La protección social: ¿una cuarta solución duradera?

Aunque el número de solicitantes de asilo y refugiados en Europa y América Latina es muy diferente, Brasil y Ecuador están implementando una solución que podría marcar la pauta a la Unión Europea sobre cómo repartir la responsabilidad dentro de un mismo bloque regional.

Aproximación epidemiológica al estudio de las condiciones de empleo, trabajo y salud en la población inmigrante colombiana en España

El objetivo es analizar las condiciones de trabajo en inmigrantes colombianos y sus problemas de salud asociados. Para tal fin, se realizó un estudio epidemiológico descriptivo, en población inmigrante colombiana trabajadora activa o en paro, mediante encuesta personal, recogiendo información sobre características personales y laborales e indicadores de salud. Los resultados indican que existe un porcentaje importante de inmigrantes con contrataciones temporales o sin contrato y jornadas de trabajo semanales por encima de las 40 horas. Una quinta parte no se encuentra de alta en la seguridad social. La gran mayoría de las mujeres (92%) tienen salarios menores o iguales a los 1.200 euros. La población percibe discriminación en espacios sociales y laborales. Se reportan problemas de salud con diferencias por sexo. Casi una tercera parte no ha recibido información sobre prevención de accidentes y daños a la salud. Se evidencian así, situaciones de precariedad que exigen estrategias para garantizar mecanismos de protección social para esta población.

La opinión pública internacional y el Estado del Bienestar

Esta investigación efectúa una revisión de los proyectos internacionales de opinión pública que estudian, de forma comparada, las opiniones y valores relacionados con la provisión del bienestar social. Las dificultades metodológicas que plantea la comparación entre diferentes países es elevada. No obstante, de dicho estudio exploratorio se pueden extraer varias conclusiones relevantes. Así, la opinión pública entiende que la obligación de proveer de bienestar social es del gobierno y de la administración pública. No es una responsabilidad de la sociedad civil o de las organizaciones que la vertebran. El papel que se atribuye a las instituciones de caridad o del sector privado es mínimo. La reducción de la intervención del estado en el bienestar, es valorada de forma negativa en todos los países considerados. En la atención a la pobreza y la reducción de desigualdades también se atribuye el papel central al gobierno y el estado. En general, tanto los planteamientos individualistas, donde cada individuo debe resolver sus problemas por sí solo, como el planteamiento que traslada a las organizaciones de la sociedad civil la responsabilidad de la protección social, no tienen acogida en la opinión pública de los países considerados. La opinión sobre la necesidad de que el gobierno intervenga para reducir las diferencias en los ingresos, debe interpretarse en un contexto general donde la impresión más extendida afirma que la desigualdad se acentúa e incrementa en los últimos años. Una desigualdad considerada como un problema grave, e importante para la democracia en el país. En cierto sentido la desigualdad, la pobreza y la responsabilidad del gobierno para atenuar una y evitar la otra, son más que evidentes, así como su lectura desde la óptica de la legitimación democrática del sistema. Nos encontramos en una situación paradójica donde, si bien queda perfectamente claro que la responsabilidad de la lucha contra la pobreza es de los gobiernos, como veremos, en general la confianza en que estos gobiernos van a actuar e intervenir correctamente es bastante baja. La crisis iniciada en 2007 y el desmantelamiento del estado de bienestar que se efectúa en varias sociedades del sur de Europa se producen en este contexto.