39 resultados para Cooperação Jurídica Penal


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Monográfico con el título: La nueva ley penal del menor y la intervención socioeducativa. Resumen basado en el de la publicación. Resumen en inglés

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Analizar la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de enseñanza durante los años 1931 y 1997. Se estudia la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de enseñanza durante la Segunda República, la Dictadura y la Democracia desde la promulgación de la Constitución hasta 1997. Es un estudio jurisprudencial pero con referencias doctrinales constantes atendiendo a las que han sido objeto de controversia. La jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de enseñanza durante el período republicano es practicamente inexistente. La confesionalidad del régimen franquista se proyecta sobre la regulación de la enseñanza al contener referencias más o menos explícitas a la inspiración católica de la enseñanza en todas las leyes educativas del momento. El Franquismo reconoce a nivel institucional el derecho a una educación básica pero no se constituye como un deber; y limita las libertades educativas por confesionalidad e ideologización de una enseñanza supeditada al principio fundamental del Estado. La constitución vigente recoge el derecho a la educación cuando regula la enseñanza básica gratuita y el acceso a niveles no obligatorios en condiciones no discriminatorias; y la libertad de enseñanza con la libertad de creación de centros docentes, el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral de acuerdo con sus propios convicciones, el derecho de libre alección del centro docente y la libertad de cátedra. EL Tribunal Supremo reconoce el deber de los poderes públicos a garantizar la calidad de la enseñanza; y el derecho de recibir enseñanza en la lengua materna respectiva pero dependiendo de la edad del alumno, de las posibilidades del centro y de la existencia de otros centros en que puedan cursarse las enseñanzas en la lengua elejida. Considera que la apertura y funcionamiento de los centros se sometan al principio de autorización administrativa que debe estar reglada; y que el establecer criterios prioritarios para el acceso a centros sostenidos con fondos públicos, no es inconstitucional y no supone trabas para la elección del centro docente pues refuerza tal derecho en los casos en que no es posible atender a todas las solicitudes. Habilita a todo docente el resistirse a cualquier mandato que les obligue a una determinada orientación ideológica. La libertad de cátedra incluye el derecho a fijar el programa de la asignatura. La administración no asume ninguna posición empresarial en el ámbito de la relación laboral existente entre el titular del centro y el profesor, su responsabilidad se limita al pago de salarios. Un profesor religioso no ostenta la cualidad de funcionario ya que su nombramiento depende de la autoridad eclesiástica, aunque su relación jurídica se establece con el Estado y no con la Conferencia Episcopal.

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El objetivo de este recurso es la prevención, a través del conocimiento de la legalidad básica en materia de responsabilidad penal y civil, que pueda afectar a las actividades realizadas de tiempo libre. Comienza con la definición de responsabilidad, posteriormente establece la diferencia entre el concepto de capacidad jurídica y capacidad de obrar y, finalmente, explica el concepto de incapacitación. El siguiente capítulo aborda la responsabilidad civil y su régimen jurídico. Continúa con los sujetos de la responsabilidad civil, por hecho propio y por hecho ajeno, pluralidad de responsables y concurrencia de culpas. El capítulo culmina con la dispersión de responsabilidades y establece en qué sentido recaen en el profesional, en la entidad prestadora del servicio, en la Administración y en la compañía de seguros. El capítulo siguiente aborda aspectos relacionados con la responsabilidad penal. En primer lugar explica la responsabilidad civil como accesoria a lo penal, la imprudencia y los sujetos de responsabilidad penal, en cuanto a los menores, a la Administración, a la compañía de seguros y a la de los profesionales. La obra se completa con otras cuestiones como la prescripción de las acciones de responsabilidad civil, el juzgado o tribunales ante los que se puede reclamar, modelos de autorizaciones y ficha médica y, finalmente, normas de interés en materia de acampadas de las distintas Comunidades Autónomas.

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Se acentra en un método, complementario a otros tantos, de enseñanza de Derecho administrativo. Se trata del aprendizaje a través de la construcción de normas y, en su caso, de su comparación crítica con la regulación en vigor correspondiente.

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Se centra en el interés de la nueva lectura del Derecho Penal que propone Dorado Montero, su filosofía del derecho, y su indudable proyección pedagógica al contribuir de forma decisiva a la elaboración del concepto de pedagogía correccional, sugerente aportación a la nueva articulación penitenciaria, y al proceso de madurez de la pedagogía y educación social.

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Mientras se espera que el legislativo lleve a feliz término el Ante proyecto de Ley de Fomento del Asociacionismo y de la Participación Ciudadana, completando así el marco legal en el que desenvolvernos; el ordenamiento jurídico español ofrece algunas variantes a las entidades no lucrativas entre las que acomodar las pretensiones según el carácter que se desee dar a la misma El criterio de elección de una determinada figura jurídica debe ser el encontrar el marco adecuado para la consecución de los fines de la entidad.

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En las intervenciones educativo sociales dirigidas a adolescentes conviven dos caras opuestas, el control social institucional y la educación social. El artículo se centra en la posibilidad de superar este conflicto. Analiza además los objetivos de la acción educativa, las etapas de la intervención y los contenidos educativos.

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Resumen tomado del autor

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Análisis de la normativa comunitaria en materia de protección de la infancia y la juventud ante los medios de comunicación, principalmente los audiovisuales. Así, el Libro Verde recomienda establecer unas exigencias mínimas en la protección de menores para las emisiones televisivas. También se aborda la regulación jurídica sobre publicidad; concretamente, la publicidad de productos cuyo consumo es nocivo para la salud.

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Tras varios anteproyectos que pretenden reformar la legislación criminal alemana a principios de siglo XX, relativamente suaves y de espíritu reformador, de acuerdo a la época liberal en la que se proyectan, llega el Nacionalsocialismo a Alemania con unos criterios totalmente opuestos, por lo que se comienza a trabajar en la elaboración de un nueva legislación penal más represiva. Se dictan nuevas leyes contra la delincuencia común y los delitos políticos, pero la actividad más transcendental en el campo legislativo son los trabajos preparatorios para un proyecto de Código penal inspirado en los ideales nacionalsocialistas. El futuro Derecho penal alemán se caracteriza por ser popular, racista, que pena la voluntad en lugar del resultado, protector de los derechos morales, y con un marcado sentido de expiación de las penas, así como intimidador, manteniendo la pena de muerte, entre otras medidas represivas. En definitiva, se prepara un nuevo Código penal nacionalsocialista más represivo, en el que aumentan el número de penas y el endurecimiento de ellas, considerándose en la nueva legislación, como el peor de los delitos, aquellos cometidos contra el honor.

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Examen de los aspectos comunes de la reforma educativa llevada a cabo por la Ley de Enseñanza Universitaria de 29 de julio de 1943, complementada por los siete decretos que regulan los estudios de cada una de las facultades que integran la universidad española. También se analizan las características singulares de cada una de las Facultades: Filosofía y Letras, Ciencias, Derecho, Medicina, Farmacia, Veterinaria, Ciencias Políticas y Económicas.