1000 resultados para Sistema de alta direção pública


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O presente trabalho discute o tema dos dirigentes públicos, atores recentemente debatidos pela literatura como um grupo específico que atua orientado a resultados e à criação de valor público. Em geral, são escassos os estudos que discutem os dirigentes públicos empiricamente; assim, mostraremos os papéis que desempenham argumentando que são atores fundamentais para a formulação e implementação das políticas públicas na medida em que são capazes de dialogar tanto com a esfera política como com a da gestão. Para isso, analisaremos o caso Chileno, experiência bastante consolidada que reconhece o dirigente público como ator distinto dos demais, regido por regras específicas de recrutamento, seleção, nomeação e gestão segundo acordos de resultados. Apresentaremos uma análise dos dirigentes chilenos baseada em uma perspectiva histórica tanto sobre o surgimento e consolidação do Sistema de Alta Direção Pública como em relação às tensões e complementaridades entre tecnocratas e políticos que marcaram os governos chilenos no período que compreende desde a redemocratização até os dias atuais. Mostraremos que este Sistema nasce no contexto de um acordo político entre governo e oposição em busca da modernização e profissionalização do Estado e que as dimensões da política e da gestão são pilares centrais do modelo, presentes em todas as suas esferas, tais como seu desenho institucional e regras de gestão de pessoas e do desempenho.

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A organização da administração pública federal brasileira é raramente abordada na pesquisa no campo de estudos organizacionais (EOs). Privilegia-se a tomada de decisão, seguindo-se a tradição de pesquisa operacional de cunho funcionalista. Contudo, direção é mais complexa e inclui decisão. A direção na administração pública federal brasileira se dá exclusivamente por meio de cargos de livre provimento. Tal realidade permite entender a direção como ação eminentemente política, cristalizada na organização da administração pública. Este artigo possui caráter metodológico e demonstra que o cargo público de livre provimento possui centralidade na organização da administração pública federal brasileira. Identifica, ainda, práticas de operação e interações no exercício da direção pública.

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Si consideramos que el objetivo primordial del nuevo Sistema Nacional de Contratación Pública, según lo determina la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, es generar un cambio en la contratación aplicando entre otros los principios de transparencia y publicidad, adquiriendo bienes y servicios de mejor calidad, a menor precio y en el menor tiempo, fomentando la demanda interna de bienes y servicios para diversificar la producción nacional, impulsando la economía local, la libre ciencia, vigencia tecnológica, descentralización, desconcentración y simplificación administrativa, es importante analizar que incidencia tienen estos principios, particularmente en los procesos de licitación, puesto que éstos son los procesos de contratación que representan mayor inversión de fondos del Estado. Dentro de este contexto, los principios de transparencia y publicidad se constituyen en medios para proteger la integridad de las actuaciones de la Administración Pública, es decir, su aplicación se traduce en mecanismos para cumplir con los valores y bases de toda democracia y para evitar la temida corrupción. Por lo que, en el presente trabajo se ha realizado un análisis de la injerencia de estos principios de transparencia y publicidad en los procesos licitatorios, partiendo de un análisis histórico de las normas de contratación pública en el Ecuador, para posteriormente realizar un estudio comparativo con la ley vigente.

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La administración pública para la consecución de sus fines, entre otras actividades debe efectuar actos contractuales a fin de contratar obras, bienes o servicios que aseguren el bienestar de la colectividad. Con ese propósito, los actos preparatorios y precontractuales deben ser los establecidos en las leyes y reglamentos vigentes a la época de la contratación. Nuestra Legislación en materia de contratación pública ha sufrido un cambio profundo con la expedición de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y la implementación del portal de compras públicas, lo que ha modernizado el sistema de compras públicas en el Ecuador. La licitación es un procedimiento precontractual previsto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, cuya finalidad es elegir al proponente que realice la oferta más ventajosa para el Estado. Es un procedimiento legal y técnico al que deben sujetarse tanto la entidad contratante, cuanto los interesados en participar con el propósito de relacionarse jurídicamente con el Estado. La licitación pública en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, surge como una exigencia de la buena administración, como una condición de moralidad y también como una oportunidad para los administrados, que acrediten las mejores condiciones en la oferta para la entrega de prestaciones traducidas en obras, bienes o servicios de interés para la administración y a través de ella, del Estado, es decir, del interés general.

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El presente trabajo investigativo, tiene como objetivo principal analizar la aplicabilidad del principio de igualdad en los procedimientos precontractuales establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, al incorporar la institución jurídica de la contratación preferente, y realizar un estudio comparado respecto de las contrataciones preferentes en otras legislaciones. El principio de igualdad, uno de los más importantes en el ámbito de la contratación pública, exige que todos quienes se hallen aptos para concurrir a un proceso de contratación reciban igual trato sin discriminación alguna. Las entidades contratantes deben establecer condiciones que permitan una participación igualitaria, sin incluir requisitos que limiten o sitúen a determinados oferentes en una posición de superioridad o de preferencia. La incorporación de la institución jurídica de la contratación preferente, al parecer, quebrantaría el principio de igualdad; por ello, se pretende analizar su aplicabilidad en los procedimientos precontractuales, con énfasis en la cotización y menor cuantía, e identificar como opera este principio al incluirse márgenes de preferencia a favor de actores de economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas empresas, y si tal preferencia, convierte a estos procedimientos en incluyentes y excluyentes a la vez, por las características establecidas en cada uno de ellos. La investigación que consta de tres capítulos, se desarrolla desde la óptica del Derecho administrativo, se aborda el principio de igualdad como equidad, lo que permite identificar la importancia del mismo en los procedimientos precontractuales, a través del análisis jurídico comparativo, histórico y jurídico constitucional, así como el legal actual, que establece ciertas excepciones que relativizan al principio de igualdad; permitiendo despejar las dudas respecto de su aplicabilidad.

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La Constitución del año 2008 establece que uno de los deberes primordiales del Estado es la planificación del desarrollo nacional, que tiene como propósito a corto, mediano y largo plazo, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para de esta forma acceder a lo que se ha denominado como el buen vivir. Para su realización y consecución el denominado Régimen de Desarrollo, contiene normas que guardan concordancia con algunos aspectos fundamentales como son el sistema económico y las políticas económica,fiscal y comercial; y los intercambios económicos y comercio justo que integran las compras públicas y la regulación y control del mercado, en el cual interactúan los proveedores deobras, bienes y servicios, tanto para el sector público como privado. En la misma línea de pensamiento, debo mencionar que el ordenamiento jurídico ha evolucionado en relación con los preceptos constitucionales, para lo cual contamos a la fecha con relativamente reciente legislación en materia de contratación pública y derecho de la competencia. No obstante, la presente investigación pretende determinar si se aplica o no el principio de libre competencia en los procedimientos de Régimen Especial realizados al amparo de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, cuya naturaleza de contratación en la mayoría de los casos es directa. Para el cumplimiento de lo anterior, primeramente se hará un repaso de la libre competencia y la evolución del derecho de la competencia en derecho comparado y lo que ha sucedido en el Ecuador, para posteriormente introducirnos en el análisis de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. Posteriormente continuaré con el estudio de la libre competencia y la contratación pública desde la perspectiva constitucional, la confluencia de ambas ramas del derecho, y una introducción a los procedimientos de Régimen Especial. Finalmente, se profundizará en el estudio sobre aplicabilidad y eficacia del principio constitucional de libre competencia en los procedimientos de Régimen Especial realizados al amparo de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

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El presente trabajo trata sobre la apertura del mercado de la contratación pública prevista en el Acuerdo Comercial Multipartes (ACM) y las incidencias que generará en el Sistema Nacional de Contratación Pública (SNCP) y en las herramientas informáticas del Sistema Oficial de Contratación del Estado (SOCE). Habiendo transcurrido más de un año desde que en julio de 2014 la Comisión Negociadora del Ecuador suscribió el acuerdo preliminar, no se han generado acciones tendentes a informar y capacitar a los operadores del sistema (entidades contratantes, proveedores, organismos de control, organismo rector, veedurías) ni se han tomado medidas destinadas a la adecuación de las herramientas electrónicas con las que opera el portal institucional del SERCOP. El país desconoce el alcance del ACM en materia de contratación pública, qué sectores productivos podrían verse afectados con el libre comercio, qué modificaciones se realizarían a las condiciones de participación, si se mantendrá igual o con ciertas limitaciones el sistema de preferencias que la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública prevén para la producción nacional en especial aquella que proviene de micro, pequeñas y medianas empresas y de los actores de la economía popular y solidaria. Acercarnos a esta temática a través de la revisión y análisis jurídicos del mencionado acuerdo internacional, limitándolo a la materia de contratación pública, comparándolo con el ordenamiento jurídico ecuatoriano a fin de encontrar, por una parte, los retos y oportunidades; y, por otra, realizar con los datos que nos proporciona el SOCE el cálculo aproximado del porcentaje de apertura del mercado de contratación pública al libre comercio, a fin de encontrar mecanismos que contribuyan a sustentar la política de compras públicas destinada al desarrollo de la economía nacional; temas éstos que son el lietmotiv de esta aportación.

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O objetivo deste trabalho é identificar os fatores internos às organizações que facilitam ou inibem o processo de inovação organizacional originada na alta direção de instituições financeiras. O desenvolvimento deste trabalho está baseado em dois casos de inovação organizacional ocorridos em áreas diferentes do Itaú Unibanco Banco Múltiplo S.A. A metodologia para o estudo de organizações inovadoras proposta pelo Fórum de Inovação da FGV –EAESP e a metodologia de pesquisa desenvolvida pelo MIRP (Minnesota Innovation Research Program) serviram como base para avaliar os fatores que facilitaram ou inibiram o processo de inovação nos casos estudados. Por meio da análise qualitativa dos fatores internos às organizações estudadas, chega-se a conclusão de que os fatores internos habilitadores e inibidores da inovação organizacional estão relacionados primeiramente as pessoas e aos contextos e em menor escala as transações.

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Incluye Bibliografía

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The normative construction of the public security system in the Constituent Assembly of 1987-1988 preserved paradoxical normative space, the military police linked to the Army with a restrictive legal statute of the police offices citizenship through a hierarchical and disciplinary model that is anachronistic. This research originates from the following problem: How is it possible to tailor the constitutional system of public safety, specifically the Military Police, according to the democratic paradigms constructed by the Constituent from 1988 and carry the right to public safety under these molds? The militarists limitations of the Constitution allowed the growing militarization of police departments, organizational culture and authoritarian institutional practices. Underlying this, the problems related to difficulties in realization of Right to Public Safety, the strikes of the military police, the incomplete policy cycle started demanding from the constitutional-legal system appropriate responses. Utilizing the dialogical method and an interdisciplinary approach to the subject, and theoretically grounded in overcoming of the constitutional normativist juspositivism.It was found that the constructed infraconstitutional legislation was insufficient to supply the systemic shortcomings of constitutional law, when looking to create a single system of public security without giving due scope to the federal principle and expand the autonomy the Federated States, and even grant democratic legal status to the military police. Formal legal limits imposed by the Constitution constructed a legal anachronism, the military police. Thus, a democratic reading of military police institutions becomes inconceivable its existence in the constitutional regulatory environment. Thus, reform the Constitution in order to demilitarize the police and conduct a normative redesign of the public security system is fundamental to Brazilian constitutional democracy