Cronología de la normatividad de los factores de riesgo psicosocial laboral en Colombia

Teniendo en cuenta que el aumento en los diferentes procesos de industrialización y globalización de la economía exigen unos estándares más altos de calidad, la Seguridad y Salud en el trabajo se han convertido en un valor agregado o una pieza clave para alcanzar certificaciones, abrir mercados, trabajar con estándares internacionales y cumplir con la normatividad tanto nacional como internacional. Con base a lo anterior, al exigir mayor productividad se ha incrementado el nivel de estrés en los trabajadores, tomando fuerza el estudio, valoración y prevención de los Riesgos Psicosociales a nivel laboral. Para ello, es necesario entender que el estar en un entorno laboral genera vulnerabilidad del trabajador ante los factores de riesgo presentes en el lugar de trabajo. Estos se pueden ver en la presencia de factores ambientales, familiares y personales, que aunque son inherentes a los seres humanos en el proceso de desarrollo, de no ser controlados, afectan directamente la salud de los empleados. En Colombia, la observación sistemática de los procesos de interacción de un trabajador con su puesto de trabajo, han llevado a reconocer la presencia de los riesgos psicosociales y, cómo éstos afectan los niveles de producción. Para beneficio tanto del trabajador como de las empresas, el Ministerio de la Protección Social, expide la Resolución 2646 de 2008, “por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional”. Por lo tanto, se considera pertinente el desarrollo de nuevos estudios sobre la cronología de la normatividad colombiana en cuanto a los riesgos psicosociales, cómo esta ha incidido en el mejoramiento de la salud mental de los trabajadores y en la generación de ambientes de trabajo saludables.

Evaluación de la estrategia en manejo de conflictos de la PNGIRH. Estudio de caso: territorio colectivo de doña Josefa, municipio de Atrato, Chocó

El objeto de este trabajo es evaluar la estrategia en manejo de conflictos de la política nacional de gestión integral del recurso hídrico en el corregimiento de doña Josefa, departamento del Chocó en función de sus actores.

Evaluación de las transferencias del sector eléctrico. El caso de San Carlos y el Oriente Antioqueño

Este artículo presenta los resultados obtenidos en la investigación hecha en los municipios del oriente de Antioquia, en particular en San Carlos, sobre las transferencias que el sector eléctrico les entregó durante los años comprendidos entre 2000 y 2012, en razón del aprovechamiento extensivo de los recursos naturales de la región (aguas y tierras) que las empresas generadoras de energía hacen en las regiones con asentamientos hidroeléctricos. Como conclusión, se observó una inequidad compensatoria en los municipios estudiados, dado que el criterio que ha primado para la entrega de las transferencias es la “capacidad instalada” y el criterio de “cuenca” por encima del criterio de “embalse”. Este último criterio se vincula más estrechamente con el consumo de tierras, y es el elemento más visible del aporte del capital natural de los municipios en los asentamientos hidroeléctricos.

Los estados de excepción en Colombia y aplicación del principio de proporcionalidad: un análisis de seis casos representativos

El artículo que se presenta a continuación da cuenta de cómo ha funcionado el principio de proporcionalidad en Colombia en el control de constitucionalidad de las declaratorias de los estados de excepción, a través de la evaluación de seis (6) casos de excepcionalidad a partir de 1991, cuatro (4) de ellos referidosa estados de conmoción interior, y dos (2) referidos a emergencias sociales. Se utilizó una metodología cualitativa que permitió describir la forma como la Corte Constitucional aplicaba o no el principio de proporcionalidad para hacer el examen de dichas excepcionalidades, dando cuenta de una matriz de análisis que describe los puntos clave de dicho principio, a saber: a) laexistencia de una crisis coyuntural y no de un daño estructural en cualquiera de los estados de excepción declarados; b) la no suspensión de los derechos humanos ni de las libertades fundamentales de las personas a quienes van dirigidas las medidas incluidas en este; c) la no interrupción del normal funcionamiento de las ramas del poder público; d) el ejercicio de las facultades solo para enfrentar eficazmente la anormalidad; la relación estricta entrecausa y anormalidad, y, en este sentido, la dirección de los decretos única y exclusivamente a conjurar las causas que dan origen a la excepcionalidad; e) la duración definida de los estados de excepción (Cifuentes, 2002), para concluir que la Corte Constitucional, en su aplicación del principio de proporcionalidad, no ha realizado un juicio exhaustivo de los requisitos que este incorpora, de tal forma que ha permitido una perpetuación del poder presidencial y un gobierno con poca separación de poderes.