6 resultados para Las políticas públicas

em Universidade Complutense de Madrid


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Durante muchos años Costa Rica se ha reconocido por la construcción histórica de su Estado de bienestar, reconocido por el acceso igualitario y universal a la educación y la salud con avances significativos que le permite mantener indicadores de desarrollo humano en niveles comparados con los países desarrollados. Sin embargo, luego de la crisis internacional de 1980, que afectó fuertemente a Latinoamérica, Costa Rica, comenzó a sufrir una transformación en su modelo de desarrollo en un contexto de globalización neoliberal, en el que se fortalece cada vez más, el sector privado de servicios de bienestar, en especial, los servicios de educación y posteriormente, los dirigidos a la atención de la salud. Los servicios del Estado empezaron a sufrir recortes presupuestarios haciéndose más profundos dichos fenómenos a partir de la década de los 90́s en presencia de servicios públicos cada vez más deteriorados. Esta investigación explicará los cambios del Estado Costarricense por medio del estudio de las políticas públicas de salud establecidas a partir de 1990 y la transformación del sistema de salud, haciendo una construcción histórica de los principales acontecimientos y fenómenos desde una perspectiva del neo-institucionalismo histórico. El Ministerio de Salud, con la crisis de 1980 y la Reforma de 1990, se ve reducido en su función y presupuesto al ser trasladada a la Caja Costarricense de Seguro Social, los servicios de prevención de atención primaria, la cual debería ser asumida a partir de dicha reforma, con los recursos de las cuotas de cotización del seguro de salud. Los problemas de sostenibilidad financiera y una gestión política y administrativa que refleja lo expuesto en el enfoque de ¨ path dependence ¨ de las instituciones antes mencionadas, giraron alrededor de la crisis del sistema de salud, constituyéndose en uno de los principales temas relevantes del debate nacional. El deterioro de los servicios de salud, ha significado una oportunidad para el sector privado, donde los ciudadanos encuentran una opción para resolver sus problemas de salud, ante las largas listas de espera y la calidad del servicio, generado por problemas de infraestructura sumamente serios. La transformación del sistema de salud, conforme la teoría de sistema de salud, se resume en una financiación mayor del gasto privado, resaltando los gastos de bolsillo de los ciudadanos, ante la ausencia de un mercado de seguros. No obstante, con el Tratado de Libre Comercio, se espera en un futuro próximo, la consolidación de este mercado conjuntamente con un sector privado que ha diversificado todos sus servicios y ha visto crecer su demanda. Lo anterior, significa una variación en la prestación de servicios, que antes correspondían casi de manera exclusiva a la CCSS. Todo esto nos lleva a concluir sobre la transformación del sistema de salud que pasa de ser sostenido por las cuotas de la seguridad social a uno mixto con un alto componente de financiación y prestación de servicios privados. En ese nuevo contexto, la regulación es clave para garantizar una sana competencia de las empresas y la mayor información para los usuarios del servicio, sin embargo, Costa Rica refleja serias debilidades en esta regulación, por parte del Ministerio de Salud, cuya ausencia de rectoría encuentra dificultades ante una amplia gama de actores involucrados en las políticas de salud, que hace sumamente compleja las políticas públicas de salud. Los ciudadanos, reflejan una mayor preferencia hacia los servicios privados de la salud, ante las débiles políticas públicas que se desarrollan en el intento estatal de fortalecer su sistema de salud frente a una creciente mercantilización de los servicios de salud en Costa Rica, con riesgos de una ruptura de los principios solidarios y universales del Estado de Bienestar Costarricense

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La investigación tiene como objetivo central la confección de dos estudios de caso de las políticas de igualdad de Chile y Costa Rica, que enfatizan en sus concepciones de igualdad y estrategias, con el propósito de explicitar las bases conceptuales y programáticas de la igualdad entre mujeres y hombres como problema público. Las políticas de igualdad son relativamente recientes en América Latina y el Caribe. Su desarrollo toma fuerza en la década de los noventa del siglo pasado y son motivadas principalmente por un marco de compromisos y acuerdos supranacionales (mundiales y regionales) de carácter jurídico, que emanan de Convenciones y legislación nacional y político, que derivan de la IV Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing 1995) y su Plataforma de Acción, Conferencias Mundiales y Conferencias Regionales. El énfasis se pone en la fase de formulación de las políticas de igualdad, que comprende la definición de su modelo causal y la formulación de su programa de actuación político– administrativo, en concreto el análisis de los objetivos, instrumentos y procesos que deberán ponerse en práctica para el logro de la igualdad entre mujeres y hombres. Para tal efecto y utilizando el estudio de casos como método de investigación, se construyen y analizan los casos de políticas de igualdad de Chile y Costa Rica, tomando como referente una estructura y orientaciones metodológicas similares. El marco conceptual de la investigación profundiza en las definiciones y elementos que caracterizan a las políticas públicas; el género como categoría de análisis; la delimitación y alcance de los conceptos de no discriminación, equidad e igualdad; las definiciones de políticas de igualdad de oportunidades, políticas de equidad de género y políticas de igualdad de género; y la transversalidad de género como estrategia de política pública...

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El presente trabajo de investigación se ha centrado en las decisiones de las políticas sanitarias de los modelos de National Health Service descentralizados, cuyo study case se ha focalizado en los casos de la Comunidad de Madrid y la Región de Lombardía. La política sanitaria constituye uno de los pilares fundamentales del Estado de Bienestar, siendo una de las políticas públicas de mayor peso e importancia en términos de legitimidad política. Su formulación, programación y puesta en marcha dependen de la voluntad política de los gobiernos, de la existencia de alternativas y recursos, pero también de la interacción de una pluralidad de actores, que se encuentran implicados en los mecanismos de decisión. Varios países europeos iniciaron un largo recorrido en la transformación de sus propios modelos sanitarios en las últimas décadas del siglo pasado, coincidiendo con la crisis del Estado de Bienestar. De hecho desde mediados de la década de los 70 a mediados de los 90, varios países europeos emprendieron reformas de signo neoliberal en campo sanitario, endureciendo los criterios de elegibilidad para poder beneficiarse de los servicios o introduciendo copagos. Las decisiones tomadas al respecto han derivado en múltiples expresiones, en cuanto a modelos sanitarios se refiere, pero también en diferentes procesos de reformas, llevadas a cabo con una flexibilidad distinta, adaptándose al terreno concreto y circunstancias de cada país. Es necesario recordar que los sistemas sanitarios europeos se forjaron en el periodo de maduración del Wefare State (1960-19752), cuando éste asumió la responsabilidad de la producción directa de bienes y servicios. Pero al entrar en crisis, el Estado del Bienestar tuvo que afrontar su propia transformación adecuándose a las exigencias del contexto económico y social, sin desatender el compromiso generado en su origen con los ciudadanos. Sin embargo, hoy día esa transformación, está ligada al surgimiento de nuevos problemas colectivos (Dente y Subirats, 2014, pag.44). Concretamente y en relación a la política sanitaria, estos problemas son derivados del aumento de los costes asistenciales, a su vez ocasionados por la innovación de las nuevas tecnologías, pero también por el envejecimiento de la población...

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Probablemente la innovación tecnológica sea uno de los escasos campos donde la inmensa mayoría de los gobiernos han puesto en marcha políticas públicas de apoyo, con independencia de la ideología de los gobernantes o del nivel territorial de la administración correspondiente: nacional, regional, local o incluso supranacional. Esta rara unanimidad se debe al convencimiento de que a) la innovación tecnológica desempeña un papel esencial en el desarrollo de las economías, máxime en un tiempo que se ha definido como el de la Economía del Conocimiento y b) que el mero funcionamiento de las fuerzas del mercado no asigna con eficacia los recursos necesarios para lograr el óptimo en la innovación, entre otras razones porque la tecnología y la innovación, como toda forma de conocimiento, tienen características de bien público. Por ello, su posesión por parte de un agente no excluye a otros, provocando así la existencia de externalidades entre los agentes que no son bien ponderadas por los mercados.

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En México, desde finales del siglo pasado la noción de patrimonio cultural se modificó con respecto a la visión que a lo largo de gran parte del siglo XX se tuvo de ésta. Las ciudades prehispánicas con sus templos, palacios y centros ceremoniales, los inmuebles coloniales y los objetos culturales destacados de ambos períodos, ahora comparten su título patrimonial con los restos de asentamientos campesinos, viviendas, artesanías, tecnologías tradicionales y otras manifestaciones de la cultura material y del folclor popular, además del patrimonio paleontológico y el ecológico o natural. El desarrollo de la idea de este patrimonio despertó una conciencia de reivindicación de lo propio, un rechazo al centralismo y un programa de búsqueda de conservación, protección y uso del patrimonio cultural en beneficio de los sectores y personas encargados de su producción. Los grupos antes marginados, se convirtieron desde entonces en autogestores directos de la reproducción, conservación y difusión de su propio patrimonio, como lo muestran las acciones de comunidades indígenas y campesinas, de pueblos y ciudades, y de sectores urbanos populares, que han reivindicado su participación en la definición, el uso y manejo de su patrimonio cultural. Sin embargo, y a pesar de que en el discurso oficial de gobierno se habla de un “patrimonio cultural común a todos los mexicanos”, la realidad en el país muestra que en la sociedad mexicana existen muy diversos sectores entre la población con una serie de relaciones asimétricas de dominación-subordinación, que reflejan también sus diferencias en la manera como se concibe, percibe y apropian de dicho patrimonio cultural en común. La presente ponencia aborda la problemática existente sobre la percepción, uso, disfrute e interpretación del patrimonio cultural en la Ciudad de Puebla, México, la cual además de estar considerada desde 1987 como Patrimonio de la Humanidad, concentra la mayor cantidad de población en pobreza urbana a nivel nacional.

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La redacción de las directrices y los procedimientos administrativos que hacen virtualmente posible la inmigración, contribuyen a construir no sólo los itinerarios personales sino también el imaginario social sobre la alteridad. El principal objetivo de este artículo es poner de relieve —mediante el análisis discursivo de las Hojas informativas publicadas en la WEB del Ministerio de Empleo y Seguridad Social— cómo la construcción social del emigrante/inmigrante y el proyecto migratorio topan con unas representaciones y envites, instituidos y refrendados en y por la propia formulación de la reglamentación, pero no del todo explícitos. Entendiendo el texto como una acción que genera otras acciones, se examinan las consecuencias que tiene sobre la práctica social de los inmigrantes. En suma, se trata de vislumbrar los elementos (terminología, fórmulas, esquemas y prácticas inducidas) que van constituyendo al inmigrante como agente social subordinado a micro-procesos y relaciones que se le escapan en gran parte, y van marcando su propia capacidad de acción. En conclusión y retomando la distinción sugerida por Foucault entre ‘principio de diferencia’ y ‘principio de indiferencia’, se muestra que mientras el primero rige las cláusulas generales, el segundo articula las específicas.