Experiencia social y tradición en el derecho penal

Resumen: El delito penal es aquello que la tradición, vivida en la experiencia de la familia y de la comunidad, permite a cada uno reconocer como un grave alejamiento de lo verdadero, lo bueno y lo correcto. El fundamento de la punibilidad penal es la imputación, el reconocimiento de la pertenencia del delito al sujeto como a su causa. Se intenta mostrar cómo este vínculo del derecho penal con la tradición jurídica sufrió dos rupturas: con el iluminismo jurídico y el kantismo se separó la imputación jurídica de su fundamento moral y con la codificación, se quebró la unidad del derecho penal universal fundado en lo bonum et aequum otorgando prevalencia a la idea de la legalidad esclava de los intereses de los Estados. Al mismo tiempo, se produjo una segunda ruptura: se predica una responsabilidad que se atribuye desde afuera, en forma objetiva, a centros de imputación –con frecuencia colectivos– que realizan la producción industrial. Así, según exigencias de la seguridad y la salud, el derecho penal se transforma en un instrumento de la política criminal y los contornos del tipo penal se operan a través de jueces y fiscales en prevención de las consecuencias futuras del “riesgo” progresivo de la producción industrial. La nota dominante es el “riesgo” colectivo y no el “hecho”.

Abstract: The criminal offense is what tradition, lived in the experience of family and community, allows each recognized as a serious departure from the true, the good and right. The basis for criminal imputation is punishable, the recognition of belonging to the subject of crime and its causes. It attempts to show how this link with criminal law legal tradition suffered two breaks: the enlightenment and kantian legal imputation of its moral foundation was removed and the coding unit broke universal criminal law founded in bonum et aequum granting precedence to the idea of the legality of the slave interests of States. At the same time, there was a second break: a responsibility that is attributed from outside, objectively, a complaint centers –often collective– performing industrial production is predicated. Thus, according to the requirements of safety and health, criminal law becomes an instrument of criminal policy and criminal contours are operated by judges and prosecutors in preventing future consequences of the progressive “risk” industrial production. The dominant note is the collective “risk” and not “fact”.