3 resultados para Normas institucionales

em Universidade Complutense de Madrid


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Bogotá, la capital de Colombia, es la ciudad con mayor población del país. Hacia el año 2014 la ciudad alcanza los 7.7 millones de habitantes que sumados a la población del área metropolitana, superan los 9 millones. Según el decreto ley 1421 de 19932, Bogotá está integrada por trece (13) sectores que se despliegan en tres niveles: a) nivel central: 16 entidades, b) nivel descentralizado: 31 entidades y c) nivel local: 20 localidades (Portel.bogota.gov.co, s.f). Desde el nivel central se lidera la formulación e instrumentación de las políticas públicas, en cuyo trazado convergen el cumplimiento el programa de gobierno del alcalde Mayor y el plan de desarrollo distrital, así como, procesos sociales que legitiman, desde lo local sus objetivos y metas. Sin embrago, la participación en diferentes proyectos de ciudad han nutrido mi experiencia profesional, pero sobre todo, han plantado interrogantes sobre los cuales he decido profundizar en el presente ejercicio académico, los cuales se citan a continuación: ¿Porqué, luego de intensivos y agotables ejercicios de formulación de políticas, en los cuales se integran múltiples intereses de la sociedad civil, el estado y el sector privado, en la etapa de implementación, los objetivos y metas no logran alcanzar los resultados esperados, como se deseó en el comienzo?. ¿Porqué, parecen insuficientes las capacidades institucionales que posee el distrito, para tramitar las políticas públicas que diseña, sobre todo en la fase de implementación, en la cual emergen la insatisfacción y el descreimiento social?...

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El uso de agua subterránea se ha visto en auge en las últimas décadas a escala global, gracias a los avances tecnológicos que han facilitado las extracciones y a los beneficios que aporta este recurso, como resiliencia frente a sequías. Un elemento a veces poco estudiado en el marco del uso intensivo ha sido la ausencia de instrumentos para la gobernanza del agua subterránea, es decir, la falta de herramientas institucionales y normas por parte de las autoridades y de los propios usuarios para regular la gestión y el uso del recurso. Las leyes y medidas que las autoridades del agua han establecido mediante métodos de regulación directa, como registro de extracciones, permisos y concesiones, y las declaraciones de sobreexplotación, no han sido suficientes para controlar y planificar el uso intensivo del agua. En algunos casos, las acciones colectivas de los propios usuarios, auto-regulándose y gestionando el recurso, han probado ser una fórmula más eficaz para su utilización y conservación, sin dar lugar necesariamente a una situación de “tragedia de los comunes”. Así se demuestra en la obra de Ostrom (1990) en la que se dan ejemplos de resolución de problemas comunes sin necesidad de la intervención de un tercero, ya sea organismo público o ente privado. Otra forma de regulación indirecta ha sido mediante la aplicación de otras políticas del sector agrario o energético, en zonas con acuíferos grandes o un gran número de usuarios (Aarnoudse et al., 2011; Shah 2012)...

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Actualmente en internet se puede encontrar información y materiales prácticamente de cualquier tema. Sin embargo los avances para clasificar y medir la calidad de los materiales han sido mínimos y dispersos. Cualquiera puede crear un material y publicarlo, pero nadie asegura ni garantiza que ese material será accesible o si sus contenidos serán adecuados para el estudio. Esta situación hace que, aunque se disponga de un número inabarcable de materiales, sea complicado recuperar aquellos con una calidad mínima. Este problema general se agudiza en dominios de formación, como el universitario, donde los profesores crean y actualizan continuamente sus materiales educativos digitales sin ninguna orientación sobre los requisitos mínimos para que sus materiales no tengan problemas técnicos – como portabilidad y durabilidad-, didácticos –como la coherencia entre objetivos y destinatarios, y formato y diseño adecuados al estudio- y, de accesibilidad –como garantizar la perceptibilidad del contenido audiovisual y textual-. En este contexto, se ha creado una norma UNE de calidad de los materiales educativos. Tomando como base dicha nota se ha desarrollado una herramienta web que implementa la norma y facilita la evaluación de la calidad de un material educativo digital. En el presente trabajo fin de grado se presenta la herramienta desarrollada, sus principales características y funcionalidades desarrolladas.