77 resultados para Regímenes de bienes


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Suele darse por sentado que la valoración de los impactos que recaen sobre las generaciones presentes no comporta dificultad alguna. Sin embargo esto no es cierto. Es más, no se dispone de una metodología ampliamente aceptada para contabilizar dichos impactos. Algunos de los aspectos más controvertidos son: la elección del valor apropiado para la tasa de descuento, las unidades -físicas o monetarias- en que deben expresarse los flujos y la valoración de los bienes tangibles e intangibles. Cuando existen impactos a muy largo plazo surge el problema de valorar los costes y beneficios que afectan a las generaciones futuras mediante, por ejemplo, una tasa de descuento intergeneracional. Incluso en este último caso estaría dominando la perspectiva de las generaciones presentes, que actuarían como si poseyeran la totalidad de los derechos de propiedad sobre todos los recursos. Por lo tanto es necesario incorporar el requisito de sostenibilidad en el análisis. En este trabajo se examinan algunos de estos aspectos y se proponen vías de solución.

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La manufactura y uso de herramientas elaboradas con huesos de animales fue una parte importante de la economía tlatilquense de la Cuenca de México. Este estudio está enfocado al análisis tipológico de los útiles óseos, así como al registro macroscópico preliminar de marcas de fabricación y uso en superficie que, en base también al estudio del contexto y materiales arqueológicos asociados se pudieron concretar algunas hipótesis concernientes al uso en bienes tejidos, tallado de lítica y elaboración de artículos de piel, lo que permitió comprender con bastante proximidad la importancia socioeconómica que tuvo esta industria para la Cultura Tlatilco.

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Dado que el debate académico actual exige del hallazgo de nuevas guías con las que poder reconsiderar la permanencia de la cultura de clases en las sociedades tardo-modernas, el análisis aquí presentado podría perfectamente adquirir preeminencia en tanto ambiciona poner de relieve las relaciones existentes entre la estructura social y las prácticas de consumo. En este sentido, el examen teórico es utilizado para recordar la trascendencia de la diferenciación y jerarquización de usos y significados que se aplican a los bienes de moda como resultado de las correspondencias entre determinadas condiciones sociales, ciertas normas situacionales y sistemas estructurados. En este sentido, las categorías operativas sobre las que se sustenta la tesina y que han de servir para la elaboración de una futura tesis, son el género y la clase social. Por lo que para el enjuiciamiento de la perspectiva adoptada ha de estimarse la voluntad de oponerse a los enfoques que anuncian las prácticas de consumo como realidades democratizadoras que igualan y liberan del contexto y la historia. Ya que en este caso, lo que precisamente no es pretendido, es la inobservancia de que los consumos de bienes simbólicos, como son los de moda, se realizan a partir de valores consensuados a través de relaciones interpersonales.

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Tras un breve repaso de la experiencia internacional, en el presente trabajo se cuantifica la contribución de la inversión en las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs) al crecimiento de España y sus regiones y a las disparidades de productividad entre estas últimas. Con este fin se estima una función de producción regional desagregando la dotación de capital en un componente TIC y otro no TIC. Una comparación de los resultados con los obtenidos a partir de la metodología habitual de contabilidad del crecimiento sugiere que la inversión en bienes TIC podría generar efectos indirectos internos y externos muy considerables.

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España se enfrenta en las próximas décadas a dos grandes retos económicos y sociales: completar el proceso de convergencia en renta y bienestar con los países de nuestro entorno y asegurar la sostenibilidad del Estado del bienestar en un contexto demográfico desfavorable. La superación de estos retos exigirá reformas en muchos ámbitos para cuya implementación sería muy deseable contar con un amplio consenso político y social. Tras examinar la situación actual de la economía española y su evolución durante las últimas décadas desde una perspectiva comparada con la OCDE, en el presente trabajo se examinan las reformas necesarias en tres ámbitos que consideramos cruciales: educación, mercados de trabajo y de bienes y servicios, y sistema de pensiones.

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El Delta del Ebro se halla situado en el Mediterráneo, en NE de la Península Ibérica (sur de Cataluña). Su formación ha sido resultado de la interacción del mar y del Ebro, un río que con sus 910 km de longitud drena una cuenca de unos 85.362 km2. Sus características dependen de los diferentes regímenes climáticos de su extensa cuenca, lo que explica la complejidad de su régimen. A lo largo del periodo estudiado el Delta fue siempre una realidad geológica aunque experimentó importantes cambios en su morfología. En consecuencia, sus recursos naturales siempre pudieron ser explotados, aunque estas actividades se hubieron de adaptar a su cambiante morfología y a sus peculiares condiciones naturales, diferentes de las zonas terrestres más inmediatas.

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La liberalización mundial de la circulación de capitales se ha defendido y se ha convertido en un dogma mundial con el argumento de que es algo bueno especialmente para los países menos desarrollados. Y la dramática crisis financiera de 2008 no ha hecho cambiar substancialmente el fondo de este dogma. En síntesis, éste reza que la libre circulación de capitales facilita las inversiones extranjeras en países en desarrollo o simplemente pobres, por lo que aumentará el total de inversiones reales en los mismos, y, por tanto, su desarrollo económico. Sin embargo, la principal consecuencia de tal liberalización ha sido y es un gigantesco movimiento especulativo diario de capitales para la compra-venta de activos financieros –y empresas rentables- en cualquier país. Y no especialmente para inversiones propiamente dichas, en activos reales como bienes de equipo e instalaciones productivas o en infraestructuras.

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La República francesa se ofende por los burkas y de los niqab deambulando por las calles. Ve a sus principios rectores de Liberté, Égalité, Fraternité mofados, a su democracia desafiada, a su convivencia arriesgada. Por ello, el Gobierno francés ha impulsado desde hace un año una política pública que persigue la prohibición del velo integral -llámese burka o niqab- en el conjunto del espacio público. Años atrás, Francia, país que tanto aprecia los debates, se vio inmersa en la cuestión más general de la identidad nacional desde las reacciones de las banlieues en el 2005. Y por ello, Nicolas Sarkosy, en su programa electoral camino de las presidenciales en el 2007, ya incluía como una prioridad el tema de los valores y principios genuinamente franceses y europeos. Y en esta perspectiva, el Ministerio de Inmigración añadió sus calificativos de Integración e Identidad Nacional. El burka en el espacio público ha asaltado los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto, especialmente desde hace dos o tres años. Es un problema sin precedentes en las democracias asentadas -aunque podríamos recordar el motín de Esquilache en 1766 bajo el reinado de Carlos III- sin una Jurisprudencia asentada al respecto, ni un marco normativo que lo prevea directamente. Y por ello, la élite política se divide estos días entre los prudentes y los atrevidos, los que se conforman con una prohibición parcial y los que persiguen una prohibición absoluta. Se trata de una política pública atípica, pues los bienes afectados son en realidad valores, principios y conceptos abstractos. Es la República francesa y la cohesión social los que se ven desafiados. Veremos en un primer momento, la etapa de identificación como problema público y su inclusión en la agenda política, por ende desde un punto de vista técnico, analizaremos brevemente esta política pública Top down limitada, y en el último apartado compararemos los argumentos de las dos alternativas que dispone actualmente el Parlamento para aprobar o no una ley al respecto. Por su parte, la Comisión Parlamentaria alegará principios de índole más filosófica que pragmática, mientras que el Consejo de Estado se centrará exclusivamente en los términos jurídicos y en la Jurisprudencia reduciendo en gran medida el impulso inicial del Gobierno. Quedará por ver estos días de debate en l’Assemblée Nationale1 si la prohibición será total o parcial.

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En el presente informe se realiza un análisis crítico del sistema español de financiación territorial y se avanzan una serie de recomendaciones para su reforma. La principal conclusión del trabajo es que el modelo actual no se adecua satisfactoriamente a los principios de igualdad, autonomía, responsabilidad y transparencia que deberían orientar su diseño y puede dificultar el cumplimiento de los objetivos básicos de la política macroeconómica. La solución de estos problemas exigiría una reforma en profundidad del sistema actual en la línea que se esboza en la parte final del documento. En el análisis se distingue entre el subsistema de régimen común en el que se integran la mayoría de las comunidades autónomas y el subsistema foral que se aplica en el País Vasco y Navarra. El sistema de régimen común ha sido objeto recientemente de una reforma que ha introducido novedades importantes en su estructura y filosofía. En el lado positivo, la nueva ley se ha traducido en una distribución más equitativa de los recursos asignados a las regiones, reduciendo de forma apreciable la dispersión de la financiación por unidad de necesidad en relación con el sistema anterior. Otra mejora significativa ha sido la creación del Fondo de Garantía, un instrumento que, por primera vez en la historia del sistema, permite ir adaptando la financiación a las cambiantes circunstancias regionales, ofreciendo así a las comunidades autónomas un seguro parcial contra los riesgos ligados a la evolución de sus ingresos y sus necesidades de gasto. A pesar de que éstas son mejoras importantes, el balance global de la reforma no es positivo. El nuevo acuerdo no resuelve satisfactoriamente los problemas que obligaron a la reforma de su antecesor, es bastante más complejo y opaco que éste, introduce un mecanismo de nivelación parcial de dudoso encaje constitucional, opta por un reparto inicial incierto que podría ser difícilmente aceptable ex-post para algunas regiones, y no ha abordado otros problemas estructurales del sistema, incluyendo su excesiva sensibilidad al ciclo económico. El sistema foral tampoco está libre de problemas. Tal como se ha implementado en la práctica, el modelo vasco-navarro de concierto o convenio supone una violación flagrante de la prohibición constitucional de que los regímenes autonómicos comporten privilegios económicos o sociales y constituye una fuente permanente de inestabilidad para el sistema de régimen común al ser percibido como un agravio comparativo en las regiones no forales de mayor renta, y en particular, en Cataluña. Según mis cálculos, la financiación por habitante del País Vasco es superior en un 60% a la media de las regiones de régimen común a igualdad de competencias y la situación no es muy distinta en Navarra. El origen de esta anomalía está en las leyes quinquenales del Cupo, donde los principios y procedimientos de valoración establecidos en la ley del Concierto se concretan de una forma muy discutible. Los problemas fundamentales que se detectan son dos. Primero, la valoración de las competencias estatales no asumidas por el País Vasco que se recoge en los anexos de las leyes quinquenales está fuertemente sesgada a la baja. Y segundo, el ajuste por IVA se realiza utilizando valores desfasados de los coeficientes que recogen el peso del País Vasco en el consumo nacional y en la base del impuesto. El efecto conjunto de ambos factores ha sido el de rebajar la contribución vasca a los gastos del Estado en 2.800 millones de euros en 2002 y en casi 4.500 millones en 2007, lo que supone respectivamente un 6,21% y un 6,89% del PIB del País Vasco. Dado todo esto, resulta difícil evitar la conclusión de que el diseño del sistema de financiación regional sigue siendo un problema abierto que no tardará mucho en volver a ocupar un lugar preferente en la agenda política nacional. Es de esperar que la próxima reforma del modelo sea algo más meditada que la aprobada el pasado diciembre y sirva realmente para dotar de un diseño razonable a uno de los elementos más críticos de nuestra arquitectura legal. Para alcanzar este objetivo, será necesario realizar una serie de reformas que pueden agruparse en tres grandes líneas de actuación: garantizar el cumplimiento efectivo del principio de igualdad, reforzar la responsabilidad fiscal de los gobiernos regionales y asegurar que el sistema contribuye a alcanzar los objetivos fundamentales de la política macroeconómica, o al menos que no dificulta su cumplimiento. Entre las medidas recomendadas cabría destacar las siguientes: - Corregir gradualmente el fuerte sesgo a la baja que existe actualmente en el cálculo de la aportación de los territorios forales a la hacienda central. Para ello no hace falta modificar las leyes del Concierto vasco y el Convenio navarro. Bastaría con que en las correspondientes leyes quinquenales se realizase una valoración razonable de las competencias que permanecen en manos del Estado, entre las que habría de incluirse la nivelación interregional, y se actualizasen los coeficientes que se utilizan para calcular el ajuste por IVA. - Recuperar la garantía de igualdad de acceso de todos los ciudadanos al conjunto de los servicios públicos como principio básico orientador del diseño del sistema de financiación y asegurar su aplicación efectiva en la práctica. Con este fin, sería aconsejable eliminar el Fondo de Suficiencia (excepto como vehículo para la financiación de las competencias singulares) y los Fondos de Convergencia para repartir el conjunto de los recursos del sistema de acuerdo con la fórmula de necesidades de gasto que actualmente se aplica sólo a la dotación del Fondo de Garantía. Con el fin de evitar la necesidad de fuertes recortes en la financiación de algunas comunidades, convendría hacer una transición suave desde la asignación actual hasta la derivada de la fórmula. - Introducir ciertos retoques en la actual fórmula de necesidades de gasto, incluyendo la recuperación de una partida que permita sufragar los costes fijos ligados a las instituciones de autogobierno y a ciertos servicios autonómicos así como la introducción de una corrección por diferencias en niveles de precios entre regiones. - Desdoblar el IRPF, el IVA y los Impuestos Especiales en un tramo estatal y otro autonómico claramente diferenciados, abandonando los actuales porcentajes de cesión. Los dos tramos serían regulados de forma independiente, aunque manteniendo en manos del Estado la determinación de la base imponible y la gestión del impuesto. - Dotar a las comunidades autónomas de competencias normativas sobre un tramo de los principales tributos indirectos y sobre los elementos de copago en sanidad, educación y otros servicios. Dada la oposición de la Comisión Europea a cualquier cambio normativo que pueda abrir la puerta a la existencia de tipos impositivos diferenciados regionalmente, el poder de decisión sobre el tramo autonómico del IVA y los Impuestos Especiales deberá ejercerse de forma colegiada por el conjunto de las comunidades autónomas, que habrán de fijar tipos uniformes en todo el territorio nacional. - Establecer un Fondo de Estabilización Presupuestaria, que se nutriría con el 'exceso' de recudación tributaria que se genera en la parte alta del ciclo económico y serviría para complementar los ingresos autonómicos en la parte baja del mismo. - Reformar la legislación sobre estabilidad presupuestaria para fijar a las comunidades autónomas un objetivo de equilibrio presupuestario año a año similar al que ya tienen las corporaciones locales y para concretar las medidas extraordinarias que el Estado podrá imponer a las administraciones territoriales en situaciones de 'emergencia presupuestaria'.

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L’objectiu principal d’aquest estudi consisteix a determinar quines implicacions té en l’ordenament jurídic civil català l’aprovació de la Directiva 2008/122, del Parlament Europeu i del Consell, 14.1.2009, relativa a la protecció dels consumidors respecte a determinats aspectes dels contractes d’aprofitament per torn de béns d’ús turístic, d’adquisició de productes de vacances de llarga durada, de revenda i d’intercanvi.

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Les praderies de posidònia de la costa catalana són ecosistemes d’alta importància, ja que tenint en compte la seva poca extensió, ens aporten una gran multiplicitat de béns i serveis ecosistèmics. No obstant, els danys observats en els prats en les últimes dècades, tant pel que fa a la regressió en superfície com a la pèrdua d’integritat ecològica, ens indiquen que aquests ecosistemes s’estan enfrontant a una crisi causada principalment per les pressions de les activitats antròpiques a les zones costaneres. En aquest projecte es pretenen identificar tots els béns i serveis que ens proporcionen aquests herbeis, així com també dictaminar quina és la importància de cada un d’ells en el context de la costa catalana. D’altra banda, es pretenen avaluar els impactes i conseqüències de la seva degradació i també quantificar, de manera relativa, la pèrdua d’aquests béns i serveis a la costa catalana, partint de la base que, segons els resultats obtinguts, la pèrdua d’abundància en els prats ha estat d’aproximadament el 60% des d’un hipotètic estat “pre-industrial” fins l’actualitat.

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El objetivo de este estudio es analizar el impacto, en emisiones de CO2, de la demanda final de Cataluña en relación a los vínculos comerciales interregionales con el resto de España y el resto del mundo. Este proceso implica el análisis del balance en CO2 incorporado para Cataluña, lo que permitirá evaluar la responsabilidad de la economía catalana respecto a estas emisiones. Para este propósito se construye, para esta determinada desagregación regional, un modelo Multi-Regional Input-Output (MRIO) extendido al medioambiente con sectores verticalmente integrados. La incorporación de la técnica de la integración vertical nos permite un enfoque alternativo para el Balance Neto y un análisis más detallado de los vínculos interregionales entre los diversos sectores productivos, centrado en la responsabilidad última de la demanda final de cada sector en cada región. Hasta el momento, los estudios previos sobre los impactos medioambientales incorporados al comercio español se han centrado principalmente en el ámbito nacional. No obstante, por un lado el comercio interregional con el resto de España en términos monetarios representa cerca de la mitad del comercio exterior catalán. Por otro lado, los distintos metabolismos energéticos de ambas economías tienen como consecuencia una importante diferencia en la intensidad de emisión en la producción de bienes y servicios. Esta situación genera para Cataluña un déficit en el Balance Neto estimado con el resto de España, aún teniendo un importante superávit monetario. De esto se desprende la importancia de integrar el nivel interregional en los estudios de los impactos medioambientales incorporados en el comercio y, en consecuencia, en la planificación y formalización de políticas económicas y ambientales a nivel nacional.

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El apoyo ciudadano a la democracia constituye un requisito fundamental de los modernos regímenes democráticos, tanto respecto de su estabilidad y consolidación como de la calidad de su funcionamiento. En este marco, la legitimidad democrática pertenece a la dimensión de creencias ciudadanas respecto de que la democracia y sus instituciones son las más apropiadas (de hecho, las únicas aceptables) como régimen de gobierno. Sin perjuicio de lo anterior, no todos los ciudadanos expresan este conjunto de actitudes positivas hacia el régimen democrático. En gran parte de las nuevas democracias un número considerable de personas o bien no entregan un apoyo abierto a la democracia o, expresan actitudes contradictorias hacia los regímenes democráticos. Este grupo de individuos ha sido normalmente tratado por la literatura como un solo grupo homogéneo, que responde sin más consideraciones a la etiqueta de “no demócratas”. Sin embargo, tal como esta investigación pretende demostrar, existen razones teóricas y empíricas para esperar que no haya un único perfil de ciudadanos que no apoya la democracia. Por el contrario, sería posible encontrar y analizar diversos perfiles de “no demócratas”, que explican sus diferencias de acuerdo a distintas objeciones hacia la democracia. Esto es, las razones que se tienen para no entregar un apoyo difuso a la democracia no serían las mismas en todos los casos. De esta forma se derivan las siguientes preguntas de investigación: ¿Cuáles son los argumentos teóricos y empíricos que permiten distinguir diversos tipos de “no demócratas”? ¿Cuáles son las distintas objeciones hacia la democracia (razones) que configuran estos perfiles diversos? Sin embargo, no basta con responder sólo a estas preguntas. Es necesario avanzar en esta línea argumental, preguntándose respecto de la relevancia de distinguir distintos perfiles de “no demócratas”. Así, surge una tercera pregunta: ¿Bajo qué circunstancias tiene relevancia efectuar una distinción entre quienes no apoyan la democracia?

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El desenvolupament del projecte es basa en el model MVC (Vista-Controlador) implementat mitjançant Struts, juntament amb els patrons Business Delegate, Value Object i DAO per separar les diferents capes de l'aplicació (web, Negoci, accés al SGBD). Tota aquesta metodologia i arquitectura s'empra per garantir la independència i modularitat de les diferents parts de l'aplicació.

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Aplicació web que adapti el Reglament deBéns de les Entitats Locals a la gestió Patrimonial que fan les Corporacions dels seus béns, amb l'objectiu d'establir les normes procedimentals a seguir en els expedients administratius municipals, quan afecten al seu patrimoni.