90 resultados para Reforma Agrária deMercado


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Estudi elaborat a partir d’una estada a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Ecuador, entre setembre i desembre del 2006. El projecte té l'objectiu general d'elaborar una monografia, entre el treball d’arxiu i el de camp, capaç d’exemplificar els processos de consolidació dels sectors dirigents indígenes i de vincular-los amb les transformacions de la societat rural andina contemporània. L’estudi de cas és el d’una organització de segon grau molt representativa (la UNOCANC, parròquia de Toacazo, província de Cotopaxi, Equador), analitzant el que han significat aquest canvis des de la descomposició del règim d’hisenda fins a l’ascens d’una part de l’élite camperola local a les altes instàncies de la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador).

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Per a la burgesia agrària catalana la primera meitat del segle XX va significar l'era dels atacs a la propietat. La qüestió de la distribució de la propietat i la necessitat de reformar-la va convertir-se, durant la II República, en l'eix del debat polític i en una causa fonamental de la polarització experimentada per la societat catalana. L'agreujament dels conflictes socials del món rural i el posterior inici d'un procés de reforma agrària varen afectar fortament els interessos i els drets adquirits de la classe propietària, i aquesta va respondre de manera contundent. Malgrat l'aparent unitat de la dreta en la defensa de la distribució de la propietat vigent aleshores, no podem passar per alt l'existència de propostes d'actuació de caràcter prou divergent en el si d'aquest bloc político-social. En aquest sentit la figura i l'obra publicistica de Pelai Negre i Pastell (1895-1984) adquireix un valor peculiar en tant que el seu discurs, tot i vetllar per la salvaguarda d'aquests drets també proposa una línia transformació progressiva i conservadora coneguda com a Acció Social Agrària

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A partir de 1945, la administración colonial francesa emprendió en Marruecos algunos esfuerzos para modernizar la agricultura del país Esta política se basó principalmente en facilitar el acceso de los agricultores marroquíes a las modernas técnicas de cultivo (tracción mecánica abonos, semillas seleccionadas, etc.). Después de la independencia en 1956, estos esfuerzos fueron intensificados por las autoridades marroquíes mediante programas como la «Operation Labour», que reproducían los esfuerzos anteriores afectando a grandes superficies Los escasos resultados obtenidos llevaron al diseño de una política basada en la Reforma Agraria la cual afectaba como factor nuevo el control directo de la administración en los esfuerzos de modernización de la agricultura en las tierras expropiadas a los colonos y repartidas entre los campesinos marroquíes De nuevo los escasos resultados obtenidos han puesto de manifiesto las limitaciones de los esquemas de desarrollo agrícola basados en la intensificación de la agricultura de los países en vías de desarrollo.

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El objeto de este estudio es el análisis de las solidaridades campesinas y de su crisis en la etapa final del Antiguo Régimen. A través de la Cofradía de Labradores - que, en el siglo XVIII, representaba de hecho a la mayor parte del campesinado de Lleida -, se analiza la defensa de los comunales y la lucha contra el diezmo. Estos conflictos en el fondo traducen las dificultades del pequeño campesinado de Lleida para obtener los ingresos necesarios para reproducir la unidad familiar. Se estudian las dos vías - la campesina y la de los hacendados - de desarrollo social y económico en relación con la propiedad de la tierra en la etapa de reforma liberal. Ante el fracaso de la "vía campesina", se estudia el origen del asociacionismo tanto el impulsado por el pequeño campesinado -a través de sociedades de socorros mutuos en un primer momento- como aquél que tiene como objetivo la introducción de mejoras técnico-productivas. Como en el resto de Cataluña, en la parte occidental llana se desarrollarán estas experiencias de manera más intensa en el marco de la crisis finisecular y etapa posterior.

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There is an ongoing debate on which are the determinants of CAP reform. The economic environment has not been contemplated as a direct determinant of CAP reform but its proxy, the budget, has not only been looked at as such but underlined as a key cause of CAP reform. This paper argues, however, that the budget does not affect the modus operandi of the CAP. It affects the quantity of support each farmer is going to get and sometimes even the timing of the reform, but not the form it is going to receive it. Other CAP determinants and international negotiations in particular, have an impact on the substance of CAP reform. This hypothesis is not contradicted by an analysis of CAP 2013 changes.

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El presente trabajo analiza el proceso de la Convención de la Unión Europea en relación con las llamadas “regiones especiales”, concepto que usan los autores para referirse a aquellas regiones “caracterizadas por una singularidad a nivel institucional, del sistema de partidos, lingüística o cultural, o en el nivel de conciencia colectiva (y la prueba demoscópica de todo ello), o en su preeminencia en el proceso europeo (como su presencia en foros y asociaciones, y su capacidad de propuesta y liderazgo)”. El objeto de este análisis es el estudio del desarrollo de esta noción y su significado en el proceso constitutivo de la Convención, así como su influencia, lo cual nos lleva de la Europa de las Regiones a la Europa con la Regiones.

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The VAT is the most revenue tax in the Spanish economy in the year 2000. The aim of this research is to develop an analysis dissintegrated of the distributional effect of the current VAT in Spain, that is to say, this paper assesses the capacity of redistribution of the tax treatment of each expenditure category. It proposes different approaches for the analysis of the redistributive impact differential of each expenditure concept, and it desires to advocate the method of total decomposition of isolated contribution to the global distributional effect of the VAT. In this sense, this study shows the possibilities to identify the guidelines for possible fiscal adjustments of the Value Added Tax to contribute positively to the objectives of social justice, and its respective consequences on the population's welfare.

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We identify a number of elements of the current Spanish system of regional financing that do not conform satisfactorily to the principles of equity, autonomy and efficiency that should inspire its design. Our main conclusion is that although the system presents a series of shortcomings that would require an in-depth reform, its basic focus on the equalization of the service provision capacity of all regional governments should be preserved because it is in accordance with the constitutional guarantee of equal rights for all citizens and with notions of horizontal equity that are widely shared in our country. In fact, the main shortcoming of the system is, in our opinion, that it does not fully guarantee such equality in practice. Additional weaknesses of the system are its lack of transparency, the absence of mechanisms to maintain vertical equilibrium across the different levels of the administration and a significant deficit of fiscal autonomy and responsibility on the pa

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Polítiques de millora d'accessibilitat a l'interior dels habitatges per a gent gran a la ciutat de Barcelona. Ponència presentada al 2º Espacio de Encuentro ADAVIV (Sant Sebastià, 9 Juny 2010) mejora de la accesibilidad en el interior de la vivienda promoción de la autonomía personal

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Este artículo tiene como objetivo realizar un análisis de la reforma laboral del mercado español mediante la utilización de derivados financieros reales. El trabajo consiste en modelizar la función incentivo del contratador desde el punto de vista de una cartera de derivados con el fin de analizar el impacto sobre la creación de empleo indefinido de las distintas propuestas realizadas por los principales agentes participantes del debate. La principal aportación de este trabajo consiste en la creación de un simulador que nos permite analizar las sensibilidades de las principales variables suceptibles de ser modificadas en la Reforma Laboral para cada uno de los escenarios considerados.

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En este trabajo se presenta una primera estimación del impacto de la reforma del sistema de pensiones acordada por el Gobierno y los agentes sociales en enero de 2011. Tras actualizar las proyecciones de gasto en pensiones realizadas por de la Fuente y Doménech (2009) para el período 2008-60, se analiza el impacto sobre esta variable de la elevación de la edad de jubilación hasta los 67 años, la ampliación del período de cómputo de las pensiones y el aumento en el número de años de cotización necesarios para alcanzar el 100% de la base reguladora. Condicionados a los supuestos realizados sobre la evolución del empleo, la productividad y la demografía, los resultados sugieren que estas medidas tendrán un impacto apreciable sobre el gasto en pensiones, con un ahorro que ascenderá a dos puntos de PIB al final del período transitorio en 2027. No obstante, dadas las incertidumbres existentes sobre la evolución futura de muchas de las variables que afectan a los resultados, sería deseable adelantar la introducción del llamado factor de sostenibilidad al inicio de la reforma, de forma que exista un mecanismo claro para modular el ritmo y el alcance de las reformas previstas si así lo exige la situación financiera del sistema antes del final del período transitorio.

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En el presente informe se realiza un análisis crítico del sistema español de financiación territorial y se avanzan una serie de recomendaciones para su reforma. La principal conclusión del trabajo es que el modelo actual no se adecua satisfactoriamente a los principios de igualdad, autonomía, responsabilidad y transparencia que deberían orientar su diseño y puede dificultar el cumplimiento de los objetivos básicos de la política macroeconómica. La solución de estos problemas exigiría una reforma en profundidad del sistema actual en la línea que se esboza en la parte final del documento. En el análisis se distingue entre el subsistema de régimen común en el que se integran la mayoría de las comunidades autónomas y el subsistema foral que se aplica en el País Vasco y Navarra. El sistema de régimen común ha sido objeto recientemente de una reforma que ha introducido novedades importantes en su estructura y filosofía. En el lado positivo, la nueva ley se ha traducido en una distribución más equitativa de los recursos asignados a las regiones, reduciendo de forma apreciable la dispersión de la financiación por unidad de necesidad en relación con el sistema anterior. Otra mejora significativa ha sido la creación del Fondo de Garantía, un instrumento que, por primera vez en la historia del sistema, permite ir adaptando la financiación a las cambiantes circunstancias regionales, ofreciendo así a las comunidades autónomas un seguro parcial contra los riesgos ligados a la evolución de sus ingresos y sus necesidades de gasto. A pesar de que éstas son mejoras importantes, el balance global de la reforma no es positivo. El nuevo acuerdo no resuelve satisfactoriamente los problemas que obligaron a la reforma de su antecesor, es bastante más complejo y opaco que éste, introduce un mecanismo de nivelación parcial de dudoso encaje constitucional, opta por un reparto inicial incierto que podría ser difícilmente aceptable ex-post para algunas regiones, y no ha abordado otros problemas estructurales del sistema, incluyendo su excesiva sensibilidad al ciclo económico. El sistema foral tampoco está libre de problemas. Tal como se ha implementado en la práctica, el modelo vasco-navarro de concierto o convenio supone una violación flagrante de la prohibición constitucional de que los regímenes autonómicos comporten privilegios económicos o sociales y constituye una fuente permanente de inestabilidad para el sistema de régimen común al ser percibido como un agravio comparativo en las regiones no forales de mayor renta, y en particular, en Cataluña. Según mis cálculos, la financiación por habitante del País Vasco es superior en un 60% a la media de las regiones de régimen común a igualdad de competencias y la situación no es muy distinta en Navarra. El origen de esta anomalía está en las leyes quinquenales del Cupo, donde los principios y procedimientos de valoración establecidos en la ley del Concierto se concretan de una forma muy discutible. Los problemas fundamentales que se detectan son dos. Primero, la valoración de las competencias estatales no asumidas por el País Vasco que se recoge en los anexos de las leyes quinquenales está fuertemente sesgada a la baja. Y segundo, el ajuste por IVA se realiza utilizando valores desfasados de los coeficientes que recogen el peso del País Vasco en el consumo nacional y en la base del impuesto. El efecto conjunto de ambos factores ha sido el de rebajar la contribución vasca a los gastos del Estado en 2.800 millones de euros en 2002 y en casi 4.500 millones en 2007, lo que supone respectivamente un 6,21% y un 6,89% del PIB del País Vasco. Dado todo esto, resulta difícil evitar la conclusión de que el diseño del sistema de financiación regional sigue siendo un problema abierto que no tardará mucho en volver a ocupar un lugar preferente en la agenda política nacional. Es de esperar que la próxima reforma del modelo sea algo más meditada que la aprobada el pasado diciembre y sirva realmente para dotar de un diseño razonable a uno de los elementos más críticos de nuestra arquitectura legal. Para alcanzar este objetivo, será necesario realizar una serie de reformas que pueden agruparse en tres grandes líneas de actuación: garantizar el cumplimiento efectivo del principio de igualdad, reforzar la responsabilidad fiscal de los gobiernos regionales y asegurar que el sistema contribuye a alcanzar los objetivos fundamentales de la política macroeconómica, o al menos que no dificulta su cumplimiento. Entre las medidas recomendadas cabría destacar las siguientes: - Corregir gradualmente el fuerte sesgo a la baja que existe actualmente en el cálculo de la aportación de los territorios forales a la hacienda central. Para ello no hace falta modificar las leyes del Concierto vasco y el Convenio navarro. Bastaría con que en las correspondientes leyes quinquenales se realizase una valoración razonable de las competencias que permanecen en manos del Estado, entre las que habría de incluirse la nivelación interregional, y se actualizasen los coeficientes que se utilizan para calcular el ajuste por IVA. - Recuperar la garantía de igualdad de acceso de todos los ciudadanos al conjunto de los servicios públicos como principio básico orientador del diseño del sistema de financiación y asegurar su aplicación efectiva en la práctica. Con este fin, sería aconsejable eliminar el Fondo de Suficiencia (excepto como vehículo para la financiación de las competencias singulares) y los Fondos de Convergencia para repartir el conjunto de los recursos del sistema de acuerdo con la fórmula de necesidades de gasto que actualmente se aplica sólo a la dotación del Fondo de Garantía. Con el fin de evitar la necesidad de fuertes recortes en la financiación de algunas comunidades, convendría hacer una transición suave desde la asignación actual hasta la derivada de la fórmula. - Introducir ciertos retoques en la actual fórmula de necesidades de gasto, incluyendo la recuperación de una partida que permita sufragar los costes fijos ligados a las instituciones de autogobierno y a ciertos servicios autonómicos así como la introducción de una corrección por diferencias en niveles de precios entre regiones. - Desdoblar el IRPF, el IVA y los Impuestos Especiales en un tramo estatal y otro autonómico claramente diferenciados, abandonando los actuales porcentajes de cesión. Los dos tramos serían regulados de forma independiente, aunque manteniendo en manos del Estado la determinación de la base imponible y la gestión del impuesto. - Dotar a las comunidades autónomas de competencias normativas sobre un tramo de los principales tributos indirectos y sobre los elementos de copago en sanidad, educación y otros servicios. Dada la oposición de la Comisión Europea a cualquier cambio normativo que pueda abrir la puerta a la existencia de tipos impositivos diferenciados regionalmente, el poder de decisión sobre el tramo autonómico del IVA y los Impuestos Especiales deberá ejercerse de forma colegiada por el conjunto de las comunidades autónomas, que habrán de fijar tipos uniformes en todo el territorio nacional. - Establecer un Fondo de Estabilización Presupuestaria, que se nutriría con el 'exceso' de recudación tributaria que se genera en la parte alta del ciclo económico y serviría para complementar los ingresos autonómicos en la parte baja del mismo. - Reformar la legislación sobre estabilidad presupuestaria para fijar a las comunidades autónomas un objetivo de equilibrio presupuestario año a año similar al que ya tienen las corporaciones locales y para concretar las medidas extraordinarias que el Estado podrá imponer a las administraciones territoriales en situaciones de 'emergencia presupuestaria'.