Informe de Economía e Instituciones

Resumen: En su segundo número el Informe de Economía e Instituciones cuenta con tres columnas que abordan temas teóricos y de política económica con respecto al ámbito institucional. En la primera, Inversiones en Energía Eléctrica e Instituciones en Argentina, Fernando Nicchi, aborda la cuestión de la inversión en energía eléctrica, tomando como punto de partida el desabastecimiento de energía eléctrica que se pronosticó en el 2004 y que recién hoy se comienzan a sufrir las consecuencias. Para evitar que falte la energía se necesita nuevas inversiones, pero dado el alto costo hundido que este tipo de servicio provoca, no hay muchas empresas que estén dispuestas a invertir sus capitales en él. El Estado centra en el plan Energía Plus la solución para atraer a los inversionistas. Pero aun así el problema persiste. Aquí entra en escena el papel que juegan las instituciones, éstas son las reglas de juego que perciben los actores y que modifican su acción en consecuencia. De esto se deriva que no hay nuevas inversiones, debido a la incertidumbre en las reglas del juego. En la segunda columna, No es economía, estúpido, Alicia Caballero, realiza una argumentación de porqué los problemas de la economía no son estrictamente técnicos o de instrumentos sino más bien institucionales. Para ello presenta una comparación entre la importancia que tienen las instituciones en Brasil, en contraposición con la importancia que se le da en Argentina. Brasil fijó hace décadas su mirada en el futuro a través de gobiernos de diferentes partidos políticos con igual respeto por ciertos ideales. La Argentina, en cambio, zigzaguea y discontinúa, como forma de un gobierno de plasmar el rechazo por la gestión del anterior. Recalca la debilidad institucional y la dificultad de un proceso de desarrollo sin una base institucional sólida. En la tercera columna, Bases doctrinales y los Cambios Institucionales, José María Dagnino Pastore, parte del enfoque global de la disciplina económica de Francisco Valsecchi, la que comprende tres partes: el deber ser, lo que es y lo que puede hacerse. La doctrina económica influye en el análisis y en la realidad, y se deben tener en cuenta los principios y valores implícitos. En este sentido se plantea la posibilidad de compatibilizar los valores éticos con la actividad económica. Para ello se analiza la doctrina, definida como la sistematización filosófica de principios y valores, concluyendo que la base doctrinaria da sustento al enfoque del marco institucional. Por último se muestra como estos aspectos operan en la realidad en un tema de relevancia actual en nuestro país como es la inseguridad.

La mitad de la población continúa sin tener un empleo decente y esto explica la crítica situación social

Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares que el INDEC ha vuelto a publicar recientemente revelan que en la Argentina hay 4,4 millones de personas con empleos informales de mala calidad y 1 millón de desempleados. Esta evidencia demuestra que a pesar del crecimiento económico y de las medidas implementadas en los últimos años, los problemas laborales continúan sin resolverse. La devaluación del año 2002 indujo una importante generación de empleos sustentada en la erosión del salario real, pero este modelo se ha agotado. Ahora es necesario implementar una fuerte modernización de las instituciones laborales, con énfasis en un régimen especial para las microempresas que concentran un alto porcentaje del empleo privado no registrado y operan con una lógica de “trabajo – trabajo”

Experiencia social y tradición en el derecho penal

Resumen: El delito penal es aquello que la tradición, vivida en la experiencia de la familia y de la comunidad, permite a cada uno reconocer como un grave alejamiento de lo verdadero, lo bueno y lo correcto. El fundamento de la punibilidad penal es la imputación, el reconocimiento de la pertenencia del delito al sujeto como a su causa. Se intenta mostrar cómo este vínculo del derecho penal con la tradición jurídica sufrió dos rupturas: con el iluminismo jurídico y el kantismo se separó la imputación jurídica de su fundamento moral y con la codificación, se quebró la unidad del derecho penal universal fundado en lo bonum et aequum otorgando prevalencia a la idea de la legalidad esclava de los intereses de los Estados. Al mismo tiempo, se produjo una segunda ruptura: se predica una responsabilidad que se atribuye desde afuera, en forma objetiva, a centros de imputación –con frecuencia colectivos– que realizan la producción industrial. Así, según exigencias de la seguridad y la salud, el derecho penal se transforma en un instrumento de la política criminal y los contornos del tipo penal se operan a través de jueces y fiscales en prevención de las consecuencias futuras del “riesgo” progresivo de la producción industrial. La nota dominante es el “riesgo” colectivo y no el “hecho”.