8 resultados para FLORICULTURA - VEREDA RICAURTE, MUNICIPIO DE RONDÓN (BOYACÁ, COLOMBIA)

em Repositorio Institucional Universidad de Medellín


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El Municipio de la Ceja del Tambo se proyecta como una potencia deportiva y económica en el Departamento de Antioquia. Los notorios resultados deportivos en los Juegos Departamentales, que en los últimos años han oscilado entre el décimo primero y quinto lugar (haciéndole frente a municipios de gran tradición deportiva como los del área metropolitana y los de la región de Urabá) se han acompañado de las altas inversiones en infraestructura deportiva en cofinanciación con el gobierno nacional, son algunos elementos que dan cuenta del potencial local. La coherencia de los propósitos misionales del Instituto Municipal de Deportes con los objetivos del Plan de Desarrollo Deportivo del Departamento1, permiten en el mediano plazo la formulación de una Política Deportiva en consonancia al Plan de Desarrollo Deportivo Municipal 2011- 2021con el que actualmente se cuenta. A pesar de este logro de planeación local, el municipio no cuenta con una caracterización de la oferta y la demanda que dé cuenta de las necesidades en materia de deporte y recreación de sus ciudadanos, de los niveles de formación del talento humano que operan los organismos del sistema deportivo municipal, así como de la relación que existe entre las demandas de la población y la infraestructura municipal en la que se ofertan los servicios de deporte y recreación, situación que se constituye en un obstáculo para la formulación de una política pública sectorial municipal. Metodológicamente el proyecto se aborda desde el enfoque del desarrollo local y más específicamente, desde el concepto de desarrollo deportivo, tratando de visualizar un escenario en el que dicho municipio pueda desplegar capacidades que lo potencien en la región y en el departamento tanto en lo deportivo como en su dinámica social.

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El objeto de este trabajo es evaluar la estrategia en manejo de conflictos de la política nacional de gestión integral del recurso hídrico en el corregimiento de doña Josefa, departamento del Chocó en función de sus actores.

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Para la presente investigación el presupuesto participativo es asumido como un mecanismo de participación ciudadana que tiene como horizonte el mejoramiento de las condiciones de vida de la población de un territorio específico, espacio de deliberación y concertación, en el que participan diversos sectores sociales, gremiales, académicos, culturales y representantes de los gobiernos locales para la definición de programas y proyectos y la asignación de los correspondientes recursos para el desarrollo local. Según García, Domínguez, (2005) en Colombia las implementaciones del Presupuesto participativo han coadyuvado con objetivos de desarrollo del milenio, políticas pública, con el desarrollo local; arrojando impactos según las particularidades de contexto, progresos, perfeccionamientos, dificultades o estancamientos. Para el caso del presupuesto participativo en Itagüí, como una de las herramientas para la gestión pública de la sociedad civil organizada, se identifica que se ha apalancado en formulaciones estratégicas y financieras del Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015. Si bien el cumplimiento de metas de Plan de Desarrollo para la vigencia 2015, superan el 90% de las planteadas, no se evidencian los resultados esperados respecto a indicadores y metas que propenden por la democratización de la planeación para el desarrollo local a través de ejercicios de planeación local y presupuesto participativo, lo que deja sentado un margen de ineficacia en la gestión y ejecución del proyecto, y en el imaginario colectivo una percepción de deuda con las organizaciones sociales, comunitarias y comunales. Se buscará por tanto, interpretar características del comportamiento sobre el proceso en el último periodo de gobierno 2012-2015, los avances y aprendizajes obtenidos localmente para el aprovechamiento de la herramienta para la gestión pública del desarrollo en el municipio de Itagüí; a partir de contrastación y análisis de los lineamientos estratégicos establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal de Itagüí “Unidos Hacemos el Cambio 2012 -2015”, y las evaluaciones de los indicadores de producto del plan indicativo con corte a junio 30 de 2015. La investigación se apoyó en revisión documental, permitió obtener como conclusiones principales las siguientes: La falta de continuidad en los proceso de planeación participativa generan retrocesos y profundidad en brechas de comunicación y participación comunitaria en los asuntos de interés público. El plan de desarrollo municipal, si bien, ha garantizado el cumplimiento del marco legal e institucional para fortalecer la democracia participativa, no logra aún favorecer procesos vinculantes que potencien la capacidad de la comunidad y de las instancias de control, para incidir en las decisiones de gobierno y en las ejecuciones presupuestales relacionadas con el presupuesto participativo, incidiendo, en que el modelo de gestión pública participativa de Itagüí se encuentre en proceso de transición de la planeación representativa a la participativa.

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Esta investigación parte de las diferentes iniciativas que se presentan en el escenario nacional e internacional en torno a la intención por consolidar y mejorar la función de control social a la gestión pública que ejercen por mandato constitucional las veedurías ciudadanas, a partir de referentes que orienten la labor de sus integrantes, en el caso concreto del municipio de Envigado dadas sus características y la cultura de participación ciudadana que ha implementado. En ese sentido, se indaga acerca de ¿Cómo fortalecer el control social, a través del mejoramiento en la función de seguimiento a la gestión pública que desarrollan las veedurías ciudadanas en el municipio de Envigado? En este trabajo se propone un modelo para el fortalecimiento del control social a la gestión pública que ejercen las veedurías ciudadanas, como herramienta de consulta para el desarrollo de actividades de seguimiento real y efectivo a las diferentes actuaciones que enmarcan la gestión pública; desde la formulación misma de la Política de Participación Ciudadana y su nuevo marco normativo en Colombia, el análisis e identificación de otras publicaciones que buscan facilitar la labor del veedor ciudadano con guías, instructivos, entre otros; así como un análisis de los principales obstáculos que se presentan en su función, conforme algunos referentes de investigaciones al respecto.

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El presente trabajo de investigación pretende generar propuestas para garantizar la solvencia fiscal y financiera en el municipio de Envigado, solvencia que permitirá realizar con eficiencia, eficacia y efectividad la gestión necesaria para el logro de las soluciones a los problemas y necesidades de la comunidad, haciendo que se mejore el desarrollo económico y social con mejor calidad de vida. Igualmente la solvencia financiera propiciará un mejor posicionamiento del municipio en el Rankin del Departamento Nacional de Planeación y Ministerio de Hacienda en los indicadores de desempeño fiscal e integral, según las diferentes categorías del Formato Único Territorial (FUT) que reporta el municipio trimestralmente, como también el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Municipal. De acuerdo con lo anterior, el municipio de Envigado requiere mantener patrimonio suficiente para poder pagar la deuda pública, los pasivos exigibles y contingentes, tanto en el corto como en el largo plazo. Igualmente debe buscar siempre mantener condiciones de liquidez inmediata, es decir disponibilidad de dinero en las cuentas financieras bancarias a la vista que le permitan hacer frente a sus obligaciones. La investigación se fundamenta en el análisis y la síntesis, mediante el proceso de investigación aplicada respecto del marco referencial, buscando con relaciones de causa efecto en una matriz de riegos y mediante la evaluación, la acción y la valoración de impacto financiero. El actual trabajo tiene la razón de hacerse, ya que el municipio de Envigado carece de un proceso de planeación financiera adecuado que presupueste los ingresos, apropie los egresos y ejecute los mismos con equidad, eficiencia y efectividad, y le permita tener la solvencia fiscal para que preste eficazmente sus funciones en búsqueda de mejor desarrollo económico y social para la comunidad. El análisis de la investigación se hará obteniendo información de diversas fuentes, tales como: El Sistema local de Planeación Municipal - SLPM, Plan Estratégico Territorial – PET, Plan de Ordenamiento Territorial – POT, Políticas Públicas y Planes Sectoriales, Plan de Desarrollo Municipal, Planes Zonales de Desarrollo, Presupuesto Participativo, Programa de Gobierno, Marco Fiscal de Mediano Plazo, Plan Plurianual de Inversiones, Plan Operativo Anual de Inversiones, Plan Financiero, Presupuesto Anual y Plan Anual de Caja- PAC. La administración central municipal de Envigado debe garantizar a sus acreedores y a su comunidad en general la solvencia fiscal y financiera, así como la de sus nueve entes descentralizados para asegurar el buen desarrollo económico y social, pero también para evitar caer en ley 550 de 1999, ley de insolvencia fiscal, que ha dejado a muchos municipios con un estigma difícil de mejorar en el mediano plazo, lo anterior independientemente de las sanciones disciplinarias, pecuniarias y penales que reciben las administraciones responsables por acción u omisión al no orientar al municipio hacia la solvencia fiscal y financiera. La Ley 550 de 1999 desarrolla los artículos 334 y 335 de la Constitución Política de Colombia, estableciendo y regulando los instrumentos de intervención estatal en la economía, y en el capítulo quinto (V) regula su aplicación a las entidades territoriales y descentralizadas del nivel territorial, tales como los departamentos, municipios o distritos. Tener solvencia fiscal y financiera en el municipio evitará que se incumpla la mencionada Ley, que se tenga que celebrar un convenio interadministrativo entre el municipio y el ministerio de Hacienda y crédito público, con la obligación de corregir las deficiencias que presente en su capacidad de operación y en el cumplimiento de sus obligaciones pecuniarias, para que pueda recuperarse dentro del plazo estipulado y en las condiciones que se hayan previsto en el mismo acuerdo. (Art. 5 de la ley 550). Este convenio tiene efecto vinculante, tanto para los municipios como para la totalidad de los acreedores.

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Este artículo presenta los resultados de una investigación donde se usan la justicia ambiental y la comunicación para el cambio social como ejes teóricos. Se desarrolla con metodologías participativas en el contexto de las zonas rurales de Medellín durante el 2013. Su objetivo es identificar y clasificar las percepciones de los actores sociales que participan en la política de ordenamiento territorial. Los resultados que se encuentran son: (i) una gran diversidad de actores sociales, (ii) un alto nivel de dispersión de acciones en todo el territorio rural y (iii) unas identidades locales en constante cambio y reconstrucción, pero siempre asociadas a la ruralidad.El artículo finaliza subrayando algunas percepciones colectivas en respuesta a los efectos ambientales del modelo de expansión urbana y cómo los actores sociales de las cinco zonas rurales del municipio de Medellín cuentan con un legado de procesos de participación comunitaria con potencialidad para incidir con acciones locales en una justicia ambiental.

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A partir de la pregunta de investigación ¿Cuál es la política pública de planeación urbana de la ciudad de Medellín? el artículo presenta la denominada jerarquía normativa urbana especial como parte del referencial que ha dado y sigue dando lugar a la citada política pública. Para ello, inicialmente se reseña la figura de política pública dentro de la cual se definen las categorías de referencial de política y flujo decisional, propuestas en el modelo de análisis de Pierre Muller, desde las cuales se legitima la naturaleza pública de una política y se diferencia de la política de Estado o de gobierno. Seguidamente se abordan los componentes que conforman la jerarquía normativa urbana especial, comenzando por los desarrollados por la Corte Constitucional en su jurisprudencia; posteriormente los propuestos por la doctrina, frente a la cual se plantea la modificación de su esquema a partir de la derogación del artículo 7 de la Ley 388 de 1997, la actual composición de la función administrativa urbana desde la dispersión de competencias territoriales conferidas por ley, y el anacrónico rol de las áreas metropolitanas en materia urbana.

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El objetivo del artículo es conocer las condiciones sociolaborales de los médicos generales del municipio de Pasto en el año 2012. Los datos analizados provienen de la encuesta que aplicó la Academia Nacional de Medicina, capítulo Nariño, la Secretaría Municipal de Salud de Pasto y el Observatorio Social del Departamento de Sociología de la Universidad de Nariño a una muestra de 216 médicos. La descripción de los gráficos y tablas se realiza con base en los datos y se acompaña con explicaciones extraídas de la bibliografía consultada. Esta exploración arroja evidencias de precariedad que afectan la calidad de vida material y no material de los médicos