7 resultados para Estatutos -- Reforma

em Archivo Digital para la Docencia y la Investigación - Repositorio Institucional de la Universidad del País Vasco


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Las dudas que aún se mantienen en pie tras varias décadas de debate teórico, los menores niveles de inflación existentes en la actualidad, las dificultades financieras planteadas por la persistencia de los tipos de interés en niveles altos durante muchos años, la necesidad de tasas mayores de crecimiento para reducir los niveles de desempleo y déficits públicos acumulados son razones que han ido inclinando la balanza hacia un menor peso de la política monetaria restrictiva en la combinación actual de instrumentos de política económica. Aunque no sin reticencias, la política antiinflacionista parece alejarse del planteamiento tradicional y situarse más en otros terrenos. El relevo lo están tomando la política salarial, la reforma del mercado laboral, la disminución del déficit público, la política de competencia y, en menor medida, la política industrial.

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En un sistema de reparto las pensiones del periodo se financian con las cotizaciones del mismo período, de tal forma que las pensiones de los cotizantes de hoy se pagarán con las aportaciones de los futuros trabajadores. La transición por lo tanto, supone que quienes hoy estamos cotizando deberíamos seguir cotizando y al mismo tiempo, formar nuestro ahorro para el futuro. Otra posibilidad sería aumentar el déficit público. En definitiva, un coste que alguién debe asumir.

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En España tras la entrada en vigor en julio de 1988 de la Ley de Auditoría de Cuentas, conviven la auditoría privada (aplicable a las empresas sujetas a la legislación mercantil), regulada por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, y la auditoría pública o fiscalización que no tiene ningún órgano regulador y es ejercida por el Tribunal de Cuentas, recogido en la Constitución Española y regulado por la Ley Orgánica, 2/1982, de 12 de mayo, y por los Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas que así lo tengan establecidos en sus respectivos Estatutos de Autonomía y regulados en sus correspondientes leyes de creación. Una y otra auditoría han sido cuestionadas en los últimos tiempos con la llegada de la crisis a nuestro país, llegando a ponerse en entredicho su utilidad y en el caso de la auditoría pública, incluso la continuidad de los Órganos de Control Externo en el informe de la Comisión para la Reforma de la Administración (CORA). Con el presente trabajo que hemos denominado “El control externo: La auditoría de cuentas anuales frente a la auditoría pública”, pretendemos analizar las posibles diferencias y similitudes entre ambas tipologías, examinando las exigencias legales que se precisan para ejercer ambos tipos, las diferentes regulaciones a las que están sujetas, los procedimientos que utilizan, los distintos tipos de informe y los destinatarios de los mismos, entre otras cuestiones y proponer, en la medida de lo posible, medidas que puedan suponer cambios positivos en cuanto a la colaboración entre ambas, así como una mayor confluencia en los procedimientos y en la normativa que las regulan.

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La incorporación de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas a nuestro ordenamiento jurídico se produce con la publicación de la LO 5/2010, pero no ha sido hasta la nueva Ley Orgánica 1/2015 del pasado 31 de marzo en la que el legislador ha esclarecido los requisitos que la Persona Jurídica debe cumplir para poder eximir su responsabilidad. Se llevará a cabo un exhaustivo estudio en Castellano de los dos pilares fundamentales de la nueva reforma legislativa; los programas de prevención de delitos penales y el encargado de los mismos.

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El siguiente Trabajo Fin de Grado analiza las particularidades de la “Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social”. El trabajo se centra principalmente en los dos componentes que constituyen la ley anteriormente citada, por un lado en el Factor de Sostenibilidad y por otro lado en el Índice de Revalorización de las Pensiones.