986 resultados para environmental fiscal reform


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Critical Issues in Environmental Taxation: International and Comparative Perspectives: Volume VI, 699-715

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Brazilian fiscal reform got to deadlocks because proposals tried to avoid considering federal relations. There are two main types of federal relations: the competitive and the cooperative. In both types is possible to observe coordination mechanisms. Brazilian federalism is a mixture of both types what leads to difficulties finding solutions. We argue that is more important to find mechanisms to facilitate cooperation than to discuss the qualities of any alternative fiscal structure. Fiscal reforms brings along a great deal of uncertainty. So it is important to discuss the reform timing and the compensation mechanisms before hand.

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FOOD-CT-2007-036298: AquAgriS. Project co-funded by the European Commission within the Sixth Framework (2002-2006)

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First edition published under title: Outline of Louis F. Post's lectures; second and third editions, The single tax; fourth and fifth editions, Taxation of land values.

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Includes bibliography

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The euro area is facing crisis, while the US is not, though the overall fiscal situation and outlook is better in the euro area than in the US, and though the US faces serious state-level fiscal crises. A higher level of fiscal federalism would strengthen the euro area, but is not inevitable. Current fiscal reform proposals (strengthening of current rules, more policy coordination and an emergency financing mechanism) will if implemented result in some improvements. But implementation might be deficient or lack credibility, and could lead to disputes and carry a significant political risk. Introduction of a Eurobond covering up to 60 percent of member states’ GDP would bring about much greater levels of fiscal discipline than any other proposal, would create an attractive Eurobond market, and would deliver a strong message about the irreversible nature of European integration.

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The Real Plan has succeeded in stabilizing the Brazilian inflation. The consumer price inflation has been reduced from 11260 percent per year, in June 1994, to an estimate of 8 percent in 1997. The lower inflation resulted in a remarkable income distribution, and in an increased private consumption. The plan managed to control the inflationary effects of the increased demand with some traditional measures: A more liberalized economy, a moving (and overvalued) exchange rate band, high interest rate differentials, and a tight domestic credit policy. The government has, so far failed to accomplish the fiscal adjustment. The price stabilization has largely depended on the current account deficit. However, macroeconomic indicators do not present reasons for concern about the current account sustainability, in the medium-run. The economy may be trapped in a low-growth vicious cycle, represented by a stop-and-go trend, due to the two-way endogencity between domestic saving and growth. Economic growth depends on policies in increase the public sector saving, to secure the privatization of the State enterprises, and to promote investments. The major problem for the government action is, as always, in the political sphere. Approximately 80 percent of the Central Government net revenue are allocated to the social sectors. Consequently, the fiscal reform will hue to deal with the problem of re-designing the public sector’s intervention in the social area. Most probably, it will be inevitable to cut the social area budget. This is politically unpleasant.

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Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)

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[spa] Para hacer frente a los riesgos relacionados con la contaminación atmosférica, es ampliamente aceptada la necesidad de instrumentos de política encaminados a reducir las emisiones. La intervención tiene por objeto reducir las conductas contaminantes y incentivar una conducta más respetuosa y el uso de tecnologías más eficientes. La Unión Europea cuenta con dos importantes mecanismos económicos para el control de emisiones a escala europea: la directiva sobre los impuestos energéticos, un instrumento de fiscalidad ambiental aprobado en 2003 que afecta el precio de los productos energéticos, y el sistema de comercio de los derechos de emisiones, introducido en 2005, que afecta directamente a la cantidad de emisiones de CO2. En 2011, la Comisión Europea propuso una nueva versión de la directiva sobre los impuestos energéticos. El objetivo principal de la propuesta es aumentar la eficacia del instrumento a través de una mayor presión fiscal sobre los productos energéticos y de coordinar este instrumento de fiscalidad medioambiental con el sistema de comercio de los derechos de emisiones, para establecer una señal de precio de CO2 coherente para todos los sectores. Sin embargo, en mayo de 2012 el Parlamento Europeo bloqueó la propuesta de la nueva versión del impuesto, y el proceso de actualización se detuvo. La preocupación principal parecía ser el efecto de dicha propuesta en la competitividad, en particular para los sectores que serían los más afectados dado el uso intensivo de los productos energéticos, como el sector del transporte. El objetivo de este estudio es analizar el efecto que la reforma de la directiva sobre los impuestos energéticos podría tener sobre el nivel de precios, en particular en los países de la Unión Europea donde esta reforma implicaría un aumento de los impuestos energéticos. Utilizando datos del proyecto “World Input-Output Database”, la principal conclusión es que el nuevo sistema de impuestos energéticos tendría un impacto muy bajo sobre los precios. Por lo tanto, dado que los precios no serían fuertemente afectados por la reforma, no habrá inconvenientes para la competitividad y implicaciones en términos de distribución, pero, por otro lado, este resultado también implica una baja capacidad de esta reforma para provocar cambios en el consumo y la producción hacia menos presiones ambientales.

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[spa] Para hacer frente a los riesgos relacionados con la contaminación atmosférica, es ampliamente aceptada la necesidad de instrumentos de política encaminados a reducir las emisiones. La intervención tiene por objeto reducir las conductas contaminantes y incentivar una conducta más respetuosa y el uso de tecnologías más eficientes. La Unión Europea cuenta con dos importantes mecanismos económicos para el control de emisiones a escala europea: la directiva sobre los impuestos energéticos, un instrumento de fiscalidad ambiental aprobado en 2003 que afecta el precio de los productos energéticos, y el sistema de comercio de los derechos de emisiones, introducido en 2005, que afecta directamente a la cantidad de emisiones de CO2. En 2011, la Comisión Europea propuso una nueva versión de la directiva sobre los impuestos energéticos. El objetivo principal de la propuesta es aumentar la eficacia del instrumento a través de una mayor presión fiscal sobre los productos energéticos y de coordinar este instrumento de fiscalidad medioambiental con el sistema de comercio de los derechos de emisiones, para establecer una señal de precio de CO2 coherente para todos los sectores. Sin embargo, en mayo de 2012 el Parlamento Europeo bloqueó la propuesta de la nueva versión del impuesto, y el proceso de actualización se detuvo. La preocupación principal parecía ser el efecto de dicha propuesta en la competitividad, en particular para los sectores que serían los más afectados dado el uso intensivo de los productos energéticos, como el sector del transporte. El objetivo de este estudio es analizar el efecto que la reforma de la directiva sobre los impuestos energéticos podría tener sobre el nivel de precios, en particular en los países de la Unión Europea donde esta reforma implicaría un aumento de los impuestos energéticos. Utilizando datos del proyecto “World Input-Output Database”, la principal conclusión es que el nuevo sistema de impuestos energéticos tendría un impacto muy bajo sobre los precios. Por lo tanto, dado que los precios no serían fuertemente afectados por la reforma, no habrá inconvenientes para la competitividad y implicaciones en términos de distribución, pero, por otro lado, este resultado también implica una baja capacidad de esta reforma para provocar cambios en el consumo y la producción hacia menos presiones ambientales.

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In spite of a general agreement over the distortion imposed by the current Brazilian tax system, attempts to reform it during the last decade have faced several restrictions to its implementation. Two of these restrictions were particular binding: a) fiscal adjustment restriction (public sector debt cannot increase), b) fiscal federalist restriction (revenues from individual states and municipalities cannot decrease). This paper focuses on a specific reform that overcomes in principle the fiscal federalist restriction. Using Auerbach and Kotlikoff (1987) model calibrated for the Brazilian economy, I analyze the short and long run macroeconomic effects of this reform subject to the fiscal adjustment restriction. Finally, I look at the redistributive effects of this reform among generations as a way to infer about public opinion’s reaction to the reform. The reform consists basically of replacing indirect taxes on corporate revenues, which I show to be equivalent to a symmetric tax on labor and capital income, by a new federal VAT. The reform presented positive macroeconomic effects both in the short and long run. Despite a substantial increase in the average VAT rate in the first years after the reform, a majority of cohorts experienced an increase in their lifetime welfare, being potentially in favour of the reform.