23 resultados para POLITICA GUBERNAMENTAL


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p.19-42

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p.213-223

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En la República Argentina habitan en la actualidad aproximadamente 18 pueblos indígenas registrados, pertenecientes a diversas etnias. Muchos de éstos son parte de los llamados beneficiarios de proyectos y/o programas generados principalmente desde el Estado. Dichas iniciativas han tenido diferentes efectos en las organizaciones indígenas, como en los aspectos productivos al interior de las comunidades. La provincia de Tucumán cuenta con 17 comunidades indígenas organizadas, las cuales han formado parte de los procesos mencionados. En el presente trabajo se abordan desde una mirada cualitativa los efectos que estas políticas públicas tuvieron en los pueblos originarios en las dimensiones socio-organizacionales y técnico-productivas, durante el periodo 2000-2010. Específicamente, se realizó esta investigación desde el método de estudio de caso, para lo cual se tomaron como referencia cuatro pueblos indígenas ubicados en diferentes zonas de la provincia de Tucumán. Los resultados obtenidos reflejan un escenario complejo donde existen diversos actores con su problemática particular y que en la mayoría de los casos poseen objetivos diferentes. Sin embargo estos actores interactúan entre si y en muchos casos se necesitan unos de otros. Este trabajo intenta visibilizar la situación por la que atraviesan las comunidades indígenas tucumanas, su relación con el Estado, y en este contexto las interrelaciones que se dan entre las partes. Las conclusiones no son absolutas, y permiten indagar o reflexionar acerca de la cuestión indígena en torno a su relación con el Estado, los equipos técnicos y hacia el interior de los propios pueblos originarios

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El calentamiento global consiste en el aumento de la temperatura de la tierra debido a la acumulación de los gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera. Estos gases son producidos por actividades de generación de energía, el transporte, el uso del suelo, la industria y el manejo de los residuos. El aumento de GEI en la atmósfera provoca cambios climáticos e impactos en un sinfín de actividades humanas, en la productividad de la agricultura y ganadería, en la infraestructura y turismo, y también daños en la salud. La comunidad científica considera que el aumento de la temperatura para el fin del siglo debería ubicarse en los 2° C, para de esta forma poder limitar los impactos del cambio climático. Ello implicaría restringir las concentraciones de los GEI en valores cercanos a los 450 ppm (partes por millón). El problema económico del cambio climático subyace en que las emisiones de GEI constituyen una externalidad global. Una externalidad ocurre cuando la producción o consumo de un bien afecta a terceros que no participan directamente en su producción, venta o compra. Cuando hay presencia de externalidades, los precios de mercado no reflejan todos los costos ni beneficios sociales asociados a la producción de un bien. En el caso puntual del cambio climático, los emisores de GEI no asumen el costo de emitir gases a la atmósfera. Existen diferentes instrumentos de política ambiental que influyen en la percepción del recurso ambiental por parte del agente económico y que por ende, se reflejan en las decisiones económicas que ellos toman. Todos ellos tienen por objetivo asignar un precio/costo al recurso ambiental. El objetivo de los mercados de emisiones es asignar un precio al carbono. En ellos, se intercambian derechos a emitir cierta cantidad de GEI. El mecanismo de desarrollo limpio (MDL) es un instrumento de mercado definido en el Acuerdo de Marrakech bajo el marco institucional del Protocolo de Kyoto (PK). El MDL establece que un país Anexo I (país desarrollado), con compromisos de reducción de emisiones, invierta en proyectos de reducción o captación de emisiones en un país No Anexo I (país en desarrollo sin compromisos de reducción), mediante la compra de reducciones certificadas de emisiones (RCEs) generados a partir de la implementación de los proyectos. Argentina ratificó el PK a través de la ley nacional 25.438 en el 2001. Como el país se encuentra comprendido en las Partes No Anexo I, sólo puede participar como país anfitrión de un proyecto MDL y ser oferente de RCEs. Hasta la fecha, Argentina desarrolló 65 proyectos que se encuentran en distinta etapa de aprobación nacional o registro internacional. La mayoría corresponden a proyectos vinculados con rellenos sanitarios y energías. Bajo este marco de desarrollo en el país, resulta valiosa la exploración de un caso implementado en la Argentina. El objetivo de la investigación consiste en analizar el mercado de carbono a través del mecanismo de desarrollo limpio y su implementación en una empresa agroindustrial argentina, Granja Tres Arroyos S.A., bajo el enfoque teórico de la Nueva Economía y los Negocios Agroalimentarios.

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El favorable contexto internacional en las últimas décadas permitió el crecimiento de la producción mundial de leche especialmente en países como Nueva Zelanda y Brasil. Sin embargo en Argentina el sector presenta desde hace diez años un estancamiento en los niveles de producción en torno de los 8 y 10 mil millones de litros anuales. El Sistema de Agronegocios Lácteo argentino (SAG)ocupa un lugar importante en la economía, no solo como generador de empleo y riquezas sino por la importancia que tiene el consumo de lácteos a nivel local como productos de primera necesidad. Esta tesis tiene como objetivo general analizar las principales restricciones y limitaciones en la alineación de dos transacciones clave en el SAG lácteo argentino -Producción - Industria e Industria - Distribución - a partir del análisis de las estructuras de gobernancia presentes en términos de precio, plazos, salvaguardas y activos específicos involucrados y de las relaciones de poder y dependencia existentes en ambas interfaces. Para ello se desarrolla y aplica un modelo teórico-metodológico que incorpora conceptos de La Nueva Economía Institucional y conceptos desde la literatura de los canales de distribución. Se encontró que las transacciones bajo estudio suceden en un ambiente institucional de por sí incapaz de proveer un marco regulatorio que pueda dar soluciones a las mismas, y además altamente turbulento, especialmente a partir de la intervención estatal desde 2005. La dependencia 'hacia adelante' entre los eslabones es una de las principales limitaciones del SAG, llevando a que los ajustes, esto es el ejercicio de poder, -manifestado a su vez en la apropiación de cuasi rentas- se trasladen hacia atrás en el SAG, recayendo predominantemente en los productores y las PyMEs industriales, existiendo un conflicto permanente. Las fallas en la fijación del precio, los plazos de contratación que no están acordes con la amortización de los activos específicos, la falta de salvaguardas que reduzcan la incertidumbre y activos específicos que no son bien remunerados en un ambiente institucional altamente turbulento, son las principales fallas en estas relaciones.

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Los objetivos de los programas y políticas de desarrollo rural pueden plantearse como la búsqueda de mayor 'bienestar' y diminución de la población en condiciones de pobreza. La situación de los jóvenes es al mismo tiempo parte de estos objetivos e indicador de las consecuencias de las políticas aplicadas. Durante la década de los noventa, se produjeron importantes cambios políticos, económicos y sociales, junto con transformaciones importantes en la agricultura. Esos cambios tuvieron impactos analizados para ámbitos urbanos, pero poco discutidos sobre los jovenes rurales. El objetivo de esta investigación es analizar el impacto de las transformaciones mencionadas sobre la situación de los jóvenes rurales, buscando discutir las derivaciones para el diseño de políticas y proyectos de desarrollo rural. Los resultados permiten concluir que la situación de desventaja de los jóvenes rurales se funda en determinaciones estructurales por la menor presencia del Estado que se mantuvo durante los noventa. El tipo de crecimiento agrícola no resultó transferido al conjunto de los jóvenes rurales, persistió la pobreza y se agravaron las condiciones de empleo. Los procesos migratorios hacia Buenos Aires no necesariamente se tradujeron en la incorporación a un mercado de trabajo diferente. Los proyectos de desarrollo en su actual adscripción al enfoque territorial debieran realizar esfuerzos para integrar a los jóvenes rurales a las políticas universales, de manera de asegurar los derechos básicos incluyendo el acceso a la tierra. La provisión de empleos dignos y posibilidades de estudio en los lugares de origen son las únicas garantías de que las migraciones sean opciones libres y voluntarias. Sin embargo, las migraciones de jóvenes rurales hacia las urbes pueden ser inevitables y es necesario capitalizarlos antes de su partida. Las derivaciones para la política pública deben considerarse como generales y rediscutidas a la luz de heterogeneidades de diverso tipo que nuevas investigaciones pueden retomar