relaciones entre sus principios revisten importancia fundamental para que su vigencia sea efectiva. La extensión y la complejidad de su temática, además del hecho de que se ocupe de detalles usualmente no propios de las disposiciones constitucionales, no debe llevarnos a caer en la trampa de tratar nuestra carta fundamental como si fuere una reglamentación corriente y trivial, susceptible de cambios al servicio de intereses pasajeros. Nuestro compromiso republicano exige respetarla en su condición de marco fundamental de la vida política y evitar que, por el camino de las reformas caprichosas, se lleguen a desmontar sus principios fundamentales y a desbaratar con ello conquistas democráticas valiosas. El conocimiento del conjunto de la Constitución, el análisis profundo de la forma en la que está construida y el contenido y el sentido de sus preceptos se facilitarán con esta obra del Constituyente Jaime Castro, que servirá de valiosa guía a expertos y profanos, debido al rigor y la seriedad del ejercicio de desentrañar su estructura y presentar ordenadamente las relaciones entre sus preceptos, a la manera de los buenos manuales de análisis jurídico y educación ciudadana. Quien se adentre en las páginas de la obra, podrá encontrar los hilos que conectan aquellos argumentos esenciales de la concepción del Estado, animada por el constituyente. También hallará las conexiones y las falencias de los catálogos de derechos y deberes que el texto constitucional consagra. Y podrá identificar tópicos susceptibles de nuevos desarrollos, a partir de las insinuaciones que la propia Constitución hace respecto de las organizaciones políticas, el ejercicio de la ciudadanía y los proyectos económicos y sociales que dentro de su marco se pueden impulsar. En la medida en que la Constitución es en esencia un instrumento político, no puede quedar exclusivamente en manos de ningún sector de la vida nacional. Para que sus postulados no se queden escritos y para que no se siga desmontando a pedazos el edificio constitucional, es preciso que todos nos apropiemos del tema, conozcamos los parámetros y las oportunidades que allí se establecen y exijamos, con fundamento, las responsabilidades políticas e históricas que corresponden a todos los actores de la vida pública. El presente trabajo analítico sirve de manera ostensible a ese propósito. Por el mismo camino, esta obra podrá contribuir, el día en que los cambios sean necesarios, a que la sociedad colombiana pueda participar, con conocimiento de causa, en las discusiones correspondientes.

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Este libro explora el concepto y la práctica del perdón desde diversas perspectivas. Para ello divide las temáticas en cuatro partes: El pretexto, una entrevista con Jacques Derrida, publicada por primera vez en español, donde se hacen comentarios críticos a los planteamientos del filósofo francés. La segunda parte, La tradición, aborda históricos y jurídicos del perdón y tiene en cuenta en tornos culturales donde se llevan a cabo el perdón y la venganza. En el acápite titulado lo imperdonable los autores reflexionan sobre el tema en situaciones límite, como los crímenes de lesa humanidad. La última sección, los escenarios del perdón, recoge las experiencias de otros países en procesos de negociación de conflictos y tiene en cuenta los factores mediáticos, institucionales y económicos del caso colombiano.