Transparencia presupuestaria en los gobiernos municipales de Brasil por medio de internet: el caso de Piracicaba São Paulo

This article seeks to assess the extent to which the municipality of Piracicaba (in the Brazilian state of São Paulo) has practiced Municipal Budgetary Transparency in Internet (TOM Web), as conceptualized by Pires (2011). The TOM Web is based on definitions used by the IMF and the OECD, and the characteristics of the Brazilian institutional and legal reality.

Determinantes de la cooptación de la contratación pública en la administración de Samuel Moreno

Este trabajo busca identificar los determinantes de la administración pública, que desencadenaron la cooptación corrupta de la contratación de la calle 26. Usando la teoría sobre corrupción de Klitgaard, se propone que la presencia de un poder de monopolio, una alta discrecionalidad y la poco eficacia del control permitieron que la entidad encargada de la contratación del calle 26 fuera sometida a intereses externos. A través de la metodología de gestión del riesgo se reconstruye el contexto de la entidad para identificar las amenazas y debilidades que explican este sometimiento.

Presupuestar en Perú

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Chile: evaluación de programas e indicadores de desempeño: transparencia y mejoramiento de los procedimientos para la discusión presupuestaria

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El sistema de ejecución presupuestaria y su aplicación en las instituciones del Gobierno Central

El presente trabajo está basado en el análisis realizado al Sistema de Ejecución Presupuestaria y su aplicación a las instituciones del Gobierno Central, en el cual además de las Instituciones del Sector Público están involucrados el Ministerio de Economía y Finanzas, y Organismos de Control. Como un preámbulo, se realiza una reseña histórica de los antecedentes que motivaron al Banco Central del Ecuador y Ministerio de Economía y Finanzas buscar una nueva alternativa para que las instituciones del sector público ya no realicen sus operaciones en el Banco Central utilizando los cheques entregados por esta entidad como medios de pago, diseñando para el efecto un sistema de Ejecución Presupuestaria que les permita realizar transferencias, pagos y depósitos a través de la banca privada corresponsal, el cual constituye un medio normativo que posibilita la ejecución de los presupuestos del Gobierno Central. Con la finalidad de fomentar el uso de la tecnología de la información y de comunicaciones en la gestión del sector público, tendiente a mejorar los niveles de transparencia, eficiencia y seguridad en los procesos, relacionados con la gestión de cobros y pagos de las instituciones del Gobierno Central, el Banco Central del Ecuador a diseñado el Sistema de Pagos del Sector Público, a través del cual se realizan el pago de las remuneraciones de los servidores públicos, además se pueden incluir en el mismo, otros pagos como servicios, viáticos, pago a proveedores y cualquier cancelación que las instituciones deban realizar por concepto de obligaciones ya devengadas. Para el efecto se ha coordinado la colaboración del sistema financiero nacional, el cual involucra a Bancos Privados, Asociación de Mutualistas y Cooperativas de Ahorro y Crédito, en las cuales los servidores públicos aperturarán sus cuentas de ahorros o corrientes para la transferencia de sus remuneraciones. Este sistema a más de brindar agilidad en los procesos, permitirá al Gobierno Central disponer de información veraz y oportuna respecto al número de empleados del sector público que se encuentran laborando en sus diferentes dependencias, contribuyendo a un ahorro considerable en el Presupuesto General del Estado, además que permitirá al Ministerio de Economía y Finanzas programar el presupuesto de gastos para dichas instituciones, con base a información transparente.

Programas de auditoría interna enfocados al cumplimiento de la política de ahorro y austeridad en la clasificación presupuestaria por rubro del gasto en instituciones autonomas del ramo de Economía.

De acuerdo a la necesidad que desde el siglo XIX ha existido en los diferentes países del mundo, de crear controles que mejoren la administración de los fondos públicos, se fueron estableciendo instituciones, las cuales asumirían la responsabilidad de diseñar medidas, que deberán estar orientadas a vigilar el buen manejo de los recursos del Estado, es así como actualmente existen entidades encargadas de supervisar el cumplimiento de la normativa legal vigente, aplicada a administrar de manera eficaz y eficiente las economías públicas, función que será desempeñada por las unidades de auditoría de cada una de estas. El objetivo primordial de la investigación es diseñar programas de auditoría que evalúen la Política de Ahorro y Austeridad en cuanto a las principales medidas del gasto, además de contribuir con las unidades de auditoría en facilitar procedimientos que mejoren el cumplimiento de la misma, dado que una auditoría de gestión aplicada a instituciones del sector gubernamental se define básicamente como una evaluación en actividades desarrolladas por la misma para determinar eficacia, eficiencia y efectividad en el uso de los recursos públicos, cabe mencionar que si bien es cierto no se emite una opinión, si se deben dejar recomendaciones que ayuden a mejorar los procesos y controles de la entidad. Para concretizar la propuesta fue necesario realizar un estudio previo en el cual se identificaron las herramientas utilizadas por las Unidades de Auditoría Interna para realizar la evaluación y verificación del cumplimiento de la Política de Ahorro y Austeridad, aplicando para ello el método hipotético deductivo, confrontado la hipótesis planteada mediante la evaluación y recolección de datos. De acuerdo a lo anterior y según la información recolectada con las unidades de auditoría de las instituciones autónomas del ramo de economía se puede confirmar que la política de ahorro y austeridad en años anteriores al 2014, no se había evaluado por diferentes circunstancias, fue hasta en el año antes mencionado que se observó que las instituciones ya comenzaban a realizar dicho trabajo y a incluir tal función en el plan anual operativo. De tal manera que la investigación permite concluir que las unidades de auditoría no cuentan con un programa que permita evaluar la política de ahorro y austeridad, de manera sencilla y veraz, pues existe un programa estándar que se brindó por parte de la secretaria de participación ciudadana, transparencia y anticorrupción, pero que no llena las expectativas de las instituciones, pues se considera muy general y no abarca todos los puntos importantes detallados en la política, por lo anterior se recomienda que las Unidades de Auditoría Interna implementar el diseño de los programas propuestos con el fin que se realice una evaluación eficaz y eficiente a la Política de Ahorro y Austeridad, permitiendo agrupar que rubros generan mayor ahorro, así como identificar debilidades o inconsistencias en el proceso de la evaluación a la misma, con el objetivo de mejorar estas incongruencias permitiendo el logro de los objetivos y metas planteadas.

La Financiación territorial en España: situación actual y propuestas de reforma

En el presente informe se realiza un análisis crítico del sistema español de financiación territorial y se avanzan una serie de recomendaciones para su reforma. La principal conclusión del trabajo es que el modelo actual no se adecua satisfactoriamente a los principios de igualdad, autonomía, responsabilidad y transparencia que deberían orientar su diseño y puede dificultar el cumplimiento de los objetivos básicos de la política macroeconómica. La solución de estos problemas exigiría una reforma en profundidad del sistema actual en la línea que se esboza en la parte final del documento. En el análisis se distingue entre el subsistema de régimen común en el que se integran la mayoría de las comunidades autónomas y el subsistema foral que se aplica en el País Vasco y Navarra. El sistema de régimen común ha sido objeto recientemente de una reforma que ha introducido novedades importantes en su estructura y filosofía. En el lado positivo, la nueva ley se ha traducido en una distribución más equitativa de los recursos asignados a las regiones, reduciendo de forma apreciable la dispersión de la financiación por unidad de necesidad en relación con el sistema anterior. Otra mejora significativa ha sido la creación del Fondo de Garantía, un instrumento que, por primera vez en la historia del sistema, permite ir adaptando la financiación a las cambiantes circunstancias regionales, ofreciendo así a las comunidades autónomas un seguro parcial contra los riesgos ligados a la evolución de sus ingresos y sus necesidades de gasto. A pesar de que éstas son mejoras importantes, el balance global de la reforma no es positivo. El nuevo acuerdo no resuelve satisfactoriamente los problemas que obligaron a la reforma de su antecesor, es bastante más complejo y opaco que éste, introduce un mecanismo de nivelación parcial de dudoso encaje constitucional, opta por un reparto inicial incierto que podría ser difícilmente aceptable ex-post para algunas regiones, y no ha abordado otros problemas estructurales del sistema, incluyendo su excesiva sensibilidad al ciclo económico. El sistema foral tampoco está libre de problemas. Tal como se ha implementado en la práctica, el modelo vasco-navarro de concierto o convenio supone una violación flagrante de la prohibición constitucional de que los regímenes autonómicos comporten privilegios económicos o sociales y constituye una fuente permanente de inestabilidad para el sistema de régimen común al ser percibido como un agravio comparativo en las regiones no forales de mayor renta, y en particular, en Cataluña. Según mis cálculos, la financiación por habitante del País Vasco es superior en un 60% a la media de las regiones de régimen común a igualdad de competencias y la situación no es muy distinta en Navarra. El origen de esta anomalía está en las leyes quinquenales del Cupo, donde los principios y procedimientos de valoración establecidos en la ley del Concierto se concretan de una forma muy discutible. Los problemas fundamentales que se detectan son dos. Primero, la valoración de las competencias estatales no asumidas por el País Vasco que se recoge en los anexos de las leyes quinquenales está fuertemente sesgada a la baja. Y segundo, el ajuste por IVA se realiza utilizando valores desfasados de los coeficientes que recogen el peso del País Vasco en el consumo nacional y en la base del impuesto. El efecto conjunto de ambos factores ha sido el de rebajar la contribución vasca a los gastos del Estado en 2.800 millones de euros en 2002 y en casi 4.500 millones en 2007, lo que supone respectivamente un 6,21% y un 6,89% del PIB del País Vasco. Dado todo esto, resulta difícil evitar la conclusión de que el diseño del sistema de financiación regional sigue siendo un problema abierto que no tardará mucho en volver a ocupar un lugar preferente en la agenda política nacional. Es de esperar que la próxima reforma del modelo sea algo más meditada que la aprobada el pasado diciembre y sirva realmente para dotar de un diseño razonable a uno de los elementos más críticos de nuestra arquitectura legal. Para alcanzar este objetivo, será necesario realizar una serie de reformas que pueden agruparse en tres grandes líneas de actuación: garantizar el cumplimiento efectivo del principio de igualdad, reforzar la responsabilidad fiscal de los gobiernos regionales y asegurar que el sistema contribuye a alcanzar los objetivos fundamentales de la política macroeconómica, o al menos que no dificulta su cumplimiento. Entre las medidas recomendadas cabría destacar las siguientes: - Corregir gradualmente el fuerte sesgo a la baja que existe actualmente en el cálculo de la aportación de los territorios forales a la hacienda central. Para ello no hace falta modificar las leyes del Concierto vasco y el Convenio navarro. Bastaría con que en las correspondientes leyes quinquenales se realizase una valoración razonable de las competencias que permanecen en manos del Estado, entre las que habría de incluirse la nivelación interregional, y se actualizasen los coeficientes que se utilizan para calcular el ajuste por IVA. - Recuperar la garantía de igualdad de acceso de todos los ciudadanos al conjunto de los servicios públicos como principio básico orientador del diseño del sistema de financiación y asegurar su aplicación efectiva en la práctica. Con este fin, sería aconsejable eliminar el Fondo de Suficiencia (excepto como vehículo para la financiación de las competencias singulares) y los Fondos de Convergencia para repartir el conjunto de los recursos del sistema de acuerdo con la fórmula de necesidades de gasto que actualmente se aplica sólo a la dotación del Fondo de Garantía. Con el fin de evitar la necesidad de fuertes recortes en la financiación de algunas comunidades, convendría hacer una transición suave desde la asignación actual hasta la derivada de la fórmula. - Introducir ciertos retoques en la actual fórmula de necesidades de gasto, incluyendo la recuperación de una partida que permita sufragar los costes fijos ligados a las instituciones de autogobierno y a ciertos servicios autonómicos así como la introducción de una corrección por diferencias en niveles de precios entre regiones. - Desdoblar el IRPF, el IVA y los Impuestos Especiales en un tramo estatal y otro autonómico claramente diferenciados, abandonando los actuales porcentajes de cesión. Los dos tramos serían regulados de forma independiente, aunque manteniendo en manos del Estado la determinación de la base imponible y la gestión del impuesto. - Dotar a las comunidades autónomas de competencias normativas sobre un tramo de los principales tributos indirectos y sobre los elementos de copago en sanidad, educación y otros servicios. Dada la oposición de la Comisión Europea a cualquier cambio normativo que pueda abrir la puerta a la existencia de tipos impositivos diferenciados regionalmente, el poder de decisión sobre el tramo autonómico del IVA y los Impuestos Especiales deberá ejercerse de forma colegiada por el conjunto de las comunidades autónomas, que habrán de fijar tipos uniformes en todo el territorio nacional. - Establecer un Fondo de Estabilización Presupuestaria, que se nutriría con el 'exceso' de recudación tributaria que se genera en la parte alta del ciclo económico y serviría para complementar los ingresos autonómicos en la parte baja del mismo. - Reformar la legislación sobre estabilidad presupuestaria para fijar a las comunidades autónomas un objetivo de equilibrio presupuestario año a año similar al que ya tienen las corporaciones locales y para concretar las medidas extraordinarias que el Estado podrá imponer a las administraciones territoriales en situaciones de 'emergencia presupuestaria'.

Transparencia y organizaciones no lucrativas

Tota organització no lucrativa te la finalitat de prestar un servei que millori o mantingui la qualitat de vida de la societat. Per a aconseguir aquest objectiu, aquestes organitzacions es caracteritzen per estar formades per grups de persones voluntàries que no busquen el lucre personal, sinó que a través d’uns valors que es remunten a èpoques de l’antic Egipte com son el respecte, la solidaritat o la confiança, tracten de millorar la societat en la que vivim. Les organitzacions del anomenat tercer sector tindran que ser transparents per a aconseguir generar confiança a l’exterior, però al mateix temps, tindran que fer front al seu major problema per a subsistir, la captació de fons. La situació econòmica actual ha accentuat encara més aquesta problemàtica de finançament, solucionada tradicionalment mitjançant fons procedents de particulars, de l’administració pública, d’empreses o d’altres organitzacions del mateix sector. A l’actualitat s’han tingut que buscar noves solucions com són la innovació o una correcta gestió de la comunicació que permeti generar transparència. La correcta gestió de la comunicació estarà basada a l’escolta activa i en adoptar una postura assertiva a l’hora d’intercanviar una informació, el que finalment permetrà difondre el valor de la transparència de l’organització no lucrativa, aconseguint així millorar la imatge, augmentar la confiança i reforçar la reputació. Per a poder realitzar aquest procés, prèviament es deurà aconseguir un liderat directiu capaç de guiar el procés de comunicació, la implantació de una cultura holística per a la transparència en la organització i la formació del membres del treball. Cal mencionar que a l’actualitat existeixen noves vies tecnològiques que han facilitat molt la gestió de la comunicació. Encara això, aquestes vies deurien ser explotades a major proporció, doncs com queda comprovat, quant millor sigui aquesta gestió, major serà la transparència.

“ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO e INCUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS DE LA FUNDACIÓN LEALTAD EN LAS ONG ESPAÑOLAS”

En este trabajo, fueron abordadas la contextualización de las Entidades Sin Fines Lucrativas (ESFL) u Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y sus debidas relevancias en fomentar la confianza de los usuarios. El objetivo de este trabajo consiste en analizar el cumplimento e incumplimiento de los principios de transparencia y buenas prácticas de la Fundación Lealtad en las ONG. La metodología empleada, es mediante el programa SPSS estudiando una serie de variables, que pueden dar respuestas a la problemática planteada. Tras este análisis, nos permite concluir que, existen varios factores causantes del incumplimiento de los principios de transparencia y buenas prácticas, que a través de las variables porcentaje de distribución de ingresos públicos y privados son, una de las mayores causas del cumplimiento e incumplimiento de estos principios, en parte, afectadas por la crisis económica. También se pone en evidencia que los principios menos cumplidos a nivel contable son el 6º principio (Principio de pluralidad en la financiación) y el 7º principio (Principio de control en la utilización de fondos) siendo, las ONG medianas con mayor porcentaje del incumplimiento y ONG muy grandes, micro-ONG con mayor porcentaje del cumplimiento de los principios, de entre ellos las fundaciones con mayor porcentaje del cumplimiento de estos principios

La Ley de Estabilidad Presupuestaria en el largo plazo: efecto del ciclo demográfico

La actual situación económica y las perspectivas presupuestarias a largo plazo han suscitado una discusión acerca de la conveniencia de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Este trabajo, empleando contabilidad generacional, evalúa la sostenibilidad de la política fiscal española ampliando el horizonte temporal más allá del ciclo de los negocios, considerando los efectos del ciclo demográfico. Los resultados muestran que, aunque el proceso de consolidación fiscal ha mejorado ostensiblemente la situación financiera de las AA.PP, se sigue trasladando al futuro una deuda implí­cita sustancial

La Ley de Estabilidad Presupuestaria en el largo plazo: efecto del ciclo demográfico

La actual situación económica y las perspectivas presupuestarias a largo plazo han suscitado una discusión acerca de la conveniencia de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Este trabajo, empleando contabilidad generacional, evalúa la sostenibilidad de la política fiscal española ampliando el horizonte temporal más allá del ciclo de los negocios, considerando los efectos del ciclo demográfico. Los resultados muestran que, aunque el proceso de consolidación fiscal ha mejorado ostensiblemente la situación financiera de las AA.PP, se sigue trasladando al futuro una deuda implí­cita sustancial

La Transparencia administrativa: la experiencia del Ayuntamiento de Badia del Vallès

El objeto del presente trabajo es plasmar el estado de la cuestión de la Transparencia Administrativa en el estado español y en Cataluña. Para realizar dicho estudio se contextualiza la situación actual, a través de las fuentes del derecho. A su vez, se pretende ejemplificar el estado de la cuestión de la Transparencia Administrativa en la Administración Local, a través de la experiencia del Ayuntamiento de Badia del Vallès. Para ello se toma como referencia la aplicación de uno de los sistemas de evaluación existentes que miden la transparencia en las corporaciones locales, ya que su implementación confluye en una mejor comunicación con la ciudadanía y una consecuente percepción del Buen Gobierno

La participación ciudadana en los consejos ciudadanos del ayuntamiento de León de los Aldama, Guanajuato. Un estudio desde la transparencia municipal.

Tesis (Doctor en Filosofía con orientación en Ciencias Políticas) UANL, 2014.

Código de ética judicial en Argentina. ¿Una respuesta a las demandas de transparencia de la sociedad?

El proyecto de Código de Ética Judicial, que emerge de la convocatoria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (2004) y promueve una reforma judicial, es analizado desde un diagnóstico que enfatiza el carácter cultural de causas sistémicas de la crisis político-económica de diciembre 2001 en Argentina, donde la matriz institucional y los mecanismos de selección/financiamiento de los partidos políticos destacan la presencia de “clientelismo” y “corrupción”, determinando –con la “anomia social”– la llamada “corrupción gris”. Tales variables definen un patrón cultural de “labilidad” en los límites entre lo permitido-no permitido y lo ético-no ético.Desde los años noventa, la tendencia a judicializar el conflicto político, y una Magistratura con ausencia de debate interno y de activismo judicial, tornaron oportuno analizarla desde cinco ejes temáticos: 1) el debate orgánico dado en la Magistratura; 2) el marco general legislativo; 3) la Magistratura como exponente de valores culturales; 4) la transferencia de responsabilidades del ámbito político al judicial; 5) la mediatización de la labor del juez.De las conclusiones deviene crucial este enfoque que indaga las características de esta herramienta que la propia corporación judicial le propone a la sociedad: el Código de Ética Judicial.-----The Code of Judicial Ethics bill, which has emerged from the Argentine Supreme Court call in 2004 and which promotes a judicial reform, will be analized here from a point of view emphasizing the cultural nature of the general cause of the political and financial crisis that took place in December 2001 in Argentina, where the institutional matrix and the political parties’ mechanisms for selecting candidates and raising funds for campaign financing show that there exists a kind of ‘clientism’ and ‘corruption’, which brings about –within a state of ‘social anomy’– the so-called ‘grey corruption.’ These variables define a cultural pattern which is characterized by a ‘general state of uncertainty’ when it comes to deciding what is allowed or not allowed, and what is ethical or unethical.The tendency present since the nineties to judicialize the political conflict, together with a judiciary where there is neither internal debate nor judicial activism, have both made it appropriate to analize this matter from five points of discussion: (1) the internal debate in the judiciary; (2) the general legislative framework; (3) the judiciary as an exponent of cultural values; (4) the handing over of responsibilities from the political sphere to the judicial one; and (5) the media interfering with the judge’s work.From the resultant conclusions, we will infer that this approach becomes crucial, an approach that looks into the features of this tool that the judiciary itself proposes to the society: the Code of Judicial Ethics.