8 resultados para Derechos sociales

em FAUBA DIGITAL: Repositorio institucional científico y académico de la Facultad de Agronomia de la Universidad de Buenos Aires


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El derecho a la alimentación es uno de los derechos humanos fundamentales. En relación a éste incribe la Seguridad Alimentaria que existe cuando todas las personas tienen en todo momento acceso material y económico a una alimentación saludable. El mercado es la principal vía siendo problemático cuando la población se encuentra debajo de la línea de pobreza por lo cual el Estado proporciona herramientas como la producción doméstica de alimentos, a través de programas como el Pro-Huerta. La presente investigación exploró la estructura de las representaciones sociales de la producción doméstica de alimentos de promotores y huerteros del Pro-Huerta, que son familias pobres urbanas del AMBA San Miguel) para indagar que elementos impulsan a las familias que efectivamente acceden a una alimentación saludable realizando producción doméstica de alimentos con las dificultades que presenta la situación de urbanidad. La metodología de investigación fue de tipo cualitativa y el análisis se realizó a partir de la teoría fundamentada, la cual utiliza como herramientas la codificación de datos y el método de comparación constante. Los resultados fueron que el núcleo de la representación social tiene dos componentes: uno socioeconómico: reserva de alimento y otro socio-cultural: la historia alimentaria rural. En la periferia, relacionados con la reserva de alimento, se encuentra reducir la situación de vulnerabilidad, proveer parte del consumo, reciprocidad en el intercambio en las redes primarias y la venta de excedentes. Concerniente a la historia alimentaria rural, los factores relacionados son la salud familiar, terapia y la producción de alimentos sanos. En la práctica de la actividad la cuestión de género constituye un elemento que puede afectar la actividad por ser las mujeres las únicas planificadoras en la organización social de la unidad doméstica. La entrega de semilla por el Pro-Huerta impulsa y fortalece y lo urbano no tiene influencia de significancia.

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En el marco de nuevos paradigmas en torno a los derechos humanos, a finales del siglo XX, se desarrollan experiencias de educación y trabajo dirigidas a personas con discapacidad. A fines de los años 90, se crea El Puente Verde, una organización situada en el conurbano bonaerense, que desarrolla actividades formativas y productivas florihortícolas de manera agroecológica, integrando jóvenes y adultos con discapacidad. El objetivo general de este trabajo es describir el recorrido de El Puente Verde (EPV) hasta la actualidad y analizar su funcionamiento en términos sociales, productivos y económicos, identificando los factores que afectan/consolidan su funcionamiento a través de la combinación de herramientas metodológicas cualitativas y cuantitativas. Los resultados muestran que en la trayectoria de la organización se encuentran tres etapas, asociadas a su creación y consolidación como asociación, y a las crisis económicas que afrontó, que ponen en riesgo la continuidad del proceso desarrollado por EPV. Para el cumplimiento de sus actividades EPV articula con múltiples instituciones y áreas del Estado, por lo que, hasta el momento, los objetivos de la organización se siguen cumpliendo. Este trabajo pone en relieve las estrategias de educación y trabajo inclusivas, que para ser eficaces requieren de la articulación con las organizaciones del territorio. También subraya la importancia de los vínculos entre organizaciones, brindando referencias, contención y acompañamiento.

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Los objetivos de los programas y políticas de desarrollo rural pueden plantearse como la búsqueda de mayor 'bienestar' y diminución de la población en condiciones de pobreza. La situación de los jóvenes es al mismo tiempo parte de estos objetivos e indicador de las consecuencias de las políticas aplicadas. Durante la década de los noventa, se produjeron importantes cambios políticos, económicos y sociales, junto con transformaciones importantes en la agricultura. Esos cambios tuvieron impactos analizados para ámbitos urbanos, pero poco discutidos sobre los jovenes rurales. El objetivo de esta investigación es analizar el impacto de las transformaciones mencionadas sobre la situación de los jóvenes rurales, buscando discutir las derivaciones para el diseño de políticas y proyectos de desarrollo rural. Los resultados permiten concluir que la situación de desventaja de los jóvenes rurales se funda en determinaciones estructurales por la menor presencia del Estado que se mantuvo durante los noventa. El tipo de crecimiento agrícola no resultó transferido al conjunto de los jóvenes rurales, persistió la pobreza y se agravaron las condiciones de empleo. Los procesos migratorios hacia Buenos Aires no necesariamente se tradujeron en la incorporación a un mercado de trabajo diferente. Los proyectos de desarrollo en su actual adscripción al enfoque territorial debieran realizar esfuerzos para integrar a los jóvenes rurales a las políticas universales, de manera de asegurar los derechos básicos incluyendo el acceso a la tierra. La provisión de empleos dignos y posibilidades de estudio en los lugares de origen son las únicas garantías de que las migraciones sean opciones libres y voluntarias. Sin embargo, las migraciones de jóvenes rurales hacia las urbes pueden ser inevitables y es necesario capitalizarlos antes de su partida. Las derivaciones para la política pública deben considerarse como generales y rediscutidas a la luz de heterogeneidades de diverso tipo que nuevas investigaciones pueden retomar

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El calentamiento global consiste en el aumento de la temperatura de la tierra debido a la acumulación de los gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera. Estos gases son producidos por actividades de generación de energía, el transporte, el uso del suelo, la industria y el manejo de los residuos. El aumento de GEI en la atmósfera provoca cambios climáticos e impactos en un sinfín de actividades humanas, en la productividad de la agricultura y ganadería, en la infraestructura y turismo, y también daños en la salud. La comunidad científica considera que el aumento de la temperatura para el fin del siglo debería ubicarse en los 2° C, para de esta forma poder limitar los impactos del cambio climático. Ello implicaría restringir las concentraciones de los GEI en valores cercanos a los 450 ppm (partes por millón). El problema económico del cambio climático subyace en que las emisiones de GEI constituyen una externalidad global. Una externalidad ocurre cuando la producción o consumo de un bien afecta a terceros que no participan directamente en su producción, venta o compra. Cuando hay presencia de externalidades, los precios de mercado no reflejan todos los costos ni beneficios sociales asociados a la producción de un bien. En el caso puntual del cambio climático, los emisores de GEI no asumen el costo de emitir gases a la atmósfera. Existen diferentes instrumentos de política ambiental que influyen en la percepción del recurso ambiental por parte del agente económico y que por ende, se reflejan en las decisiones económicas que ellos toman. Todos ellos tienen por objetivo asignar un precio/costo al recurso ambiental. El objetivo de los mercados de emisiones es asignar un precio al carbono. En ellos, se intercambian derechos a emitir cierta cantidad de GEI. El mecanismo de desarrollo limpio (MDL) es un instrumento de mercado definido en el Acuerdo de Marrakech bajo el marco institucional del Protocolo de Kyoto (PK). El MDL establece que un país Anexo I (país desarrollado), con compromisos de reducción de emisiones, invierta en proyectos de reducción o captación de emisiones en un país No Anexo I (país en desarrollo sin compromisos de reducción), mediante la compra de reducciones certificadas de emisiones (RCEs) generados a partir de la implementación de los proyectos. Argentina ratificó el PK a través de la ley nacional 25.438 en el 2001. Como el país se encuentra comprendido en las Partes No Anexo I, sólo puede participar como país anfitrión de un proyecto MDL y ser oferente de RCEs. Hasta la fecha, Argentina desarrolló 65 proyectos que se encuentran en distinta etapa de aprobación nacional o registro internacional. La mayoría corresponden a proyectos vinculados con rellenos sanitarios y energías. Bajo este marco de desarrollo en el país, resulta valiosa la exploración de un caso implementado en la Argentina. El objetivo de la investigación consiste en analizar el mercado de carbono a través del mecanismo de desarrollo limpio y su implementación en una empresa agroindustrial argentina, Granja Tres Arroyos S.A., bajo el enfoque teórico de la Nueva Economía y los Negocios Agroalimentarios.

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El calentamiento global consiste en el aumento de la temperatura de la tierra debido a la acumulación de los gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera. Estos gases son producidos por actividades de generación de energía, el transporte, el uso del suelo, la industria y el manejo de los residuos. El aumento de GEI en la atmósfera provoca cambios climáticos e impactos en un sinfín de actividades humanas, en la productividad de la agricultura y ganadería, en la infraestructura y turismo, y también daños en la salud. La comunidad científica considera que el aumento de la temperatura para el fin del siglo debería ubicarse en los 2° C, para de esta forma poder limitar los impactos del cambio climático. Ello implicaría restringir las concentraciones de los GEI en valores cercanos a los 450 ppm (partes por millón). El problema económico del cambio climático subyace en que las emisiones de GEI constituyen una externalidad global. Una externalidad ocurre cuando la producción o consumo de un bien afecta a terceros que no participan directamente en su producción, venta o compra. Cuando hay presencia de externalidades, los precios de mercado no reflejan todos los costos ni beneficios sociales asociados a la producción de un bien. En el caso puntual del cambio climático, los emisores de GEI no asumen el costo de emitir gases a la atmósfera. Existen diferentes instrumentos de política ambiental que influyen en la percepción del recurso ambiental por parte del agente económico y que por ende, se reflejan en las decisiones económicas que ellos toman. Todos ellos tienen por objetivo asignar un precio/costo al recurso ambiental. El objetivo de los mercados de emisiones es asignar un precio al carbono. En ellos, se intercambian derechos a emitir cierta cantidad de GEI. El mecanismo de desarrollo limpio (MDL) es un instrumento de mercado definido en el Acuerdo de Marrakech bajo el marco institucional del Protocolo de Kyoto (PK). El MDL establece que un país Anexo I (país desarrollado), con compromisos de reducción de emisiones, invierta en proyectos de reducción o captación de emisiones en un país No Anexo I (país en desarrollo sin compromisos de reducción), mediante la compra de reducciones certificadas de emisiones (RCEs) generados a partir de la implementación de los proyectos. Argentina ratificó el PK a través de la ley nacional 25.438 en el 2001. Como el país se encuentra comprendido en las Partes No Anexo I, sólo puede participar como país anfitrión de un proyecto MDL y ser oferente de RCEs. Hasta la fecha, Argentina desarrolló 65 proyectos que se encuentran en distinta etapa de aprobación nacional o registro internacional. La mayoría corresponden a proyectos vinculados con rellenos sanitarios y energías. Bajo este marco de desarrollo en el país, resulta valiosa la exploración de un caso implementado en la Argentina. El objetivo de la investigación consiste en analizar el mercado de carbono a través del mecanismo de desarrollo limpio y su implementación en una empresa agroindustrial argentina, Granja Tres Arroyos S.A., bajo el enfoque teórico de la Nueva Economía y los Negocios Agroalimentarios.

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Los objetivos de los programas y políticas de desarrollo rural pueden plantearse como la búsqueda de mayor 'bienestar' y diminución de la población en condiciones de pobreza. La situación de los jóvenes es al mismo tiempo parte de estos objetivos e indicador de las consecuencias de las políticas aplicadas. Durante la década de los noventa, se produjeron importantes cambios políticos, económicos y sociales, junto con transformaciones importantes en la agricultura. Esos cambios tuvieron impactos analizados para ámbitos urbanos, pero poco discutidos sobre los jovenes rurales. El objetivo de esta investigación es analizar el impacto de las transformaciones mencionadas sobre la situación de los jóvenes rurales, buscando discutir las derivaciones para el diseño de políticas y proyectos de desarrollo rural. Los resultados permiten concluir que la situación de desventaja de los jóvenes rurales se funda en determinaciones estructurales por la menor presencia del Estado que se mantuvo durante los noventa. El tipo de crecimiento agrícola no resultó transferido al conjunto de los jóvenes rurales, persistió la pobreza y se agravaron las condiciones de empleo. Los procesos migratorios hacia Buenos Aires no necesariamente se tradujeron en la incorporación a un mercado de trabajo diferente. Los proyectos de desarrollo en su actual adscripción al enfoque territorial debieran realizar esfuerzos para integrar a los jóvenes rurales a las políticas universales, de manera de asegurar los derechos básicos incluyendo el acceso a la tierra. La provisión de empleos dignos y posibilidades de estudio en los lugares de origen son las únicas garantías de que las migraciones sean opciones libres y voluntarias. Sin embargo, las migraciones de jóvenes rurales hacia las urbes pueden ser inevitables y es necesario capitalizarlos antes de su partida. Las derivaciones para la política pública deben considerarse como generales y rediscutidas a la luz de heterogeneidades de diverso tipo que nuevas investigaciones pueden retomar