7 resultados para Declaración de la Independencia

em Repositorio Institucional Universidad de Medellín


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Este trabajo compila estudios hechos tanto por historiadores profesionales como por íushistoriadores, esto es, por juristas que hacen la historia de las normas jurídicas, así como\' de su profesión. Desde hace algún tiempo se respiran nuevos aires que facilitan la labor interdisciplinaria, lo que no implica que se pierdan los acentos característicos en los discursos de unos y otros. Enhorabuena, se aumentan los espacios de intercambio de manera-tal que los íushistoriadorcs puedan encauzar desde el lenguaje técnico los relatos de los historiadores, y estos puedan encauzar desde los contextos socio-políticos los relatos de los iushistoriadores. En este sentido, este trabajo presenta otro mérito para el lector: el diálogo interdisciplinar, sin la pérdida de la identidad disciplinaria. Así las cosas, solo queda esperar que este esfuerzo de la Universidad de Medellín para rememorar el bicentenario de la experiencia constitucional gaditana repercuta de alguna manera al regenerar la memoria viva, la de las personas de hoy, sobre aquello que fue y que a pesar de haber sido nos dejó un legado a ser descubierto en todas sus dimensiones.

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El privilegio contra la auto incriminación es una garantía constitucional que protege a todo procesado de ser compelido a declarar en contra de sí mismo en una causa penal; la mencionada garantía hace necesario realizar un análisis en torno a los límites y alcances de dicho privilegio de cara a la posibilidad de que judicialmente se dé la autorización, previa solicitud motivada de la policía judicial o de la Fiscalía General de la Nación, de obtener muestras para cotejo que involucren al imputado aun cuando éste se niegue a dar su consentimiento para ello. Las posiciones respecto a los límites y alcances que pueda tener éste privilegio no son pacíficas y van desde considerar que únicamente aplica para el caso del testimonio del acusado o coacusado hasta afirmar que, además del testimonio o declaración, comprende la prohibición absoluta de usar el cuerpo humano como medio de obtención de evidencia probatoria que pueda llegar a desvirtuar la presunción de inocencia y causar que sea el mismo procesado quien se incrimine. Es por lo anterior que nuestra Corte Constitucional fincó su posición en considerar que el privilegio comprende únicamente la prohibición de obligar al procesado a declarar en su contra; dejando por fuera de su órbita de protección la posibilidad de suplir la voluntad del indiciado, imputado o acusado con una orden judicial dada por el Juez de Control de Garantías para la toma de muestras con fines de cotejo aun cuando dicha evidencia tienda a incriminarlo. El privilegio contra la auto incriminación es una garantía constitucional que protege a todo procesado de ser compelido a declarar en contra de sí mismo en una causa penal; la mencionada garantía hace necesario realizar un análisis en torno a los límites y alcances de dicho privilegio de cara a la posibilidad de que judicialmente se dé la autorización, previa solicitud motivada de la policía judicial o de la Fiscalía General de la Nación, de obtener muestras para cotejo que involucren al imputado aun cuando éste se niegue a dar su consentimiento para ello. Las posiciones respecto a los límites y alcances que pueda tener éste privilegio no son pacíficas y van desde considerar que únicamente aplica para el caso del testimonio del acusado o coacusado hasta afirmar que, además del testimonio o declaración, comprende la prohibición absoluta de usar el cuerpo humano como medio de obtención de evidencia probatoria que pueda llegar a desvirtuar la presunción de inocencia y causar que sea el mismo procesado quien se incrimine. Es por lo anterior que nuestra Corte Constitucional fincó su posición en considerar que el privilegio comprende únicamente la prohibición de obligar al procesado a declarar en su contra; dejando por fuera de su órbita de protección la posibilidad de suplir la voluntad del indiciado, imputado o acusado con una orden judicial dada por el Juez de Control de Garantías para la toma de muestras con fines de cotejo aun cuando dicha evidencia tienda a incriminarlo.

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La segunda publicación de los cuadernos de investigación hace honor a los resultados parciales de investigación sobre el tema del Bicentenario constitucional colombiano 1810-2010, terminada en 2009 y que se expusieron parcialmente ante un grupo selecto de investigadores de alto nivel académico. La publicación anterior fue consagrada a la independencia y revolución colombiana de 1810, lo que será complementado esta vez con unas pertinentes discusiones sobre la construcción del Estado colombiano. Es decir, cómo se ha estructurado ideológicamente e institucionalmente nuestro país y cuáles han sido los grandes aportes y los grandes errores que se han cometido institucionalmente en dos siglos de existencia republicana. Lo anterior, porque sabemos que nuestro Estado es considerado por algunos como un Estado inacabado o fallido. Por ello, tendremos que recordar en esta discusión que las instituciones fueron creadas con el único objetivo de organizar el poder y que estas son tan antiguas como el hombre mismo. En Colombia nosotros nos preguntamos quién ha ejercido el poder y bajo cuáles reglas. Es acá en donde las instituciones políticas, religiosas y jurídicas se entremezclan y otorgan un significado particular al uso que se le ha dado al poder. Desde la Grecia Antigua, pasando por Roma y el feudalismo, las instituciones se han utilizado como un instrumento de dominación, en algunos casos de perversión, para obtener el control de las personas sean estas consideradas individual o grupalmente. En muchos casos, el uso del poder ha degenerado en caos y destrucción, pero en otros ha servido para construir formas de comportamiento social que han hecho avanzar la humanidad. A nosotros nos corresponde mirar el contexto institucional colombiano, su evolución y sus perspectivas.

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Este es uno de los textos claves de la historiografía colombiana. Es una invitación a leer juiciosamente este libro, pues aunque no se compartan muchas de las ideas en él expuestas, ellas han tenido un peso decisivo en la conformación de la visión que se tiene hoy de la historia del país. Los personajes de la independencia en la obra del autor no son presentados en la forma idílica que una versión de la historia patria posterior ha difundido. Lejos de mostrar a estos héroes como prototipos de virtudes, amor por la patria, abnegación ante los infortunios, como modelos a seguir por las generaciones posteriores, en el, el autor señala las razones personales y de grupo que a su juicio los llevaron a actuar de una determinada manera. Así por ejemplo, la imagen que se da de la participación de Antonio Nariño en las luchas por el poder en el Estado de Cundinamarca en 1811 es la de un enemigo peligroso e insatisfecho por ocupar un cargo subalterno. La escritura de esta obra se enmarca dentro de la tradición de pensamiento racionalista del siglo XVIII.

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Corría el año 2008 y ya preocupaba el papel de la academia en la conmemoración de los doscientos años de la independencia colombiana. En medio de tales expectativas, en Antioquia, y más exactamente en la Universidad de Medellín, surgió una propuesta que congregaba a varias facultades de derecho de distintas instituciones de educación superior. Muy clara fue la intención del profesor Carlos Mario Molina Betancur al propiciar el acercamiento de las universidades Libre, de Manizales. Militar Nueva Granada y de Medellín -como anfitriona- mediante la formulación de un macroproyecto de orden histórico-jurídico que diera cuenta del proceso constitucional que había llevado a la Colombia de hoy. Así, le correspondió a la Universidad Militar la respetable y ambiciosa tarea de dar cuenta de la evolución constitucional de los derechos de los colombianos a lo largo del período bicentenario. La invitación reorientó las temáticas de investigación que se venían proponiendo y por momentos estimuló el espíritu de historiadores del derecho que había permanecido un tanto olvidado por algunos investigadores, el lenguaje se renovó y empezaron a surgir propuestas que con el tiempo se fueron convirtiendo en respuestas.

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Colombia se está iniciando en bioenergía y necesita de políticas e infraestructura para la producción de biocombustibles. En los últimos años, losbiocombustibles vienen avanzando apoyados por la adopción de decretos de ley que permiten la introducción de biocombustibles, mezclados, en primera instancia, con combustibles fósiles como la gasolina y el diésel. Este artículo de “revisión de tema” presenta el comienzo y desarrollo de los biocombustibles en Colombia y la situación actual de la producción, las empresas y las entidades que lideran este proyecto, con el fin de adoptar una fuente de energía renovable y sostenible. En el análisis de este tema sobre biocombustibles en Colombia se apunta un claro comienzo a la independencia de combustibles fósiles, con la premisa de una matriz energética sostenible que asegure el crecimiento de la industria, el desarrollo social y la preservación del ambiente. Por otro lado, se observa la tendencia mundial a la adopción de biocombustibles principalmente en países dependientes del petróleo, siendo los suramericanos como Brasil, Colombia y Argentina los abanderados en estas propuestas. Colombia presenta, a su vez, recursos en este ámbito en disponibilidad de tierras, mano de obra, políticas internas de consumo y producción, que coexisten con dificultades en desigualdad social, conflictos internos, monopolios y trabas políticas que podrían impedir inversión privada y extranjera

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Esta publicación presenta las II Jornadas Internacionales de derecho procesal, que para el año 2005 han girado en torno a las Nuevas Tendencias del Derecho Procesal Constitucional y Legal, pues se han trabajado temas sobre la coherencia y la transparencia del poder jurisdiccional, en tres perspectivas: 1) , porque la tensión entre la arbitrariedad o la independencia del juez se vincula contemporáneamente con la aplicación de la ley y de la Constitución. 2) , porque la objetividad en la protección de los derechos pende de la finalidad del proceso, la cual se debate actualmente entre descubrir la verdad formal o material, en otros términos, entre literalidad y activismo. 3) , porque como valor y principio sustento de la función judicial, mezcla la constitucionalización y la función social en el proceso, provocando una variación radical en la hermenéutica aplicable.