Vitivinicultura sanjuanina : El caso de los pequeños productores, la subsunción y la reproducción del capital

Este artículo tiene como objetivo principal examinar la relación de subsunción en la que se encuentran los agentes del Circuito Productivo Vitivinícola (CPV) en San Juan, analizando la relación capital-capital, en el circuito productivo vitivinícola, en el marco del enfoque de territorio. Se describen y analizan dichos agentes, enfocando particularmente en el núcleo de acumulación del CPV sanjuanino, y los agentes que se encuentran subsumidos a ellos, los pequeños viñateros tradicionales. En este marco, el presente trabajo aspira a aportar una nueva mirada de la subsunción, en la relación capital-capital, y se concluye que los pequeños agentes no integrados no sólo son expoliados, sino también explotados.

Vitivinicultura sanjuanina : El caso de los pequeños productores, la subsunción y la reproducción del capital

Este artículo tiene como objetivo principal examinar la relación de subsunción en la que se encuentran los agentes del Circuito Productivo Vitivinícola (CPV) en San Juan, analizando la relación capital-capital, en el circuito productivo vitivinícola, en el marco del enfoque de territorio. Se describen y analizan dichos agentes, enfocando particularmente en el núcleo de acumulación del CPV sanjuanino, y los agentes que se encuentran subsumidos a ellos, los pequeños viñateros tradicionales. En este marco, el presente trabajo aspira a aportar una nueva mirada de la subsunción, en la relación capital-capital, y se concluye que los pequeños agentes no integrados no sólo son expoliados, sino también explotados.

Vitivinicultura sanjuanina : El caso de los pequeños productores, la subsunción y la reproducción del capital

Este artículo tiene como objetivo principal examinar la relación de subsunción en la que se encuentran los agentes del Circuito Productivo Vitivinícola (CPV) en San Juan, analizando la relación capital-capital, en el circuito productivo vitivinícola, en el marco del enfoque de territorio. Se describen y analizan dichos agentes, enfocando particularmente en el núcleo de acumulación del CPV sanjuanino, y los agentes que se encuentran subsumidos a ellos, los pequeños viñateros tradicionales. En este marco, el presente trabajo aspira a aportar una nueva mirada de la subsunción, en la relación capital-capital, y se concluye que los pequeños agentes no integrados no sólo son expoliados, sino también explotados.

Vitivinicultura sanjuanina : El caso de los pequeños productores, la subsunción y la reproducción del capital

Este artículo tiene como objetivo principal examinar la relación de subsunción en la que se encuentran los agentes del Circuito Productivo Vitivinícola (CPV) en San Juan, analizando la relación capital-capital, en el circuito productivo vitivinícola, en el marco del enfoque de territorio. Se describen y analizan dichos agentes, enfocando particularmente en el núcleo de acumulación del CPV sanjuanino, y los agentes que se encuentran subsumidos a ellos, los pequeños viñateros tradicionales. En este marco, el presente trabajo aspira a aportar una nueva mirada de la subsunción, en la relación capital-capital, y se concluye que los pequeños agentes no integrados no sólo son expoliados, sino también explotados.

Análisis de la participación de los pueblos indígenas en el sistema general de seguridad social en salud. Estudio de caso: La AIC EPS-I 1997 – 2008

La AIC es la institución mediante la cual los pueblos indígenas del Cauca participan en el SGSSS. En la práctica se desarrollan una serie de relaciones biopolitícas, afectando la participación de la AIC en el SGSSS porque se generan procesos de subsunción, constituyendo la administración de la vida de las poblaciones por el biopoder

Derecho penal y la obligación de investigar y sancionar graves violaciones de derechos humanos y el derecho internacional humanitario -especial referencia a la sentencia de la corte constitucional colombiana c-579/13-

En el presente trabajo se analiza la obligación de investigar graves violaciones de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, a la luz de la sentencia de la Corte Constitucional Colombiana referente a la constitucionalidad del Marco Jurídico para la paz. De la aparente remisión que hace la Corte Constitucional a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el deber de investigar graves violaciones de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario se concluye que la Corte Constitucional propone como premisa mayor una obligación que surge de una interpretación extensiva de la Convención Interamericana. De la misma forma, se estudia el tratamiento indebido del derecho aplicable a las amnistías e indultos, que se relaciona con la necesidad de evitar cualquier tipo de impunidad, cuyo concepto sirve para esclarecer cuáles son los estándares que se quiere proteger. Por último, se analiza el contexto al que se pretende aplicar dicha obligación, es decir, la justicia transicional, proponiendo un modelo interpretativo de los fines de la pena, y su aplicación por medio de la favorabilidad penal, para la justicia transicional, que sea acorde a la interpretación de la Convención Interamericana.

Competencia, ámbito e indicencia del habeas corpus en la protección de la libertad en el Ecuador

El presente trabajo investigativo titulado “Competencia, ámbito e incidencia del habeas corpus en la protección de la libertad en el Ecuador”, tiene como propósito hacer un estudio de esta garantía constitucional, destinada a la protección de la libertad personal, dentro de los contenidos de adecuación, eficacia e independencia. Con la vigencia de la actual Constitución de la República del Ecuador, el habeas corpus por primera vez desde su inclusión en el ordenamiento normativo constitucional, va a ser conocido y resuelto por los jueces, lo cual, podría traer incidencias notables para la protección y garantía de la libertad personal, respecto al accionar de los alcaldes, cuya facultad les fue concedida con las anteriores Cartas Constitucionales, situación que genera expectativas en la comunidad. La actuación de los jueces en el conocimiento y resolución del habeas corpus, determina nuevas perspectivas constitucionales, básicamente de abandonar las criterios y prácticas decimonónicas fundamentadas en los jueces como “la boca de la ley” o su recurrencia a simples silogismos o a la “subsunción”; exigiéndose de los jueces una mayor responsabilidad y razonamiento jurídico en sus actuaciones, que los involucre en el garantismo y nuevo constitucionalismo. Ello no significa, que se de como un hecho su evolución, respecto a la anterior actuación de los alcaldes en la protección y garantía de la libertad personal. En este contexto, se emitirán algunos criterios sobre de la actuación de los alcaldes y hoy de los jueces en el conocimiento y resolución del habeas corpus, respecto de los contenidos de la adecuación, eficacia e independencia. Mediante el análisis empírico de casos, se procura demostrar algunos posicionamientos con relación a las actuaciones de los alcaldes en el conocimiento y resolución del habeas corpus, en cuanto a los parámetros de adecuación, eficacia e independencia de la garantía jurisdiccional.

Aplicaciones constitucionales en las actuaciones administrativas

El posicionamiento de la Constitución, como centro irradiador del Derecho en un Estado, representa para la Administración Pública la transición de la legalidad hacia el principio de juridicidad, la incorporación de nuevas fuentes del Derecho, y la necesidad de la aplicación no solo del método de subsunción normativa sino de otras herramientas de la hermenéutica jurídica. Sin embargo, este proceso de transformación no puede significar una vulneración a la legalidad en las actuaciones del poder público, ya que en un Estado Constitucional (de derechos y justicia) con un sistema presidencial, la interdicción a la arbitrariedad se vuelve indispensable frente a la vulneración de los derechos fundamentales que, en la mayoría de ocasiones, se confirma en la sede administrativa sin que su conocimiento alcance la fase jurisdiccional. En una posición crítica frente a las normas legales y reglamentarias, las aplicaciones constitucionales se materializan desde el principio de jerarquía normativa a través del método de subsunción; pero aún más, frente a los errores o en ausencia de ley, se concreta en la aplicación directa e inmediata de los derechos y garantías a través de métodos argumentativos, con mayor incidencia de una posición crítica de la norma, y el ejercicio de la potestad discrecional para determinar la opción jurídica más legítima. La práctica administrativa demuestra un gran distanciamiento de la aplicación directa de la Constitución, pues es constante el respaldo en la mera legalidad que somete a la Constitución a operar bajo lineamientos de la hermenéutica legal; sin embargo, la constitucionalización del ordenamiento jurídico debe ir más allá e innovar el ejercicio de la función administrativa y de la jurisdicción contencioso administrativa como una nueva visión del propio Derecho Administrativo.

Las razones del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI: análisis y evaluación del caso CMS contra Argentina (Jurisprudencia)

Tras analizar y evaluar la argumentación jurídica efectuada por el Tribunal del CIADI respecto del caso CMS vs. Argentina, se aprecia que tal argumentación descansa sobre la errada concepción de que en el caso no existían aspectos que afecten derechos humanos. En realidad se trataba de un caso difícil, en materia de derechos sociales, que no podía ser resuelto por la simple aplicación de las reglas específicas del sistema (subsunción), como erróneamente lo hizo el Tribunal del CIADI, pues necesariamente debía acudirse al procedimiento de la ponderación. Si se acude a la ponderación se podrá constatar que existen dos principios aplicables, cada uno de los cuales lleva a una solución incompatible con la del otro: por un lado, la protección del derecho a la seguridad jurídica del inversionista extranjero, que exige un respeto a los derechos pactados contractual y legalmente, y, por otro, el de la protección al derecho a la vivienda, que exige una congelación en las tarifas de servicios básicos esenciales, entre ellos del transporte y distribución del gas. En este caso el segundo prevalece sobre el primero.