104 resultados para DISCAPACIDAD


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El presente estudio pretende proporcionar simultáneamente una visión panorámica y una valoración de la década de vigencia de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que se celebra el próximo 13 de diciembre de 2016. Se trata de una obra colectiva de comentarios sobre la Convención que realiza una revisión transversal y un análisis crítico de los elementos de interés en relación con este instrumento legal de protección jurídica de los derechos de las personas con discapacidad, desde lo relativo al proceso de elaboración, hasta lo referente a sus contenidos y aplicación. Realiza un recorrido por los principales hitos históricos en el proceso de gestación, elaboración y aprobación de la Convención, dando una visión detallada del proceso de ratificación e integración de la Convención en España. Se dedica un capítulo a la interseccionalidad de género desde la perspectiva de la discapacidad, realizando un análisis de su aplicación en la jurisprudencia internacional. Cabe destacar las reflexiones e interpretaciones acerca de los problemas y conflictos jurídicos que surgen a raíz de la implementación de la Convención; adentrándose en el asunto de la aplicación efectiva de la misma y centrándose en la jurisprudencia constitucional y ordinaria. Otro importante elemento tratado en el documento es el seguimiento de su aplicación, fundamental para valorar el grado de alcance en el reconocimiento y efectividad de sus derechos. Se realiza además una reflexión crítica sobre los avances legislativos alcanzados, así como de la agenda legislativa pendiente. Por último, señalar la interesante recopilación de referencias bibliográficas y recursos en relación con la Convención y sus diferentes áreas temáticas.

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Esta obra de investigación sociojurídica ahonda en el binomio derechos humanos y discapacidad, haciendo hincapié en cómo se reconoce el valor de la vida de las personas con discapacidad en las sociedades actuales. La primera parte de la obra se centra en la situación de invisibilidad, marginación y exclusión social y jurídica a la que se enfrentan estas personas; en la Teoría General de los Derechos Humanos; y en el análisis crítico sobre la normativa de Naciones Unidas, poniendo en evidencia sus carencias en lo que respecta a las personas con discapacidad. La segunda parte gira en torno al análisis del artículo 8 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, relativo a la toma de conciencia. La tesis de la obra parte y finaliza en este artículo y desde el mismo se desarrolla todo el análisis de la realidad social y jurídica. Se plantea cuál es la imagen que representa a los sujetos de derechos y cómo se debe transformar esa imagen para incluir todo el espectro de la diversidad humana; solo de esa forma la inclusión y el reconocimiento de la igualdad de todas las personas, incluidas aquellas con discapacidad, será la consecuencia natural del reconocimiento pleno de su humanidad y sus derechos.

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Este Manual de evaluación de proyectos del tercer sector de Acción Social en materia de discapacidad ha sido promovido por la Fundación ONCE y el CERMI. Se trata de un trabajo muy útil para los directivos sociales, para los profesionales de la evaluación social y, en general, para los que en la jerga inglesa se denomina como "practitioners" o profesionales usuarios de las evaluaciones como herramienta de mejora de la realidad social, en este caso para la mejora del bienestar de las personas con discapacidad.

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Este manual es una herramienta que guía la evaluación de las intervenciones sociales en el ámbito de la discapacidad. Intervenciones que pueden realizar el sector público, el sector privado o ambos de manera conjunta. Si bien se trata de una herramienta pragmática, el usuario del manual o herramienta está acompañado de una teoría potente que ilumina el proceso de evaluación dándole sentido y orientación, pues de lo que se trata es de mejorar las condiciones generales de accesibilidad de las personas con discapacidad a la educación, al empleo, a los servicios colectivos y, en general, a los recursos de la sociedad.

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La participación política es un derecho de ciudadanía reconocido a todas las personas. Sin embargo, las personas con discapacidad encuentran dificultades para esta participación. Este Manual quiere ser una herramienta de empoderamiento, de forma que las personas con discapacidad conozcan con toda amplitud este derecho y, en su caso, puedan plantear peticiones o reclamaciones.

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El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha editado, en colaboración con el comité español de Unicef, una guía para incorporar la discapacidad en el despliegue e implantación de la iniciativa 'Ciudades Amigas de la Infancia'. La guía tiene por finalidad orientar en la inclusión de la discapacidad en el desarrollo de los objetivos de las Ciudades Amigas de la Infancia, de forma que se pueda impulsar y garantizar la participación de las niñas y niños con discapacidad. De esta forma, se logra una doble toma de conciencia, entre el resto de niñas y niños que aprenden el valor de la inclusión desde la convivencia directa, y la de los responsables de los programas, quienes han de que interiorizar la atención a las niñas y niños con discapacidad desde la igualdad, la no discriminación y la autonomía, con las demás niñas y niños. El programa Ciudades Amigas de la Infancia nació en el año 2001 de la mano de Unicef-Comité Español y forma parte de la iniciativa Ciudades Amigas de la Infancia, que está liderada por Unicef Internacional desde el año 2000, en la que colaboran gobiernos nacionales, administraciones locales, ONG, y otras entidades. Su objetivo es contribuir a mejorar las condiciones de vida de las niñas, niños y adolescentes mediante la promoción y la aplicación de políticas municipales que garanticen su desarrollo integral desde un enfoque de derechos.

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En este estudio, promovido por la Fundación ONCE y elaborado por ESADE, se profundiza como nunca hasta ahora en cuáles son las necesidades de las personas con discapacidad y se plantean soluciones estratégicas para que los diversos actores: empresas, organizaciones sociales, administración y centros de investigación perciban las oportunidades para la creación de valor social y económico que ofrece el mercado de la discapacidad en nuestro país.

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El CERMI, tras la publicación de distintos trabajos y una trayectoria ya de unos cuantos años de interés en la RSC participando, entre otras cosas, en el proyecto de la Fundación Bequal, que seguramente es el futuro de la RSC y la discapacidad, para completar esos trabajos se plantea cómo implantar medidas de RSC Discapacidad en las administraciones públicas. Esta es una guía que pretende ayudar a las administraciones públicas a incluir la discapacidad en su gestión. En esta guía se trabaja con seis líneas de actuación, la primera tiene que ver con el buen gobierno, con la adopción de códigos éticos, no solo adoptarlo sino que sea conocido por la gente, comprensible y aplicable y para eso es importante tener un comité de seguimiento, con un canal de denuncias que sea perfectamente confidencial para que la gente no tenga ningún reparo en denunciar. La segunda línea de actuación es la adhesión a iniciativas de RSC, por los beneficios claros que eso aporta. La tercera línea tiene que ver con el acceso al empleo, desde las cuotas de reserva hasta los protocolos de acogida y todo el desarrollo en igualdad de condiciones de una carrera profesional y del trabajo de personas con discapacidad. La cuarta línea es la contratación pública socialmente responsable, que tiene que ver con la inclusión de cláusulas sociales y con el traslado a la cadena de suministros de la responsabilidad social del cumplimiento de la ley. El cumplimiento de la ley por parte de las empresas, para nosotros sería una política social de incalculable valor. La quinta línea, la atención a los ciudadanos y la sexta línea, las memorias e informes de lo que hacen y aquí también propone que en la medida de lo posible adopten el modelo GRI, con el que la Fundación ONCE, en colaboración con el CERMI, ha pactado para incluir indicadores de discapacidad.

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El objetivo de esta guía es aportar información clave sobre los fondos estructurales y de inversión europeos (FEIE) en el periodo 2014-2020, como herramienta fundamental de la cohesión territorial europea e instrumento para la inclusión social activa de las personas con discapacidad en España y Europa. A lo largo de la publicación, se proporciona información básica para conocer el funcionamiento de estos fondos, especialmente el Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), así como su programación y materialización en inversiones y actuaciones en el territorio. La información incluida en esta guía pretende brindar claves que sean de utilidad para las organizaciones representativas del movimiento de la discapacidad para ejercer su función de incidencia política a la hora de garantizar el cumplimiento de lo establecido en materia de accesibilidad universal e igualdad de oportunidades y no discriminación en la programación y ejecución de los fondos. Asimismo, busca familiarizar a las entidades del movimiento de la discapacidad distribuidas por el territorio español con el tipo de actuaciones que pueden ser cofinanciadas por los FEIE, fundamentalmente el Fondos Social Europeo, pero también de FEDER y FEADER.

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¿Pueden las personas con discapacidad estudiar o trabajar en las universidades del Estado en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía?. Para contestar a esta pregunta, la Fundación Universia y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) realizaron en 2012 una encuesta dirigida a los centros de educación superior, que se ha vuelto a llevar a cabo en 2014 con una novedad importante: un cuestionario adicional que recoge las opiniones del alumnado con discapacidad. En esta segunda edición del estudio han participado 59 universidades (11 más que en la primera), y 426 alumnas y alumnos.

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que, en 2014, las personas con discapacidad que cursaban estudios universitarios en las universidades señaladas suponían el 1,3% del alumnado de los títulos de grado, el 1,2% de los de posgrado y el 0,6% de los de doctorado. No obstante, las universidades señalaban dificultades para cifrar el volumen de esta población y sus características, en buena parte porque el alumnado no comunicaba su discapacidad (un 60% decía no utilizar los servicios de apoyo). El perfil de miembro de la comunidad universitaria con discapacidad es el de un hombre con discapacidad física matriculado en una carrera del área de ciencias sociales y jurídicas, salvo en el caso del doctorado, donde predominan las mujeres con discapacidad física que optan por estudios de artes y humanidades. En cuanto al personal docente e investigador, y el personal de administración y servicios, la proporción de personas con discapacidad era del 0,6% y el 1,7%, respectivamente, y a este respecto, cabe señalar que el 31% de las universidades declaraban aplicar medidas de discriminación positiva para favorecer su incorporación a las plantillas. En lo que respecta a la formación del profesorado en materia de discapacidad, el 37% de las universidades afirmaban que esta materia estaba incluida de forma transversal en sus programas formativos.

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Adolfo Jiménez Fernández ha tenido un papel decisivo en el diseño de la protección social en Europa e Iberoamérica, al haber participado en hitos tan relevantes como la Ley de Medidas Urgentes para la Racionalización de la Estructura y de la Acción Protectora de la Seguridad Social (Ley 26/1985), la reforma de la estructura financiera y de la Seguridad Social de 1989, o la configuración del Pacto de Toledo (1995) o del Convenio Iberoamericano de Seguridad Social (2007). El libro que aquí se presenta es un homenaje a su trayectoria profesional en este terreno. A lo largo de sus 22 capítulos, especialistas de diversos ámbitos repasan la configuración y la historia reciente de las políticas sociales en general y del sistema de Seguridad Social en particular.

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La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) se ha consolidado como una de las tendencias fundamentales en la gestión de todo tipo de organizaciones. El compromiso con las personas, con la sociedad y el entorno busca un modo de añadir valor y el beneficio de todas las partes implicadas, también en el movimiento organizado de las personas con discapacidad y sus familias. En este sentido, el CERMI, a través de su Comisión de RSC/Discapacidad, pone a disposición de todas sus entidades miembro un conjunto de recomendaciones para que, de forma progresiva, estas se impregnen de una cultura ética y responsable, en la que el fin último sea dar una respuesta eficaz y ajustada a las necesidades y expectativas de nuestro grupo de interés principal: las personas con discapacidad y sus familias y que al tiempo sirva para proporcionar una mayor legitimidad, sostenibilidad y trasparencia a nuestras organizaciones.

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El análisis integral de la discapacidad, analizado desde distintos puntos de vista, enriquecido a partir de las experiencias de las personas que conviven con ella, ya sea personal o profesionalmente, resulta imprescindible. Aunque afecta igual a mujeres que a hombres, la sociedad pone aún mayores trabas a la mujer que al hombre en la misma circunstancia. Según los datos suministrados por la “Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía personal y Situaciones de Dependencia” (INE 2008), las mujeres representan el 60 % de las personas en esta situación. Es más, el 2.º Manifiesto de las Mujeres y Niñas con Discapacidad de la Unión Europea. Una herramienta para activistas y responsables políticos (Foro Europeo de la Discapacidad 2011) desveló que los papeles atribuidos por la sociedad a las mujeres con discapacidad son distintos a los que se asigna a las mujeres en general. Se precisa por ello de un enfoque específico, innovador y prolongado en el tiempo, hasta conseguir que se establezca una situación de equidad. Por ello, este II Plan integral de acción recoge expresamente la necesidad de realizar acciones concretas, que fomenten la igualdad entre sexos en cualquier circunstancia. Debido a la doble discriminación que se produce, estas mujeres se enfrentan a una situación de exclusión que puede afectar a su situación económica, laboral y social. Con estos condicionantes, este Plan se propone como objetivo remover los obstáculos a través de medidas que les garanticen el ejercicio y disfrute de sus derechos y la participación plena en la vida social.

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El análisis integral de la discapacidad, analizado desde distintos puntos de vista, enriquecido a partir de las experiencias de las personas que conviven con ella, ya sea personal o profesionalmente, resulta imprescindible. Aunque afecta igual a mujeres que a hombres, la sociedad pone aún mayores trabas a la mujer que al hombre en la misma circunstancia. Según los datos suministrados por la “Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía personal y Situaciones de Dependencia” (INE 2008), las mujeres representan el 60 % de las personas en esta situación. Es más, el 2.º Manifiesto de las Mujeres y Niñas con Discapacidad de la Unión Europea. Una herramienta para activistas y responsables políticos (Foro Europeo de la Discapacidad 2011) desveló que los papeles atribuidos por la sociedad a las mujeres con discapacidad son distintos a los que se asigna a las mujeres en general. Se precisa por ello de un enfoque específico, innovador y prolongado en el tiempo, hasta conseguir que se establezca una situación de equidad. Por ello, este II Plan integral de acción recoge expresamente la necesidad de realizar acciones concretas, que fomenten la igualdad entre sexos en cualquier circunstancia. Debido a la doble discriminación que se produce, estas mujeres se enfrentan a una situación de exclusión que puede afectar a su situación económica, laboral y social. Con estos condicionantes, este Plan se propone como objetivo remover los obstáculos a través de medidas que les garanticen el ejercicio y disfrute de sus derechos y la participación plena en la vida social.

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Estudio esclarecedor y certero que partiendo del análisis de la discapacidad desde una visión de derechos fundamentales, tal y como recoge nuestra Constitución, desarrolla un serio trabajo de investigación sobre materias que hasta el momento todavía no han sido tratadas adecuadamente por el legislador, como son el aborto por razón de discapacidad, la esterilización no consentida, la participación política y la restricción del derecho de sufragio, y el derecho a la educación inclusiva.