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Adolfo Jiménez Fernández ha tenido un papel decisivo en el diseño de la protección social en Europa e Iberoamérica, al haber participado en hitos tan relevantes como la Ley de Medidas Urgentes para la Racionalización de la Estructura y de la Acción Protectora de la Seguridad Social (Ley 26/1985), la reforma de la estructura financiera y de la Seguridad Social de 1989, o la configuración del Pacto de Toledo (1995) o del Convenio Iberoamericano de Seguridad Social (2007). El libro que aquí se presenta es un homenaje a su trayectoria profesional en este terreno. A lo largo de sus 22 capítulos, especialistas de diversos ámbitos repasan la configuración y la historia reciente de las políticas sociales en general y del sistema de Seguridad Social en particular.

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La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) se ha consolidado como una de las tendencias fundamentales en la gestión de todo tipo de organizaciones. El compromiso con las personas, con la sociedad y el entorno busca un modo de añadir valor y el beneficio de todas las partes implicadas, también en el movimiento organizado de las personas con discapacidad y sus familias. En este sentido, el CERMI, a través de su Comisión de RSC/Discapacidad, pone a disposición de todas sus entidades miembro un conjunto de recomendaciones para que, de forma progresiva, estas se impregnen de una cultura ética y responsable, en la que el fin último sea dar una respuesta eficaz y ajustada a las necesidades y expectativas de nuestro grupo de interés principal: las personas con discapacidad y sus familias y que al tiempo sirva para proporcionar una mayor legitimidad, sostenibilidad y trasparencia a nuestras organizaciones.

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El análisis integral de la discapacidad, analizado desde distintos puntos de vista, enriquecido a partir de las experiencias de las personas que conviven con ella, ya sea personal o profesionalmente, resulta imprescindible. Aunque afecta igual a mujeres que a hombres, la sociedad pone aún mayores trabas a la mujer que al hombre en la misma circunstancia. Según los datos suministrados por la “Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía personal y Situaciones de Dependencia” (INE 2008), las mujeres representan el 60 % de las personas en esta situación. Es más, el 2.º Manifiesto de las Mujeres y Niñas con Discapacidad de la Unión Europea. Una herramienta para activistas y responsables políticos (Foro Europeo de la Discapacidad 2011) desveló que los papeles atribuidos por la sociedad a las mujeres con discapacidad son distintos a los que se asigna a las mujeres en general. Se precisa por ello de un enfoque específico, innovador y prolongado en el tiempo, hasta conseguir que se establezca una situación de equidad. Por ello, este II Plan integral de acción recoge expresamente la necesidad de realizar acciones concretas, que fomenten la igualdad entre sexos en cualquier circunstancia. Debido a la doble discriminación que se produce, estas mujeres se enfrentan a una situación de exclusión que puede afectar a su situación económica, laboral y social. Con estos condicionantes, este Plan se propone como objetivo remover los obstáculos a través de medidas que les garanticen el ejercicio y disfrute de sus derechos y la participación plena en la vida social.

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El análisis integral de la discapacidad, analizado desde distintos puntos de vista, enriquecido a partir de las experiencias de las personas que conviven con ella, ya sea personal o profesionalmente, resulta imprescindible. Aunque afecta igual a mujeres que a hombres, la sociedad pone aún mayores trabas a la mujer que al hombre en la misma circunstancia. Según los datos suministrados por la “Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía personal y Situaciones de Dependencia” (INE 2008), las mujeres representan el 60 % de las personas en esta situación. Es más, el 2.º Manifiesto de las Mujeres y Niñas con Discapacidad de la Unión Europea. Una herramienta para activistas y responsables políticos (Foro Europeo de la Discapacidad 2011) desveló que los papeles atribuidos por la sociedad a las mujeres con discapacidad son distintos a los que se asigna a las mujeres en general. Se precisa por ello de un enfoque específico, innovador y prolongado en el tiempo, hasta conseguir que se establezca una situación de equidad. Por ello, este II Plan integral de acción recoge expresamente la necesidad de realizar acciones concretas, que fomenten la igualdad entre sexos en cualquier circunstancia. Debido a la doble discriminación que se produce, estas mujeres se enfrentan a una situación de exclusión que puede afectar a su situación económica, laboral y social. Con estos condicionantes, este Plan se propone como objetivo remover los obstáculos a través de medidas que les garanticen el ejercicio y disfrute de sus derechos y la participación plena en la vida social.

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El Cermi recibió en 2011 el mandato de realizar el seguimiento de la aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en España. El documento que se reseña aquí corresponde al informe de 2012 y consta de cuatro partes. En la primera, se repasa la Convención artículo por artículo, señalándose las vulneraciones, buenas prácticas y resoluciones judiciales relativas a cada uno de ellos, así como propuestas de mejora. El segundo capítulo analiza estadísticamente las quejas recibidas por el Cermi y hace balance de la actuación de esta ONG en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. El tercer apartado del documento examina los informes presentados en torno a esta cuestión por la Oficina Permanente Especializada del Consejo Nacional de la Discapacidad, y los Defensores del Pueblo estatal y autonómicos. Finalmente, se recoge el informe de la Clínica Jurídica llevada a cabo por el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas en torno al trato dispensado a un joven de nacionalidad marroquí con discapacidad sobrevenida.

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El análisis integral de la discapacidad, analizado desde distintos puntos de vista, enriquecido a partir de las experiencias de las personas que conviven con ella, ya sea personal o profesionalmente, resulta imprescindible. Aunque afecta igual a mujeres que a hombres, la sociedad pone aún mayores trabas a la mujer que al hombre en la misma circunstancia. Según los datos suministrados por la “Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía personal y Situaciones de Dependencia” (INE 2008), las mujeres representan el 60 % de las personas en esta situación. Es más, el 2.º Manifiesto de las Mujeres y Niñas con Discapacidad de la Unión Europea. Una herramienta para activistas y responsables políticos (Foro Europeo de la Discapacidad 2011) desveló que los papeles atribuidos por la sociedad a las mujeres con discapacidad son distintos a los que se asigna a las mujeres en general. Se precisa por ello de un enfoque específico, innovador y prolongado en el tiempo, hasta conseguir que se establezca una situación de equidad. Por ello, este II Plan integral de acción recoge expresamente la necesidad de realizar acciones concretas, que fomenten la igualdad entre sexos en cualquier circunstancia. Debido a la doble discriminación que se produce, estas mujeres se enfrentan a una situación de exclusión que puede afectar a su situación económica, laboral y social. Con estos condicionantes, este Plan se propone como objetivo remover los obstáculos a través de medidas que les garanticen el ejercicio y disfrute de sus derechos y la participación plena en la vida social.

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Más allá de las implicaciones legales y normativas que tiene la inclusión social de las personas con discapacidad, el presente trabajo aporta evidencias de que efectivamente la aplicación de este derecho redunda en beneficios para toda la sociedad. Se reconocen beneficios monetarios y no monetarios, directos e indirectos, de realizar inversiones para mejorar la inclusión en los campos del empleo, la educación y la accesibilidad universal; tres de los pilares de la inclusión social de las personas con discapacidad.

Se trata de un trabajo innovador por diversos motivos. Primero, por su enfoque; no hay muchos trabajos que hayan abordado la cuestión desde un punto de vista positivo (es decir, valorar los beneficios en lugar de cuantificar únicamente los costes de no realizar acciones en favor de la inclusión). Segundo, por sus contenidos; no abundan los estudios que aborden más de un aspecto de la inclusión social, mientras que este estudio ha tratado de integrar las tres áreas de empleo, educación y accesibilidad. Y tercero, por su metodología; este trabajo se ha arriesgado a tratar de valorar cuantitativamente los retornos de la inversión en inclusión social para aportar evidencias concretas sobre sus costes o beneficios.

Así, las conclusiones de este trabajo reafirman la legitimidad y la urgencia de las reivindicaciones del movimiento asociativo de la discapacidad por la plena inclusión social. Por tanto, los resultados de este estudio son importantes, en cuanto a que aporta un nuevo impulso y nuevas alas para continuar con nuestro trabajo diario por lograr la plena inclusión de social de las perso¬nas con discapacidad.