5 resultados para Law on Victims

em Universidad de Alicante


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Background: Spain’s financial crisis has been characterized by an increase in unemployment. This increase could have produced an increase in deaths of women due to intimate partner-related femicides (IPF). This study aims to determine whether the increase in unemployment among both sexes in different regions in Spain is related to an increase in the rates of IPF during the current financial crisis period. Methods: An ecological longitudinal study was carried out in Spain’s 17 regions. Two study periods were defined: pre-crisis period (2005–2007) and crisis period (2008–2013). IPF rates adjusted by age and unemployment rates for men and women were calculated. We fitted multilevel linear regression models in which observations at level 1 were nested within regions according to a repeated measurements design. Results: Rates of unemployment have progressively increased in Spain, rising above 20 % from 2008 to 2013 in some regions. IPF rates decreased in some regions during crisis period with respect to pre-crisis period. The multilevel analysis does not support the existence of a significant relationship between the increase in unemployment in men and women and the decrease in IPF since 2008. Discussion: The increase in unemployment in men and women in Spain does not appear to have an effect on IPF. The results of the multilevel analysis discard the hypothesis that the increase in the rates of unemployment in women and men are related to an increase in IPF rates. Conclusions: The decline in IPF since 2008 might be interpreted as the result of exposure to other factors such as the lower frequency of divorces in recent years or the medium term effects of the integral protection measures of the law on gender violence that began in 2005.

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Un número considerable de personas mayores padece alguna enfermedad neurodegenerativa que limita sus facultades intelectivas y volitivas, lo que en la práctica suele traducirse en alteraciones de la personalidad con conservación de consciencia, pérdidas de memoria, desorientación, inquietud, confusión o agresividad. Este deterioro progresivo de capacidad que puede afectar a nuestros mayores no sólo los convierte en fácil objetivo de agresiones sino también en potenciales creadores de riesgos y daños a terceros. Es precisamente la responsabilidad que puede derivarse de tales daños la que será analizada en primer lugar en esta sede, exponiendo el estado de la cuestión tanto en el civil como en el common law. Por otro lado, cuando una persona que tiene sus funciones cognitivas mermadas causa un daño a otro, no sólo se debe analizar la responsabilidad civil del propio agente del daño frente al perjudicado, sino también aquélla en que podría incurrir la persona encargada de su cuidado en caso de haberla. Dicha cuestión ocupará la segunda parte del presente trabajo.

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Las Memorias Generales de Repoblación surgen con las disposiciones que desarrollan la Ley de 11 de julio de 1877 sobre repoblación, fomento y mejora de los montes públicos. Elaboradas por el personal de los distritos forestales, se envían al Ministerio de Fomento entre 1878 y 1884. Además de contener los objetivos y las actuaciones repobladoras propuestas por cada distrito, también reflejan, desde el punto de vista de los ingenieros del ramo, la situación de los montes españoles e incluyen en ocasiones, dentro de esta lógica descriptiva, una cartografía básica de contenido forestal, agronómico y geológico. Ésta es conocida en unos pocos casos a través de los originales publicados a mayor escala; pero en otros no se tenía constancia de su existencia más que por referencias documentales. Unos y otros ejemplos se enmarcan dentro del esfuerzo cartográfico español que caracteriza la segunda mitad del siglo XIX.

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Objective: To explore service providers’ perceptions in order to identify barriers and facilitators to effective coverage of Intimate Partner Violence (IPV) services for immigrant women in Spain, according to the different categories proposed in Tanahashi's model of effective coverage. Methods: A qualitative study based on 29 in-depth personal interviews and four group interviews with a total of 43 professionals working in public services (social and health-care services, women's refuges, the police force, the judiciary) and NGOs in Barcelona, Madrid, Valencia and Alicante (Spain) in 2011. Findings: Current IPV services in Spain partially fail in their coverage of abused immigrant women due to barriers of (i) availability, such as the inexistence of culturally appropriate services; (ii) accessibility, as having a residence permit is a prerequisite for women's access to different services and rights; (iii) acceptability, such as women's lack of confidence in the effectiveness of services; and (iv) effectiveness, for example, lack of specific training among professionals on the issues of IPV and immigration. However, interviewees also identified facilitators, such as the enabling environment promoted by the Spanish Law on Gender-Based Violence (1/2004), and the impetus it has provided for the development of other specific legislative tools to address IPV in immigrant populations in Spain (availability, accessibility and effectiveness). Conclusion: Whilst not dismissing cultural barriers, aspects related to service structure are identified by providers as the main barriers and facilitators to immigrant women use of IPV services. Despite noteworthy achievements, improvements are still required in terms of mainstreaming assistance tailored to immigrant women's needs in IPV policies and services.

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La gestión del servicio de abastecimiento de agua es un tema de muy relevante y de plena actualidad, no solo en España sino a nivel mundial. En España, desde la forma de prestación del servicio a través de la gestión directa o la gestión indirecta, o el tipo en sí de gestión indirecta que se desarrolle –empresa privada, pública o mixta- dan como resultado prácticamente tantas situaciones como ayuntamientos existen ya que la competencia es municipal, según reconoce la Ley de Bases de Régimen Local. La heterogeneidad de circunstancias de gestión de los recursos hídricos, la fragmentación de un sector clave y la falta de indicadores comparables entre diferentes opciones para la prestación de este servicio, parece indicar la necesidad de apostar por la creación de un ente regulador independiente dada la naturaleza monopolística del sector del abastecimiento y el saneamiento, junto con el carácter esencial del bien que se gestiona. Mientras que las instituciones gubernamentales dictan las políticas generales a través de leyes y reglamentos, los operadores -públicos, privados o mixtos- son los responsables de prestar los servicios a la población, y sería el órgano regulador quien velaría por el cumplimiento de las normas. El MAGRAMA está estudiando la posibilidad de elaborar una Ley sobre el Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano con las dificultades que esto tiene en consideración a las competencias de las Comunidades Autónomas, lo que sin duda ayudaría a homologar la gestión del agua urbana en España, regulando un monopolio natural, ahora en manos de más de 8.100 municipios y un reducido número de empresas concesionarias, auténticas detentadoras de estos servicios. En este trabajo tratamos de analizar las ventajas que supondría para España contar con una agencia de regulación similar a las existentes en numerosos países, tanto europeos como de América Latina.