17 resultados para Deuda pública -- Colombia

em Repositorio Institucional Universidad EAFIT - Medelin - Colombia


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En la medida en que la deuda corporativa ha tomado mayor dinamismo a raíz de la última crisis, para los estructuradores de portafolio se ha hecho primordial tener un referente que permita medir el desempeño de este tipo de inversiones -- A nivel internacional, el objetivo de desarrollar un benchmark que cumpla con los supuestos de liquidez, replicabilidad, estabilidad y universalidad ha sido una constante -- Adicionalmente, muchos índices se han enfocado en cubrir cada uno de los perfiles de riesgo de los inversionistas -- En Colombia, aunque se han dado pasos importantes hacia el desarrollo del mercado de deuda corporativa, aún no se cuenta con un índice que sirva de referencia para medir el desempeño de portafolios y cumpla con los mencionados supuestos -- Por lo cual, se hace inminente la aceleración de su profesionalización en la búsqueda de instrumentos que proporcionen una mayor rentabilidad comparada con aquella brindada por los de deuda pública, pero con un riesgo más moderado en comparación con los instrumentos de renta variable -- Este trabajo pretende hacer un análisis de la evolución y caracterización de este tipo de índices, desde la experiencia internacional, con el fin de plantear los principales lineamientos para la construcción de un índice que permita representar este segmento del mercado de valores colombiano

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La rendición de cuentas es una práctica nueva en Colombia -- Este estudio de caso caracteriza la implementación de esta herramienta por la gobernación del departamento de Antioquia en el período 2012-2015 -- Esta administración fue la primera que realizó rendición de cuentas en casi todos los municipios de un departamento y de forma virtual -- Esta caracterización y la exploración de las experiencias de las dos anteriores administraciones, permitirán evaluar si las prácticas de rendición de cuentas del gobierno de Sergio Fajardo son un aporte a la consolidación de una política pública de rendición de cuentas en Colombia

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Este libro se constituye en un esfuerzo para ayudar a que más personas diferencien el campo específico de las políticas públicas, buscando también que estos razonamientos y lenguajes se vuelvan de uso más común. En otras palabras, se ofrece un conjunto relativamente amplio de herramientas de las políticas públicas aplicadas a un área de política colombiana, con el fin de que nuestros “hacedores”2 de políticas cuenten con ellas para un mejor diagnóstico y con un ejemplo práctico de cómo utilizarlas. Cabe advertir que, además del público interesado en el área de juventud, se procura apelar a un público general que busca incorporar en su quehacer las herramientas del llamado análisis de políticas (policy analysis) para el diagnóstico de problemas.

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En primer lugar, se presenta un marco teórico sobre implementación de políticas públicas y operadores, que explica la importancia del análisis de la implementación de las políticas públicas en un proceso de reformulación de una política. En segundo lugar, se estudian algunos de los operadores más representativos de la Política de Juventud, operadores que ejecutan de forma independiente programas provenientes de la Secretaría de la Juventud. Sin embargo, el análisis no se agota únicamente con los operadores adscritos a la Secretaría de la Juventud, sino que se indaga por otros pertenecientes a otras secretarías que formulan proyectos para la población joven. Por último, se hace un análisis sobre el modo como los operadores están interviniendo en la Política Pública de Juventud, mediante decisiones que toman a la hora de implementar dicha política.

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En esta sección se analizan el uso y la aplicación de los instrumentos de gobierno en algunos programas de juventud. El objetivo de este análisis es entender, con mayor profundidad, las herramientas que son utilizadas para intervenir los problemas que ha identificado el Estado en una población o sector específico. En primer lugar, se presenta un marco teórico para comprender las discusiones principales sobre este tema y poder contar con una visión general sobre los instrumentos de gobierno, es decir, las herramientas de las cuales se sirve el gobierno local para ejecutar una acción pública. Este marco teórico se complementa con otra literatura que indica la manera como deben ser seleccionados dichos instrumentos y sobre las formas para evaluarlos cuando se está haciendo un análisis de implementación. Una vez construido el marco teórico, se analizan los programas de juventud de acuerdo con el uso de los instrumentos de gobierno. El análisis, entonces, se hace a partir de la información recolectada en las entrevistas realizadas a los operadores de los programas, así como con algunas secretarías encargadas de ejecutar los programas de manera directa. Además, se analiza la información de acuerdo con tres niveles de acción: el primero, que se compone de los programas de política universal, es decir, de programas dirigidos a toda la población; el segundo nivel contiene programas para población vulnerable y se denomina políticas de protección; y el tercer nivel de acción, dirigido a población vulnerada, pretende atender a los jóvenes que no han sido cobijados por las políticas del primer o segundo nivel y, por lo tanto, deben ser formuladas como políticas de recuperación. Esto, con el fin de sensibilizar el análisis a las condiciones de exclusión estructural.

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En este capítulo se hace un análisis profundo sobre la coordinación de las entidades públicas en torno a la política.Para ello, se tiene como base un marco teórico en el que se reconstruyen los desarrollos acerca de la coordinación, la gobernanza y la metagobernanza, como estrategias mediante las cuales el sector público optimiza sus esfuerzos para lograr los resultados esperados con las políticas, los programas y los proyectos que implementa. Luego se efectúa un análisis sectorial, en el que se identifican los esfuerzos y las apuestas de la Secretaría en temas de coordinación, especialmente de aquella coordinación que se da a través de espacios formales e institucionalizados de interacción. Dicho análisis se lleva a cabo por temas y sectores, identificando, además, los tres niveles diferenciados de intervención estatal.

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Teniendo en cuenta la apuesta institucional del Gobierno de llevar lo acordado en La Habana a la realidad de los territorios del país y la deuda histórica que hay con el campo colombiano, este documento se presenta como un análisis de la relación entre el conflicto armado y la ruralidad, las estrategias de política social y de reforma a la institucionalidad que se han propuesto, con el objetivo de fortalecer el desarrollo rural y asegurando su correspondencia con las necesidades de la población campesina. Para ello, en primer lugar se analiza la relación entre el conflicto armado y la ruralidad para el caso colombiano, haciendo énfasis en el desarrollo económico insuficiente y desigual y el sesgo anticampesino que lo ha caracterizado. Luego se expone una definición para el campesinado colombiano y su relación con la Política de Desarrollo Rural, de acuerdo con el análisis de las propuestas encontradas en dos documentos: el borrador del primer punto de los Acuerdos de La Habana y el informe de la Misión para la Transformación del Campo. En tercer lugar se presentan las Zonas de Reserva Campesina como iniciativas que contribuyen a la construcción de paz territorial, a partir de la exposición de su marco normativo y del análisis de los Planes de Desarrollo Sostenible. Finalmente se plantean algunas conclusiones en torno a la discusión sobre la cuestión rural y la construcción de paz en Colombia.

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Este trabajo revisa las diferentes etapas de la cadena de valor del narcotráfico en Colombia, empezando por el cultivo de la hoja de coca, pasando por el microtráfico en ciudades del país y el lavado de las rentas provenientes de este negocio. Asimismo, revisa las implicaciones que sobre la cadena del narcotráfico tiene la firma de un acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC. Esta revisión hizo evidentes dos retos principales de cara al posacuerdo: Primero, la lucha contra la cadena del narcotráfico se ha fundamentado en acciones dirigidas a los eslabones más fáciles de atacar, que a su vez son los menos valor agregado generan en el negocio. En particular, gran parte de los recursos se ha orientado a la reducción de cultivos ilícitos enfrentando campesinos cultivadores, con menos acciones dirigidas a la destrucción de laboratorios e interdicción, pocas al microtráfico y casi ninguna al lavado de activos. Esto tiene serias implicaciones sobre la legitimidad del Estado y sobre resultados tangibles que logren disminuir de manera significativa las rentas del tráfico de cocaína. Segundo, no es claro que el Gobierno Nacional tenga la capacidad de copar los espacios de control territorial que tienen hoy las FARC. Este grupo armado ilegal controla gran parte de los cultivos ilícitos de coca y pretende apoyarse en los cultivadores, entre otros, como base política en el posacuerdo. No obstante, es claro que otros grupos como el ELN y las bandas criminales tienen suficientes incentivos para, una vez las Farc estén por fuera del espectro político y se vean impedidas para obtener sus intereses por la fuerza, ampliar su control territorial sobre estas zonas. Una parte importante de las ganancias que trae el posacuerdo para el país dependerán de cómo se sortea esta situación. Este trabajo propone una revisión de estos retos, y contribuye a la discusión de política pública sobre las que se fundamentarán las instituciones del posacuerdo.

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Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el IASB (International Accounting Standar Board), nacieron como una necesidad mundial de estandarizar el lenguaje financiero y contable de las empresas -- Para cada país que las adopta, constituyen un medio que facilita el intercambio de bienes y la participación en el comercio mundial a través de los Tratados de Libre Comercio (TLC) -- A pesar de que las NIIF tengan aceptación mundial, cada uno de los países ha tenido que realizar procesos de adaptación con el fin de que las mismas se ubiquen en el contexto local y particular de cada nación -- La convergencia como tal en Colombia inició en el año 2009 con la expedición de la Ley 1314 y desde allí se iniciaron múltiples actividades que han tenido la participación de diferentes actores de la economía nacional, entre las que se destacan también las Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) -- No obstante, a partir de esta fecha, por medio de diferentes conceptos solicitados al Consejo Técnico de la Contaduría Pública, se sigue cuestionando la aplicación de las normas en este tipo de entidades (Véase Concepto 109 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública de febrero de 2015) -- A pesar de todo, a partir del año 2014, la convergencia a NIIF inició con las empresas más grandes del país, el resto comenzó a partir del 1 de enero de 2015 -- Las ESAL deberán encontrar entonces la mejor manera de incorporar las normas internacionales de contabilidad y el Gobierno nacional, al mismo tiempo, tendrá que ir realizando los ajustes necesarios para que esta etapa de transición de las normas tradicionales contables a las NIIF, se lleve a cabo sin mayores dificultades