Adaptación de la gestión de empresas turísticas al nuevo escenario del sector del turismo: especial referencia a la gestión hotelera

Resulte incuestionable que, en la actualidad, el Turismo constituye un complejo fenómeno con perfiles complejos y heterogéneos dentro del cual son abordados ámbitos muy diversos (económico, jurídico, político, cultural…). De forma inicial, dentro de la pluralidad de las relaciones que circunscriben el mismo, presentan especial transcendencia las conectadas, en mayor o menor grado, con la gestión y el alojamiento turístico. Lo que hace medio siglo resultaba inimaginable o, casi extravagante, constituye hoy una circunstancia común y frecuente en el escenario propuesto, de forma particular, dentro del complejo y escasamente analizado ámbito de la gestión hotelera. Al hilo de lo expresado, en este trabajo se analizará, partiendo del supuesto de que la colaboración interempresarial en el sector turístico puede sustentarse en capital o en relaciones contractuales, sus esenciales trazos conformadores (gestor hotelero y titular del hotel gestionado) sobre los cuales poder elaborar un concepto ordenado y de subsunción del mismo como paso previo para la fijación de su régimen jurídico básico. Con idéntico tenor, se discutirá la posibilidad de integración del hotel determinado en las grandes cadenas hoteleras, la utilización de su know-how estandarizado y marca propia. Finalmente, será estudiada su incidencia en las grandes cadenas hoteleras al objeto de valorar su expansión tanto desde un punto de vista nacional como internacional.

La crisis de la Europa social: límites y restricciones a la libre circulación de personas en la Unión Europea

El derecho a la libre circulación y residencia han sido la clave de bóveda del proceso de integración europea, primero en la consecución del mercado interior y, desde su inclusión en el estatuto de ciudadanía europea, para el reconocimiento de un status jurídico común a todos los nacionales de los Estados miembros. Originariamente, las libertades comunitarias se concibieron sólo para los que ejercieran una actividad profesional, asalariada o no, en el territorio de la Comunidad. Esta postura se fue flexibilizando, ampliándose la libertad de circulación a ciudadanos que no ejercían actividades profesionales en el territorio de otro Estado miembro (estudiantes, jubilados, residentes y ciertos familiares). El desarrollo del proceso de integración europea, junto con la adopción de diversos actos jurídicos de Derecho derivado y la labor del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ha favorecido una ampliación progresiva del ámbito personal de titularidad del derecho. La libre circulación de personas es una de las libertades básicas del mercado interior, cuyo contenido esencial implica un espacio sin fronteras interiores en el que esta libertad será garantizada conforme a las disposiciones del Tratado. Posteriormente, con la adaptación de la Directiva 2004/38/CE en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, se pretendía potenciar la movilidad intracomunitaria y transformar el mercado único en un espacio de libertad de circulación, residencia y trabajo por cuenta propia y ajena para los nacionales de los Estados miembros. Sin embargo, tal y como se pone de manifiesto en el presente trabajo, este derecho no es absoluto, puesto que la Directiva lo somete a condición. De este modo, el beneficiario debe ser económicamente activo en cualquiera de sus manifestaciones o debe disponer de los recursos económicos necesarios para no convertirse en una carga excesiva para el Estado de acogida. Resulta evidente que el contexto de la crisis económica, unido al incremento de la movilidad ha motivado las tendencias restrictivas del derecho de libre circulación y residencia de los ciudadanos de la Unión Europea en el territorio de los Estados miembros.

El salto virtual del debate colectivo: potencialidades y limitaciones de las nuevas plataformas para la deliberación y la toma de decisiones ciudadanas

Las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación han emergido en los últimos años como el principal cambio en la conformación de redes de acción colectiva y en la mutación de los canales que sustentan el debate público. En este ámbito, la reciente aparición de plataformas virtuales para la deliberación ha contribuido a transformar profundamente la naturaleza de la acción participativa, tanto en su concepción expresiva como instrumental. Dichas nuevas herramientas se caracterizan esencialmente por proporcionar un soporte que aúna la posibilidad del debate plural en torno a asuntos políticos y cambio social, y a la vez integra en él (en grados muy diversos como se comprobará) la toma de decisiones como fruto de la deliberación colectiva. Estas propiedades les dotan de una naturaleza que no es asimilable a aplicaciones virtuales de comunicación política netamente discursivas, y perfilan un objetivo expreso de simular las características propias de un ágora presencial, ofreciendo un incentivo participativo a través de su intento por solventar las limitaciones y condicionantes espacio-temporales o de amplitud poblacional propios de la interacción comunicativa tradicional. La integración del componente expresivo e instrumental de la participación ciudadana que abordan este tipo de plataformas y aplicaciones, plantea sin duda un reto en el ya amplio debate académico en torno al alcance real de Internet como esfera significativa para conformación de voluntad colectiva y cambio político, que hasta ahora quedaba escindido entre escépticos y partidarios. La propuesta se articula a partir de la exploración y análisis comparativo de las principales plataformas y aplicaciones virtuales en español para la deliberación y la toma de decisiones colectivas. A efectos de análisis se establecen criterios evaluativos combinando las propuestas dimensionales desarrolladas por Coleman y Gøtze (2001) y Dahlgren (2005) para cuestiones relativas a Internet, comunicación y deliberación política, con especial énfasis en el análisis diferencial de las capacidades estructurales e interactivas de cada una de las herramientas.

Universidad, discapacidad e integración

En la actualidad, la proliferación de investigaciones dedicadas a la integración de las personas con discapacidad se ha incrementado notablemente. Uno de los campos más implicados en esta temática es el ámbito educativo, en el que las actitudes que los estudiantes muestran hacia la discapacidad son fundamentales para la integración del alumnado con discapacidad. El propósito del estudio consiste en evaluar las actitudes de los estudiantes universitarios hacia los alumnos con discapacidad en función del curso y la titulación de los estudiantes. Participaron 349 alumnos de la Universidad de Alicante con edades comprendidas entre 18 y 32 años (M= 21,60, DT= 2,32). Diseñamos un cuestionario tipo Likert (1=nada de acuerdo, 5= totalmente de acuerdo), donde se estiman las actitudes de los estudiantes. Los resultados de los análisis de varianza indicaron diferencias estadísticamente significativas en las actitudes de los estudiantes en función del curso y de la titulación. Nuestro estudio muestra que, en general, los alumnos presentan actitudes favorables hacia los alumnos con discapacidad, no obstante, encontramos que desde ciertas titulaciones, y en los cursos superiores, los estudiantes indican mayor nivel de sensibilización hacia la discapacidad.

Estudio cualitativo sobre la sostenibilidad de los programas de violencia de género en el sistema sanitario español durante la crisis

Antecedentes/Objetivos: La Ley 1/2004 de atención a la integral a la violencia de género institucionaliza la respuesta sanitaria a este problema. En la actualidad, los servicios sanitarios se están viendo afectados por las políticas de austeridad del gobierno como respuesta a la crisis financiera, lo que puede afectar negativamente a la atención de la violencia de género. El objetivo de este estudio es explorar las percepciones de profesionales sanitarios del nivel gerencial sobre el impacto de la crisis económica en la respuesta sanitaria a la violencia de género en España. Métodos: Estudio cualitativo con 26 entrevistas individuales a informantes clave del nivel gerencial, 23 de las 17 Comunidades Autónomas y 3 del nivel nacional, entre julio de 2012 a marzo de 2013. Las transcripciones se importaron al software informático Atlas.ti-5 y se realizó un análisis de contenido cualitativo. Resultados: Se identificaron 4 categorías que explican las consecuencias de las políticas de austeridad en la atención sanitaria de la violencia de género. Tres de ellas hacen referencia a los efectos negativos: Desmotivación y pesimismo para avanzar en la integración de la respuesta a la violencia; Un sistema desbordado por los recortes y presión asistencial; y Necesidad de una mayor implicación por parte del personal sanitario para suplir las carencias del sistema. Una cuarta categoría concibe la crisis como oportunidad: El desafío es mantener y no desmantelar, una visión optimista de la crisis como un reto para afianzar lo que hay. Las personas implicadas luchan para mantener el abordaje de la violencia en las agendas, movidas por su motivación personal, pero sienten que es luchar contra un muro o ir contracorriente porque no se ha producido una integración oficial en la práctica sino sólo en la teoría, a raíz de la ley 1/2004 y las políticas de igualdad impulsadas por el anterior gobierno. Todo ello se ve dificultado por la desaparición de las subvenciones estatales para la formación y sensibilización, implantación de protocolos o creación de sistemas de información, junto a que no está en la cartera de servicios de las comunidades. Conclusiones: Continuar con la integración del abordaje de la violencia de género en el sistema de salud en época de crisis no es una prioridad. Los hallazgos sugieren que la motivación individual trata de compensar las deficiencias en el sistema existente, pero que el voluntarismo de las personas individuales no es suficiente sin estructuras organizativas que les respalden, lo que se ve especialmente dificultado en tiempos de crisis.

El mandato constitucional sobre la orientación de las penas privativas de libertad y la nueva prisión permanente revisable

La introducción de la Prisión Permanente Revisable en nuestro ordenamiento jurídico ha abierto el debate sobre la adecuación de la misma a la Constitución Española de 1978. El autor del presente Trabajo Fin de Grado trata de realizar un pronóstico sobre cuál va a ser, a su juicio, el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la oposición en el Congreso de los Diputados de la legislatura anterior. Para ello realiza un análisis pormenorizado de la doctrina y jurisprudencia del máximo intérprete de la Constitución sobre artículo 25.2, dado que es el principal argumento al que recurren los detractores de la PPR. No obstante, aunque el TC se pronunciará por primera vez sobre esta materia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha tenido la ocasión de producir jurisprudencia sobre cuáles son los requisitos para que una cadena perpetua, prevista en otros ordenamientos del Derecho Comparado, sea acorde al Convenio Europeo de Derechos Humanos, jurisprudencia que resultará muy útil para acercarnos al análisis que de esta cuestión ha de efectuar el Tribunal Constitucional. Una vez realizado lo anterior, el TFG concluye haciendo un pronóstico sobre el fallo del TC, con argumentos técnicos y jurídicos, a nivel de un aspirante a obtener el Grado en Derecho.

Requalificação urbana e meio ambiente: a inserção da temática ambiental nas propostas de intervenção sobre centros antigos

O crescimento espraiado e periférico das cidades nos países dependentes, tal qual o Brasil, tem reproduzido um movimento de segregação socioespacial das classes de baixos rendimentos, as quais são relegadas a condições ambientais insalubres. Nos países centrais do capitalismo, sob formas distintas, se observa também desde os anos 1960 discussões com respeito à expansão urbana para áreas cada vez maiores, seja por fenômenos como o urban sprawl anglo-saxão, ou a urbanização difusa, dos países da Europa latina. Diante desse quadro, com a publicação do Livro Verde sobre o Ambiente Urbano, documento elaborado em 1990 pela Comissão das Comunidades Européias para fornecer subsídios à elaboração das políticas urbano-ambientais, tem se propagado a ideia de que a promoção de “cidades compactas” seria uma solução adequada para reverter o atual estágio de expansão urbana para novas áreas, aumentando as densidades demográficas em áreas infraestruturadas, sobretudo por meio da reabilitação de edificações e terrenos ociosos localizados nos centros tradicionais, os quais tem passado por processos de abandono, perda de população e deterioração física do patrimônio edificado. Tendo isso em vista, na presente comunicação temos por objetivo analisar como a temática ambiental tem se inserido no contexto das discussões sobre a requalificação de centros antigos com foco na promoção de habitações para as classes populares. Para tal realizamos revisão da literatura sobre o tema proposto bem como procuramos identificar os princípios que tem regido tais políticas com relação ao tema ambiental. A relevância do tema encontra-se na necessidade de buscar caminhos alternativos a política habitacional e urbana brasileira, a qual tem reproduzido um modelo predatório de reprodução do espaço urbano.

El principio de igualdad y no discriminación en relación con la pensión de viudedad y el «matrimonio gitano»

El punto de partida de nuestro estudio se sitúa en el polémico y discutido asunto resuelto por la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 8 de diciembre de 2009, Caso Muñoz Díaz c. España, donde se condena al Estado español por denegar la pensión de viudedad a una ciudadana casada exclusivamente por el rito matrimonial gitano. Al hilo de esta resolución analizaremos, entre otras cuestiones, las diversas formas matrimoniales a las que nuestro legislador otorga efectos civiles, la incidencia de dichas disposiciones en el principio de igualdad y no discriminación consagrado en el artículo 14 de la Constitución y en el artículo 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y la posible vulneración de dicho principio en el marco de las prestaciones sociales reguladas en la Ley General de la Seguridad Social, recientemente reformada.