El análisis del coste del ciclo de vida como herramienta para la evaluación económica de la edificación sostenible. Estado de la cuestión

El presente trabajo expone el estado actual de la cuestión en referencia al análisis del coste del ciclo de vida (CCV) aplicado a la edificación. Las diferentes metodologías desarrolladas en torno a este concepto constituye una herramienta destinada a la evaluación de las distintas opciones de proyecto desde una perspectiva de eficiencia económica medioambientalmente sostenible. Basado en la obtención del valor actual de los costes y beneficios futuros asociados a las decisiones del proceso de edificación, el análisis CCV representa un cambio de paradigma: opone una visión a largo plazo frente a la perspectiva tradicional que aspira a la obtención de una rentabilidad inmediata con una mínima inversión inicial, ignorando sus efectos económicos y medioambientales futuros. El objetivo del artículo es la revisión de la metodología CCV y su implantación en un contexto global, analizando su proceso de desarrollo y los criterios de discusión de resultados. Se concluye con un estudio crítico de las posibilidades de adaptación del método a la estructura del sector inmobiliario español, proponiendo su integración en un sistema de contratación pública sostenible.

La suspensión del planeamiento y la ordenación provisional urgente no legitiman la omisión del trámite de información pública (Comentario a la STS de 5 de febrero de 2014)

Los planes de ordenación tienen vigencia indefinida, sin perjuicio de su revisión o modificación cuando proceda. La revisión puede tener lugar por la adopción de un modelo territorial distinto o por agotamiento de sus previsiones, pero también para defender intereses de ámbito supramunicipal, para lo que está prevista la intervención autonómica ordenando al Municipio proceder a la misma. En efecto, el órgano colegiado superior de la Comunidad Autónoma puede suspender motivadamente, total o parcialmente, la vigencia de los planes urbanísticos a efectos de su modificación o revisión para salvaguardar la eficacia de las competencias autonómicas o por razones justificadas de interés público.