24 resultados para Compromisso Normativo
em Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), Spain
Resumo:
Anàlisi normativa d'àmbit europeu, nacional, autonòmic i municipal existent sobre Accessibilitat en l'edificació, Accessibilitat al patrimoni i Protecció de Béns Culturals i Patrimoni Històric. Identificació dels conflictes d'aplicació entre les normatives d'accessibilitat i la conservació del patrimoni històric
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[spa] Mientras que en Europa la interdependencia y la dimensión transfronteriza de las cuestiones ligadas al cambio climático ha facilitado una cierta"continentalización" de la gestión de este fenómeno, favorecida por el carácter intergubernamental de las medidas que se adoptan en el marco de la Unión Europea, al otro lado del Atlántico la transversalidad de este mismo fenómeno explica la necesidad de que, ante las limitaciones del marco regional, se pongan en marcha mecanismos que faciliten la intervención no sólo estatal sino también de las entidades sub-nacionales. En este sentido, la ausencia de la acción federal tanto en Estados Unidos como en Canadá ha comportado un mayor desarrollo de la acción de las entidades sub-nacionales, que han tomado el liderazgo en la lucha contra el cambio climático. Son estas medidas las que se han visualizado en el escenario internacional. Ello ha favorecido el establecimiento de mecanismos de coordinación de la acción de estas entidades sub-nacionales en el seno de redes transnacionales, que han ido adquiriendo una mayor relevancia en la implementación del Convenio Marco sobre el Cambio Climático y del Protocolo de Kyoto, particularmente en relación a uno de sus instrumentos, el comercio de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero. En este contexto, la futura vinculación de los sistemas de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en Norteamérica con el sistema de la Unión Europea presenta diversos retos de carácter material y formal.
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Este capítulo tiene como objetivo acercar al trabajador a los conceptos básicos que definen la seguridad y la salud en el trabajo. Con esta finalidad, se establece la relación existente entre trabajo y salud, se definen las condiciones de trabajo y se analiza la aparición de factores de riesgo, así como el modo en el que éstos pueden traducirse en daños para la salud de los trabajadores. Además, se introducirá al trabajador en el marco normativo básico de referencia en materia de prevención de riesgos laborales, que intenta garantizar la seguridad y salud en el trabajo
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El manual del curso está estructurado en ocho capítulos. Los seis primeros desarrollan los contenidos necesarios para conocer y aplicar las condiciones de accesibilidad adecuadamente en los servicios públicos: desde las nociones y características vinculadas con las necesidades de distintos tipos de ciudadanos, hasta el contexto normativo, institucional y conceptual que se ha venido consolidando en torno a la idea de accesibilidad universal. Los dos últimos capítulos ofrecen medidas y recomendaciones para lograr una administración pública accesible, tanto en sus servicios donde se produce la relación con los ciudadanos, como en los entornos en que los empleados trabajan.
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El crédito ECTS (European Credit Transfert System) no es solamente un instrumento de transferencia que facilita el reconocimiento de los títulos en toda la UE y la movilidad de estudiantes y profesores, sino un nuevo marco normativo donde los estudios de grado y postgrado se desarrollan a lo largo de un proceso acumulativo de aprendizaje. El objetivo de la reforma, una vez sentadas las bases del adiestramiento personal, es que el mencionado aprendizaje pueda continuar actuando a lo largo de toda la vida (Long Life Learning – LLL). La asignatura de Historia Económica Mundial (HEM) puede constituir una plataforma privilegiada sobre la cual aplicar los planes pilotos de transición hacia la implantación definitiva del EEES. La existencia de esta materia de estudio en los programas de las actuales titulaciones de Economía y Administración y Dirección de Empresas, destinadas a convertirse en el grado de Economía, se hace más necesaria que nunca, dado que reúne una serie de características intrínsecas que favorecen las prácticas de autoaprendizaje.
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Este trabajo de investigación analiza la estructura de los mecanismos de financiación pública para fomentar las exportaciones e inversiones españolas en el extranjero (particularmente en los países en desarrollo), estudia sus principales limitaciones desde la perspectiva de justicia ambiental y propone actuaciones para la mejora de su gestión ambiental y social. El trabajo se inicia con el análisis de un proyecto de fabricación de celulosa en Uruguay apoyado con recursos públicos problemático desde la perspectiva social y ambiental. Ante la constatación de la necesidad de mejoras en los sistemas de gestión de los mecanismos de apoyo público a la internacionalización de la economía se analiza cómo funcionan estos mecanismos, qué obligaciones ha adquirido España a través de diversos compromisos internacionales, y se da un conjunto de propuestas para establecer un mejor marco normativo en el ámbito internacional adoptadas por las principales ONGs ecologistas y de derechos humanos internacionales. Las prácticas españolas son comparadas con las de otros países de la OCDE y con las recomendaciones del Parlamento Europeo. Finalmente se realiza un análisis de las temáticas prioritarias y principales barreras a superar para impulsar desde España políticas de justicia ambiental a partir de una mejor gestión de los mecanismos de financiación pública para la internacionalización económica.
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La República francesa se ofende por los burkas y de los niqab deambulando por las calles. Ve a sus principios rectores de Liberté, Égalité, Fraternité mofados, a su democracia desafiada, a su convivencia arriesgada. Por ello, el Gobierno francés ha impulsado desde hace un año una política pública que persigue la prohibición del velo integral -llámese burka o niqab- en el conjunto del espacio público. Años atrás, Francia, país que tanto aprecia los debates, se vio inmersa en la cuestión más general de la identidad nacional desde las reacciones de las banlieues en el 2005. Y por ello, Nicolas Sarkosy, en su programa electoral camino de las presidenciales en el 2007, ya incluía como una prioridad el tema de los valores y principios genuinamente franceses y europeos. Y en esta perspectiva, el Ministerio de Inmigración añadió sus calificativos de Integración e Identidad Nacional. El burka en el espacio público ha asaltado los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto, especialmente desde hace dos o tres años. Es un problema sin precedentes en las democracias asentadas -aunque podríamos recordar el motín de Esquilache en 1766 bajo el reinado de Carlos III- sin una Jurisprudencia asentada al respecto, ni un marco normativo que lo prevea directamente. Y por ello, la élite política se divide estos días entre los prudentes y los atrevidos, los que se conforman con una prohibición parcial y los que persiguen una prohibición absoluta. Se trata de una política pública atípica, pues los bienes afectados son en realidad valores, principios y conceptos abstractos. Es la República francesa y la cohesión social los que se ven desafiados. Veremos en un primer momento, la etapa de identificación como problema público y su inclusión en la agenda política, por ende desde un punto de vista técnico, analizaremos brevemente esta política pública Top down limitada, y en el último apartado compararemos los argumentos de las dos alternativas que dispone actualmente el Parlamento para aprobar o no una ley al respecto. Por su parte, la Comisión Parlamentaria alegará principios de índole más filosófica que pragmática, mientras que el Consejo de Estado se centrará exclusivamente en los términos jurídicos y en la Jurisprudencia reduciendo en gran medida el impulso inicial del Gobierno. Quedará por ver estos días de debate en l’Assemblée Nationale1 si la prohibición será total o parcial.
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El present projecte pretén representar una aproximació complerta a l'estudi de la pensió compensatòria regulada a l'article 84 del Codi de Família. Aquesta aproximació s'ha fet des de dos punts de vista diferents: d'una banda, a través de la definició d'un marc teòric relatiu al context normatiu de la pensió compensatòria, a la seva determinació, pagament i potencial modificació i d'altra banda, un punt de vista més aplicat a través de l'estudi de la jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que ha interpretat i aplicat l'article 84 del Codi de Família en seu de crisis matrimonials. Els principals resultats d'aquesta recerca fan referència essencialment a incorporar les noves tendències socials, familiars i econòmiques, d'una banda, definir la naturalesa de la pensió compensatòria i de l'altra, determinar la quantitat, modificació i modalitat de pagament de la pensió compensatòria. Des del punt de vista de la naturalesa d'aquesta pensió, aquesta va néixer amb l'objectiu de protegir les dones que principalment eren les que duien a terme el treball domèstic i per tant sortien més perjudicades patrimonialment en els moments de crisi matrimonial. Tot i que avui dia la gran majoria de pensions compensatòries encara són pagades pels marits, cal adaptar la nova realitat social de les dones i per tant de les famílies a la concepció i rol que la pensió compensatòria té en el moments de crisis matrimonials. D'altra banda, el nou rol dels cònjuges en la família i la simetria – encara no completa, però – d'homes i dones al mercat laboral fa que aquest treball de recerca defensi que la determinació, modificació i modalitat de pagament de la pensió compensatòria s'hagi de fer tenint en compte les possibilitats professionals que els cònjuges tenien abans de contraure matrimoni per tal de poder valorar acuradament les decisions que han pres i les possibilitats a les quals han renunciat per tal d'invertir a la vida familiar.
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El proyecto de investigación desarrollado durante el período de la beca se inserta en el marco del proyecto de investigación titulado "Especialidad de formación, especialidad de empleo y resultados de inserción laboral" (ESFOREM). La primera línea de investigación desarrollada se centró en el análisis macroestadístico de la relación entre la formación y el empleo en el caso de los jóvenes españoles a partir del análisis estadísitico de los datos proporcionados por la Encuesta ETEFIL (INE, 2005). El propósito de la investigación era cotejar en qué medida los jóvenes con nivel educativo no universitario estaban trabajando de aquello para lo cual se habían formado específicamente según el Catálogo Nacional de Cualificaciones (adecuación normativa) y hasta qué punto la no correspondencia entre el empleo (según su nivel y especialidad) y la formación (según su nivel y especialidad) suponía una fracaso respecto a su inserción laboral. Enfoques dominantes sobre la relación entre formación y empleo parten del supuesto normativo de que la correspondencia entre especialidad de formación y especialidad de empleo es la situación óptima y se postula que la dinámica del mercado de trabajo tiende a propiciarla. El proyecto ESFOREM tenía una segunda línea de investigación que planteaba un análisis cualitativo de dos subsectores específicos. Esta tesis doctoral se inserta en la segunda línea de investigación desarrollada y tiene como propósito analizar y explicar, mediante una estrategia de investigación cualitativa un caso específico de modalidad de relación en la que no existe correspondencia entre formación y empleo, de forma tal de poder analizar y explicar el papel activo que los agentes e instituciones tienen en la configuración de la relación. El caso seleccionado ha sido del "empleo de cuidado en domicilio depersonas en situación de dependencia", con el objetivo de contribuir a profundizar en el estudio de un sector de empleo que es cada vez más emergente y que está fuertemente feminizado. Dicho estudio se realiza a nivel comparado y municipal entre Montevideo y Barcelona.
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Este artículo defiende que, desde el final de la guerra fría, la democracia se ha convertido en uno de los objetivos esenciales del proyecto de integración hemisférica de las Américas. Sin embargo, este objetivo aún está en construcción en lo referente a la acción. Esta idea principal se demostrará a través de otras dos secundarias: por una parte, definiremos el complejo normativo a favor de la democracia albergado en la OEA, a través del estudio de sus normas e instituciones; y por otra, analizaremos dos intervenciones de la OEA en situaciones de crisis democráticas: la intervención durante la desestabilización democrática de Venezuela (2002-2004) y la intervención durante la crisis política de Honduras (junio 2009-enero 2010). Gracias al desarrollo de estos dos argumentos, estaremos en condiciones de examinar la puesta en práctica de los objetivos en materia democrática de la OEA y de determinar su grado de cumplimiento a escala nacional.
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En el presente informe se realiza un análisis crítico del sistema español de financiación territorial y se avanzan una serie de recomendaciones para su reforma. La principal conclusión del trabajo es que el modelo actual no se adecua satisfactoriamente a los principios de igualdad, autonomía, responsabilidad y transparencia que deberían orientar su diseño y puede dificultar el cumplimiento de los objetivos básicos de la política macroeconómica. La solución de estos problemas exigiría una reforma en profundidad del sistema actual en la línea que se esboza en la parte final del documento. En el análisis se distingue entre el subsistema de régimen común en el que se integran la mayoría de las comunidades autónomas y el subsistema foral que se aplica en el País Vasco y Navarra. El sistema de régimen común ha sido objeto recientemente de una reforma que ha introducido novedades importantes en su estructura y filosofía. En el lado positivo, la nueva ley se ha traducido en una distribución más equitativa de los recursos asignados a las regiones, reduciendo de forma apreciable la dispersión de la financiación por unidad de necesidad en relación con el sistema anterior. Otra mejora significativa ha sido la creación del Fondo de Garantía, un instrumento que, por primera vez en la historia del sistema, permite ir adaptando la financiación a las cambiantes circunstancias regionales, ofreciendo así a las comunidades autónomas un seguro parcial contra los riesgos ligados a la evolución de sus ingresos y sus necesidades de gasto. A pesar de que éstas son mejoras importantes, el balance global de la reforma no es positivo. El nuevo acuerdo no resuelve satisfactoriamente los problemas que obligaron a la reforma de su antecesor, es bastante más complejo y opaco que éste, introduce un mecanismo de nivelación parcial de dudoso encaje constitucional, opta por un reparto inicial incierto que podría ser difícilmente aceptable ex-post para algunas regiones, y no ha abordado otros problemas estructurales del sistema, incluyendo su excesiva sensibilidad al ciclo económico. El sistema foral tampoco está libre de problemas. Tal como se ha implementado en la práctica, el modelo vasco-navarro de concierto o convenio supone una violación flagrante de la prohibición constitucional de que los regímenes autonómicos comporten privilegios económicos o sociales y constituye una fuente permanente de inestabilidad para el sistema de régimen común al ser percibido como un agravio comparativo en las regiones no forales de mayor renta, y en particular, en Cataluña. Según mis cálculos, la financiación por habitante del País Vasco es superior en un 60% a la media de las regiones de régimen común a igualdad de competencias y la situación no es muy distinta en Navarra. El origen de esta anomalía está en las leyes quinquenales del Cupo, donde los principios y procedimientos de valoración establecidos en la ley del Concierto se concretan de una forma muy discutible. Los problemas fundamentales que se detectan son dos. Primero, la valoración de las competencias estatales no asumidas por el País Vasco que se recoge en los anexos de las leyes quinquenales está fuertemente sesgada a la baja. Y segundo, el ajuste por IVA se realiza utilizando valores desfasados de los coeficientes que recogen el peso del País Vasco en el consumo nacional y en la base del impuesto. El efecto conjunto de ambos factores ha sido el de rebajar la contribución vasca a los gastos del Estado en 2.800 millones de euros en 2002 y en casi 4.500 millones en 2007, lo que supone respectivamente un 6,21% y un 6,89% del PIB del País Vasco. Dado todo esto, resulta difícil evitar la conclusión de que el diseño del sistema de financiación regional sigue siendo un problema abierto que no tardará mucho en volver a ocupar un lugar preferente en la agenda política nacional. Es de esperar que la próxima reforma del modelo sea algo más meditada que la aprobada el pasado diciembre y sirva realmente para dotar de un diseño razonable a uno de los elementos más críticos de nuestra arquitectura legal. Para alcanzar este objetivo, será necesario realizar una serie de reformas que pueden agruparse en tres grandes líneas de actuación: garantizar el cumplimiento efectivo del principio de igualdad, reforzar la responsabilidad fiscal de los gobiernos regionales y asegurar que el sistema contribuye a alcanzar los objetivos fundamentales de la política macroeconómica, o al menos que no dificulta su cumplimiento. Entre las medidas recomendadas cabría destacar las siguientes: - Corregir gradualmente el fuerte sesgo a la baja que existe actualmente en el cálculo de la aportación de los territorios forales a la hacienda central. Para ello no hace falta modificar las leyes del Concierto vasco y el Convenio navarro. Bastaría con que en las correspondientes leyes quinquenales se realizase una valoración razonable de las competencias que permanecen en manos del Estado, entre las que habría de incluirse la nivelación interregional, y se actualizasen los coeficientes que se utilizan para calcular el ajuste por IVA. - Recuperar la garantía de igualdad de acceso de todos los ciudadanos al conjunto de los servicios públicos como principio básico orientador del diseño del sistema de financiación y asegurar su aplicación efectiva en la práctica. Con este fin, sería aconsejable eliminar el Fondo de Suficiencia (excepto como vehículo para la financiación de las competencias singulares) y los Fondos de Convergencia para repartir el conjunto de los recursos del sistema de acuerdo con la fórmula de necesidades de gasto que actualmente se aplica sólo a la dotación del Fondo de Garantía. Con el fin de evitar la necesidad de fuertes recortes en la financiación de algunas comunidades, convendría hacer una transición suave desde la asignación actual hasta la derivada de la fórmula. - Introducir ciertos retoques en la actual fórmula de necesidades de gasto, incluyendo la recuperación de una partida que permita sufragar los costes fijos ligados a las instituciones de autogobierno y a ciertos servicios autonómicos así como la introducción de una corrección por diferencias en niveles de precios entre regiones. - Desdoblar el IRPF, el IVA y los Impuestos Especiales en un tramo estatal y otro autonómico claramente diferenciados, abandonando los actuales porcentajes de cesión. Los dos tramos serían regulados de forma independiente, aunque manteniendo en manos del Estado la determinación de la base imponible y la gestión del impuesto. - Dotar a las comunidades autónomas de competencias normativas sobre un tramo de los principales tributos indirectos y sobre los elementos de copago en sanidad, educación y otros servicios. Dada la oposición de la Comisión Europea a cualquier cambio normativo que pueda abrir la puerta a la existencia de tipos impositivos diferenciados regionalmente, el poder de decisión sobre el tramo autonómico del IVA y los Impuestos Especiales deberá ejercerse de forma colegiada por el conjunto de las comunidades autónomas, que habrán de fijar tipos uniformes en todo el territorio nacional. - Establecer un Fondo de Estabilización Presupuestaria, que se nutriría con el 'exceso' de recudación tributaria que se genera en la parte alta del ciclo económico y serviría para complementar los ingresos autonómicos en la parte baja del mismo. - Reformar la legislación sobre estabilidad presupuestaria para fijar a las comunidades autónomas un objetivo de equilibrio presupuestario año a año similar al que ya tienen las corporaciones locales y para concretar las medidas extraordinarias que el Estado podrá imponer a las administraciones territoriales en situaciones de 'emergencia presupuestaria'.
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El libro, coordinado por el Director de ACCEPLAN, Fernando Alonso López, viene a ser un reflejo de los avances entorno a la búsqueda de accessibilidad universal en los espacios públicos urbanizados. Para aproximarse a la realidad normativa y técnica de la Orden Ministerial el libro se estructura en artículos referentes al contexto normativo, a los contenidos de la Orden, y a reflexiones y criterios en torno a la accesibilidad en la ciudad. Del conjunto de artículos, por su variedad y por su carácter multidiciplinar, se extrae un libro de referencia que ofrece la variedad de enfoques del tema y que ayuda a interpretar mejor la Orden Ministerial, su contribución a los objetivos de la Ley 51/2003 de Igualdad de Oportunidades No Discriminación y Accesibilidad Universal, LIONDAU, y su utilidad en la comformación de unas ciudades cada vez más abiertas a la diversidad funcional y a la convivencia.
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La elaboración de un marco legal y normativo que fija el derecho de los ciudadanos a una información veraz y adecuada sobre salud y enfermedad implica tener en cuenta estas necesidades informativas desde la doble perspectiva del ¿consumer health¿ y el ¿patient education¿. Se defiende, desde el punto de vista de los profesionales de la información, la materialización de este derecho a la información y a la formación en temas relacionados con la salud y la enfermedad gracias a un mejor aprovechamiento de los recursos informativos disponibles en las bibliotecas médicas y a los profesionales que los gestionan.
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Les "Pautas para bibliotecas al servicio de pacientes de hospital, ancianos y discapacitados en centros de atención de larga duración" elaborades per l'IFLA són el marc normatiu de les biblioteques per a pacients. La seva existència, però, no garanteix el seu compliment; és per això que trobem realitats ben diverses, des dels hospitals que les reinterpreten i adeqüen a les seves necessitats i mitjans fins als que les ignoren o les desconeixen. En aquesta comunicació farem un recorregut per diverses alternatives o interpretacions als espais hospitalaris dedicats tant a l'oci com a la informació dels pacients en un context internacional. Es conclou que la biblioteca per a pacients és un servei en si mateix i es reivindica com un servei més al qual el malalt té dret.
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Esta comunicación presenta un estado de la cuestión sobre experiencias virtuales relacionadas con el derecho de los niños hospitalizados a recibir una información adecuada sobre su enfermedad y el tratamiento a seguir. Se parte de un marco legal y normativo (Patient¿s Bill of Rights, Declaración sobre la promoción de los derechos para los pacientes en Europa, Carta europea de los derechos del niño hospitalizado, Manifiesto de la Unesco para bibliotecas públicas, Pautas para bibliotecas al servicio de pacientes de hospital, ancianos y discapacitados en centros de atención de larga duración) que reconoce que hay que garantizar el derecho de los enfermos a disfrutar de una vida plena porque un paciente no es sólo un enfermo sino una persona con derechos. La metodología seguida se basa en una búsqueda exhaustiva en Internet condicionada por factores geográficos, idiomáticos, terminológicos y de silencio informativo. Se ha obviado intencionadamente la descripción del contexto español. Los casos presentados, fruto de una selección, se han analizado teniendo en cuenta cuatro aspectos: descripción, objetivos, ámbito de aplicación y puntos fuertes. Así mismo, los resultados se estructuran en función de las características de los productos o servicios y de su dependencia institucional: elaborados por hospitales, por organizaciones externas que crean productos o servicios y portales de información. Del análisis se deduce que existen numerosos recursos virtuales pero pocos son los que informan al paciente infantil, siendo más frecuentes los dirigidos a adolescentes. La mayoría de las veces la información proporcionada no va más allá de los tópicos o no es adecuada. Predominan las comunidades virtuales frente a la información directa sobre la enfermedad. Se trata de productos o proyectos normalmente desvinculados de las bibliotecas hospitalarias o de las bibliotecas para pacientes y de sus profesionales. Se concluye que el canal más adecuado para facilitar el acceso no sólo a la información sino a una información de calidad, es a través de la biblioteca del hospital, en la que el ¿bibliotecario de cabecera¿ se constituye en un referente constante para el personal sanitario, los pacientes y sus familiares.