La financiacion publico-privada (PPP-PPI) como alternativa a la rehabilitacion del patrimonio del estado

En la actualidad, la administración española tiene pocos recursos económicos disponibles para la rehabilitación del patrimonio, para lo cual necesitarían una financiación externa, realizada por fondos privados. La Dirección Integrada de Proyecto (“Project Management“) aplicada al proceso constructivo es una Técnica Metodológica que ayuda a organizar, controlar y gestionar los recursos de los promotores dentro del proceso edificatorio. Cuando los recursos están limitados (que normalmente es la mayoría de las situaciones) gestionarlos de una manera eficiente se convierte en algo muy importante. La financiación público-privada es una forma de no consolidar la deuda dentro del balance de la Administración Pública, según los criterios del SEC-95 EUROSTAT que, transfiriendo dos riesgos de los tres citados a continuación al sector privado puede ser que no se consolide la deuda dentro del balance de la Administración. Los riesgos fundamentales son: - Riesgo de construcción - Riesgo de disponibilidad - Riesgo de demanda

Asignación de Riesgos en las Concesiones de Autopistas de Peaje españolas: ¿qué debemos mejorar?

El gobierno español licitó desde finales de los años 90 hasta 2004 más de 15 autopistas de peaje de nueva construcción. Se quería desarrollar una red completa de vías de gran capacidad que permitiese a España ser más competitiva, y al mismo tiempo cumplir con las restricciones presupuestarias impuestas por la Unión Europea para acceder al Euro sin frenar el desarrollo e inversión en infraestructuras de transporte. El presente artículo indaga en la asignación de riesgos que se hizo en estas autopistas y las causas que han llevado a la reciente renegociación de muchas de ellas. Del mismo modo, estudia si la asignación de riesgos tras las renegociaciones ha sido la más eficiente y beneficiosa para la sociedad. A partir de los resultados obtenidos, se reflexiona sobre cómo deberían asignarse los riesgos en futuros paquetes de autopistas.

Reparto de riesgos en concesiones de infraestructuras ante la crisis económica

Los contratos de concesión se basan en el principio de riesgo y ventura del concesionario. Tradicionalmente, los riesgos de construcción y demanda han sido asignados íntegramente a las sociedades concesionarias. Sin embargo, la realidad ha demostrado que los costes de construcción se subestiman mucho y los niveles de tráfico suelen ser inferiores a lo inicialmente planificado. La situación económica actual ha incrementado aún más las desviaciones que ya existían entre los niveles de tráfico previsto y real. Esta situación, unida a los sobrecostes por expropiaciones a los que tienen que hacer frente muchas de las últimas concesiones adjudicadas por la Administración estatal, las ha puesto al borde del concurso. La Administración se ha visto obligada a adoptar medidas para tratar de evitar que las sociedades concesionarias entren en concurso porque, entre otros motivos, esa situación repercutiría directamente en un incremento del déficit público en un momento en el que los poderes públicos se centran en reducirlo. La crisis económica ha venido a reabrir el debate sobre cuál es el reparto de riesgos más adecuado para garantizar el éxito de los contratos de concesión. Este trabajo tiene por objeto reflexionar sobre nuevas fórmulas de asignación de riesgos en los contratos de infraestructuras que contribuyan a que éstos lleguen a desarrollarse con éxito.

Optimización de la transferencia de riesgos en los contratos de infraestructuras y servicios públicos

En este trabajo se desarrolla un modelo basado en la teoría de los incentivos para analizar la asignación óptima de los riesgos en los contratos de infraestructuras y servicios públicos, en un entorno de información asimétrica entre principal (Administración Pública) y agente(socio privado), y de aversión al riesgo de este último. La principal conclusión del trabajo es que, en un contrato óptimo, la transferencia del riesgo de demanda al socio privado será mayor, frente al riesgo de disponibilidad, en la medida en que tengan mayor incidencia aquellas dimensiones de la calidad del servicio que puedan ser observadas por los usuarios pero no verificadas por la Administración.